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Hasta mayo crecieron las ejecuciones hipotecarias un 14%

Según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborado por el departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial con datos del primer trimestre de 2014 en comparación con el mismo periodo del año 2013 las ejecuciones hipotecarias crecieron un 13,9% y los desalojos de viviendas se redujeron un 5%.
Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) estos datos confirman que la ley aprobada por el Gobierno no está sirviendo para solucionar el problema.
 

Al sistema financiero la ley antidesahucios costará hasta 3.200 millones

Los bancos no podrán desalojar durante dos años a las familias que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. Así se establece en la ley antidesahucios, cuya filosofía es evitar que pierdan su vivienda habitual las personas que contrataron un crédito hipotecario durante el boom del ladrillo y ahora, a raíz de la crisis, son incapaces de afrontar sus obligaciones de pago. La norma publicada en el Boletín Oficial del Estado ha entrado automáticamente en vigor. Y su medida estrella, la paralización para determinados colectivos de los desalojos, que no del proceso de desahucio, tiene un impacto económico en las entidades financieras que concedieron los préstamos hipotecarios a esas familias en riesgo de exclusión. Morgan Stanley calcula que la moratoria de dos años costará al sistema financiero español entre 1.000 y 3.200 millones de euros entre este año y 2014, dado que entre 28.000 y 85.000 hipotecados con dificultades se podrán acoger a la medida, según los criterios establecidos para definir un colectivo vulnerable.
Los ingresos de la unidad familiar susceptible de beneficiarse de la medida no deben superar tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), lo que se traduce en 1.596 euros mensuales. En caso de que existan miembros de la familia con discapacidad, el umbral de ingresos se amplía. Además, es necesario que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud de la medida la familia haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y que la cuota hipotecaria supere la mitad de los ingresos.

simulador hipoteca

Fuente: Expansión

En el año 2012 los bancos se quedaron más de 39.000 viviendas por impago de la deuda

La banca promovió por orden judicial al menos 2.405 desalojos de viviendas habituales por impago de la hipoteca en 2012, según revela la nueva estadística que presentó el Banco de España. Según estos datos, que se restringen a las ejecuciones de créditos concedidos a personas físicas para comprar casa, las entidades se quedaron el año pasado 39.167 viviendas por impago (el 0,57% del volumen de préstamos hipotecarios), de ellas 32.490 primeras viviendas.
Más de la mitad, unas 21.000, fueron entregas voluntarias. Dentro de este apartado lo más llamativo es el alto número que alcanzaron las daciones en pago. Así, en contra de la percepción generalizada entre la opinión pública de que la dación es una opción extrema y reducida en su número, la banca asegura que cerró 15.826 ejecuciones por esta vía en 2012 (de ellas, el 90% eran viviendas habituales). Frente a las entregas voluntarias, las entidades tuvieron que recurrir a la justicia en otros 18.195 casos para recuperar el inmueble. En la gran mayoría de estas ejecuciones, la vivienda estaba vacía. Por el contrario, en el 16% restante, las ejecuciones afectaron a casas ocupadas, unos 3.000, de los que 2.405 eran vivienda habitual. Además, los datos del Banco de España reflejan que en 355 de los desalojos sobre vivienda principal y en 109 de otras viviendas tuvo que intervenir la policía.
Otra de las novedades que trata de aportar la estadística es el tiempo transcurrido desde que se produce el impago, empieza el proceso de ejecución y se desaloja la vivienda. Las entidades indican que el 85% de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales ocupadas en 2012 se originaron en 2007 o antes, aunque no se especifica en qué años, con lo que no se sabe en qué proporción corresponden al apogeo de la burbuja inmobiliaria.
Los datos provienen de una encuesta dirigida a un grupo de entidades que gestionan más del 85% de las hipotecas familiares. Sin embargo, pese a tener un origen diferente, los datos están en línea con los de los registradores, considerados por los expertos como “la fuente más fiable” en la materia. A este respecto, el Banco de España justifica la puesta en marcha de la estadística en la necesidad de “mejorar la información disponible de los procesos judiciales”. En cualquier caso, el organismo matiza que los resultados “han de tomarse con las debidas cautelas” al ser la primera vez que elabora la estadística, que tendrá carácter semestral.

calculo hipoteca

Fuente: El País

El Ejecutivo flexibilizará las condiciones del alquiler social

El calificativo “vulnerable“ que empleó el ministro de Economía, Luis de Guindos, hace poco menos de cuatro meses, para agrupar a las familias desahuciadas o incapaces de seguir pagando una hipoteca y que podían beneficiarse de un alquiler social tendrá nuevas acepciones. El Gobierno decidió flexibilizar las condiciones que debe cumplir una familia para acogerse a ese alquiler social. El plan pasa ahora por no limitar a un periodo concreto la ejecución hipotecaria y el desalojo de las familias interesadas en solicitar un alquiler social, además de mejorar las condiciones del arrendamiento, según aseguraron fuentes cercanas al Ministerio de Economía.
Cualquier familia podrá recurrir a este tipo de alquiler, con independencia de que haya sido desahuciada antes del 1 de enero de 2008, que fue la fecha fijada por el Gobierno como primera condición para acceder a un alquiler social. Es más, modificará el límite máximo de dinero que una familia puede dedicar al pago del arrendamiento. El Consejo de Ministros estableció un máximo del 30% de la renta familiar a destinar al alquiler. Ahora, ese porcentaje podrá ser mayor, lo que facilitará el acceso a una vivienda en función de las necesidades de la familia. El alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros, y la duración del contrato de arrendamiento será de dos años. Lo que no cambiará es que las familias que se pueden acoger a este tipo de alquiler serán aquellas cuya vivienda afectada por un desalojo sea la única en propiedad que poseen. Sus ingresos, en conjunto, no podrán ser de más de 1.597 euros al mes ‐19.164 euros anuales‐ y la carga que supone la hipoteca debe haber crecido, al menos, un 1,5% desde 2008.
La decisión de flexibilizar las condiciones de acceso al Fondo Social de Viviendas llega después de que el pasado 31 de marzo concluyera el primer plazo para solicitar una casa. Fuentes financieras reconocieron que “la iniciativa del Gobierno fue un fracaso”. Los bancos apenas recibieron solicitudes, en relación al número de viviendas que destinaron al fondo social. Así, el Popular sólo registró tres solicitudes frente a los 336 inmuebles que ofreció al Gobierno. Sabadell recibió 31 de las 250 viviendas que cedió al fondo. BBVA no llegó a registrar ni un 3% de solicitudes de los 899 inmuebles aportados. Y Bankinter no recibió ninguna, pese a ofrecer 56 viviendas. Por su parte, CaixaBank aportó al fondo cerca de 900 viviendas y el Santander, 590, pero el interés por parte del ciudadano, en ambos casos, fue mínimo. Solo Bankia registró un mayor número de solicitudes. Un total de 326 frente a las 1.000 viviendas cedidas al fondo. Fuentes financieras apuntan que el fracaso se debió a una desinformación por parte de las familias ante la nula campaña que ha hecho el Gobierno. A esto se suma el hecho de que “los bancos tienen mejores condiciones de alquiler” que las impuestas por el Ejecutivo.

cambio hipoteca

Fuente:El Mundo

La banca solicita una ley de insolvencias

La banca siente que la solución al problema de los desahucios está desenfocada al querer arreglar el drama de las familias más vulnerables con cambios en el mercado hipotecario susceptibles de encarecer el crédito para todos y constreñirlo si se adoptan soluciones como la dación en pago. El presidente de la Asociación Hipotecaria (AHE), Santos González, está de acuerdo con que la banca colabore en ayudar a las familias vulnerables al límite, con el fondo social de viviendas o la paralización de los desalojos, pero reivindicó que el problema es social y debe arbitrarse con medidas del mismo tipo –“las familias no pagan porque han perdido su empleo y la solución es crear empleo”, reivindicó‐. En segundo término urgió la adopción de una ley de “segundas oportunidades” o insolvencia para individuos y familias, al estilo de la ley concursal que facilita a las empresas reestructurar su deuda, pudiendo evitar tener que liquidarse.
Con una ley de “segundas oportunidades”, el ciudadano que no pueda encarar la hipoteca se acoge a un plan de pagos para afrontar el sobreendeudamiento con desembolsos parciales, renegocia la deuda o acuerda quitas. Al entrar en esta vía intervendría un mediador para hacer de interlocutor con los bancos y tomar las riendas de la solución. Se haría cargo de la situación financiera de la familia, intervendría los recursos y diseñaría un plan de pagos. Si no se cumple, se procede a la liquidación del patrimonio. En todo caso, ayuda al ciudadano a pasar página de la deuda. En Francia el rol del mediador lo asume el mismo banco central. “Es bueno y deseable recorrer ese camino. Pero la segunda oportunidad no se regala. Hay que ganarla”, alertó González. Apuntó que el sistema a largo plazo no debe ser como el arbitrado en España para socorrer de emergencia a las familias, donde el que no puede pagar su piso se queda viviendo en él con un alquiler social. En otros países, refirió, la situación financiera familiar queda registrada en unos archivos entre cinco y ocho años. Los ficheros de créditos impagados desalientan la concesión de nuevos préstamos. Una normativa así facilitaría la rehabilitación económica del deudor persona física. Distinto es dar alojamiento para familias que han perdido la vivienda con la crisis.

calculo hipoteca

Fuente: El Economista

Demandan una ley de quiebra familiar para atajar los desahucios

La presidenta del Consejo General de Consumidores, Francisca Sahuquillo, ha pedido la creación de una ley de quiebra familiar para hogares sobreendeudados y que todas las medidas dirigidas a paliar los desalojos se apliquen también a los avalistas de las personas inmersas en una ejecución hipotecaria.

Sahuquillo, que ha comparecido ante la Comisión de Economía del Congreso dentro de la ronda de declaraciones durante la tramitación de la ley para paliar los desahucios, ha afirmado que esta norma de quiebra para hogares debería incluir la posibilidad de que los tribunales puedan cancelar parte o toda la deuda, en función de las circunstancias de la familia afectada.

Habría que articular fórmulas para, si llega el caso, aplicar la dación en pago de la vivienda para cancelar la deuda y establecer planes de renegociación mediante arbitraje con la colaboración de organizaciones de consumidores para hacer viable el endeudamiento, ha añadido.

'Una familia puede ser desalojada sin tener en cuenta sus propias circunstancias, lo que supone robar su dignidad'
Según ha dicho, actualmente una familia puede ser despojada de su vivienda mediante "un procedimiento sumario" sin tener en cuenta sus circunstancias particulares, lo que supone "robar su dignidad" y "traicionar nuestros principios básicos".

La presidenta del Consejo de Consumidores ha apuntado que España podría seguir los modelos legislativos de países como EE.UU, Francia, Austria o Bélgica, adecuándolos a la especificidad de nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto a medidas más inmediatas, Sahuquillo ha demandado una paralización de las ejecuciones hipotecarias desde el comienzo del proceso y no en la última fase, la de desalojo, como estipula el real decreto aprobado en noviembre pasado, y que la moratoria se extienda a tres años, frente a los dos vigentes actualmente.

Estas medidas deberían acompañarse de la suspensión de los intereses de demora y de la exención del pago de tasas judiciales para las familias afectadas.

Para las personas ya desalojadas o inmersas en una ejecución hipotecaria, Sahuquillo ha dicho que habría que analizar los casos y no ha descartado la aplicación de la dación en pago.

simulador hipoteca

Fuente: El Mundo

Podrán acceder al Fondo Social de Vivienda los desahuciados desde 2008

El ministro de Economía, Luis de Guindos, informó en el Senado, de que las familias que accedan a un alquiler del Fondo Social de Vivienda deberán cumplir los requisitos de desprotección fijados en el decreto antidesahucios y haber sido desalojadas de su residencia después del 1 de enero de 2008. Los beneficiarios deberán tener unos ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (unos 19.000 euros anuales) y no poseer una vivienda en propiedad.
Guindos también informó de que el Fondo contará con 6.000 viviendas propiedad de las entidades de crédito de entre las que no hayan aportado a la Sareb, que deberán estar “en condiciones adecuadas de habitabilidad”. Acotar las viviendas a aquellas que no se transfieran a la Sareb implica que pasarán al parque del Fondo Social de Vivienda las que tengan un valor inferior a 150.000 euros en el momento de la compra, según explicó el ministro.
El precio del alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y el contrato tendrá una duración de dos años prorrogable por uno más, salvo que la familia deje de cumplir alguno de los criterios estipulados. Además de haber sufrido un desalojo de la vivienda habitual por una entidad adscrita al Fondo Social a partir de 2008, año en el que comenzó la crisis, para acceder a un alquiler barato habrá que cumplir alguno de los criterios de desprotección fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios dos años.  

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Fuente: Expansión, Cinco Días, El Economista, El Mundo, La Gaceta

El Gobierno considera que en dos años finalizará la ola de desahucios

El mensaje optimista sobre la recuperación económica que se está difundiendo desde el Gobierno también está incluido en la memoria que acompaña al decreto‐ley sobre medidas urgentes para paralizar los desahucios, que se ha registrado en el Congreso de los Diputados. En el informe, el Ejecutivo cree que el agobio asfixiante que viven algunos sectores con riesgo de desahucio durará como mucho dos años. Así, el Gobierno explica que la trascendencia de la nueva norma es “indudable”, pues garantiza que durante dos años los deudores hipotecarios especialmente vulnerables no puedan ser desalojados de sus viviendas, “con la confianza de que a la finalización de este periodo habrán superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual”.
El Gobierno sostiene que la norma tendrá un impacto económico positivo. Por un lado, afirma que la suspensión de los procesos de lanzamiento (expulsión de las viviendas) supone de facto una ayuda económica a las familias que no deberán afrontar los costes que implica el desahucio durante dos años. “La creación de un fondo social de alquiler redunda aún más en dicha ayuda para las personas que ya tienen problemas de acceso a la vivienda”. Además, la intervención se realiza “sin deteriorar los elementos fundamentales de la garantía hipotecaria, sobre cuya seguridad y solvencia se viene asentando históricamente nuestro sistema hipotecario y financiero”. “Ello se debe ‐añade la memoria‐ al carácter excepcional y limitado a determinados colectivos especialmente vulnerables de la ayuda”.

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Fuente: ABC

 

Los jueces solicitan reformas para solucionar el problema de los desahucios

Bilbao acogió un congreso sobre Justicia y medios de comunicación en el que el drama de los desahucios se convirtió en protagonista. Juan Carlos Mediavilla, juez decano de Baracaldo (Vizcaya), ya adelantó la posición de los magistrados, cuando ordenó el levantamiento del cadáver de Amaia Egaña, que se arrojó al vacío cuando la comitiva judicial subía las escaleras para desalojarla a ella y a su familia por impago de la hipoteca. Según dijo Mediavilla, “hay que hacer reformas para evitar estas tragedias”. Esa argumentación tuvo su continuación en el citado congreso. Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reclamó en la apertura del evento que no haya “demoras” en la toma de medidas para solucionar el problema social de los desahucios. Añadió que el Poder Judicial está “integrado por ciudadanos que no son ajenos a la sociedad en la que viven”, en relación con la “dramática situación” de las personas que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas.
En esa línea argumental abundó Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). En relación con los desalojos de las viviendas, señaló que los jueces intentan “sacar chispas de la justicia”, en la interpretación de las normas actuales y en favor de aquellos ciudadanos que viven una situación que “a veces se revela injusta”. Ibarra defendió que “ninguna persona que esté en un procedimiento ejecutivo hipotecario en el que haya riesgo de pérdida de la vivienda familiar quede sin defensa jurídica. Esa es la primera de las garantías y nos corresponde a los jueces hacerla efectiva”.

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Fuente: Cinco Días

Se paralizan los desahucios por la vía rápida

El Gobierno y el PSOE llegaron a un acuerdo para paralizar las ejecuciones hipotecarias de familias en riesgo de exclusión social que están actualmente en curso y, además, conceder una moratoria de dos años a todas las que se produzcan a partir de ahora. Algo, esto último, con lo que están de acuerdo las entidades financieras.  
La Asociación Española de Banca (AEB) anunció ayer que, “por razones humanitarias”, se ha comprometido con el Gobierno a “paralizar” los desalojos “durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”. Las antiguas cajas de ahorros, agrupadas en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), se sumaron a la suspensión pero solo hasta que Ejecutivo y oposición pacten la modificación legal que preparan para frenar los desalojos.
La AEB se mostró “a disposición del Gobierno, del PSOE y del resto de formaciones políticas, para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario”. La patronal, que se ha ofrecido a participar como portavoz del sector en las citadas negociaciones, se muestra reacia a modificar una Ley Hipotecaria que “ha permitido el acceso a una vivienda en propiedad al 83% de las familias españolas”. “Algunos de los cambios que ahora se barajan podrían excluir en el futuro a amplias capas de la población del acceso al crédito hipotecario o al menos restringir sus posibilidades de adquirir una vivienda”, argumentan. La propia decisión de paralizar los desahucios temporalmente ‐que según la patronal fue comunicada al Gobierno el pasado jueves‐ ha sido “objeto de un debate intenso y profundo” por parte de los bancos miembros de la AEB.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha liderado las protestas contra los desahucios, respondió a este anuncio de la AEB asegurando que es un “parche” como el Código de Buenas Prácticas actual, ya que no se especifica a quiénes se considerará como personas en circunstancias de “extrema necesidad”.

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Fuente: Expansión

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