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La Sareb se volvará en colocar vivienda en alquiler

La Sareb nació hace trece meses. El 55% del capital pertenece a la banca privada y el resto al Estado. Ha recibido 200.000 activos problemáticos, entre viviendas vacías, alquiladas y suelos, así como 90.000 préstamos que llevan emparejados 400.000 garantías. Le quedan 14 años para deshacerse de todo sin pérdidas, pero Belén Romana, presidenta ejecutiva de la Sareb ‐en su primera entrevista‐ se muestra optimista y espera cumplir el objetivo. Comenta que le ha sorprendido “lo difícil que resulta entender lo que es la Sareb, quizá porque somos una especie única. Genera un interés mediático extraordinario. La denominación de banco malo no ayuda, predispone en contra y genera problemas reputacionales. Incluso hemos tenido protestas de la Plataforma Antidesahucios aunque no tenemos hipotecas de particulares”.
“Hemos hecho un esfuerzo importante en 2013, pero somos una empresa en construcción: mientras volamos estamos montando el avión”. Las prioridades iniciales han sido “construir la sociedad y establecer canales de venta: mayoristas, minoristas y directos, que son los compradores de activos singulares, como edificios. Hemos vendido 9.000 viviendas, una a la hora en 2013 y 2.400 hectáreas de suelo. Estamos entre los 10 primeros por ventas de España y este año nuestro objetivo es estar entre los cinco primeros. En 2013 hemos puesto precio a 60.000 activos, clave para agilizar las ventas”. Sobre la caída de precio de la vivienda apunta que “como agente del mercado no debemos opinar, pero creemos que los precios han llegado al suelo y por eso están comprando los inversores internacionales. Puede haber alguna caída más en algunas zonas pero en general han terminado”. No llegan solo los compradores de grandes descuentos, “también los fondos de inversión más estables. Hasta que no hay volumen, el precio no es una referencia. Ahora sí lo es”.
Respecto de los objetivos para este año explica: “vamos a incrementar la potencia comercial, elevar las ventas minoristas un 15% para vender más de 10.000 pisos. Queremos ganar cuota en las cinco provincias con mayor actividad: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Málaga. También ayudaremos a las promotoras que son deudoras nuestras para que vendan más activos, tanto suyos como nuestros. Además, invertiremos 100 millones en finalizar obras a medio construir para terminar 3.000 viviendas y venderlas. Es una forma de dar más valor a lo que tenemos en el balance. También queremos crear una base industrial de pisos cuyo uso siempre sea el alquiler porque hay una oportunidad de negocio y algunos agentes quieren posicionarse aquí”. No da cifras sobre las viviendas que va a poner en alquiler. “Necesitamos crear las infraestructuras para determinarlo pero serán cifras importantes”, afirma.

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Fuente: El País

El Estado deja de ingresar un 31% por la crisis del ladrillo

El sector inmobiliario ha dejado de ser competitivo. Se recauda menos de un sector como el ‘ladrillo’ que antes dejaba grandes márgenes a las Administraciones. Según un estudio realizado por un grupo de técnicos expertos en fiscalidad inmobiliaria, con la escasa actividad y apenas ventas en el mercado, el Estado recaudó el año pasado un 31% menos en relación a 2007, justo antes de que estallara la burbuja. “Los problemas del sector inmobiliario tienen una repercusión fuertemente negativa en la recaudación fiscal asociada a la actividad inmobiliaria y que afecta a todos los niveles de gobierno de forma muy significativa”, explican los analistas coordinados por el despacho de abogados Uría Menéndez para la Fundación Impuestos y Competitividad, en un documento titulado Propuestas de Reforma del Mercado Legislativo de la Fiscalidad Inmobiliaria.
El objetivo del proyecto es detectar las principales anomalías y problemas que presenta la actual normativa de fiscalidad inmobiliaria y ofrecer una serie de recomendaciones y propuestas de mejora que, partiendo de lo acertado del régimen fiscal aplicable a la actividad inmobiliaria en muchos de sus aspectos, permitan acometer su revisión “y coadyuven a la necesaria recuperación de esta actividad, de manera que el sector inmobiliario siga teniendo un papel preferente en el nuevo modelo económico que resulte de la actual coyuntura”.
La mejora de la competitividad del sector inmobiliario pasaría, según el informe, por una mayor seguridad jurídica para incentivar la inversión, la aprobación de modificaciones que reduzcan el impacto negativo de las restricciones aprobadas en el Impuesto sobre Sociedades para sociedades inmobiliarias o la clarificación del tratamiento fiscal de determinadas operaciones. “Creemos que estas medidas favorecerían a las Administraciones Públicas y a la economía nacional, ya que incentivarían la inversión inmobiliaria desde un modelo más racional, favorecerían el crecimiento de la economía y, en consecuencia, la creación de empleo y reducirían el fraude fiscal en el sector”, insisten los autores del informe.

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Fuente: El Economista

Los bancos nacionalizados venden pisos por 5.000 millones

Las cuatro entidades que han estado o están en manos del Estado (Banco CAM, NCG Banco, Bankia, y CatalunyaCaixa) vendieron el año pasado casi 40.000 activos inmobiliarios por más de 5.000 millones de euros, y con descuentos que llegaron al 60 %. La persistencia de la crisis y las nuevas necesidades de capital por los decretos de saneamiento han sido dos de las razones que han hecho que las entidades aceleren las ventas. También ha influido la creación de Sareb, el banco malo, cuya función será gestionar los activos inmobiliarios que quedan, previsiblemente con unos descuentos aún mayores, por lo que las entidades se han empleado a fondo en deshacerse de estos inmuebles. Bankia cerró ventas de 14.600 activos inmobiliarios. CatalunyaCaixa logró desprenderse de más de 8.600 inmuebles por 1.500 millones.

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Fuente: Expansión, El Mundo

El Gobierno no sabe la cantidad de edificios vacíos que posee

La mayor inmobiliaria de España por patrimonio es, seguramente, el Estado. Y eso sin contar con el inmenso parque inmobiliario que acaba de asumir procedente de los bancos nacionalizados. Gran parte de los pisos de la banca han sido transferidos a la Sareb, de titularidad pública. Pero directamente, la Administración General del Estado posee 53.124 inmuebles entre edificios, pisos, locales, solares y otro tipo de bienes. Así consta en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, actualizado a 26 de octubre de 2012. Sin embargo, en ese inventario falta un dato esencial: cuántos de esos inmuebles están vacíos o sin uso, como el Gobierno reconoce. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, registró una pregunta escrita para saber qué cantidad de inmuebles posee el Estado y cuáles se encuentran “ahora mismo sin actividad o vacíos”. Pedía todos estos datos por provincias, además de más información al respecto. El Gobierno le ha enviado la respuesta a la primera pregunta: posee 53.124 inmuebles. Pero no puede responder a la segunda porque no sabe cuántos de ellos están vacíos o sin uso.  

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Fuente: El Mundo

Durante los próximos años la construcción de casas seguirá en mínimos

El Plan Nacional de Reformas que acompaña al Programa de Estabilidad que fue presentado a la Comisión Europea prevé que el número de nuevas viviendas irá subiendo gradualmente desde las 78.000 del año pasado hasta alcanzar entre 100.000 y 11.000 en 2015. Se trata de cifras minúsculas si se comparan con las 865.000 que se llegaron a iniciar en 2006, cuando España vivía en la euforia del ‘ladrillo’. “Continuará la absorción del stock sin vender al tiempo que se elevará muy gradualmente el número de viviendas iniciadas”, asegura el documento.
Por otra parte, el Gobierno baraja la posibilidad de crear un registro público de inquilinos morosos. Con esta iniciativa, trata de fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler y potenciar este segmento del mercado. También pretende impulsar el arrendamiento de viviendas vacías a través de medidas fiscales como incentivar al propietario con bonificaciones a las rentas del alquiler.
Además, se incluyen medidas para incrementar los ingresos como la venta del patrimonio inmobiliario del Estado, que se eleva a más de 50.000 inmuebles.  

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Fuente: El País

El IVA reducido para la vivienda costará 750 millones al Gobierno

El Gobierno estima que la prórroga hasta diciembre de 2012 de la aplicación del tipo superreducido del 4% del IVA sobre determinadas entregas de viviendas tendrá un coste recaudatorio total para las administraciones públicas de 750 millones de euros, de los que 367,5 millones corresponderán al Estado, mientras que las comunidades autónomas perderán 375 millones y los entes locales, 7,5 millones.  
Sin embargo, un documento del Ejecutivo asegura que “no se dispone de información para estimar el impacto recaudatorio” de la recuperación con efectos retroactivos de la deducción por inversión en vivienda habitual para rentas superiores a 24.000 euros. Así lo revela la memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al decreto de medidas de ajuste presupuestario, un documento de seis páginas en el que el Gobierno facilita el coste tributario de algunas de las medidas que el Pleno del Congreso convalidó el pasado miércoles con los votos de PP, CiU y UPN.  

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Fuente: Expansión, El Economista, Cinco Días
 

La deducción por vivienda ha costado 77.560 millones al Estado

La deducción fiscal por adquisición de vivienda en el IRPF ha supuesto un gasto para el Estado de aproximadamente 77.560 millones de euros desde su entrada en vigor en 1979 hasta 2011. La devolución de Hacienda supone un incentivo para la inversión en vivienda. Animó año tras año las compras y también la solicitud de hipotecas. Del millón y medio de declarantes con alguna modalidad de deducción por vivienda en 1983 se pasó a más de siete millones en 2006, justo antes del estallido de la crisis. Lógicamente, el coste fiscal de la deducción para el Estado ha ido en aumento conforme se han vendido más viviendas, pero su efecto multiplicador sobre los ingresos impositivos compensa los gastos. Las ventajas fiscales por la compra de casa han sido objeto de múltiples reformas. En cualquier caso, todos los Gobiernos han mantenido en mayor o menor medida incentivos fiscales en el IRPF para facilitar el acceso a la vivienda.

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Fuente: Cinco Días

Dación en pago: responsabilidad

Pere Macías Arau, presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, comenta que “la subcomisión de estudio para la reforma del sistema hipotecario del Congreso de los Diputados ya ha cosechado un primer éxito, coincidiendo con su constitución. En efecto, entre las resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación, fue unánimemente destacada la que se acordó entre PSOE, PP y CiU y que contó con el voto unánime de la Cámara. Dicha resolución mandataba al Gobierno a incrementar las cuantías fijadas como inembargables en sueldos, pensiones o retribuciones equivalentes que responden de la deuda pertinente de una hipoteca ejecutada, así como a incrementar el porcentaje de valoración del inmueble hipotecado en caso de declarase desierta su subasta, hoy establecido en un exiguo y vergonzante 50%”. Seguón Macías Arau se trata de “dos pasos significativos en la buena línea. Significativos, pero insuficientes. Es obvio que queda mucho por hacer para dar respuesta eficaz a una problemática que afecta a miles de ciudadanos. Se trata de una ecuación con muchas incógnitas cuya resolución debería ser explorada por la subcomisión sin apriorismos y sin complejos”.  
Macías dice que “habrá que escuchar con suma atención, habrá que aprender de nuestros vecinos europeos y, sobre todo, habrá que encontrar soluciones realistas que contribuyan a minimizar los efectos de la crisis inmobiliaria sobre amplias capas de la población. Evitar su exclusión es, para todos los representantes políticos, una absoluta prioridad. Y ello no puede resolverse en detrimento ni de los millones de ciudadanos que esforzadamente pagan cada fin de mes su cuota hipotecaria, ni de la necesaria recuperación de unos mínimos de actividad en un sector que ha contribuido en más del 50% al crecimiento del desempleo en el Estado español. En estos momentos de poco crédito para la clase política, esta subcomisión constituye un reto que afrontamos con el convencimiento de que nuestra tarea, no siendo fácil, puede ser una buena contribución para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas”

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Fuente: El Economista

El Gobierno estudia crear un banco público con las cajas más débiles

El Gobierno baraja con el Banco de España la creación de una entidad estatal que sirva como sociedad holding de sus participaciones en aquellas entidades que va a nacionalizar y que gestione su negocio hasta su venta en mercado bajo el auspicio del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El planteamiento inicial del Ejecutivo y del supervisor pasaba por nacionalizar las entidades (parcialmente o en su totalidad) y ponerlas, caso por caso, cuanto antes en manos privadas a través de una subasta pública. Cuenta con un período de cinco años para este proceso. El FROB ve ahora dificultades para colocar las entidades nacionalizadas rápidamente en el mercado -más tras el agresivo descuento aplicado por Bankia para su salida a Bolsa- sin que el Estado asuma importantes quebrantos de las entidades a través de Esquemas de Protección de Activos (EPA). La posibilidad que gana más peso es la creación de una entidad regida por el FROB que se encargue de la gestión de forma conjunta de estas entidades, de su negocio y que pueda ponerlas en valor o liquidar los activos dañados en el medio plazo.
Este modelo tiene dos antecedentes similares. En España, sería Argentaria, el holding que se creó en 1991 para agrupar seis bancos públicos y proceder, posteriormente, a su privatización. Otro ejemplo se puede encontrar en Estados Unidos con la creación en la década de los 90 de la Resolution Trust Corporation durante la reordenación de los Savings & Loans (entidades similares a las cajas). Esta corporación se creó bajo el auspicio del FDIC (similar al Fondo de Garantía de Depósitos) para gestionar la nacionalización, el negocio y la puesta en mercado de estas entidades. Economía descartó ayer que vaya a crear una nueva entidad, aduciendo que el FROB ya asume estas mismas funciones.
En el sector financiero temen que el Ejecutivo pueda utilizar la creación de esta entidad pública con fines electorales para contrarrestar la escasez de crédito por parte de los bancos privados. En las últimas semanas, han arreciado las críticas desde el Gobierno a la banca por el origen de la crisis bancaria en España. En todo caso, apuntan que es un proyecto sin racionalidad económica y esperan que no se lleve a cabo.   

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Fuente: Expansión

Si lo sé, no presento concurso de acreedores

Un millar de personas aproximadamente se declara en concurso de acreedores cada año en España desde el inicio de la crisis. La regulación del concurso de una persona es muy similar al de una empresa: un administrador concursal nombrado por el juez pasa a administrar los ingresos y gastos del concursado y trata de que los acreedores puedan recuperar sus préstamos. Mientras se está en concurso los acreedores no pueden embargar los bienes del concursado, por lo que muchos de los que se declaran en concurso lo hacen pensando que así evitan que sus bienes, normalmente sus casas, les sean ejecutados. “Pero en realidad lo único que consiguen retrasar es la ejecución”, comenta Concepción González, abogada y economista, administradora de cinco personas en concurso físico. “Son procedimientos costosos, para el Estado y para el concursado. Este tiene que pagar al procurador, a su letrado y al administrador concursal. Y el Estado tiene que dedicar recursos de los juzgados mercantiles (colapsados) a tramitar un expediente que acabará en una ejecución hipotecaria si no se pueden pagar las cuotas de la hipoteca o en el mejor de los casos la venta de la vivienda cuando cubre su valor la hipoteca”, explica.  
En 2003 la ley concursal española incluyó los casos de concursos de personas físicas en la misma ley que regula los casos de concursos de personas jurídicas. Lo hizo “con todas las rutinas procesales de las sociedades jurídicas”, explica Leopoldo Pons, presidente del consejo directivo del Registro de Economistas Forenses, Refor. Mientras que en España menos de 1.000 personas físicas se declaran en concurso al año, en países como Francia, Alemania o Reino Unido se cuentan por decenas de miles. La nueva ley concursal, que será aprobada este año, sería una oportunidad para modificar la norma. Desde el Refor se propone como alternativa un título especial que se acerque a la solución del arbitraje. “Es un dislate incluir las rutinas procesales del concurso jurídico”, dice Pons.  

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Fuente:Cinco Días

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