Noticias sobre Sueldos

¿Es posible aumentar el salario neto sin que la empresa le suba el sueldo? La respuesta es sí. La legislación actual contempla la posibilidad de reducir el tipo de retención para aquellos empleados que aplican la deducción por inversión en vivienda y ganan menos de 33.007,20 euros anuales. Si se cumplen ambas condiciones, el asalariado puede solicitar antes del primero de enero de cada año a su empresa que le rebaje en dos puntos la retención del IRPF que sufre mensualmente en su nómina. No se trata de una rebaja fiscal. El beneficio tributario consiste en que el contribuyente aumenta su salario neto y cuando le toque presentar la declaración de la renta al ejercicio siguiente tendrá derecho a una menor devolución o le saldrá a pagar. En cualquier caso, en una situación en que muchas familias tienen problemas para llegar a fin de mes, la posibilidad de reducir el porcentaje de retención de la nómina supone una fuente de liquidez adicional. Por ejemplo, un contribuyente soltero y sin hijos con un sueldo anual de 33.000 euros sufre una retención del 19% en su nómina y su salario neto asciende a 2.053 euros mensuales en 12 pagas. Si tiene derecho a acogerse al beneficio fiscal, el tipo de retención en el IRPF se reduce al 17% y su sueldo mensual aumenta a 2.108 euros. Es decir, 55 euros más cada mes y 660 euros adicionales al año.

Todos los asalariados que cumplan los requisitos pueden pedir a su empresa que les aplique esta rebaja de dos puntos en las retenciones mensuales y no cabe la posibilidad de una negativa. Para ello, basta descargarse de la página web de la Agencia Tributaria el formulario 145, indicar que actualmente se aplica la deducción por inversión en vivienda habitual y entregar el documento a la empresa antes del 1 de enero para que tenga efectos el próximo año. Esta opción no existe para aquellos que compraron su casa habitual después de diciembre de 2012, momento a partir del cual el Gobierno suprimió la deducción por inversión en vivienda, el beneficio fiscal más relevante del IRPF.

Actualmente, 5,2 millones de personas tienen derecho a la deducción, que permite desgravar el 15% del dinero destinado a pagar la vivienda habitual con un límite de 9.030 euros anuales. El coste para las arcas públicas supera los 4.000 millones. Muchos expertos aseguran que este beneficio fiscal tiene cierta responsabilidad en la burbuja inmobiliaria.

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Fuente: Cinco Días
 

Más de la mitad de su sueldo neto, concretamente el 53,5%, debería reservar una persona joven en España para hacer frente al pago inicial de una hipoteca media según el último boletín del Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de la Juventud de España (CJE) con datos del 2T de 2011.
Por provincias, en las que más cuantía hay que destinar son Vizcaya (con un 71,6%) y Guipúzcoa (70,9%). En el lado opuesto se encuentran Badajoz (con un 34,3%) y Ciudad Real (32,7%). El estudio pone de manifiesto además la dificultad del acceso de los jóvenes a la vivienda, es decir, la diferencia entre los ingresos reales y los mínimos necesarios para poder comprar una casa.
De media, el estudio refleja que los jóvenes en España cobran un 78% menos de lo que deberían cobrar para poder convertirse en propietarios de una vivienda, sin sobrepasar el umbral máximo de endeudamiento aceptado por las entidades financieras del 30%. Así, desde el CJE subrayan que los jóvenes deberían cobrar en torno a los 28.000 euros anuales, unos 2.350 euros mensuales.
El informe hace referencia también a la superficie máxima que ha de tener el piso al que una persona joven puede aspirar en España sin sobreendeudarse, teniendo en cuenta el salario que cobra. Si se habla de compra, la superficie sería de 56,1 metros cuadrados, y en el caso del alquiler sería de 44,5 metros. Por otra parte, en el segundo trimestre de 2011 la tasa de emancipación de la población joven se ha situado en el 45,4%. Esto significa que casi la mitad de los jóvenes aún no han logrado abandonar su hogar de origen.

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Fuente:Expansión

Pere Macías Arau, presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, comenta que “la subcomisión de estudio para la reforma del sistema hipotecario del Congreso de los Diputados ya ha cosechado un primer éxito, coincidiendo con su constitución. En efecto, entre las resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación, fue unánimemente destacada la que se acordó entre PSOE, PP y CiU y que contó con el voto unánime de la Cámara. Dicha resolución mandataba al Gobierno a incrementar las cuantías fijadas como inembargables en sueldos, pensiones o retribuciones equivalentes que responden de la deuda pertinente de una hipoteca ejecutada, así como a incrementar el porcentaje de valoración del inmueble hipotecado en caso de declarase desierta su subasta, hoy establecido en un exiguo y vergonzante 50%”. Seguón Macías Arau se trata de “dos pasos significativos en la buena línea. Significativos, pero insuficientes. Es obvio que queda mucho por hacer para dar respuesta eficaz a una problemática que afecta a miles de ciudadanos. Se trata de una ecuación con muchas incógnitas cuya resolución debería ser explorada por la subcomisión sin apriorismos y sin complejos”.  
Macías dice que “habrá que escuchar con suma atención, habrá que aprender de nuestros vecinos europeos y, sobre todo, habrá que encontrar soluciones realistas que contribuyan a minimizar los efectos de la crisis inmobiliaria sobre amplias capas de la población. Evitar su exclusión es, para todos los representantes políticos, una absoluta prioridad. Y ello no puede resolverse en detrimento ni de los millones de ciudadanos que esforzadamente pagan cada fin de mes su cuota hipotecaria, ni de la necesaria recuperación de unos mínimos de actividad en un sector que ha contribuido en más del 50% al crecimiento del desempleo en el Estado español. En estos momentos de poco crédito para la clase política, esta subcomisión constituye un reto que afrontamos con el convencimiento de que nuestra tarea, no siendo fácil, puede ser una buena contribución para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas”

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Fuente: El Economista

“Los acuerdos del Gobierno son miserables y engañosos porque no suponen ninguna ayuda para las familias hipotecadas”, se lee en un comunicado publicado por la asociación de consumidores Adicae. Frente a esta opinión el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que “el Gobierno garantizará que las subasta del bien hipotecado no dé lugar a situaciones abusivas ni malbaratamiento del bien”. Entre ambos extremos, los expertos creen que el Gobierno ha dado un paso adelante, pero que hacen falta más medidas para aliviar la situación de las familias que ven su vivienda en proceso de ejecución hipotecaria (94.000 en 2010, cuatro veces más que al comienzo de la crisis en 2007). 
El abogado experto en insolvencias José María Marqués Vilallonga considera que elevar el sueldo inembargable es una medida positiva: “puede ayudar a que la persona afectada se recupere a medio plazo de la insolvencia”. En cuanto a que los bancos puedan adjudicarse los inmuebles subastados judicialmente al 60% del precio de tasación, frente al 50% anterior, dice que es una medida “inocua, porque se mantiene la parte más importante de la deuda que queda tras subastar la vivienda”. En este punto coincide con otros expertos, que reclamaban que el banco nunca pudiera quedarse con la casa por menos del 70% o del 80% de su valor. 
El aumento de la parte inembargable hasta 951 euros no supone que el banco se pueda quedar con todo el resto del sueldo de la persona a la que se ha ejecutado la hipoteca. Un mileurista embargado, por ejemplo, puede estar seguro de que se le va a respetar casi todo el sueldo, mientras que la entidad que quiera cobrar su deuda con alguien que gane 2.500 euros aspirará a retraerle entre 500 y 1.000 euros al mes. Marqués Vilallonga considera necesario que el Estado asegure que los afectados que consigan ahorrar gracias al aumento de la parte inembargable tampoco será embargado, así como los intereses que generen esas cantidades. “Así nos encaminaríamos a la doctrina implantada en la mayor parte de Europa y Estados Unidos, que pretende contribuir a que una insolvencia concreta no suponga una condena a la exclusión social”, explica. 
Mientras que algunas asociaciones de consumidores consideran beneficiosas pero insuficientes las reformas gubernamentales, otras, como Adicae, exigen la paralización inmediata de los embargos. Según sus cálculos, esto costaría entre 300 y 500 millones de euros, “una cantidad asumible por el Gobierno”. 

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Fuente: El País

Las parejas españolas tardan una media de 18 años en pagar la hipoteca de un piso de 70 metros cuadrados, tres años menos que en 2010. Esta reducción responde al descenso de precios y al aumento de los sueldos, según un estudio del portal inmobiliario facilísimo.com. Extremadura, con 11 años de media, es la región en la que menos se tarda en pagar la hipoteca, seguida de Castilla‐La Mancha, Asturias, Galicia, Castilla‐León, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y Andalucía. La Rioja y Aragón están en la media y por encima aparecen Canarias, Madrid Baleares, Cantabria, Cataluña y El País Vasco. El informe destaca que las parejas vascas son las que más tardan en pagar la hipoteca, hasta 28 años.  
Una persona que quiera adquirir sola una vivienda tardaría de media 50 años en pagar una hipoteca, según el estudio, que indica que bancos y cajas establecen el plazo máximo en 40 años. Podrían adquirir una casa en solitario extremeños, asturianos, castellanoleoneses y gallegos, que tardarían de media en pagar la hipoteca entre 26 y 39 años.

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Fuente: La Gaceta, El Economista

La bajada del precio de la vivienda ‐cerca de un 18% desde los máximos que alcanzó en 2007‐ no ha beneficiado a los jóvenes que desean emanciparse. Según los datos del Observatorio Joven de la Vivienda en España, aunque ahora la cuota de la hipoteca consume sólo el 36% del sueldo del hogar cuando está formado por dos personas que trabajan (y es un porcentaje muy similar al 34% que ya supone pagar un alquiler), la necesidad de aportar el 30% del importe de la vivienda como entrada impide comprar a los jóvenes.
“La entrada impide la adquisición de una vivienda, libre o protegida, incluso demostrando una regularidad de ingresos corrientes con los que asumir el pago mensual de las cuotas”, señala el estudio, en el que se indica que ahora la entrada media equivale al salario de 2,5 años de una pareja y que no hay vías alternativas al ahorro previo para financiarla. La entrada debe cubrir el 20% del precio de la vivienda que no cubre la hipoteca y el 10% de gastos asociados a la compra. Para una pareja cuyos miembros sean menores de 34 años), el precio de una vivienda asumible es de unos 153.000 euros y deben aportar de entrada, por tanto, más de 55.000 euros. “Antes, en contextos de bonanza económica, la red de apoyo intergeneracional permitió a menudo que los familiares más cercanos sufragaran total o parcialmente la entrada. Bajo la forma de donación directa o créditos más o menos informales. En periodos de recesión y disparo del ahorro, estos flujos monetarios son más restrictivos”, señala el estudio.
Los bancos, por su parte, que antes estaban más abiertos a financiar más del 80% del valor de tasación de la vivienda, son “cada vez más exigentes, debido a su estrategia de asegurar al máximo la viabilidad de sus operaciones”. Y en esa prudencia tiene un impacto tremendamente negativo la precariedad laboral de los jóvenes.  

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Fuente: La Vanguardia