Noticias sobre Ciu

CiU ha presentado una iniciativa parlamentaria para promover una ley de segunda oportunidad destinada a familias y autónomos. Se pretende evitar que los pagos pendientes de estos colectivos los conviertan en deudores de por vida. Esta regulación está pensada para familias y autónomos sobreendeudados por el impago de la hipoteca de su vivienda, del alquiler o porque no han podido mantener el negocio en marcha. O pymes que han requerido avales personales. En el texto se propone el recurso de la mediación en primera instancia, con el objeto de mantener la vivienda. De no llegarse a un acuerdo, el deudor tiene la opción de proponer un plan de reestructuración donde se podrán plantear quitas superiores a la mitad de la deuda, esperas en el pago de las deudas de hasta tres años, así como condonaciones de todos los acreedores, incluida la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. El texto también propone que la ley tenga un carácter retroactivo para que se puedan beneficiar personas que hayan contraído deudas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

Según el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, las últimas medidas adoptadas por el BCE para incentivar el crédito deberían jugar un papel importante en la financiación del sector privado. En este sentido, el Banco de España informará trimestralmente al Congreso de los Diputados sobre la cantidad de fondos del BCE que han absorbido las entidades financieras españolas y cuánto de ese dinero ha llegado a las pymes y familias, según el acuerdo adoptado por el PP y CiU en la Comisión de Economía de la Cámara Baja. Se informará al Congreso sobre las medidas que aplique el BCE como estrategia para estimular el crédito a familias y empresas en toda la UE.

El Gobierno estima que la prórroga hasta diciembre de 2012 de la aplicación del tipo superreducido del 4% del IVA sobre determinadas entregas de viviendas tendrá un coste recaudatorio total para las administraciones públicas de 750 millones de euros, de los que 367,5 millones corresponderán al Estado, mientras que las comunidades autónomas perderán 375 millones y los entes locales, 7,5 millones.  
Sin embargo, un documento del Ejecutivo asegura que “no se dispone de información para estimar el impacto recaudatorio” de la recuperación con efectos retroactivos de la deducción por inversión en vivienda habitual para rentas superiores a 24.000 euros. Así lo revela la memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al decreto de medidas de ajuste presupuestario, un documento de seis páginas en el que el Gobierno facilita el coste tributario de algunas de las medidas que el Pleno del Congreso convalidó el pasado miércoles con los votos de PP, CiU y UPN.  

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Fuente: Expansión, El Economista, Cinco Días
 

La Renta Básica de Emancipación (RBE), ayuda al alquiler de 210 euros mensuales para jóvenes, se enfrenta a un futuro incierto. A punto de cumplir los cuatro años de edad, y por lo tanto expirar su periodo inicial máximo de vigencia, el adelanto electoral deja la subvención en el alambre. El próximo Gobierno tendrá que "mantenerla, modificarla o derogarla" -como reza el Real Decreto que la regula- en diciembre de 2011 como fecha tope. Las voces al respecto, dispares: PSOE, a favor; PP silencio; CiU, en contra. De este modo, ante una decisión que afecta a decenas de miles de jóvenes y con las elecciones de fondo, mientras el PSOE ha confirmado a ELMUNDO.es su predisposición a prorrogarla, desde el PP -máximo favorito para llegar a La Moncloa, según todas las encuestas- prefieren ser cautos y no hacer comentarios sobre el tema hasta tener perfilado el programa electoral (un silencio que deja la subvención en la cuerda floja si tenemos en cuenta que los 'populares' votaron en contra de la propuesta de resolución número 29 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a favor mantener la Renta Básica de Emancipación tras el debate del estado de la Nación de 2010). CiU lo tiene más claro y es contundente: "No a la RBE".

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Fuente: El Mundo

El texto sobre la reforma concursal que se encuentra en el Congreso de los Diputados “desvela que no son las pequeñas empresas ni los consumidores los beneficiarios de la misma, sino la banca. Tanto en lo que atañe al sobreendeudamiento de particulares y que entronca con la creciente preocupación social sobre desahucios y dación en pago como en las refinanciaciones. En suma, el Ejecutivo revive la norma para presentarla como una ayuda a los más débiles cuando el texto plantea reformas tímidas que las entidades financieras han conseguido rebajar varios grados”. Se subraya que las empresas se tendrán que seguir yendo a Londres para refinanciarse con seguridad, como ya hicieran La Seda o la inmobiliaria Metrovacesa.  
El PP y CiU intentan incorporar el concurso de la persona física. El PSOE no puede apoyar esta vía, aunque algunas fuentes dan por seguro que lo hará en la próxima legislatura desde la oposición. Todo ello, se apunta, en un contexto en el que la banca tiene cerca de 400.000 viviendas con alguna cuota de morosidad. Y se acaba de publicar un informe de Oliver Wyman en el que se asegura que la dación en pago le costaría al sector 4.000 millones de euros. El sector teme que el ingente número de propiedades que acumula se incremente mientras su valoración baja. El razonamiento de la banca y de la consultora es que la profundización de la dación en pago tendría efectos contrarios a los esperados porque acabaría por cerrar el grifo del crédito.

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Fuente: Expansión

Pere Macías Arau, presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, comenta que “la subcomisión de estudio para la reforma del sistema hipotecario del Congreso de los Diputados ya ha cosechado un primer éxito, coincidiendo con su constitución. En efecto, entre las resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación, fue unánimemente destacada la que se acordó entre PSOE, PP y CiU y que contó con el voto unánime de la Cámara. Dicha resolución mandataba al Gobierno a incrementar las cuantías fijadas como inembargables en sueldos, pensiones o retribuciones equivalentes que responden de la deuda pertinente de una hipoteca ejecutada, así como a incrementar el porcentaje de valoración del inmueble hipotecado en caso de declarase desierta su subasta, hoy establecido en un exiguo y vergonzante 50%”. Seguón Macías Arau se trata de “dos pasos significativos en la buena línea. Significativos, pero insuficientes. Es obvio que queda mucho por hacer para dar respuesta eficaz a una problemática que afecta a miles de ciudadanos. Se trata de una ecuación con muchas incógnitas cuya resolución debería ser explorada por la subcomisión sin apriorismos y sin complejos”.  
Macías dice que “habrá que escuchar con suma atención, habrá que aprender de nuestros vecinos europeos y, sobre todo, habrá que encontrar soluciones realistas que contribuyan a minimizar los efectos de la crisis inmobiliaria sobre amplias capas de la población. Evitar su exclusión es, para todos los representantes políticos, una absoluta prioridad. Y ello no puede resolverse en detrimento ni de los millones de ciudadanos que esforzadamente pagan cada fin de mes su cuota hipotecaria, ni de la necesaria recuperación de unos mínimos de actividad en un sector que ha contribuido en más del 50% al crecimiento del desempleo en el Estado español. En estos momentos de poco crédito para la clase política, esta subcomisión constituye un reto que afrontamos con el convencimiento de que nuestra tarea, no siendo fácil, puede ser una buena contribución para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas”

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Fuente: El Economista

Las cajas de ahorros aseguran que no será hasta pasados algunos meses cuando los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo podrían tener su reflejo en el sector. Será posiblemente la última vez que unas elecciones tienen alguna influencia en las cajas. Su bancarización pretende terminar con su politización. Pese a ello, todas reconocen que la debacle electoral sufrida por el PSOE influirá en unos casos positivamente y en otros negativamente.
Varias cajas reconocen que en sus comités han analizado el resultado de las elecciones. “Hemos reflexionado sobre lo sucedido en el país en general y lo que puede pasar en el sector y en nuestra caja en particular. No creemos que el PP vaya a cambiar ahora nada en el sector, pero sí que suavice alguna medida. No contemplamos que ahora se vaya a entregar a ninguna caja que necesite capital con la que no se esté de acuerdo a otra entidad o inversor”, señala un directivo. Varios ejecutivos coinciden en que se podrían adelantar las elecciones generales. Y ello inevitablemente influirá en el sector financiero y por lo tanto en las cajas.  
Fuentes del sector aseguran que tras los resultados de las elecciones se abre otro escenario para las cajas pendientes de recibir dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. “El futuro nos parece menos dramático. No habrá operaciones de encaje de bolillos”, aseguran. 
Otro dilema es qué sucederá con sistemas institucionales de protección (SIP) creados entre cajas de regiones que cambiaron de signo político o lo harán en breve y que aún no han firmado su integración. Es el caso de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Lo lógico es que todo siga igual hasta que los presidentes de las cajas afectadas por cambios políticos cumplan sus mandatos y sus proyectos se mantengan. Varias fuentes señalan a Catalunya Caixa como la más afectada por las elecciones. El traspaso de poder en la Diputación de Barcelona, antes socialista y ahora de CiU, puede influir en esta entidad que aún mantiene sus raíces de caja de ahorros. Ibercaja también podría ser otra entidad con cambios, aunque tradicionalmente la política ha influido muy poco en su estructura y estrategia. La tendencia, además, es que todas las entidades se despoliticen en breve, como recoge la nueva ley de cajas y que las comunidades autónomas han adaptado. Pese a ello, no quita que varios consejeros y presidentes de cajas antes incluidas en regiones socialistas y ahora del PP estén intranquilos.   

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Fuente: Cinco Días

La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad crear una subcomisión para estudiar los “elementos de mejora” en el sistema hipotecario español y “en particular” respecto a aquellas condiciones que puedan ser consideradas “abusivas”. El enunciado de la subcomisión no alude explícitamente a la implantación de un sistema de dación en pago para que los préstamos hipotecarios puedan saldarse solo con la entrega de la vivienda, si bien la oposición ha anticipado su intención de hacer que el debate “pivote” sobre esta cuestión. Los diputados también analizarán las llamadas cláusulas ‘suelo’, mecanismo que impide a los ciudadanos beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés a partir de un límite. 
Los grupos de PSOE, CIU, PNV, ERC-IU-ICV y Mixto has acordado que este nuevo órgano parlamentario finalice sus trabajos en el plazo de seis meses, después del cual remitirán un informe al Gobierno.

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Fuente:El País, Cinco Días, La Vanguardia, ABC y La Razón

Los sindicatos, plataformas ciudadanas, organizaciones de consumidores y asociaciones de vecinos que plantean presentar en unas semanas en el Congreso una iniciativa legislativa popular para permitir la dación en pago solo disponen, hoy por hoy, del apoyo explícito de IU‐ICV y ERC. El PSOE ve inviable y contraproducente la iniciativa tal y como está formulada; el PP rechaza tal cual la dación en pago, y CiU se muestra más comprensiva con el fondo de la propuesta pero avanza que cuando se discuta es probable que presente enmiendas para encaminarla hacia caminos que juzga más viables.  
La parlamentaria del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, argumenta que “la dación en pago tal como se está proponiendo no resolvería los problemas actuales porque no puede ser implantada de forma retroactiva. Si así fuera, nos cargaríamos la confianza en el sistema financiero”. Apunta que aunque se aplicara a los nuevos contratos, la dación conlleva riesgos de especulación por parte del ciudadano que la solicitase. Considera que hay que buscar medidas de cara al futuro: políticas sociales de las autonomías para fomentar el alquiler y la vivienda protegida. Sí ve viable legislar para elevar el precio final al que actualmente las entidades se quedan con el piso subastado, que es el 50% de su valor de la tasación inicial.  
CiU considera que sí que hay que dar respuesta al problema de las ejecuciones hipotecarias. Pere Macías señala que “la dación sin matices solo serviría para encarecer los préstamos. Debemos elevar el 50% del precio del precio tras la subasta, incentivara los bancos que hagan la dación y fomentar los créditos responsables”.  

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Fuente: El Periódico de Catalunya