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El Partido Popular está en contra de la eliminación de las cláusulas suelo

Vicente Martínez-Pujalte, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, aseguró que el PP “no tomará medidas que rompan el mercado inmobiliario y todas las iniciativas que se adopten, se harán respetándolo”. Durante una intervención en la Comisión de Economía, en respuesta a una proposición no de ley del PSOE para eliminar las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, afirmó: “que si no se han respetado las condiciones de igualdad en la negociación, que pague quien lo haya hecho mal y que se mejoren las condiciones de seguridad”.

El PSOE solicita el fin de las cláusulas suelo

El PSOE ha presentado una propuesta no de ley en la que le pide al Congreso que obligue al Gobierno a “adoptar las medidas normativas necesarias para eliminar las cláusulas suelo en la totalidad de los saldos vivos de préstamos hipotecarios, tanto de viviendas como de locales, de todas las entidades de crédito y, en especial, de aquellas entidades que han recibido ayudas públicas”. El PSOE apunta que “la eliminación de estas cláusulas evitarían muchos desahucios y la situación de insolvencia que padecen muchas familias”.
El grupo socialista considera que el Banco de España debe de actuar de oficio en la revisión de las hipotecas que todavía mantienen cláusulas suelo e informar sobre la transparencia y el cumplimiento de los requisitos exigibles. En caso contrario, el Gobierno debe promover cambios normativos para obligar a los bancos a demostrar que se cumplen con los requisitos fijados por el Tribunal Supremo. De no hacerlo, las cláusulas serán declaradas nulas y conllevarán la devolución del dinero pagado de más por el cliente.
 

La Junta de Andalucía multará por las hipotecas abusivas

La Junta de Andalucía está recrudeciendo la particular batalla que mantiene desde hace tres años contra las entidades financieras. El último paso en este sentido es la aprobación de un anteproyecto de ley que endurece los requisitos para conceder hipotecas. Entre otras cuestiones, obliga a los bancos y cajas a una mayor transparencia y les impide vincular la contratación de ciertos productos a los préstamos para viviendas, como seguros de vida o del hogar. Además exige a los notarios y a los registradores de la propiedad que denuncien “cláusulas abusivas” antes de firmar una hipoteca y a ponerlas en conocimiento tanto del usuario como de la Junta para iniciar el correspondiente expediente sancionador. Para todos aquellos que incumplan la norma, se contemplan sanciones de hasta 600.000 euros y el quíntuplo del valor de los beneficios ilícitos obtenidos o de los perjuicios causados.
Esta iniciativa se une al impuesto sobre los depósitos de 2010 y al decreto de la Función Social de la Vivienda ‐conocido como Ley Antidesahucios‐ aprobado el pasado abril y que está recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno, una vez que Bruselas advirtió de que entrañaba riesgos no sólo para la banca sino para la propia recuperación económica de España. En ambos casos, detrás está la mano de Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE. La norma anunciada tiene la firma de Diego Valderas, vicepresidente andaluz y titular de la cartera de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que depende el área de consumo, quien ayer destacó que el objetivo es “acabar con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza”. Fuentes de los sectores financiero e inmobiliario, sin embargo, mostraron su temor a que esta medida tenga un efecto contraproducente y que se reduzca aún más la concesión de créditos para la adquisición de una vivienda.
Andalucía es una de las regiones en las que se está produciendo una mayor contracción en la formalización de hipotecas. Según datos del INE, en junio se firmaron 3.000, lo que supone un 40% menos en términos interanuales. Un desplome que, además, viene precedido de otros igualmente significativos en ejercicios previos.

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Fuente: Expansión, El Economista

El PSOE solicita cambios en los índices hipotecarios

El PSOE ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que apruebe de una vez el régimen transitorio para los índices de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), que deberían haber desaparecido el pasado 30 de abril. El Grupo Socialista pide que se ofrezca a los hipotecados con esta referencia beneficiarse de un tipo de interés máximo equivalente al euríbor más un punto. La portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, explicó que muchas familias están pagando entre 200 y 400 euros mensuales más de lo que deberían por la hipoteca como consecuencia de la falta de “voluntad política” del Ministerio de Economía, que no ha aprobado aún el régimen transitorio necesario para la desaparición de los IRPH. Según la normativa, debería haberse suprimido hace casi dos meses, pero que han sido prorrogados hasta octubre.

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Fuente: El Mundo

El PSOE propone que las entidades financieras nacionalizadas quiten las cláusulas suelo

El PSOE ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que obligue a las entidades financieras que están nacionalizadas a anular las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios, y que inste al resto de bancos a ofrecer esta posibilidad a sus clientes. Los socialistas apelan a la necesidad de hacer efectiva la sentencia del Tribunal Supremo de mayo en la que se declaran nulas las cláusulas suelo de BBVA, Cajas Rurales Unidas y NGC por considerarlas abusivas. Aunque el fallo no tiene efectos retroactivos y estas entidades no tendrán que devolver nada a sus clientes afectados, sí prevé que tengan que cesar en su utilización. La proposición no de ley pide que las entidades afectadas por el fallo lo acaten de inmediato y que las que están participadas mayoritariamente por el FROB “eliminen y dejen sin efecto las cláusulas suelo y techo de los contratos vigentes, a no ser que el titular estime mantenerlas”. Para el resto de entidades, proponen que estén obligadas a ofrecerla posibilidad de eliminarlas.

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Fuente: El Economista

Publicado el: 06/06/2013 |
| En la categoría: Noticias sobre Hipotecas
Rubalcaba propone un plan para frenar el paro y los desahucios

Los socialistas creen que España no puede perder un solo minuto en la lucha para detener “la sangría” del paro y por eso proponen un paquete de medidas entre las que sobresalen los estímulos al funcionamiento de pymes y las subvenciones para impedir nuevos despidos. En concreto, el PSOE propone la creación de un nuevo fondo ICO dotado con 20.000 millones de euros para financiar la iniciativa emprendedora de las pymes y facilitar su internacionalización. Asimismo, proponen un programa para reestructurar la deuda hipotecaria de las familias que ya están empezando a tener dificultades para hacer frente a sus cuotas. Otros 10.000 millones deberían ser suficientes para frenar una nueva oleada de desahucios, lo que supondría, de facto, una recapitalización anticipada. Los socialistas creen que el mismo fondo europeo que sirvió para recapitalizar a los bancos españoles enfermos, el MEDE, es el apropiado donde buscar ese dinero, pues España solo ha utilizado 40.000 de los 100.000 millones que ofreció Bruselas.

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Fuente: La Vanguardia

Publicado el: 10/05/2013 |
| En la categoría: Noticias sobre Hipotecas
La Xunta de Galicia da deducciones para compra de vivienda

Desde que Alberto Núñez Feijóo recuperó el Gobierno de Galicia para el PP, en abril de 2009, los presupuestos de la comunidad autónoma han caído un 28%. Cada una de sus cuentas anuales ha sido un avance más en los recortes, hasta pasar de los más de 11.000 millones de euros que gestionó en su primer año en el Ejecutivo a los 8.479 que contempla el proyecto de Presupuestos para 2013. Feijóo acata el mandato de reducir el déficit en 2013 del 1,5% actual al 0,7%. La oposición de izquierdas le reclama que suavice los recortes y busque más ingresos apretando fiscalmente las tuercas a las rentas más altas. Lejos de seguir esa receta, los Presupuestos del próximo año prevén algunas deducciones fiscales para la apertura de nuevos negocios y para la compra de viviendas. El grueso del recorte previsto en las nuevas cuentas, de cerca de 300 millones de euros, recaerá sobre los funcionarios.  
El Ejecutivo de Feijóo rebajará un 20% uno de los impuestos que gestiona, el de transmisiones patrimoniales, a los compradores de una vivienda que tengan un patrimonio inferior a 200.000 euros. La reducción alcanzará el 60% en los casos de familias numerosas con un patrimonio inferior a 600.000 euros.  

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Fuente: El País

El PSOE reclama una mayor protección a los desahuciados

El PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno sobre medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, más conocido como ley antidesahucios. En su propuesta el PSOE busca ampliar los derechos de los ciudadanos que pierden su casa, más allá de la restrictiva propuesta que, en su opinión, plantea el ministro de Economía, Luis de Guindos.  
En dicha alternativa, el PSOE fundamentalmente modifica tres aspectos del proyecto de ley que ha llevado el Ejecutivo al Congreso. En primer lugar, amplía a tres años la suspensión del proceso de ejecución de la hipoteca, en lugar de dos. Pero, sobre todo, crecen muy sustancialmente las familias que se pueden acoger a esta medida. Según explicó la portavoz socialista Soraya Rodríguez, las condiciones del Gobierno solo las pueden cumplir personas casi indigentes y muy pocos hogares se podrían beneficiar de ello. “Es tan restrictivo que el número de beneficiarios será muy insignificante”, afirmó Rodríguez. El PSOE, en cambio, propone que la suspensión del desahucio afecte a todas las familias “con un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso” que tengan una renta familiar inferior a tres veces el Iprem (algo más de 1.500 euros) y cuya hipoteca supere el 50% de sus ingresos netos. La suspensión, además, se aplicará en cualquier punto en el que esté el procedimiento judicial y, además, se paralizarán los intereses de demora.
Otra novedad que presenta la alternativa del PSOE es que las familias que hayan perdido su vivienda ya tendrán posibilidad de renegociar y reestructurar la deuda que aún tengan. Es decir, según explicó Rodríguez, podrán ir a un proceso judicial para reestructurar o liberar su deuda mediante una quita o la dación en pago. Esta medida se amplía, además, en la propuesta del PSOE a los autónomos y a los avalistas. En el fondo, se comenta, es habilitar la dación en pago de forma retroactiva.  
El texto alternativo está plagado de medidas de todo tipo, que en el fondo sólo se adicionan a la propuesta, muy trabajada, que elaboró el PSOE hace unos meses, antes de que el Gobierno presentara su proyecto de ley. Así, se contempla una amplia modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia; medidas de carácter social, y, sobre todo, una mayor protección de los ciudadanos en estos procesos frente a las actuales grandes ventajas con las que cuenta la banca, que colocan a los hipotecados en una absoluta indefensión.

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Fuente: El Mundo
 

Se prohibirán las cláusulas hipotecarias abusivas

El Gobierno trabajará, en la tramitación parlamentaria de la reforma de las ejecuciones hipotecarias, para erradicar el problema de “las cláusulas abusivas que eventualmente puedan existir, con el fin de limitarlas a términos justos para ambas partes o de erradicarlas completamente”, aseguró el subsecretario del Ministerio de Economía, Miguel Temboury. El dirigente gubernamental, que ha pilotado las negociaciones para consensuar con el PSOE una reforma del sistema de ejecuciones hipotecarias, insiste en que “se va a prestar una especial atención” a estas cláusulas, por lo que no se descarta “prohibirlas”.
Asimismo, el Gobierno “analizará” que los desahuciados puedan recomprar sus inmuebles. Preguntado sobre la posibilidad de que el deudor hipotecario goce de un plazo de tiempo para recuperar el bien adjudicado, por el mismo precio más los intereses legales, Temboury contestó: “Es una propuesta inteligente y equilibrada y será valorada en la tramitación parlamentaria”.
El Ministerio de Economía rechaza la dación en pago, ya que perjudicaría a la concesión de financiación, de por sí limitada actualmente: “La eliminación de la responsabilidad patrimonial universal y la imposición de la dación en pago conducirían a una situación en la que resultaría inviable en el futuro el crédito hipotecario, perjudicando de este modo el acceso a la vivienda en propiedad, que solo sería asumible por quién pudiera pagarla de antemano”, asegura el subsecretario de Economía.

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Fuente:Expansión
 

Se paralizan los desahucios por la vía rápida

El Gobierno y el PSOE llegaron a un acuerdo para paralizar las ejecuciones hipotecarias de familias en riesgo de exclusión social que están actualmente en curso y, además, conceder una moratoria de dos años a todas las que se produzcan a partir de ahora. Algo, esto último, con lo que están de acuerdo las entidades financieras.  
La Asociación Española de Banca (AEB) anunció ayer que, “por razones humanitarias”, se ha comprometido con el Gobierno a “paralizar” los desalojos “durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”. Las antiguas cajas de ahorros, agrupadas en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), se sumaron a la suspensión pero solo hasta que Ejecutivo y oposición pacten la modificación legal que preparan para frenar los desalojos.
La AEB se mostró “a disposición del Gobierno, del PSOE y del resto de formaciones políticas, para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario”. La patronal, que se ha ofrecido a participar como portavoz del sector en las citadas negociaciones, se muestra reacia a modificar una Ley Hipotecaria que “ha permitido el acceso a una vivienda en propiedad al 83% de las familias españolas”. “Algunos de los cambios que ahora se barajan podrían excluir en el futuro a amplias capas de la población del acceso al crédito hipotecario o al menos restringir sus posibilidades de adquirir una vivienda”, argumentan. La propia decisión de paralizar los desahucios temporalmente ‐que según la patronal fue comunicada al Gobierno el pasado jueves‐ ha sido “objeto de un debate intenso y profundo” por parte de los bancos miembros de la AEB.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha liderado las protestas contra los desahucios, respondió a este anuncio de la AEB asegurando que es un “parche” como el Código de Buenas Prácticas actual, ya que no se especifica a quiénes se considerará como personas en circunstancias de “extrema necesidad”.

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Fuente: Expansión

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