Noticias sobre Consejo de ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado extender hasta el año 2017, el periodo de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.
Esta medida se incluye dentro del Real Decreto Ley de Mecanismos de Segunda Oportunidad y Reducción de la Carga Financiera y Otras Medidas de Orden Social, con el que el Gobierno persigue facilitar el desendeudamiento de la economía española y ampliar la protección de los colectivos más vulnerables por la crisis.
Se flexibilizan los criterios que dan acceso al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios y se incrementa el límite anual de renta familiar hasta tres veces el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM). Hasta ahora se calculaba por 12 pagas y ahora se hará por 14, con lo que pasa de 19.170,39 euros a 22.365,42 euros en 2015. También se amplían los supuestos de especial vulnerabilidad para incluir a los mayores de 60 años.
Además se ha elevado el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del Código de Buenas Prácticas. A partir de ahora, este podrá superar en un 20% el precio medio arrojado por el índice elaborado por el Ministerio de Fomento con un límite de 300.000 euros -250.000 euros para la dación en pago-, cuando antes estaba establecido en 250.000 euros.
 

El Gobierno aprobó la creación de un portal único de internet para todas las subastas judiciales de bienes muebles e inmuebles. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, valoró esta medida como “un paso muy decisivo para terminar con una corruptela del sistema que eran los llamados subasteros”. Ésta era una de las medidas contenidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que propuso establecer un sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de internet. La creación será posible gracias al anteproyecto de ley de medidas de reforma administrativa en materia judicial y del Registro Civil, aprobado por el Consejo de Ministros, y exige la modificación de 26 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. “La norma beneficiará sobre todo a los deudores”, añadió la vicepresidenta, porque si hay un mayor número de usuarios que pujen, el valor del bien subastado para saldar la deuda aumenta también.
Con esta reforma se cambia el sistema de subastas, adaptándose a un modelo electrónico y fortaleciendo los criterios de publicidad, seguridad y disponibilidad. El anteproyecto simplifica el procedimiento para participar en subastas, ya que los ciudadanos “podrán acceder a todo tipo de pujas de bienes muebles e inmuebles que se produzcan en cualquier lugar del Estado sólo con darse de alta en el Portal Electrónico de Subastas del Boletín Oficial del Estado”.

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Fuente: La Razón

Dentro de su agenda de reformas, el Gobierno se ha propuesto flexibilizar el mercado de alquiler con un paquete de medidas cuyo anteproyecto ha pasado ya por el Consejo de Ministros. Varios expertos ponen el acento en que las nuevas medidas pueden crear indefensión en el inquilino. “El Gobierno vuelve a equivocarse”, asegura el vicerrector de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, quien considera que el problema actual en el mercado de alquiler “no es de oferta, sino de demanda”. “No hay suficiente gente que demande viviendas de alquiler. Los inmigrantes vuelven a sus países, la gente que se cambia de ciudad por trabajo ha disminuido y los jóvenes que se independizan de sus padres también descienden. Por primera vez hay un exceso de oferta y por eso los precios están bajando, y mucho”, sostiene.
“No creo que las medidas sirvan para impulsar el alquiler. Va a ser más el mercado el que fuerce a la gente que se plantee alquilar en vez de comprar”, asegura Miguel Hernández, experto en el sector inmobiliario de IE Business School. Recuerda que antes de la crisis, la brecha entre la compra y el alquiler estaba en el precio: salía más a cuenta hipotecarse que alquilar. “Algunas medidas eran necesarias, pero debe haber un diferencial entre el alquiler y la compra”, afirma.
La exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, considera que el principal problema del stock de viviendas es que muchas no son aptas para el alquiler, ya sea por su tipología o por su ubicación. Bernardos, en cambio, propone que el Gobierno actúe por el lado de la oferta. Por ejemplo, movilizando el parque de viviendas que está en manos de la banca con un alquiler máximo de unos 150 euros mensuales, “asequible para una familia que lo esté pasando mal”.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha defendido en el Senado que el borrador pretende “preservar la libertad de arrendatarios y arrendadores” y asegurar una mayor “equidad” en sus relaciones, puesto que los inquilinos podrán dejar su vivienda sin ninguna penalización económica si deben trasladarse de ciudad por motivos económicos. Bernardos discrepa: “Todas las medidas están pensadas para mejorar la rentabilidad del propietario de vivienda, pero se olvida que el alquiler tiene un componente social muy importante. El Gobierno lo ve como un asunto de mercado estrictamente, pero los contratos de alquiler estaban muy acotados por ese factor social”, afirma. Ahí coincide Corredor, que opina que el Gobierno considera “el alquiler como un bien de inversión y no como una forma de acceso a la vivienda”.  
Fernando Encinar, de Idealista.com, opina que “para el inquilino no hay mejoras sustanciales, y todas las medidas favorecen al propietario”. “La medida de no tener como referencia el IPC da una inseguridad enorme al inquilino. El propietario puede venir y decirle que tiene una oferta mejor y que le sube el arrendamiento de golpe si quiere quedarse”, advierte.

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Fuente:El País

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) criticó la decisión del Gobierno de reducir el IVA en la compra de vivienda nueva del 8% al 4%. La asociación de los autónomos mantuvo, en un comunicado, que la rebaja "solo tendrá efecto beneficioso para algunas promotoras inmobiliarias que se encuentran en concurso de acreedores". UPTA indicó que el esfuerzo en la reducción del IVA, que solo se mantendrá hasta el 31 de diciembre, debería haberse aplicado en las facturas por rehabilitación de edificios, "potenciando de esta forma el fracasado Plan de Rehabilitación de viviendas". En algo más de tres años se han perdido 170.000 puestos de trabajo autónomo en la construcción "y este proceso continuará si no se actúa adecuadamente en la ordenación de la rehabilitación y reforma de viviendas", detalla en el comunicado. La asociación de autónomos reclamó que el Consejo de Ministros amplíe la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social de los nuevos autónomos.

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Fuente: El País

La recuperación de la economía española tiene dos talones de Aquiles, o uno, según se mire: la banca y el ladrillo. La primera, atrapada por los 65.000 millones que acumula en activos inmobiliarios (suelo y vivienda) no insufla el crédito necesario para que la actividad reflote. Así que el Gobierno trató de matar dos pájaros de un tiro. Decretó una rebaja del IVA del 8% al 4% por la compra de vivienda nueva hasta el 31 de diciembre. Con la medida se trata de estimular el deprimido mercado inmobiliario, se adelantan decisiones de compra y llega liquidez a los balances de cajas de ahorro y bancos en un momento en que los mercados del dinero se están cerrando. "Es una medida excepcional y coyuntural", justificó la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, antes de confesar que contribuirá a "descargar" las abultadas carteras de pisos de las entidades financieras. A tres meses de las elecciones generales, la medida también se contrapone a la promesa electoral del Partido Popular de recuperar la exención fiscal en el IRPF por la compra de vivienda que el Gobierno quitó a comienzos de este mismo año. "Es temporal porque no debe hacernos olvidar que hay que estimular el alquiler", declaró Salgado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de ayer. Posteriormente en una conversación con los periodistas, criticó la propuesta del PP: "Es mala porque es permanente. Y nos lo han dicho varios organismos internacionales. También a ellos, me consta".

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Fuente: El País

Una subcomisión del Congreso debate modificaciones que podrían mejorar el modelo de concesión de crédito para compra de vivienda. Entre las propuestas se encuentra imponer la entrega del inmueble como único requisito para saldar la deuda hipotecaria. Una medida que, según el informe de la consultora Oliver Wyman que maneja la patronal bancaria, encarecería la hipoteca media entre 60 y 150 euros al mes. La propuesta de imponer la dación en pago ya ha sido tumbada anteriormente por los partidos mayoritarios en la Cámara baja. Esta vez, sin embargo, podría acabar cuajando ante la renovada presión social. Más, cuando la campaña electoral parece haber comenzado ya. Por el momento, el Gobierno ya ha dado algunos pasos para suavizar la legislación hipotecaria de cara a las familias. En primer lugar, el Consejo de Ministros ha elevado la renta inembargable a una familia en caso de embargo de su vivienda.  
En la Asociación Hipotecaria Española (AHE) no parece preocupar este cambio, pues asumen que sólo supone ampliar el plazo en el que se cobrará. Menos convencidos se muestran sobre la otra gran medida aprobada por el Gobierno. En caso de ejecución hipotecaria, la vivienda pasa a subasta pública, que si queda desierta puede ser adquirida por la entidad acreedora al 60% de su valor de tasación frente al 50% anterior. “Es un poco precipitado”, valora Santos González, presidente de la AHE. “En no pocas ocasiones podríamos llegar a que se especule con dicho valor. Para alguien que compró la casa hace dos años no, pero puede ser un negocio magnífico para el que la compró hace 10 años venderla al banco por el 60% del valor de entonces”, agrega. “Es perfectamente asumible por las entidades”, contraponen desde UGT, que plantea subir el valor mínimo para adjudicarse una casa hasta el 80%.  
El problema de base, coinciden la mayoría, es la falta de afluencia en torno a estas subastas que se desarrollan en una “virtual semiclandestinidad”, según el Colegio de Registradores, por lo que es casi siempre la entidad acreedora quien se adjudica la casa por el porcentaje mínimo. Para tratar de facilitar el acceso, el Gobierno ha rebajado la cuantía que hay que consignar para pujar, del 30% al 20% del valor del inmueble. “Un 10% de diferencia no va a hacer que la gente vaya más a las subastas. Una propuesta más interesante es llevarlas a internet, algo que ya hacen los juzgados de Murcia”, expone Óscar Franco, del bufete de abogados Ashurst. 

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Fuente:Cinco Días

El Consejo de Ministros aprobó elevar al valor mínimo por el que los acreedores pueden adjudicarse los inmuebles subastados judicialmente del 50% al 60% del precio de tasación y se elimina la posibilidad de que en determinados casos el acreedor pudiera adjudicarse el bien por debajo de esos límites. Asimismo, se baja del 30% al 20% del valor del inmueble el depósito previo necesario para participar en una subasta, lo que facilitará el acceso de más compradores a la misma. El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalacaba, explicó que estas medidas persiguen “garantizar que la subasta del bien hipotecado no dará lugar a situaciones abusivas ni al malbaratamiento del bien”. También se acelerará la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que complementen las presenciales con pujas a través de internet.  
El Gobierno incrementa también el límite del salario que no se puede embargar cuando, una vez ejecutada la hipoteca y vendido el bien, quede todavía un saldo vivo de deuda. El límite de inembargabilidad sube desde el actual 110% del Salario Mínimo Interprofesional hasta el 150%. El mínimo se sitúa así en los 961 euros y se podrá incrementar en un 30% adicional por cada miembro de la familia que no se pueda valer por sí mismo hasta alcanzar los 1.300 euros.  
Estas medidas se incluyen en un decreto ley que recogerá las resoluciones aprobadas en el debate sobre el estado de la nación. La resolución fue pactada por PSOE, PP y CiU y apoyada por el resto de los grupos parlamentarios para proteger a los afectados por ejecuciones hipotecarias. Según el Gobierno, se trata de medidas que vienen a apoyar a quienes se encuentren  en un situación más difícil, “sin cuestionar la solvencia y fiabilidad de nuestro sistema hipotecario” y que, además, “distinguen adecuadamente entre la situación subjetiva de los deudores, aplicándose a quienes se encuentran en posiciones de necesidad”.

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Fuente: La Vanguardia, El Mundo