Noticias sobre Congreso de los diputados

Vicente Martínez-Pujalte, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, aseguró que el PP “no tomará medidas que rompan el mercado inmobiliario y todas las iniciativas que se adopten, se harán respetándolo”. Durante una intervención en la Comisión de Economía, en respuesta a una proposición no de ley del PSOE para eliminar las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, afirmó: “que si no se han respetado las condiciones de igualdad en la negociación, que pague quien lo haya hecho mal y que se mejoren las condiciones de seguridad”.

Según el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, las últimas medidas adoptadas por el BCE para incentivar el crédito deberían jugar un papel importante en la financiación del sector privado. En este sentido, el Banco de España informará trimestralmente al Congreso de los Diputados sobre la cantidad de fondos del BCE que han absorbido las entidades financieras españolas y cuánto de ese dinero ha llegado a las pymes y familias, según el acuerdo adoptado por el PP y CiU en la Comisión de Economía de la Cámara Baja. Se informará al Congreso sobre las medidas que aplique el BCE como estrategia para estimular el crédito a familias y empresas en toda la UE.

La reforma fiscal se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en el Senado, y su aprobación se producirá a finales de año. El plazo para presentar enmiendas en la Cámara Alta se ha ampliado hasta el 30 de octubre y la mayoría de la oposición repicará, previsiblemente, la petición remitida en el Congreso de los Diputados para que la reforma fiscal no suba los impuestos a la venta de inmuebles de segunda mano a partir del próximo año mediante la supresión de los coeficientes de abatimiento y de corrección monetaria. En el Congreso de los Diputados, PSOE, CiU, Izquierda Plural y UPyD presentaron hace unas semanas enmiendas para anular el “hachazo fiscal” sobre las plusvalías obtenidas al vender casas usadas, peticiones rechazadas finalmente por la mayoría absoluta del PP. Pero no solo la oposición política se encuentra en contra, también la mayoría de los expertos consultados considera errónea esta subida fiscal.

El PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno sobre medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, más conocido como ley antidesahucios. En su propuesta el PSOE busca ampliar los derechos de los ciudadanos que pierden su casa, más allá de la restrictiva propuesta que, en su opinión, plantea el ministro de Economía, Luis de Guindos.  
En dicha alternativa, el PSOE fundamentalmente modifica tres aspectos del proyecto de ley que ha llevado el Ejecutivo al Congreso. En primer lugar, amplía a tres años la suspensión del proceso de ejecución de la hipoteca, en lugar de dos. Pero, sobre todo, crecen muy sustancialmente las familias que se pueden acoger a esta medida. Según explicó la portavoz socialista Soraya Rodríguez, las condiciones del Gobierno solo las pueden cumplir personas casi indigentes y muy pocos hogares se podrían beneficiar de ello. “Es tan restrictivo que el número de beneficiarios será muy insignificante”, afirmó Rodríguez. El PSOE, en cambio, propone que la suspensión del desahucio afecte a todas las familias “con un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso” que tengan una renta familiar inferior a tres veces el Iprem (algo más de 1.500 euros) y cuya hipoteca supere el 50% de sus ingresos netos. La suspensión, además, se aplicará en cualquier punto en el que esté el procedimiento judicial y, además, se paralizarán los intereses de demora.
Otra novedad que presenta la alternativa del PSOE es que las familias que hayan perdido su vivienda ya tendrán posibilidad de renegociar y reestructurar la deuda que aún tengan. Es decir, según explicó Rodríguez, podrán ir a un proceso judicial para reestructurar o liberar su deuda mediante una quita o la dación en pago. Esta medida se amplía, además, en la propuesta del PSOE a los autónomos y a los avalistas. En el fondo, se comenta, es habilitar la dación en pago de forma retroactiva.  
El texto alternativo está plagado de medidas de todo tipo, que en el fondo sólo se adicionan a la propuesta, muy trabajada, que elaboró el PSOE hace unos meses, antes de que el Gobierno presentara su proyecto de ley. Así, se contempla una amplia modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia; medidas de carácter social, y, sobre todo, una mayor protección de los ciudadanos en estos procesos frente a las actuales grandes ventajas con las que cuenta la banca, que colocan a los hipotecados en una absoluta indefensión.

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Fuente: El Mundo
 

El Colegio y la Asociación de Agentes Inmobiliarios (API) de Cataluña trasladaron a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados su rechazo al proyecto de Ley de medidas para flexibilizar el alquiler, al considerar que creará más inseguridad jurídica, problemas y gastos innecesarios. En un comunicado, el presidente de los API catalanes, Joan Ollé, considera que la obligatoriedad de registrar los contratos de arrendamiento en el Registro de la Propiedad es una “losa muy pesada”, que se podría solucionar mediante registros autonómicos de fianzas para evitar costes e incertidumbres a los profesionales inmobiliarios. El colectivo también advierte que el inquilino quedará desprotegido ante la incertidumbre de extinción del contrato de arrendamiento por venta o necesidad no advertida de forma previa, al tiempo que Ollé apuesta por un “potente servicio privado de mediación” en arrendamiento, venta y ejecuciones.
Estos profesionales también se han mostrado dispuestos a intermediar en el proceso de valoración de los activos inmobiliarios en manos de los bancos y cajas que pasarán a formar parte de la cartera del banco malo. “Por nuestra experiencia en el mercado, tenemos toda la información y las herramientas para llevar a cabo esas valoraciones”, aseguran fuentes del sector.

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Fuente: Cinco Días

El Partido Socialista presentará una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia familiar. Una iniciativa que albergará medidas como impedir que la hipoteca sobre la vivienda habitual cuente con un crédito de un plazo superior a 30 años o con un principal que supere el 80% del valor de tasación de la vivienda.

El PSOE, con este texto, dice buscar resolver los problemas derivados de la insolvencia sobrevenida no dolosa e ir más allá de permitir la dación en pago. Según los socialistas, la fórmula de la dación soluciona sólo una parte del problema. Además, propone medidas para evitar el sobreendeudamiento en el futuro.

Esta propuesta alcanza directamente a cinco normas: la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y la Ley de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, incluyendo los créditos hipotecarios.

En las subastas, se modifican normas para que si queda desierta se impida la adjudicación del bien por una cantidad excesivamente baja. Cuando existas postores, se elevan los porcentajes sobre el valor de tasación para evitar su mal abaratamiento. Asimismo, se imposibilita ceder la adjudicación a un tercero menos en el caso del ejecutante y, en este caso, se establece el derecho a percibir parte de la diferencia de precio si dicha cesión se realizara por cantidad superior a aquella por la que se remató la subasta.

En cuanto a las tasaciones de vivienda, se establece que el valor de tasación en una ejecución hipotecaria no podrá ser inferior al valor de tasación que sirvió para dar el préstamo. Además, exige una mayor independencia de las sociedades de tasación.

Sobre los intereses de demora, se establecen límites a estos intereses, que no podrán ser superados por pacto expreso entre acreedor y deudo. Además, se paraliza el devengo de intereses de demora durante la sustanciación del procedimiento si es la ejecución de una vivienda habitual. Para proteger a los acreedores, se introducen mejoras respecto a las notificaciones a los fiadores y garantes y se aplica la ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios a los créditos hipotecarios.
Límites al interés de las hipotecas

Para prevenir el sobreendeudamiento, se obliga a las entidades a incluir la determinación del esfuerzo financiero en la información que dan a los clientes sobre el préstamo y se fijan mayores exigencias en la formalización de los contratos entre entidades y clientes. Además, se establece un límite de cinco puntos a la variabilidad del tipo de interés.

Además, se obligará a aplicar el Código de Buenas Prácticas a todas las entidades que reciban apoyo, se amplía el umbral de exclusión a las familias con rentas que no superen en dos veces y media el Iprem (hasta ahora sólo podían acogerse familias sin rentas).

Finalmente, se rebaja el requisito del porcentaje que debe suponer la cuota hipotecaria sobre los ingresos familiares del 60% al 50%, se flexibilizan los requisitos sobre los garantes de los próximos préstamos hipotecarios y se reduce el interés de demora que hay que satisfacer en caso de que el impago de la renta de una vivienda objeto de dación en pago del 20% al interés legal del dinero.

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Fuente:El Mundo
 

El Congreso de los Diputados investigará cómo vende la banca seguros, hipotecas y otros productos financieros a los ciudadanos españoles. La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado, por unanimidad, crear una subcomisión parlamentaria para “mejorar la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios que ofrecen las entidades de crédito”.
“Se va a evaluar a fondo cómo se comercializan en España”, ha asegurado la presidenta de la Comisión, Elvira Rodríguez. “Vamos a pedir que en el sector y los colegios profesionales aceptados expliquen si están dando la información suficiente a los ciudadanos cuando firman cláusulas hipotecarias o cuando compran participaciones preferentes”, ha señalado el portavoz del PP, Vicente Martínez-Pujalte. También la portavoz del PSOE, Cristina Narbona, considera necesario responder a las crecientes quejas de miles de ciudadanos que han sido víctimas de la letra pequeña de los contratos de los distintos productos financieros.
La Comisión de Economía también ha aprobado la propuesta de creación de otra subcomisión que siga el proceso de reestructuración del sector bancario, un órgano que ya existía la pasada legislatura.

Los Ministerios de Fomento y Justicia crearán una comisión que estudiará las eventuales herramientas que debe poner el Gobierno en marcha para mejorar la protección a los hipotecados en los procesos de desahucio. Durante su comparecencia en la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, la ministra Ana Pastor explicó que esta comisión servirá para “establecer herramientas que mejoren la protección a los adquirentes de vivienda”, al tiempo que añadió que el Gobierno quiere también reformar la Ley de Expropiación Forzosa. La ministra de Fomento indicó que la situación actual, “en la que hay más de 300.000 desahuciados, requiere de un análisis profundo y del estudio de esta comisión”. Desde el resto de grupos políticos se recordó que debería volver a activarse la subcomisión creada al final de la legislatura pasada para abordar posibles soluciones a estos casos y una mejor regulación de la dación en pago.
En materia de alquiler, el plan contempla la mejora y flexibilización del actual marco jurídico que regula este sector. Con este fin, se flexibilizará la duración de los contratos (en la actualidad de cinco años), como ocurre en la mayor parte de Europa, y se establecerán medidas que garanticen la seguridad jurídica. Asimismo, se promoverá la mediación como medida de resolución de conflictos entre las partes y se estudiará, también junto a Justicia y las regiones, la implantación de juicios rápidos en esta materia.

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Fuente: Cinco Días

La Confederación de Cajas de Ahorros (CECA) propuso que los préstamos hipotecarios dejen de vincularse al euríbor por la “gran volatilidad” que este indicador provoca en las cuotas de los préstamos. En su intervención ante la subcomisión del Congreso de los Diputados que analiza la posible reforma del sistema hipotecario, el director general de la CECA, José María
Méndez, anunció que ha planteado al Banco de España la creación de un grupo de trabajo que estudie índices alternativos al euríbor a 12 meses, el más usado.

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Fuente:El País 

El Congreso de los Diputados aprobó la reforma de la Ley Concursal, que no será efectiva hasta el próximo año. La nueva norma, contiene como novedades destacables, según expertos consultados, el impulso a soluciones extrajudiciales para agilizar los procesos; la reducción a una sociedad de la administración concursal (hasta ahora el juez podía nombrar a tres administradores) que demuestre cinco años de experiencia; y a la posibilidad en el futuro de reformar la norma que es aplicable en materia concursal a personas físicas. La reforma de la Ley Concursal establece que los acuerdos de renegociación pactados por una sociedad con la mayoría de sus acreedores podrán imponerse al resto, siempre que hayan recibido el apoyo del 60 % de las deudas y vengan respaldados por el informe favorable de un experto independiente. Los expertos confirman que de esta manera se agiliza el proceso, pero plantean el hecho de que en realidad, en la mayoría de los concursos, serán de esta manera las entidades financieras acreedoras las que controlen el proceso concursal, al ser en la mayoría de los casos los principales acreedores.  
Se destaca que el procedimiento legal aplicable es el mismo prácticamente a una sociedad empresarial que a una persona que decide solicitar concurso de acreedores. La nueva reforma de la ley concursal deja abierta la puerta a futuras modificaciones que diferencien entre persona jurídica y persona física. En la actualidad, en la mayoría de los casos las personas que se acogen a concurso son empresarios que hipotecaron sus bienes para lograr préstamos, y en muchos casos se trata de inmigrantes que hipotecaron sus salarios para lograr financiación con la que comprar una casa. Abogados consultados que trabajan con personas acogidas a la ley concursal enumeran las dificultades con las que se encuentran a la hora de aplicar la ley.   

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Fuente: Cinco Días, El Economista