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CIU promueve una Ley de Segunda Oportunidad

CiU ha presentado una iniciativa parlamentaria para promover una ley de segunda oportunidad destinada a familias y autónomos. Se pretende evitar que los pagos pendientes de estos colectivos los conviertan en deudores de por vida. Esta regulación está pensada para familias y autónomos sobreendeudados por el impago de la hipoteca de su vivienda, del alquiler o porque no han podido mantener el negocio en marcha. O pymes que han requerido avales personales. En el texto se propone el recurso de la mediación en primera instancia, con el objeto de mantener la vivienda. De no llegarse a un acuerdo, el deudor tiene la opción de proponer un plan de reestructuración donde se podrán plantear quitas superiores a la mitad de la deuda, esperas en el pago de las deudas de hasta tres años, así como condonaciones de todos los acreedores, incluida la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. El texto también propone que la ley tenga un carácter retroactivo para que se puedan beneficiar personas que hayan contraído deudas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

La Unión Europea dio el visto bueno a la Directiva sobre hipotecas

La Unión Europea dio el visto bueno definitivo a la Directiva sobre hipotecas que supone la primera legislación europea en el ámbito hipotecario. La norma, que recibió el respaldo de la Eurocámara el pasado septiembre, y que los países deberán transponer en un plazo de dos años, supondrá que los compradores de vivienda estarán mejor asesorados sobre los costes y consecuencias de asumir una hipoteca para acabar con la concesión de créditos descontrolados y evitar situaciones como las vividas en España, donde cientos de familias han sido desahuciadas.
Las nuevas reglas, que obedecen al documento propuesto por el eurodiputado español Antolín Sánchez Presedo, contemplan, entre otros extremos, impedir a los Estados oponerse a la dación en pago acordada entre el cliente y su banco, imponerles el deber de buscar el mejor precio por la venta de la propiedad en las ejecuciones o exigir a los países que faciliten el pago, protegiendo a los consumidores y evitando el sobreendeudamiento a largo plazo. Gracias a la Directiva, el consumidor dispondrá de un periodo obligatorio de reflexión de siete días antes de firmar un contrato hipotecario, o bien del mismo periodo de siete días para retractarse tras la firma, a elección de los países.
Además, la norma contempla una batería de obligaciones para las entidades bancarias a la hora de informar, asesorar y vender productos hipotecarios antes de firmar cualquier contrato. Así, el consumidor tendrá que recibir, bien en papel, bien en formato electrónico, información general “clara y comprensible sobre los contratos” con el objetivo de que conozcan el coste total del crédito y las consecuencias financieras a largo plazo. A estas garantías se suman que los bancos o entidades financieras concedentes del crédito tendrán que ofrecer al consumidor información personalizada para comparar los créditos disponibles en el mercado. Además, la normativa habla de que las entidades deberán tener lo que denomina de una “tolerancia razonable” antes de proceder a las ejecuciones. Y en los casos en que la deuda no quede saldada con la ejecución, los Estados “deberán garantizar la protección de las condiciones mínimas de subsistencia (...) evitando el endeudamiento a largo plazo”.

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Fuente: El Economista, Expansión

La banca solicita una ley de insolvencias

La banca siente que la solución al problema de los desahucios está desenfocada al querer arreglar el drama de las familias más vulnerables con cambios en el mercado hipotecario susceptibles de encarecer el crédito para todos y constreñirlo si se adoptan soluciones como la dación en pago. El presidente de la Asociación Hipotecaria (AHE), Santos González, está de acuerdo con que la banca colabore en ayudar a las familias vulnerables al límite, con el fondo social de viviendas o la paralización de los desalojos, pero reivindicó que el problema es social y debe arbitrarse con medidas del mismo tipo –“las familias no pagan porque han perdido su empleo y la solución es crear empleo”, reivindicó‐. En segundo término urgió la adopción de una ley de “segundas oportunidades” o insolvencia para individuos y familias, al estilo de la ley concursal que facilita a las empresas reestructurar su deuda, pudiendo evitar tener que liquidarse.
Con una ley de “segundas oportunidades”, el ciudadano que no pueda encarar la hipoteca se acoge a un plan de pagos para afrontar el sobreendeudamiento con desembolsos parciales, renegocia la deuda o acuerda quitas. Al entrar en esta vía intervendría un mediador para hacer de interlocutor con los bancos y tomar las riendas de la solución. Se haría cargo de la situación financiera de la familia, intervendría los recursos y diseñaría un plan de pagos. Si no se cumple, se procede a la liquidación del patrimonio. En todo caso, ayuda al ciudadano a pasar página de la deuda. En Francia el rol del mediador lo asume el mismo banco central. “Es bueno y deseable recorrer ese camino. Pero la segunda oportunidad no se regala. Hay que ganarla”, alertó González. Apuntó que el sistema a largo plazo no debe ser como el arbitrado en España para socorrer de emergencia a las familias, donde el que no puede pagar su piso se queda viviendo en él con un alquiler social. En otros países, refirió, la situación financiera familiar queda registrada en unos archivos entre cinco y ocho años. Los ficheros de créditos impagados desalientan la concesión de nuevos préstamos. Una normativa así facilitaría la rehabilitación económica del deudor persona física. Distinto es dar alojamiento para familias que han perdido la vivienda con la crisis.

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Fuente: El Economista

La Asociación Hipotecaria se opone a la dación en pago

La Asociación Hipotecaria Española (AHE) se opone frontalmente a la dación en pago generalizada, pero admite la necesidad de regular el sobreendeudamiento de las familias para que aquellas con demostrada insolvencia sobrevenida puedan saldar la deuda con un plan de pagos como el de las empresas. “El porcentaje de personas que están a punto de ser desahuciadas es muy pequeño, y lo que no puede ser es que por ese porcentaje se quiera cambiar la morfología de todo el sistema hipotecario”, argumentó el presidente de la AHE, Santos González, al rechazar, “de forma rotunda”, la fórmula de la dación en pago que incluye la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que tramita el Congreso de los Diputados. La AHE advierte que saldar la deuda hipotecaria únicamente con la entrega de la vivienda “perjudicaría a la credibilidad de España como país y a la viabilidad del sistema financiero”, y “limitaría la concesión de crédito” a la que puede aspirar una familia para comprar casa.  
Sin embargo, la asociación está dispuesta a avalar otros cambios en la legislación. Es el caso de una ley de sobreendeudamiento familiar, o de segunda oportunidad, como se la ha conocido en Francia, que la AHE reclamó ayer como “una necesidad”. Se trata de equiparar a los particulares reconocidos como insolventes con las empresas que se acogen al concurso de acreedores, para que puedan hacer frente a sus deudas con un plan de pagos, que en algunos casos podrían concluir con la entrega de llaves de la vivienda. Esta medida, aprobada ya en otros países europeos, fue de hecho uno de los pilares maestros de la propuesta de ley registrada por el PSOE que el PP rechazó para impulsar su propia reforma hipotecaria. “La segunda oportunidad no se regala”, matizó, aún así, González, explicando que el insolvente entraría en una suerte de listado de morosos del que tardaría cinco u ocho años en salir.

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Fuente: Cinco Días

Demandan una ley de quiebra familiar para atajar los desahucios

La presidenta del Consejo General de Consumidores, Francisca Sahuquillo, ha pedido la creación de una ley de quiebra familiar para hogares sobreendeudados y que todas las medidas dirigidas a paliar los desalojos se apliquen también a los avalistas de las personas inmersas en una ejecución hipotecaria.

Sahuquillo, que ha comparecido ante la Comisión de Economía del Congreso dentro de la ronda de declaraciones durante la tramitación de la ley para paliar los desahucios, ha afirmado que esta norma de quiebra para hogares debería incluir la posibilidad de que los tribunales puedan cancelar parte o toda la deuda, en función de las circunstancias de la familia afectada.

Habría que articular fórmulas para, si llega el caso, aplicar la dación en pago de la vivienda para cancelar la deuda y establecer planes de renegociación mediante arbitraje con la colaboración de organizaciones de consumidores para hacer viable el endeudamiento, ha añadido.

'Una familia puede ser desalojada sin tener en cuenta sus propias circunstancias, lo que supone robar su dignidad'
Según ha dicho, actualmente una familia puede ser despojada de su vivienda mediante "un procedimiento sumario" sin tener en cuenta sus circunstancias particulares, lo que supone "robar su dignidad" y "traicionar nuestros principios básicos".

La presidenta del Consejo de Consumidores ha apuntado que España podría seguir los modelos legislativos de países como EE.UU, Francia, Austria o Bélgica, adecuándolos a la especificidad de nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto a medidas más inmediatas, Sahuquillo ha demandado una paralización de las ejecuciones hipotecarias desde el comienzo del proceso y no en la última fase, la de desalojo, como estipula el real decreto aprobado en noviembre pasado, y que la moratoria se extienda a tres años, frente a los dos vigentes actualmente.

Estas medidas deberían acompañarse de la suspensión de los intereses de demora y de la exención del pago de tasas judiciales para las familias afectadas.

Para las personas ya desalojadas o inmersas en una ejecución hipotecaria, Sahuquillo ha dicho que habría que analizar los casos y no ha descartado la aplicación de la dación en pago.

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Fuente: El Mundo

Para el vicepresidente de la Comisión Europea la supresión de la deducción reducirá la deuda privada

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, explicó que la supresión de la deducción por vivienda contribuirá a reducir el sobreendeudamiento hipotecario.  En una intervención en el Parlamento Europeo, apuntó que esta medida estaba incluida entre las recomendaciones de Bruselas para prevenir los desequilibrios excesivos a escala de la Unión Europea. España era uno de los principales destinatarios de la recomendación, debido a sus elevados niveles de deuda hipotecaria y a que “los incentivos fiscales que favorecen el acceso a la vivienda en propiedad, que fueron un importante factor para la acumulación de esa deuda antes de la crisis”, recalcó.
Rehn descartó proponer una norma común en la UE para frenar los desahucios alegando las diferentes situaciones en los Estados miembros. “El problema de los desahucios ha sido merecedor de especial atención en España y ha dado lugar a la adopción de nueva legislación que impone una moratoria de dos años para los desahucios en el caso de los grupos especialmente vulnerables”, pero las diferencias entre los Estados miembros hacen que no sea “recomendable ni posible imponer un enfoque armonizado para esta cuestión”, señaló.

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Fuente:Expansión

El PSOE reclama una mayor protección a los desahuciados

El PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno sobre medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, más conocido como ley antidesahucios. En su propuesta el PSOE busca ampliar los derechos de los ciudadanos que pierden su casa, más allá de la restrictiva propuesta que, en su opinión, plantea el ministro de Economía, Luis de Guindos.  
En dicha alternativa, el PSOE fundamentalmente modifica tres aspectos del proyecto de ley que ha llevado el Ejecutivo al Congreso. En primer lugar, amplía a tres años la suspensión del proceso de ejecución de la hipoteca, en lugar de dos. Pero, sobre todo, crecen muy sustancialmente las familias que se pueden acoger a esta medida. Según explicó la portavoz socialista Soraya Rodríguez, las condiciones del Gobierno solo las pueden cumplir personas casi indigentes y muy pocos hogares se podrían beneficiar de ello. “Es tan restrictivo que el número de beneficiarios será muy insignificante”, afirmó Rodríguez. El PSOE, en cambio, propone que la suspensión del desahucio afecte a todas las familias “con un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso” que tengan una renta familiar inferior a tres veces el Iprem (algo más de 1.500 euros) y cuya hipoteca supere el 50% de sus ingresos netos. La suspensión, además, se aplicará en cualquier punto en el que esté el procedimiento judicial y, además, se paralizarán los intereses de demora.
Otra novedad que presenta la alternativa del PSOE es que las familias que hayan perdido su vivienda ya tendrán posibilidad de renegociar y reestructurar la deuda que aún tengan. Es decir, según explicó Rodríguez, podrán ir a un proceso judicial para reestructurar o liberar su deuda mediante una quita o la dación en pago. Esta medida se amplía, además, en la propuesta del PSOE a los autónomos y a los avalistas. En el fondo, se comenta, es habilitar la dación en pago de forma retroactiva.  
El texto alternativo está plagado de medidas de todo tipo, que en el fondo sólo se adicionan a la propuesta, muy trabajada, que elaboró el PSOE hace unos meses, antes de que el Gobierno presentara su proyecto de ley. Así, se contempla una amplia modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia; medidas de carácter social, y, sobre todo, una mayor protección de los ciudadanos en estos procesos frente a las actuales grandes ventajas con las que cuenta la banca, que colocan a los hipotecados en una absoluta indefensión.

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Fuente: El Mundo
 

El PSOE quiere que se limite la vida de las hipotecas

El Partido Socialista presentará una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia familiar. Una iniciativa que albergará medidas como impedir que la hipoteca sobre la vivienda habitual cuente con un crédito de un plazo superior a 30 años o con un principal que supere el 80% del valor de tasación de la vivienda.

El PSOE, con este texto, dice buscar resolver los problemas derivados de la insolvencia sobrevenida no dolosa e ir más allá de permitir la dación en pago. Según los socialistas, la fórmula de la dación soluciona sólo una parte del problema. Además, propone medidas para evitar el sobreendeudamiento en el futuro.

Esta propuesta alcanza directamente a cinco normas: la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y la Ley de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, incluyendo los créditos hipotecarios.

En las subastas, se modifican normas para que si queda desierta se impida la adjudicación del bien por una cantidad excesivamente baja. Cuando existas postores, se elevan los porcentajes sobre el valor de tasación para evitar su mal abaratamiento. Asimismo, se imposibilita ceder la adjudicación a un tercero menos en el caso del ejecutante y, en este caso, se establece el derecho a percibir parte de la diferencia de precio si dicha cesión se realizara por cantidad superior a aquella por la que se remató la subasta.

En cuanto a las tasaciones de vivienda, se establece que el valor de tasación en una ejecución hipotecaria no podrá ser inferior al valor de tasación que sirvió para dar el préstamo. Además, exige una mayor independencia de las sociedades de tasación.

Sobre los intereses de demora, se establecen límites a estos intereses, que no podrán ser superados por pacto expreso entre acreedor y deudo. Además, se paraliza el devengo de intereses de demora durante la sustanciación del procedimiento si es la ejecución de una vivienda habitual. Para proteger a los acreedores, se introducen mejoras respecto a las notificaciones a los fiadores y garantes y se aplica la ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios a los créditos hipotecarios.
Límites al interés de las hipotecas

Para prevenir el sobreendeudamiento, se obliga a las entidades a incluir la determinación del esfuerzo financiero en la información que dan a los clientes sobre el préstamo y se fijan mayores exigencias en la formalización de los contratos entre entidades y clientes. Además, se establece un límite de cinco puntos a la variabilidad del tipo de interés.

Además, se obligará a aplicar el Código de Buenas Prácticas a todas las entidades que reciban apoyo, se amplía el umbral de exclusión a las familias con rentas que no superen en dos veces y media el Iprem (hasta ahora sólo podían acogerse familias sin rentas).

Finalmente, se rebaja el requisito del porcentaje que debe suponer la cuota hipotecaria sobre los ingresos familiares del 60% al 50%, se flexibilizan los requisitos sobre los garantes de los próximos préstamos hipotecarios y se reduce el interés de demora que hay que satisfacer en caso de que el impago de la renta de una vivienda objeto de dación en pago del 20% al interés legal del dinero.

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Fuente:El Mundo
 

Los cambios necesarios en las hipotecas

Julio Rodríguez López, miembro de Economistas frente a la Crisis comenta que el procedimiento de ejecución hipotecaria vigente en España da lugar a que la mayoría de los hogares que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas permanezcan endeudados con las entidades financieras después de perder la vivienda, señala que la gravedad del problema obliga a plantearse la necesidad de modificar dicho marco legal, sin perjuicio de que el Gobierno desarrolle actuaciones inmediatas a través de acuerdos con las entidades prestamistas. “El problema lo complica el reducido peso del mercado de alquiler en España. Solo el 11,8% de los hogares reside en viviendas de alquiler, según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Dicha circunstancia agrava el problema de los hogares desahuciados, por lo que la política de vivienda estatal debería de canalizar sus energías hacia la creación de un parque de viviendas sociales de alquiler más significativo que el existente. Este último supone solo el 2% del parque de viviendas familiares de España, muy por debajo de las proporciones correspondientes a los países de Europa Occidental”
“El cambio deseable de la normativa de ejecuciones de las garantías hipotecarias sobre las viviendas principales debería de llevar a establecer en España un sistema equivalente al concurso de acreedores para los hogares sobreendeudados, y ello para los nuevos préstamos que se concediesen a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa”, argumenta. Añade que “dicho sistema llevaría al procedimiento conocido como fresh start, en el que el deudor sin bienes suficientes para pagar y que no ha incurrido en fraude, se le libera de las deudas pendientes, incluso sin consentimiento del acreedor,  procedimiento existente en la mayoría de los países del entorno de España. Lo ideal sería que el prestatario moroso que actuó de buena fe no debería de perder su vivienda”.

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Fuente: Cinco Días

Una regulación europea para las hipotecas

Un informe del regulador bancario británico reconocía que la mitad de las hipotecas concedidas en 2007 y 2008 no habían verificado los ingresos del solicitante. Para acabar con estos excesos, armonizar el mercado hipotecario europeo y dotar de mayor seguridad al consumidor, el Parlamento Europeo prepara una directiva que debe estar aprobada este año. Los grupos parlamentarios negocian un texto que aún debe pasar por la Comisión y el Consejo.
El eurodiputado Antolín Sánchez Presedo es ponente de la directiva hipotecaria. Explica que “tiene tres objetivos: mejorar la integración de los mercados europeos, de la protección al consumidor y la inclusión financiera. A partir del primer trimestre del año empezará la negociación con el Consejo, aunque la presidencia danesa no lo ha incluido. Como pronto
estará aprobada a mediados de año y como tarde a finales”. Comenta que sus efectos prácticos sobre los ciudadanos españoles “se notará más en el futuro. La nueva norma ofrecerá soluciones para abordar crisis: un mercado flexible, que no imponga condiciones excesivas, que contemple la dación en pago cuando las partes están de acuerdo...”. Sobre ésta, dice que “yo quiero que se obligue a los Estados a regularla, pero siempre como acuerdo voluntario entre banco y cliente. Debe ser una opción, no una obligación. En un momento como este, de iliquidez de las entidades, promover más iliquidez podría agravar la situación. Queremos un mercado más eficiente y competitivo sin plantear problemas de estabilidad financiera”. Fuera de la norma queda la legislación de sobreendeudamiento familiar. Sánchez Presedo comenta: “pedimos a la Comisión que profundice en tres áreas: si debe existir un límite al crédito ligado a la evolución del crecimiento; si se debe separar la banca de depósitos de la de inversión; y el tratamiento de las instituciones altamente endeudadas y del sobreendeudamiento familiar. Hay políticas muy activas en Estados miembros que merecen un estudio profundo”. Una de las principales novedades del texto es el tiempo de reflexión obligatorio para los consumidores. Sobre su regulación señala que “la hipoteca es la decisión financiera más importante en la vida de una persona y debe ser meditada y con pleno conocimiento. Proponemos una mejor educación financiera, asesoramiento independiente y un periodo de 14 días de enfriamiento para la reflexión”. 

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Fuente:El País

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