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Los gestores de fondos regresan al mercado inmobiliario

En abril de 2007, New Century se convierte en la primera compañía inmobiliaria en anunciar su bancarrota tras no poder hacer frente a las millonarias pérdidas que le provocaron los préstamos subprime. Cinco años parece ser tiempo suficiente para purgar los excesos del mercado inmobiliario made in USA, a juzgar por los datos de la última encuesta a gestores de fondos realizada por Bank of America-Merrill Lynch. Si no, no se explicaría que los gestores de fondos hayan vuelto a sobreponderar la inversión en vivienda y REITS (Real Estate Investment Trust, por sus siglas en inglés) por primera vez desde marzo de 2007. Es decir, es la primera vez desde que estalló la crisis subprime que han invertido en este tipo de compañías más de lo que éstas pesan en los índices.  
Las causas de que los gestores de fondos regresen al mercado inmobiliario norteamericano son la sensación de que el precio de la vivienda, si no lo ha hecho ya, está a punto de tocar suelo, así como el futuro crecimiento de Estados Unidos.

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Fuente: El Economista

El "ladrillo" y la crisis económica ponen otra vez a la banca española en el disparadero

El director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, reconoce una aceleración del ajuste inmobiliario. El precio de la vivienda ha retrocedido un 22% entre 2007 y junio pasado y el del suelo un 31,5%. “Las entidades necesitan tiempo para digerir esta exposición”, cuya corrección continuará “en el próximo año”, indicó Roldán.  
Las dificultades se han hecho evidentes en los últimos meses: la morosidad ligada a créditos a inmobiliarias escaló al 17,79% en junio frente al 15,2% de marzo y el 11,2% de un año atrás. Son 54.889 millones de euros en préstamos con al menos tres cuotas sin cobrar y la cifra se eleva a 70.428 millones si al inmobiliario se suman el préstamo constructor. Un ‘roto’ que ha aupado al 6,93% la morosidad total de la banca, por otro lado muy mitigada gracias a que las familias son buenas pagadoras hipotecarias -la morosidad ahí ha bajado, incluso, al 2,5%, menos de la mitad de la sufrida, por ejemplo, por la banca de Estados Unidos.
En el trabajo se plantea si el ‘roto’ es tan preocupante como para que sea insalvable y obligue una recapitalización global. En los test de estrés de julio, las entidades tuvieron que averiguar si disponían de capital suficiente para encajar, entre otros problemas, una caída del 30% en el precio de las viviendas desde sus máximos y del 60% en el suelo. La simulación, hecha para el bienio 2011 y 2012 y con otras hipótesis, como dos años de recesión económica, concluía que los activos promotores y adjudicados se deteriorarían en 65.900 millones y el sector no precisaría capital extra. Entidad a entidad, el peso del crédito problemático oscila entre el 13,5% y 1,2% de sus activos y tiene detrás un “colchón” de provisiones que cubre entre el 24,8 y 56% de dicha financiación, detalló Roldán. Si el crédito va a pérdidas, lo primero que engulle son esos colchones y luego el capital si la entidad es incapaz de acumular más recursos. Se pueden acumular vía beneficios, pero no ayuda que la economía siga aletargada para hacer negocio. Tampoco ayuda el cerrojazo de los mercados para ampliar capital. Y, sin embargo, el sector ha sido capaz de aumentar su capital en 130 puntos desde 2008 ‐pasa del 6 al 8%‐, según el Banco de España.

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Fuente: La Gaceta

Mitos sobre la responsabilidad hipotecaria

Jordi Gual, economista jefe de La Caixa y profesor de IESE Business School. Explica que en contra de la opinión ampliamente extendida, en Estados Unidos no prima la responsabilidad limitada (non-recourse) en el crédito hipotecario. "En ese país, la legislación que determina el alcance de la responsabilidad hipotecaria es de ámbito estatal y se determina en base a distintos preceptos legales, lo que provoca la existencia de una maraña de normas que complica la segmentación de los estados entre recourse y non-recourse. En base a las investigaciones de varios economistas, se puede afirmar que solo en 10 de los 50 estados de EEUU existe la responsabilidad limitada. En el resto es ilimitada, como en España y en el resto de los países desarrollados”. Comenta las consecuencias que conlleva la responsabilidad limitada y concluye que “la necesidad de actuación en el sistema hipotecario español es clara en tanto en cuanto son numerosas las familias y las entidades financieras que sufren las consecuencias de la crisis. La responsabilidad limitada es una opción legislativa. Pero se han de valorar con cuidado sus implicaciones. Por algo será que la responsabilidad ilimitada es el modelo imperante en la mayoría de los países desarrollados, incluido EEUU”.

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Fuente:ABC

La banca se opone a reducir sus garantías

La banca, consciente de la preocupación social que causan las ejecuciones hipotecarias, ha lanzado su propia propuesta. No obstante, también señalan algunas líneas rojas que podrían perjudicar el funcionamiento del sistema hipotecario. Tanto la Asociación Española de Banca como Santander se muestran contrarios a un sistema en el que la dación en pago extinga la deuda con la entidad financiera. En su opinión, este modelo eleva el riesgo de la operación y, por tanto, el coste de la hipoteca. Destaca que para las entidades traería más mora, lo que restringiría aún más el crédito. Además, se muestran contrarios a la posibilidad de que la dación en pago se aplique de manera retroactiva a hipotecas ya concedidas, debido a la inseguridad jurídica que generaría y a los posibles pleitos por parte de las entidades que podrían producirse, ya que los bancos podrían alegar que esta nueva condición modifica las condiciones del contrato. Santander apunta que la experiencia histórica demuestra los “efectos perniciosos” de limitar la garantía al valor del inmueble o colateral. Citan la experiencia en doce estados de Estados Unidos, que aplican este modelo, donde se ha dado "un círculo vicioso que se genera entre el precio de la vivienda, relación préstamo-valor y morosidad en los ajustes inmobiliarios”. Asimismo, apunta que las propuestas encaminadas a paralización de las ejecuciones hipotecarias sólo retrasarían y ampliarían el problema de falta de capacidad de pago y tienen efectos negativos en el conjunto del sistema. El banco destaca que le preocupa los cambios que puede introducir a este respecto el Parlamento español.

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Fuente: Expansión

Medidas que alivian, pero no curan

“Los acuerdos del Gobierno son miserables y engañosos porque no suponen ninguna ayuda para las familias hipotecadas”, se lee en un comunicado publicado por la asociación de consumidores Adicae. Frente a esta opinión el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que “el Gobierno garantizará que las subasta del bien hipotecado no dé lugar a situaciones abusivas ni malbaratamiento del bien”. Entre ambos extremos, los expertos creen que el Gobierno ha dado un paso adelante, pero que hacen falta más medidas para aliviar la situación de las familias que ven su vivienda en proceso de ejecución hipotecaria (94.000 en 2010, cuatro veces más que al comienzo de la crisis en 2007). 
El abogado experto en insolvencias José María Marqués Vilallonga considera que elevar el sueldo inembargable es una medida positiva: “puede ayudar a que la persona afectada se recupere a medio plazo de la insolvencia”. En cuanto a que los bancos puedan adjudicarse los inmuebles subastados judicialmente al 60% del precio de tasación, frente al 50% anterior, dice que es una medida “inocua, porque se mantiene la parte más importante de la deuda que queda tras subastar la vivienda”. En este punto coincide con otros expertos, que reclamaban que el banco nunca pudiera quedarse con la casa por menos del 70% o del 80% de su valor. 
El aumento de la parte inembargable hasta 951 euros no supone que el banco se pueda quedar con todo el resto del sueldo de la persona a la que se ha ejecutado la hipoteca. Un mileurista embargado, por ejemplo, puede estar seguro de que se le va a respetar casi todo el sueldo, mientras que la entidad que quiera cobrar su deuda con alguien que gane 2.500 euros aspirará a retraerle entre 500 y 1.000 euros al mes. Marqués Vilallonga considera necesario que el Estado asegure que los afectados que consigan ahorrar gracias al aumento de la parte inembargable tampoco será embargado, así como los intereses que generen esas cantidades. “Así nos encaminaríamos a la doctrina implantada en la mayor parte de Europa y Estados Unidos, que pretende contribuir a que una insolvencia concreta no suponga una condena a la exclusión social”, explica. 
Mientras que algunas asociaciones de consumidores consideran beneficiosas pero insuficientes las reformas gubernamentales, otras, como Adicae, exigen la paralización inmediata de los embargos. Según sus cálculos, esto costaría entre 300 y 500 millones de euros, “una cantidad asumible por el Gobierno”. 

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Fuente: El País

 

Las familias españolas no consiguen reducir su endeudamiento con rapidez

El Banco de España alerta de la lentitud en el proceso de saneamiento de la estructura financiera de las familias, condición indispensable para que se restablezca el crédito y la capacidad de gasto de los particulares. El supervisor avisa que durante los años de la crisis los hogares solo han reducido en cinco puntos su endeudamiento, hasta el 125% de su renta disponible. Círculos financieros cuantifican en 300.000 millones de euros el exceso de endeudamiento que deben enjugar las familias españolas. La debilidad de los ingresos de las familias y el alargamiento de los plazos de amortización de los préstamos para compra de vivienda explican la lentitud del proceso de reducción de la deuda de los hogares.  
La deuda de las familias españolas ha pulverizado todos los registros. Solo los hogares de Reino Unido se encuentran más empeñados, con el 151% de su renta disponible. El promedio europeo está en el 98% y en Estados Unidos es del 119%.   

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Fuente: La Gaceta

Estados Unidos demanda a Deutsche Bank por fraude con las hipotecas basura

Estados Unidos empieza a exigir responsabilidades a los grandes bancos por los abusos que se cometieron en el mercado hipotecario durante el boom. El primero en el punto de mira es el grupo alemán Deustche Bank y su filial MortgageIT, a la que acusa de fraude por engañar de manera sistemática al determinar los préstamos que iban a ser cubiertos por las garantías públicas. La cuantía de la indemnización reclamada puede superar los 1.000 millones de dólares (unos 675 millones de euros), el triple de los 386 millones de dólares en que se cifran los pagos realizados por la Administración en virtud del supuesto fraude. La acción legal, cursada por la vía civil, se lanza cuando están a punto de cumplirse cuatro años del estallido de la burbuja hipotecaria en EEUU. El representante del Departamento de Justicia señala que la entidad “despreció de manera flagrante” si los hipotecados podrían pagar los préstamos.
De acuerdo con la demanda, la filial de la alemana violó durante una década las reglas del programa de la Agencia de la Vivienda, que permite asegurar las hipotecas con fondos públicos. Y habla de que se respaldaron ilegalmente préstamos por un valor total de 5.000 millones de dólares entre 1999 y 2009, correspondientes al principal de 39.000 hipotecas. Para lograr las garantías públicas, el Deutsche Bank y MortgageIT certificaron falsamente que los prestatarios no tenían riesgo de impago, según la demanda. Además, la demanda pone en evidencia que Deutsche Bank sacó provecho después con la reventa de estos activos hipotecarios basura, incluso cuando muchos de los propietarios eran morosos o estaban a punto de perder sus hogares por el impago de los créditos que recibieron.  
Deutsche Bank fue uno de los principales empaquetadores de deuda vinculada a hipotecas. En este sentido, la acción de la Fiscalía neoyorquina explica que la entidad estaba destinando importantes recursos “a generar lo más rápido posible” hipotecas aseguradas por el Gobierno para revenderlas a los inversores, en lugar de concentrarse en preservar la calidad de los préstamos. La entidad respondió a estas acusaciones rechazando de plano que haya mentido al Gobierno de EEUU para que esos préstamos fueran incluidos en el programa federal.  

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Fuente: El País, La Gaceta, La Vanguardia, El Mundo, ABC y La Razón


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