Noticias sobre Valoración

Una de las ideas desacertadas tienen los propietarios y que arruinan la venta es que siempre hay tiempo para bajar el precio de una vivienda. Poner un precio demasiado alto lleva a la exclusión, ya que la mayoría de personas que se interesan por una casa lo hacen en los primeros 15 días de su puesta en venta. Si el precio está fuera de mercado, el piso se quema, es decir, el dueño “queda sujeto a tener que rebajarlo excesivamente y cerrar la venta por un precio inferior al que debería” y cuanto más tiempo tarde en venderse, menos valor tendrá.
Los pisos que mejor salida tienen están entre 100.000 y 150.000 euros y, en el extremo opuesto, las que superan los 450.000.
Si una vivienda lleva más de dos años en venta puede ser porque el precio no se ajusta a su estado y la valoración puede estar equivocada. En el 99% no se vende porque no es el precio al que los compradores quieren comprar.
 

Las grandes compañías del sector inmobiliario siguen a la espera de mantener una reunión con los responsables de Sareb que sirva para poner orden a las promotoras. La cuestión que más preocupa a las inmobiliarias es la refinanciación de sus créditos, vital para su supervivencia, así como la valoración de los activos, clave a la hora de fijar las garantías necesarias para estas refinanciaciones. En estas negociaciones de mejora de las condiciones de sus préstamos, la influencia de la Sareb es clave, principalmente en las grandes compañías, donde la banca nacionalizada cuenta con una importante participación en sus préstamos sindicados. La decisión de la Sareb y las distintas valoraciones de los activos están dejando en el aire el  futuro de parte del sector del ‘ladrillo’. Uno de los aspectos relevantes es el canje de pisos y suelo por deuda para rebajar las condiciones del crédito y flexibilizar los pagos. El problema surge por las distintas tasaciones que hacen los bancos, que prolonga y dificulta las negociaciones con las inmobiliarias y complica el cierre de los paquetes que posteriormente se quieren vender a los fondos de inversión. A esta situación se añade ahora otro elemento de discordia y es que el banco malo ha decidido comprar activos con descuentos muy superiores al del resto de entidades. Por este motivo, las inmobiliarias temen que estas diferencias puedan acabar rompiendo las conversaciones con los bancos para sus refinanciaciones.
Fuentes de Sareb sostienen que de momento en lo que están trabajando es en los aspectos de urgencia relevante y donde pueda existir un conflicto. La entidad, en principio, no forma parte de las negociaciones de las operaciones de refinanciación, pero sí tiene la última decisión sobre la participación que ostenta de un sindicado. Son los representantes de las entidades nacionalizadas los que acuden a las reuniones de los acreedores y posteriormente esta entidad es la que tiene que dar el visto bueno. Según fuentes consultadas, en estos momentos la confusión es total. Las inmobiliarias no tienen clara cuál será la estrategia comercial a aplicar y desconocen los descuentos que se podrán aplicar, un hecho básico para poder seguir con la venta de inmuebles. El sector además tiene dudas sobre el futuro de algunas de sus promociones, ya que tendrán que saber si siguen adelante, si reciben más financiación o si se abandonan las obras o incluso si se llegan a derruir.  

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Fuente: El Economista

El Gobierno estudia modificar la Ley del Suelo vigente para elevar las valoraciones de los terrenos destinados a edificar viviendas y evitar que se puedan expropiar como si fueran rurales -a un precio mucho menor-, como ocurre con la norma actual. Se trata de un pequeño cambio que podría ser favorable para los sectores inmobiliario y financiero. El Ministerio de Fomento quiere “dar seguridad jurídica” y volver a referenciar las valoraciones de los suelos a las ventas de activos similares en sitios cercanos. Es decir, por el método comparativo y no por el de capitalización de rentas, que se usa para los activos rurales y por el cual se miden, fundamentalmente, las expectativas agrícolas del terreno en cuestión (mucho menores que las inmobiliarias). De esta forma, la modificación legal que se estudia servirá “para que no se expropien a precio de patatal unos solares con expectativas económicas, pero que están parados por la crisis”, explican fuentes cercanas a Fomento. Esta modificación es “el escenario principal” y una de las “prioridades” del Ejecutivo en materia de vivienda, según fuentes parlamentarias. La idea es “alterar las valoraciones, para que las tasaciones sean más favorables al titular del suelo”, agregan fuentes cercanas a Fomento.  
Con la modificación los balances de los bancos mejorarían (no así la provisión de suelo, del 80%). “Esto significaría que los bancos van a poder ajustar el valor de sus activos; el nuevo valor (expropiatorio) estaría más cerca del valor apuntado en los balances que del valor real”, apunta Lucio Rivas, director de Gabinete de Urbanismo y Administración Pública. Además, las entidades podrían deshacerse con mayor facilidad de los suelos que tienen actualmente en balance. “Se va a reactivar el mercado, porque el promotor podrá pedir un préstamo más alto para ese suelo. Operaciones que antes no lo eran ahora serían viables”, agrega Rivas, que formó parte de la Comisión de Expertos que asesoró sobre la Ley de Suelo estatal. Un tercer alivio para los bancos será que la modificación de esta Ley frenaría las prácticas de los ayuntamientos para sobrevivir en plena recesión económica y fiscal. Actualmente, los consistorios están haciendo uso de dos figuras jurídicas que les permite la normativa. La primera, la expropiación forzosa, para quedarse a precio rural (hasta un 90% menos) aquellos terrenos urbanizables que no se hayan desarrollado tras un número determinado de años. Ello, se explica, con la intención última de que los bancos, antes de verse expropiados, edifiquen esos solares. La segunda ‘treta’ local es la “venta forzosa” de los terrenos no desarrollados, de forma que se obliga al dueño a traspasar el suelo, con un precio inicial del 50% de aprovechamiento lucrativo (es decir, la mitad del valor); todo lo que exceda de ese 50% se lo queda el ayuntamiento, con lo cual la venta no es beneficiosa para el titular del suelo.  

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Fuente: Expansión, El Mundo

El economista José Barea, catedrático emérito de la UAM, expone que un factor determinante del coste de la construcción de la vivienda en España es el suelo, “dado que la oferta está limitada por el monopolio que los ayuntamientos ejercen sobre la misma, al constituir las edificaciones de suelo urbanizable un ingreso muy importante de sus presupuestos”. Apunta que el Grupo parlamentario Popular pactó con el de CiU varias enmiendas al proyecto de Ley de Medidas de Liberalización del Mercado Inmobiliario con el objetivo de abaratar la vivienda, introduciendo cambios en el régimen de valoración de suelo no urbanizable, urbanizable y urbano. “Creemos, sin embargo, que no ha sido suficiente para producir una rebaja sustancial del suelo. La única forma efectiva sería declarar como urbanizable la inmensa cantidad de suelo que existe alrededor de todas las ciudades, excepto aquellas zonas que el ayuntamiento se reserva para la construcción de zonas deportivas, parques, escuelas, etcétera; es decir, para instalar servicios públicos. Se trata de invertir la concepción que hoy existe de que solo es urbanizable el suelo que acuerde el ayuntamiento, por un marco que todo es urbanizable, con las excepciones que acabamos de citar” .
Explica también que dentro del mercado de la vivienda, hay que distinguir el de construcción para alquilar y el de construcción para venta. En cuanto al primero, “es de todos conocido el mal funcionamiento de dicho mercado, que ha dado lugar a una tendencia decreciente del mismo: en 1950 supone más del 50% del parque inmobiliario de viviendas principales, en tanto que en la actualidad representa menos del 10%; en Europa, el porcentaje se encuentra en el entorno del 30%. A mi entender, la principal causa se encuentra en la lentitud de los procesos judiciales; la falta de seguridad jurídica es por tanto la razón fundamental”.   
Barea señala que “la total liberalización del mercado de viviendas en alquiler y la transformación de las ayudas a la compra en ayudas directas a los inquilinos, serían incentivos suficientes para impulsar el mercado de vivienda en alquiler”.

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Fuente: Cinco Días

El Gobierno ha aprobado un conjunto de criterios de valoración de suelo para supuestos de expropiación o reparcelación con el fin de evitar prácticas especulativas. Se trata del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, que desarrolla esta norma, cuyo objetivo último es "mejorar el funcionamiento del mercado del suelo, hacerlo más transparente y eficiente, combatiendo eventuales prácticas especulativas en la utilización del mismo". El ámbito de aplicación de la Ley del Suelo y, por tanto, de este Reglamento, no es cualquier valoración o tasación de inmuebles. Sólo se aplicará en supuestos de reparcelaciones, expropiaciones, ventas y sustituciones forzosas, así como en los casos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Según ha informado Fomento, dada la complejidad técnica de la valoración inmobiliaria, el texto presenta metodologías concretas aplicables a cada situación y las fórmulas matemáticas específicas, "con el objetivo de introducir el mayor rigor en las valoraciones, eliminando márgenes de error derivados de la inexistencia de dichas fórmulas". Del contenido del Reglamento de Desarrollo de la Ley del Suelo, figura el desarrollo de los métodos de valoración, de acuerdo con el criterio de estimar cuantitativamente el valor de sustitución de los inmuebles por otros similares en la misma situación, sin consideración, por tanto, de las posibles expectativas urbanísticas.

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Fuente: El Mundo

Pere Macías Arau, presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, comenta que “la subcomisión de estudio para la reforma del sistema hipotecario del Congreso de los Diputados ya ha cosechado un primer éxito, coincidiendo con su constitución. En efecto, entre las resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación, fue unánimemente destacada la que se acordó entre PSOE, PP y CiU y que contó con el voto unánime de la Cámara. Dicha resolución mandataba al Gobierno a incrementar las cuantías fijadas como inembargables en sueldos, pensiones o retribuciones equivalentes que responden de la deuda pertinente de una hipoteca ejecutada, así como a incrementar el porcentaje de valoración del inmueble hipotecado en caso de declarase desierta su subasta, hoy establecido en un exiguo y vergonzante 50%”. Seguón Macías Arau se trata de “dos pasos significativos en la buena línea. Significativos, pero insuficientes. Es obvio que queda mucho por hacer para dar respuesta eficaz a una problemática que afecta a miles de ciudadanos. Se trata de una ecuación con muchas incógnitas cuya resolución debería ser explorada por la subcomisión sin apriorismos y sin complejos”.  
Macías dice que “habrá que escuchar con suma atención, habrá que aprender de nuestros vecinos europeos y, sobre todo, habrá que encontrar soluciones realistas que contribuyan a minimizar los efectos de la crisis inmobiliaria sobre amplias capas de la población. Evitar su exclusión es, para todos los representantes políticos, una absoluta prioridad. Y ello no puede resolverse en detrimento ni de los millones de ciudadanos que esforzadamente pagan cada fin de mes su cuota hipotecaria, ni de la necesaria recuperación de unos mínimos de actividad en un sector que ha contribuido en más del 50% al crecimiento del desempleo en el Estado español. En estos momentos de poco crédito para la clase política, esta subcomisión constituye un reto que afrontamos con el convencimiento de que nuestra tarea, no siendo fácil, puede ser una buena contribución para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas”

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Fuente: El Economista