Noticias sobre Sistema hipotecario

La Asociación Hipotecaria Española (AHE) se opone frontalmente a la dación en pago generalizada, pero admite la necesidad de regular el sobreendeudamiento de las familias para que aquellas con demostrada insolvencia sobrevenida puedan saldar la deuda con un plan de pagos como el de las empresas. “El porcentaje de personas que están a punto de ser desahuciadas es muy pequeño, y lo que no puede ser es que por ese porcentaje se quiera cambiar la morfología de todo el sistema hipotecario”, argumentó el presidente de la AHE, Santos González, al rechazar, “de forma rotunda”, la fórmula de la dación en pago que incluye la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que tramita el Congreso de los Diputados. La AHE advierte que saldar la deuda hipotecaria únicamente con la entrega de la vivienda “perjudicaría a la credibilidad de España como país y a la viabilidad del sistema financiero”, y “limitaría la concesión de crédito” a la que puede aspirar una familia para comprar casa.  
Sin embargo, la asociación está dispuesta a avalar otros cambios en la legislación. Es el caso de una ley de sobreendeudamiento familiar, o de segunda oportunidad, como se la ha conocido en Francia, que la AHE reclamó ayer como “una necesidad”. Se trata de equiparar a los particulares reconocidos como insolventes con las empresas que se acogen al concurso de acreedores, para que puedan hacer frente a sus deudas con un plan de pagos, que en algunos casos podrían concluir con la entrega de llaves de la vivienda. Esta medida, aprobada ya en otros países europeos, fue de hecho uno de los pilares maestros de la propuesta de ley registrada por el PSOE que el PP rechazó para impulsar su propia reforma hipotecaria. “La segunda oportunidad no se regala”, matizó, aún así, González, explicando que el insolvente entraría en una suerte de listado de morosos del que tardaría cinco u ocho años en salir.

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Fuente: Cinco Días

El mensaje optimista sobre la recuperación económica que se está difundiendo desde el Gobierno también está incluido en la memoria que acompaña al decreto‐ley sobre medidas urgentes para paralizar los desahucios, que se ha registrado en el Congreso de los Diputados. En el informe, el Ejecutivo cree que el agobio asfixiante que viven algunos sectores con riesgo de desahucio durará como mucho dos años. Así, el Gobierno explica que la trascendencia de la nueva norma es “indudable”, pues garantiza que durante dos años los deudores hipotecarios especialmente vulnerables no puedan ser desalojados de sus viviendas, “con la confianza de que a la finalización de este periodo habrán superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual”.
El Gobierno sostiene que la norma tendrá un impacto económico positivo. Por un lado, afirma que la suspensión de los procesos de lanzamiento (expulsión de las viviendas) supone de facto una ayuda económica a las familias que no deberán afrontar los costes que implica el desahucio durante dos años. “La creación de un fondo social de alquiler redunda aún más en dicha ayuda para las personas que ya tienen problemas de acceso a la vivienda”. Además, la intervención se realiza “sin deteriorar los elementos fundamentales de la garantía hipotecaria, sobre cuya seguridad y solvencia se viene asentando históricamente nuestro sistema hipotecario y financiero”. “Ello se debe ‐añade la memoria‐ al carácter excepcional y limitado a determinados colectivos especialmente vulnerables de la ayuda”.

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Fuente: ABC

En poco más de un año, las Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido paralizar casi un centenar de desalojos forzosos en distintas ciudades españolas. Amplificadas por el 15-M, se han convertido en victoria de un movimiento que ha tenido gran eco ciudadano, mediático y que se mueve muy bien por las redes sociales. Lo ha tenido la paralización de los desahucios y también la exigencia de una reforma de la ley hipotecaria que contemple la dación en pago con carácter retroactivo, que los deudores puedan quedarse en las viviendas afectadas pagando un alquiler social y que se paren los desahucios pendientes. El impacto ha sido tal que ha obligado a los partidos políticos a posicionarse.  “En poco tiempo las PAH han conseguido colocar el problema de los desahucios primero en la agenda mediática, judicial, con dos sentencias favorables a la dación en pago (de las audiencias de Navarra y Girona), y luego en la política”, señala Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la UNED. “El de la PAH es un movimiento de conquistas parciales”, dice. Asegura que “el tema continuará en la agenda pública” y el próximo Gobierno “tendrá que plantear alguna medida”.   
El catedrático José García Montalvo apunta que la ley hipotecaria ya contempla la dación, pero que encarecería las cuotas. Y sobre la dación retroactiva recuerda que “legalmente no hay forma, porque son contratos ya firmados”. Su apuesta pasa por “facilitar al máximo la dación voluntaria” con acuerdos individuales entre endeudados y deudores. La CECA recuerda que modificar la ley “supondría un beneficio para una minoría de prestatarios, a cambio de perjudicar a la mayoría que cumple puntualmente con sus obligaciones de pago”. La Asociación Española de Banca (AEB) apunta que “algunos cambios que se barajan podrían excluir en el futuro a amplias capas de la población del acceso al crédito hipotecario” y que, en cualquier caso, las medidas que se adoptasen “no deben tener carácter retroactivo”. La AEB apela a medidas sociales para “paliar la situación de las familias que han perdido sus viviendas”. “Los problemas sociales no se pueden solucionar modificando aspectos técnicos del sistema hipotecario”, concluye, tras asegurar que antes de iniciar una ejecución hipotecaria las entidades “analizan todas las posibilidades de renegociar con el cliente".

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Fuente:El País

La Confederación de Cajas de Ahorros (CECA) propuso que los préstamos hipotecarios dejen de vincularse al euríbor por la “gran volatilidad” que este indicador provoca en las cuotas de los préstamos. En su intervención ante la subcomisión del Congreso de los Diputados que analiza la posible reforma del sistema hipotecario, el director general de la CECA, José María
Méndez, anunció que ha planteado al Banco de España la creación de un grupo de trabajo que estudie índices alternativos al euríbor a 12 meses, el más usado.

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Fuente:El País 

Jordi Gual, economista jefe de La Caixa y profesor de IESE Business School. Explica que en contra de la opinión ampliamente extendida, en Estados Unidos no prima la responsabilidad limitada (non-recourse) en el crédito hipotecario. "En ese país, la legislación que determina el alcance de la responsabilidad hipotecaria es de ámbito estatal y se determina en base a distintos preceptos legales, lo que provoca la existencia de una maraña de normas que complica la segmentación de los estados entre recourse y non-recourse. En base a las investigaciones de varios economistas, se puede afirmar que solo en 10 de los 50 estados de EEUU existe la responsabilidad limitada. En el resto es ilimitada, como en España y en el resto de los países desarrollados”. Comenta las consecuencias que conlleva la responsabilidad limitada y concluye que “la necesidad de actuación en el sistema hipotecario español es clara en tanto en cuanto son numerosas las familias y las entidades financieras que sufren las consecuencias de la crisis. La responsabilidad limitada es una opción legislativa. Pero se han de valorar con cuidado sus implicaciones. Por algo será que la responsabilidad ilimitada es el modelo imperante en la mayoría de los países desarrollados, incluido EEUU”.

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Fuente:ABC

La banca, consciente de la preocupación social que causan las ejecuciones hipotecarias, ha lanzado su propia propuesta. No obstante, también señalan algunas líneas rojas que podrían perjudicar el funcionamiento del sistema hipotecario. Tanto la Asociación Española de Banca como Santander se muestran contrarios a un sistema en el que la dación en pago extinga la deuda con la entidad financiera. En su opinión, este modelo eleva el riesgo de la operación y, por tanto, el coste de la hipoteca. Destaca que para las entidades traería más mora, lo que restringiría aún más el crédito. Además, se muestran contrarios a la posibilidad de que la dación en pago se aplique de manera retroactiva a hipotecas ya concedidas, debido a la inseguridad jurídica que generaría y a los posibles pleitos por parte de las entidades que podrían producirse, ya que los bancos podrían alegar que esta nueva condición modifica las condiciones del contrato. Santander apunta que la experiencia histórica demuestra los “efectos perniciosos” de limitar la garantía al valor del inmueble o colateral. Citan la experiencia en doce estados de Estados Unidos, que aplican este modelo, donde se ha dado "un círculo vicioso que se genera entre el precio de la vivienda, relación préstamo-valor y morosidad en los ajustes inmobiliarios”. Asimismo, apunta que las propuestas encaminadas a paralización de las ejecuciones hipotecarias sólo retrasarían y ampliarían el problema de falta de capacidad de pago y tienen efectos negativos en el conjunto del sistema. El banco destaca que le preocupa los cambios que puede introducir a este respecto el Parlamento español.

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Fuente: Expansión

Pere Macías Arau, presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, comenta que “la subcomisión de estudio para la reforma del sistema hipotecario del Congreso de los Diputados ya ha cosechado un primer éxito, coincidiendo con su constitución. En efecto, entre las resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación, fue unánimemente destacada la que se acordó entre PSOE, PP y CiU y que contó con el voto unánime de la Cámara. Dicha resolución mandataba al Gobierno a incrementar las cuantías fijadas como inembargables en sueldos, pensiones o retribuciones equivalentes que responden de la deuda pertinente de una hipoteca ejecutada, así como a incrementar el porcentaje de valoración del inmueble hipotecado en caso de declarase desierta su subasta, hoy establecido en un exiguo y vergonzante 50%”. Seguón Macías Arau se trata de “dos pasos significativos en la buena línea. Significativos, pero insuficientes. Es obvio que queda mucho por hacer para dar respuesta eficaz a una problemática que afecta a miles de ciudadanos. Se trata de una ecuación con muchas incógnitas cuya resolución debería ser explorada por la subcomisión sin apriorismos y sin complejos”.  
Macías dice que “habrá que escuchar con suma atención, habrá que aprender de nuestros vecinos europeos y, sobre todo, habrá que encontrar soluciones realistas que contribuyan a minimizar los efectos de la crisis inmobiliaria sobre amplias capas de la población. Evitar su exclusión es, para todos los representantes políticos, una absoluta prioridad. Y ello no puede resolverse en detrimento ni de los millones de ciudadanos que esforzadamente pagan cada fin de mes su cuota hipotecaria, ni de la necesaria recuperación de unos mínimos de actividad en un sector que ha contribuido en más del 50% al crecimiento del desempleo en el Estado español. En estos momentos de poco crédito para la clase política, esta subcomisión constituye un reto que afrontamos con el convencimiento de que nuestra tarea, no siendo fácil, puede ser una buena contribución para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas”

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Fuente: El Economista

El consejero delegado de Banesto, José García Cantera, advirtió de los efectos que podrían tener algunas de las medidas anunciadas por el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. El directivo destacó que todas ellas son meras “intenciones” y que es difícil calibrar las consecuencias porque no hay nada concreto sobre las mismas. Cantera se refirió especialmente a la dación en pago, un “esquema” que es posible en la actualidad pero que, manifestó, los clientes no la solicitan. “Si el Gobierno pretende modificar el sistema, tendrá que explicar también su impacto”, destacó. La consecuencia directa, a su juicio, es que las hipotecas serán más caras y el número de operaciones será menor. “Si se legisla la dación en pago, no habrá problema, el sector se adaptará”, manifestó el banquero antes de añadir que los políticos tendrán que ser conscientes de que este escenario “cambiará la situación”.  

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Fuente: El Economista

El Consejo de Ministros aprobó elevar al valor mínimo por el que los acreedores pueden adjudicarse los inmuebles subastados judicialmente del 50% al 60% del precio de tasación y se elimina la posibilidad de que en determinados casos el acreedor pudiera adjudicarse el bien por debajo de esos límites. Asimismo, se baja del 30% al 20% del valor del inmueble el depósito previo necesario para participar en una subasta, lo que facilitará el acceso de más compradores a la misma. El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalacaba, explicó que estas medidas persiguen “garantizar que la subasta del bien hipotecado no dará lugar a situaciones abusivas ni al malbaratamiento del bien”. También se acelerará la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que complementen las presenciales con pujas a través de internet.  
El Gobierno incrementa también el límite del salario que no se puede embargar cuando, una vez ejecutada la hipoteca y vendido el bien, quede todavía un saldo vivo de deuda. El límite de inembargabilidad sube desde el actual 110% del Salario Mínimo Interprofesional hasta el 150%. El mínimo se sitúa así en los 961 euros y se podrá incrementar en un 30% adicional por cada miembro de la familia que no se pueda valer por sí mismo hasta alcanzar los 1.300 euros.  
Estas medidas se incluyen en un decreto ley que recogerá las resoluciones aprobadas en el debate sobre el estado de la nación. La resolución fue pactada por PSOE, PP y CiU y apoyada por el resto de los grupos parlamentarios para proteger a los afectados por ejecuciones hipotecarias. Según el Gobierno, se trata de medidas que vienen a apoyar a quienes se encuentren  en un situación más difícil, “sin cuestionar la solvencia y fiabilidad de nuestro sistema hipotecario” y que, además, “distinguen adecuadamente entre la situación subjetiva de los deudores, aplicándose a quienes se encuentran en posiciones de necesidad”.

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Fuente: La Vanguardia, El Mundo

Algunas entidades financieras comercializan desde hace meses hipotecas nuevas en las que no se incluye esta condición. En algunos bancos y cajas se “ha suspendido temporalmente” la aplicación de la cláusula en sus hipotecas antiguas pero no la han retirado o anulado dado que, según explican, “no hay sentencia firme definitiva”. Eso supone que “más de una entidad vende esta suspensión de la cláusula más como una bonificación temporal”, lo que para algunos particulares genera incertidumbre.
Mientras la batalla por la cláusula suelo se sigue dando entre particulares y entidades en los tribunales, en el Senado la cuestión se aparca. Al menos temporalmente. Se habla de ella como una “cláusula abusiva” pero no se aprueba ninguna enmienda para limitar su aplicación. La razón que se ha esgrimido es que debe ser la reciente subcomisión de análisis para la posible reforma del sistema hipotecario español quien aborde y someta a la aprobación del Parlamento el cambio hipotecario.

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Fuente: El País