Noticias sobre Ejecución hipotecaria

Los órganos judiciales españoles practicaron en el año 2014 68.091 lanzamientos, lo que supone un aumento del 1,3 % con respecto a los 67.189 del año anterior.
Estos lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo vivienda y, en el caso de estas, no solo vivienda habitual. Más de la mitad (36.044 lanzamientos), el 52,9 %, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Otros 28.877, el 42,4 %, obedecieron a ejecuciones hipotecarias y los 3.170 restantes a otras causas.
En relación con los datos de 2013, los lanzamientos acordados en procedimientos regulados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 5,5 %; mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 11,8 %.
 

El mercado inmobiliario evoluciona hacia su estabilización. Los indicadores referidos a precios y ventas de casas, así lo constatan. La directora de relaciones institucionales del Colegio de Registradores y exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró que ya se perciben las consecuencias de la suave reapertura del crédito que se produjo a lo largo del año 2014. Así, la cuota hipotecaria media se situó en 553 euros al mes, lo que representa un descenso del 6,9% sobre el año anterior y fija el esfuerzo que realizan los hogares a la hora de comprar su vivienda por debajo del 30% de sus ingresos medios, el nivel considerado aceptable por su menor riesgo por las entidades financieras. En cuanto a la evolución que registraron los tipos de interés, estos se redujeron en promedio un 17% el año pasado, al tiempo que se incrementó ligeramente, un 2,25%, la duración de las nuevas hipotecas contratadas, hasta los 22 años y nueve meses. Este aumento del plazo de contratación de los préstamos es fruto de una mayor confianza de los bancos en la capacidad de pago de los titulares de esas hipotecas. Uno de los aspectos que incluye la estadística del Colegio de Registradores es el primer balance de un ejercicio completo de procesos de ejecución hipotecaria iniciados. En 2014 se contabilizaron 69.023, de los que el 62,5% correspondió a personas físicas y el 37,5% restante a personas jurídicas o empresas. De ese volumen de procesos iniciados, no todos concluyen con el lanzamiento del inmueble o el desahucio, ya que una vez se inscribe en el registro el proceso, se pueden producir varias circunstancias (dación en pago, desembolso de la deuda o su refinanciación) que eviten el desalojo.

La justicia europea respalda que los jueces españoles puedan anular las cláusulas hipotecarias que consideren abusivas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que los magistrados deben “tener la posibilidad” de anular la aplicación de una cláusula que imponga un tipo de demora que triplique el interés legal del dinero, tal y como fija la legislación nacional. La magistratura europea da así un espaldarazo a la modificación de la ley española a raíz de otra sentencia del TJUE de marzo de 2013. Hasta entonces, la norma no permitía a los jueces suspender una ejecución hipotecaria si encontraban cláusulas abusivas. La sentencia responde a demandas de ejecución presentadas por Unicaja Banco y de Caixabank ante el juzgado de primera instancia de Marchena (Sevilla). El magistrado elevó una consulta al Tribunal europeo sobre el encaje de la legislación española —según la cual el juez debe ordenar que se recalculen los intereses de demora si el tipo de interés aplicado es más de tres veces superior al interés legal del dinero— en la directiva europea sobre cláusulas abusivas en contratos entre profesionales y consumidores. Los jueces del TJUE sostienen que la directiva comunitaria no se opone a la legislación española siempre que se cumplan dos condiciones: que no prejuzgue la aplicación por parte del juez español a la hora de dictaminar el carácter abusivo de una cláusula y que no impida al magistrado nacional anular una cláusula que considera abusiva en el sentido de la directiva. El Tribunal agrega que la cancelación de las cláusulas abusivas no debería conllevar “consecuencias negativas” para el titular de la hipoteca, dado que los importes sobre los que se inició la ejecución hipotecaria son “necesariamente menores”, al no verse incrementados por los intereses de demora de las cláusulas susceptibles de ser anuladas.

Las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 10,5% en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2013, hasta 23.240, de las que 6.787 fueron sobre viviendas habituales, un 13,5% más.
Sin embargo, esas cifras suponen una caída del 29,5% y del 29,4%, respectivamente, respecto al segundo trimestre de 2014, según los datos del estudio sobre ejecuciones hipotecarias publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Atendiendo a las ejecuciones iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad, la mayoría, 22.135, eran fincas urbanas, un 9,8% más que el año pasado, en tanto que las 1.105 restantes eran rústicas, un 25,4% más.
De las fincas urbanas, 13.741, un 59,1% del total, eran viviendas, lo que se traduce en una subida del 11,7% respecto al tercer trimestre de 2013, aunque un 28,3% menos que en el inmediatamente anterior.
Un total de 8.870 correspondían a particulares, un 14,7% más, mientras que 4.961 eran de empresas, un 6,8% más.
En el caso de las viviendas de particulares embargadas, el 77,3% de las propiedades eran el domicilio habitual, un 13,5% más que hace un año, y 1.993 no eran la residencia habitual de los propietarios, un 18,9% más.
 

La Comisión Europea (CE) está analizando la legalidad de la ley española en materia de ejecución hipotecaria, y ha advertido que en caso de que las reformas llevadas a cabo no sirvan para ajustar la norma a la legalidad comunitaria expedientará a España.
Según la comisaria de Justicia, Martine Reicherts, la CE está acabando de evaluar la legislación española en esta materia, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE que viene corrigiendo ciertas prácticas contrarias a los derechos del consumidor cuando aparecen cláusulas abusivas en el contrato.
Según Reicherts en respuesta a los fallos del TJUE España “modificó la disposición que impedía que los deudores interpusieran recurso de apelación contra la resolución que desestimara su oposición a la ejecución, si ésta se basaba en la existencia de una cláusula contractual abusiva en el contrato de préstamo” pero la Comisión “está ahora acabando de evaluar si España cumple plenamente lo dispuesto” en la directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en particular “tal y como ha sido interpretada por el TJUE”.
 

Los lanzamientos practicados durante el segundo trimestre aumentaron un 3,7% después de sumar un total de 18.749 procesos, de los que el 53,2% correspondió a impagos de rentas de alquiler y el 42,2% a ejecuciones hipotecarias. Según las cifras proporcionadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siempre han pesado más en términos relativos los desahucios procedentes de arrendamientos, que aquellos a consecuencia de una ejecución hipotecaria. Sin embargo, según avanza la crisis, la distancia que tradicionalmente había entre ambos se ha ido reduciendo.

Las ejecuciones hipotecarias se elevaron un 14% en el primer semestre del año, hasta las 32.960, frente al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ese total, 19.155 afectaron a viviendas, 12.367 de ellas en manos de familias. El 77,7% de ellas (9.611) tenían ahí su residencia habitual.
El 52,6% de todas las viviendas sometidas a una ejecución hipotecaria durante el segundo semestre del año fueron adquiridas durante los años del boom inmobiliario, entre 2004 y 2007, un 21,7% del total solo en este último ejercicio.
 

El informe sobre impagos hipotecarios de la Estadística Registral Inmobiliaria que publica el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España refleja que el número de certificaciones expedidas por inicio de procedimiento de ejecución hipotecaria sobre vivienda durante el segundo trimestre del año 2014 fue de 18.921, lo que supone un 2,39% más que en el primer trimestre (18.480). De esas certificaciones por ejecución de hipoteca de vivienda el 64,38% correspondió a personas físicas, mientras que las de personas jurídicas quedaron en un 35,62%.

El Gobierno se está planteando la posibilidad de ampliar la vigencia de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias, que acaba el próximo mes de noviembre, dado que esta medida "continúa siendo necesaria" a juicio del ministro de Economía, Luis de Guindos.
Según el ministro de Economía el Ejecutivo está "atento" a la evolución de los desahucios que, según los últimos datos del Banco de España, cayeron un 8,87% en el año año 2013 en relación con las viviendas habituales, aunque se incrementaron en términos generales.
Durante 2013 se produjeron casi 39.000 desahucios, lo que, en opinión del ministro, hace que "continúe siendo necesario" mantener medidas como la moratoria de dos años que se aprobó mediante decreto ley en noviembre de 2012 y que, por tanto, caducará en apenas tres meses.

El Gobierno está preparando una reforma normativa exprés para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera que el procedimiento español para ejecuciones hipotecarias viola la norma comunitaria. Con los cambios legales, será más fácil frenar un desahucio. La banca cree que con esta medida las garantías hipotecarias perderán valor, lo que provocará un encarecimiento de las hipotecas. Los deudores hipotecarios que vean desestimada su oposición a la ejecución de sus hipotecas podrán recurrir ante el juez, de modo que se dé cumplimiento al fallo del TJUE, que declaró la actual regulación en esta materia contraria a la normativa comunitaria.
Una sentencia del TJUE determinó que la legislación antidesahucios de España viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, ya que mientras la banca sí puede recurrir en segunda instancia si el juzgado da la razón al deudor y suspende la ejecución por existir cláusulas abusivas, los consumidores no podían proceder del mismo modo cuando se falla a favor del banco.
Según las entidades bancarias uno de los inconvenientes de esta medida es que la nueva operativa con la que se consigue frenar los desahucios se asemeja a un proceso ordinario, lo que lleva consigo el retraso en la búsqueda de una solución. Alargar el proceso provoca un deterioro del valor de las garantías hipotecarias con las que se avala el crédito. Y al final será el cliente que contrate un crédito para la compra de una vivienda el que asumirá estos costes, ya que las entidades financieras encarecerán el precio de sus hipotecas.