Noticias sobre Dación

Los bancos cotizados lograron en el año 2014 reducir por primera vez el volumen de activos problemáticos del ladrillo, según los datos que han incluido en sus informes anuales.
Los siete bancos que forman parte del índice Ibex 35 (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell, Popular y Bankinter) cerraron el pasado ejercicio con un total de 125.000 millones entre créditos morosos y subestándar a promotores más pisos, solares y otros activos inmobiliarios que se han quedado por impago. Lo que supone 7.000 millones menos que un año antes. Se trata de las cifras brutas. Si se considera el volumen de provisiones, el riesgo tóxico aún no cubierto ha bajado a algo menos de 65.000 millones, con una reducción de unos 4.000 millones en un año.
La reducción de los activos tóxicos responde exclusivamente al crédito, los activos inmobiliarios en manos de los bancos (pisos, promociones, suelo y participaciones en inmobiliarias) siguen aumentando a pesar de que las entidades también han aumentado las ventas. Los bancos aún embargan, ejecutan o reciben mediante dación en pago más inmuebles de los que logran vender.
 

La banca aceleró los desahucios en la primera mitad de 2013, según los datos que publicados por el Banco de España y que, por primera vez, proceden de un cómputo estricto de las ejecuciones lanzadas desde las entidades. El retrato del supervisor revela que 35.098 familias se quedaron sin casa entre enero y junio del pasado año al no poder pagar la hipoteca. A partir de estas cifras, el organismo que dirige Luis María Linde afirma que todo "apunta a un crecimiento en comparación con 2012" coincidiendo con el auge del movimiento social contra los desalojos y la remisión al Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago. Tampoco la pretendida consolidación del código de buenas prácticas del Ministerio de Economía tuvo éxito en su objetivo de atajar uno de los graves problemas que ha dejado la crisis tras de sí.

Del total de casas que pasaron a manos de la banca en este periodo, cuatro de cada cinco (28.170) correspondieron a la vivienda principal, según la estadística del Banco de España y que procede de anotaciones realizadas por las propias entidades. La cifra indica que en solo medio año se han superado más del 70% de las entregas de primera residencia de 2012. En cuanto a la situación del inmueble, la banca asegura que prácticamente todas -el 96%- estaban vacías en el momento del embargo.

Sobre las daciones en pago, el Banco de España suma 11.348 entregas de la vivienda a cambio de saldar la deuda, lo que equivale al 32,3% del total de desahucios. La cifra se sitúa por debajo del porcentaje del 35,7% de 2012, aunque aquellos datos se calcularon a partir de una encuesta, por lo que no son tan fiables como el balance publicado ahora.

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Fuente: El País

Los juzgados españoles procesaron el año pasado 58.241 expedientes de desahucio, cifra que supone un récord desde que se tiene registro y que supuso además un aumento del 22% con respecto a 2010. El persistente aumento del paro y los problemas que atraviesan las familias para llegar a fin de mes han llevado a muchos inquilinos a dejar de pagar sus hipotecas o alquileres, tal y como ponen de relieve los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para evitar el drama que suponen los desalojos de las familias de sus viviendas, el Gobierno ha decidido crear un código de buenas prácticas para la banca con vistas a flexibilizar los desahucios y facilitar la dación en pago de las hipotecas para las personas en riesgo de exclusión. De hecho, durante los últimos cuatro años, los desahucios judiciales se han disparado hasta alcanzar los 166.700 expedientes. La región mas afectada, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguido de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460 expedientes. La menos afectada fue La Rioja, con 244. Sólo en el cuarto trimestre, los desalojos de viviendas iniciados en España ascendieron a 15.347, cifra que va en línea con los trimestres anteriores, salvo en el tercer trimestre, en el que hubo unos 10.800.

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Fuente: El País

Un informe del regulador bancario británico reconocía que la mitad de las hipotecas concedidas en 2007 y 2008 no habían verificado los ingresos del solicitante. Para acabar con estos excesos, armonizar el mercado hipotecario europeo y dotar de mayor seguridad al consumidor, el Parlamento Europeo prepara una directiva que debe estar aprobada este año. Los grupos parlamentarios negocian un texto que aún debe pasar por la Comisión y el Consejo.
El eurodiputado Antolín Sánchez Presedo es ponente de la directiva hipotecaria. Explica que “tiene tres objetivos: mejorar la integración de los mercados europeos, de la protección al consumidor y la inclusión financiera. A partir del primer trimestre del año empezará la negociación con el Consejo, aunque la presidencia danesa no lo ha incluido. Como pronto
estará aprobada a mediados de año y como tarde a finales”. Comenta que sus efectos prácticos sobre los ciudadanos españoles “se notará más en el futuro. La nueva norma ofrecerá soluciones para abordar crisis: un mercado flexible, que no imponga condiciones excesivas, que contemple la dación en pago cuando las partes están de acuerdo...”. Sobre ésta, dice que “yo quiero que se obligue a los Estados a regularla, pero siempre como acuerdo voluntario entre banco y cliente. Debe ser una opción, no una obligación. En un momento como este, de iliquidez de las entidades, promover más iliquidez podría agravar la situación. Queremos un mercado más eficiente y competitivo sin plantear problemas de estabilidad financiera”. Fuera de la norma queda la legislación de sobreendeudamiento familiar. Sánchez Presedo comenta: “pedimos a la Comisión que profundice en tres áreas: si debe existir un límite al crédito ligado a la evolución del crecimiento; si se debe separar la banca de depósitos de la de inversión; y el tratamiento de las instituciones altamente endeudadas y del sobreendeudamiento familiar. Hay políticas muy activas en Estados miembros que merecen un estudio profundo”. Una de las principales novedades del texto es el tiempo de reflexión obligatorio para los consumidores. Sobre su regulación señala que “la hipoteca es la decisión financiera más importante en la vida de una persona y debe ser meditada y con pleno conocimiento. Proponemos una mejor educación financiera, asesoramiento independiente y un periodo de 14 días de enfriamiento para la reflexión”. 

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Fuente:El País

Las entidades financieras siguen tratando de drenar el stock de inmuebles que han ido acumulando a lo largo de los últimos tres años. La Caixa y CatalunyaCaixa se desprendieron el año pasado, a través de contratos de venta y alquiler, de 16.448 inmuebles, por los que ingresaron casi 2.200 millones de euros, según informaron las dos entidades catalanas. Servihabitat, la filial de Criteria CaixaCorp -la sociedad no cotizada del grupo La Caixa- vendió 8.774 immuebles por 894,6 millones, mientras que CatalunyaCaixa y sus promotoras asociadas realizaron 7.674 transacciones por más de 1.300 millones.
En CatalunyaCaixa, las ventas inmobiliarias supusieron un incremento del 35% respecto al año anterior, si bien no todos los pisos a los que se refiere la entidad estaban en su cartera. Según aclaró la entidad, las 7.674 transacciones incluyen viviendas, trasteros y garajes, y de estas 6.442 corresponden estrictamente a viviendas. La entidad se desprendió de viviendas a través de compraventas (4.695 casas) y alquileres (1.747). No obstante, las 4.695 casas incluyen también las que comercializó la entidad, pero que en realidad eran de promotores asociados, por lo que la cartera de viviendas adjudicadas que vendió asciende a unas 2.700.
Las ventas de La Caixa no pueden compararse con 2010, puesto que en enero del año pasado el grupo empezó su reordenación, que culminó en julio con la salida a Bolsa del negocio financiero de CaixaBank. En ese proceso, la sociedad bancaria se zafó de todos sus activos inmobiliarios, que traspasó a Criteria Caixacorp a través de Servihabitat. Los 8.774 inmuebles a los que se refiere La Caixa corresponden a viviendas, trasteros y garajes, que se comercializaron mediante 6.698 operaciones, incluyendo 861 de alquiler.
Cuando los préstamos dudosos del conjunto de las entidades empezaron a escalar en 2008, estas pusieron en marcha varios programas para vender los activos que se iban adjudicando, sobre todo a raíz de los concursos de acreedores y las daciones en pago de inmobiliarias a las que habían prestado dinero, pero también de particulares. La Caixa tiene en marcha el plan ‘Tú propones el precio’ hasta el 31 de marzo. El año pasado, según la entidad, el 76% de las ventas se realizaron con este programa. CatalunyaCaixa, por su parte, aprovechó su red de oficinas, que intermedió en el 38% de las ventas.

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Fuente:El País, Expansión, El Economista, El Mundo, La Vanguardia, Cinco Días, La Gaceta

La entidad surgida de la fusión de Banco Sabadell y CAM nace con una exposición inmobiliaria superior a los 37.000 millones de euros. Hasta septiembre, Sabadell sumaba 9.789 millones de créditos para promoción inmobiliaria, de los que 2.067 millones son dudosos y 1.659 millones, subestándar. Además, la entidad se ha tenido que quedar con edificios y suelos tras ejecuciones hipotecarias o en daciones en pago. Operaciones que han llevado a acumular una cartera de activos inmobiliarios adjudicados de 3.800 millones; el 70% viviendas de primera residencia y suelo, la mitad en Madrid y Barcelona. El valor contable de estos activos se eleva a 2.685 millones tras los 1.106 millones aportados vía provisiones. Cifra que supone casi una quinta parte de los 4.903 millones con lo que ha cubierto los 12.187 millones –incluidos los 1.465 millones ya fallidos‐ del total de su exposición inmobiliaria potencialmente problemática.   
Hay que sumar lo que aporta CAM. Una cartera de activos problemáticos de 24.644 millones de la que se espera una pérdida de unos 5.500 millones, de los que 3.882 millones ya han sido provisionados. Los otros 1.500 millones se cubrirían a través del Fondo de Garantía de Depósitos, que aportaría el 80%, y el restante 20% serían absorbidos por Sabadell. El desglose de la cartera de crédito de Banco CAM contabiliza 11.813 millones en el sector inmobiliario, con una cobertura de 1.765 millones. Además, se consideran como dudosos los 1.315 millones de créditos hipotecarios para compra de vivienda, cuyos titulares acumulan tres o más meses de impago. Por este concepto solo se han dotado provisiones por 124 millones. Además, los créditos, los activos adjudicados y otras participaciones en compañías inmobiliarias suman casi 7.000 millones en el balance del banco alicantino.

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Fuente:El País

Una nueva norma para unificar, impulsar y dotar de mayor seguridad el mercado hipotecario europeo es el objetivo que se ha marcado el Parlamento Europeo, que pretende aprobar una directiva sobre los préstamos para vivienda en la primera mitad de 2012. La norma debe ser negociada con el Consejo y con la Comisión Europea. La propuesta que presentó el ponente de la comisión, el eurodiputado socialista gallego Antolín Sánchez Presedo, menciona la necesidad de mejorar la información que reciben los ciudadanos que contratan una hipoteca o de asegurar una tasación imparcial de la vivienda, pero deja fuera una de las reclamaciones fundamentales del movimiento de apoyo a los desahuciados: la aprobación con carácter general de la dación en pago. Sánchez Presedo defiende esta figura tan solo cuando las dos partes -cliente y banco- estén de acuerdo, algo que ya recoge la Ley Hipotecaria vigente en España. "Me ha dejado perplejo oír hablar de dación en pago solo si hay acuerdo entre las partes, cuando hay más de tres millones de viviendas vacías y se está produciendo una violación sistemática de los derechos de los deudores en las ejecuciones hipotecarias", intervino Rafael Mayoral, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
El seminario sirvió para presentar las directrices de la directiva, que incluyen ideas como fijar un periodo de reflexión para los consumidores que contratan una hipoteca o establecer normas claras de asesoramiento, separadas del material publicitario. Los organizadores del encuentro admitieron en las conclusiones finales que el sector ha cometido excesos en los últimos años y se hicieron eco del malestar que genera entre los consumidores el hecho de que la dación en pago sea tan solo una opción, y no algo generalizado y obligatorio.

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Fuente: El País

En poco más de un año, las Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido paralizar casi un centenar de desalojos forzosos en distintas ciudades españolas. Amplificadas por el 15-M, se han convertido en victoria de un movimiento que ha tenido gran eco ciudadano, mediático y que se mueve muy bien por las redes sociales. Lo ha tenido la paralización de los desahucios y también la exigencia de una reforma de la ley hipotecaria que contemple la dación en pago con carácter retroactivo, que los deudores puedan quedarse en las viviendas afectadas pagando un alquiler social y que se paren los desahucios pendientes. El impacto ha sido tal que ha obligado a los partidos políticos a posicionarse.  “En poco tiempo las PAH han conseguido colocar el problema de los desahucios primero en la agenda mediática, judicial, con dos sentencias favorables a la dación en pago (de las audiencias de Navarra y Girona), y luego en la política”, señala Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la UNED. “El de la PAH es un movimiento de conquistas parciales”, dice. Asegura que “el tema continuará en la agenda pública” y el próximo Gobierno “tendrá que plantear alguna medida”.   
El catedrático José García Montalvo apunta que la ley hipotecaria ya contempla la dación, pero que encarecería las cuotas. Y sobre la dación retroactiva recuerda que “legalmente no hay forma, porque son contratos ya firmados”. Su apuesta pasa por “facilitar al máximo la dación voluntaria” con acuerdos individuales entre endeudados y deudores. La CECA recuerda que modificar la ley “supondría un beneficio para una minoría de prestatarios, a cambio de perjudicar a la mayoría que cumple puntualmente con sus obligaciones de pago”. La Asociación Española de Banca (AEB) apunta que “algunos cambios que se barajan podrían excluir en el futuro a amplias capas de la población del acceso al crédito hipotecario” y que, en cualquier caso, las medidas que se adoptasen “no deben tener carácter retroactivo”. La AEB apela a medidas sociales para “paliar la situación de las familias que han perdido sus viviendas”. “Los problemas sociales no se pueden solucionar modificando aspectos técnicos del sistema hipotecario”, concluye, tras asegurar que antes de iniciar una ejecución hipotecaria las entidades “analizan todas las posibilidades de renegociar con el cliente".

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Fuente:El País

Los notarios consideran que son necesarios numerosos cambios legales que beneficien a los consumidores y que eviten la entrada de muchos de los litigios en los tribunales. El vicepresidente del Consejo General del Notariado, Carlos Ollé, afirmó al referirse al sector inmobiliario, que son necesarias medidas legislativas que rescaten “este motor de nuestra economía”, la mayoría de ellas de orden económico, financiero, fiscal, jurídico y contractual.  
Se destaca la propuesta del notario Francisco Javier Gardeazábal para evitar las ejecuciones por falta de pago de los créditos hipotecarios y para no caer en la “controvertida dación en pago”. Plantea recuperar una vieja figura del Derecho Romano conocida como Pacto Marciano para evitar que el deudor, acuciado por la necesidad, ofrezca como garantía un bien de valor muy superior al del préstamo que recibe, con la posibilidad de perderlo en caso de incumplimiento de forma automática por la facultad de apropiación del acreedor. Mediante el Pacto Marciano se intenta evitar este riesgo, a través de una tasación que valore de forma justa la cosa (vivienda, valores, fondos, etc.) puesta como garantía. La medida se articula mediante la concesión de una opción de compra al acreedor. Si se produce el incumplimiento, el juego de la compensación permitirá al acreedor aplicar el importe de lo debido al pago del precio. Así, una vez determinado el valor justo de la cosa, el deudor tiene derecho a percibir la diferencia entre ese valor y el importe de la deuda. Se evita así el enriquecimiento injustificado del acreedor y se soslayan todos los inconvenientes del pacto comisorio (la apropiación por el acreedor). Esta última cantidad, señaló Gardeazábal, se pondrá a disposición del deudor o de sus acreedores posteriores, con lo que también se protege la posición de éstos. El Pacto Marciano debe ser expresamente pactado, en el momento de constitución de la hipoteca o después, y la tasación debe ser hecha por un tasador independiente. Además, se debe producir la extinción de las cargas posteriores al pacto, lo que supondría una normativa legal que expresamente la regulase. El acuerdo se realizaría mediante escritura pública entre la entidad acreedora, el deudor y el titular de la finca gravada con la hipoteca, o con un tercero designado mediante un poder irrevocable al constituirse el pacto.
El notario José Luis Martínez-Gil propuso la extensión de las subastas notariales voluntarias, pactadas en la escritura hipotecaria, con el procedimiento controlado por el notario, y el impulso a la figura del acta de depósito, en aquellos casos en que existen flecos pendientes de la compraventa acordada, cumplimiento de requisitos que pueden alterar el precio final o las discrepancias de los aspectos fiscales. El notario Manuel Ángel Rueda propuso una ley de armonización de las legislaciones autonómicas para unificar la clasificación del suelo, el planeamiento, el procedimiento de aprobación de los planes y su contenido, así como los procedimientos de designación del urbanizador y el constructor.

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Fuente: El Economista

En los programas electorales ante las elecciones del 20-N todos los partidos políticos hacen referencia directa o indirecta a la dación en pago y buscan una mejor salida para el excedente de pisos sin vender. El alquiler se perfila como una alternativa ante la falta de crédito para la compra y en esta materia el PP promete seguridad jurídica a los contratos de alquiler agilizar los procedimientos de resolución de conflictos y una fiscalidad de la vivienda adecuada. El PSOE apuesta por la coordinación de actuaciones de la Sociedad Pública de Alquiler con las comunidades autónomas. IU plantea incrementar el IBI en un 100% para los pisos vacios y expropiar las viviendas desocupadas, así como la creación de un parque público de viviendas en alquiler con el stock de banca y promotores. Por su parte, UPyD propone revisar la Ley de Arrendamientos Urbanos, aumentando las obligaciones y las garantías de las partes intervinientes y estimular fiscalmente la iniciativa privada para que desarrolle viviendas en régimen de alquiler.

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Fuente: La Gaceta