Noticias sobre Seguridad jurídica

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Durante los próximos años la construcción de casas seguirá en mínimos

El Plan Nacional de Reformas que acompaña al Programa de Estabilidad que fue presentado a la Comisión Europea prevé que el número de nuevas viviendas irá subiendo gradualmente desde las 78.000 del año pasado hasta alcanzar entre 100.000 y 11.000 en 2015. Se trata de cifras minúsculas si se comparan con las 865.000 que se llegaron a iniciar en 2006, cuando España vivía en la euforia del ‘ladrillo’. “Continuará la absorción del stock sin vender al tiempo que se elevará muy gradualmente el número de viviendas iniciadas”, asegura el documento.
Por otra parte, el Gobierno baraja la posibilidad de crear un registro público de inquilinos morosos. Con esta iniciativa, trata de fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler y potenciar este segmento del mercado. También pretende impulsar el arrendamiento de viviendas vacías a través de medidas fiscales como incentivar al propietario con bonificaciones a las rentas del alquiler.
Además, se incluyen medidas para incrementar los ingresos como la venta del patrimonio inmobiliario del Estado, que se eleva a más de 50.000 inmuebles.  

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Fuente: El País

El Gobierno estudia modificar la Ley del Suelo

El Gobierno estudia modificar la Ley del Suelo vigente para elevar las valoraciones de los terrenos destinados a edificar viviendas y evitar que se puedan expropiar como si fueran rurales -a un precio mucho menor-, como ocurre con la norma actual. Se trata de un pequeño cambio que podría ser favorable para los sectores inmobiliario y financiero. El Ministerio de Fomento quiere “dar seguridad jurídica” y volver a referenciar las valoraciones de los suelos a las ventas de activos similares en sitios cercanos. Es decir, por el método comparativo y no por el de capitalización de rentas, que se usa para los activos rurales y por el cual se miden, fundamentalmente, las expectativas agrícolas del terreno en cuestión (mucho menores que las inmobiliarias). De esta forma, la modificación legal que se estudia servirá “para que no se expropien a precio de patatal unos solares con expectativas económicas, pero que están parados por la crisis”, explican fuentes cercanas a Fomento. Esta modificación es “el escenario principal” y una de las “prioridades” del Ejecutivo en materia de vivienda, según fuentes parlamentarias. La idea es “alterar las valoraciones, para que las tasaciones sean más favorables al titular del suelo”, agregan fuentes cercanas a Fomento.  
Con la modificación los balances de los bancos mejorarían (no así la provisión de suelo, del 80%). “Esto significaría que los bancos van a poder ajustar el valor de sus activos; el nuevo valor (expropiatorio) estaría más cerca del valor apuntado en los balances que del valor real”, apunta Lucio Rivas, director de Gabinete de Urbanismo y Administración Pública. Además, las entidades podrían deshacerse con mayor facilidad de los suelos que tienen actualmente en balance. “Se va a reactivar el mercado, porque el promotor podrá pedir un préstamo más alto para ese suelo. Operaciones que antes no lo eran ahora serían viables”, agrega Rivas, que formó parte de la Comisión de Expertos que asesoró sobre la Ley de Suelo estatal. Un tercer alivio para los bancos será que la modificación de esta Ley frenaría las prácticas de los ayuntamientos para sobrevivir en plena recesión económica y fiscal. Actualmente, los consistorios están haciendo uso de dos figuras jurídicas que les permite la normativa. La primera, la expropiación forzosa, para quedarse a precio rural (hasta un 90% menos) aquellos terrenos urbanizables que no se hayan desarrollado tras un número determinado de años. Ello, se explica, con la intención última de que los bancos, antes de verse expropiados, edifiquen esos solares. La segunda ‘treta’ local es la “venta forzosa” de los terrenos no desarrollados, de forma que se obliga al dueño a traspasar el suelo, con un precio inicial del 50% de aprovechamiento lucrativo (es decir, la mitad del valor); todo lo que exceda de ese 50% se lo queda el ayuntamiento, con lo cual la venta no es beneficiosa para el titular del suelo.  

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Fuente: Expansión, El Mundo

Incentivo para la dación en pago

José Luis Ruiz Bartolomé, consultor inmobiliario, opina que el ministro de Economía, Luis de Guindos, “parece haber conseguido aunar con audacia dos intereses en apariencia enfrentados, como son la de la seguridad jurídica y la misericordia para los más afectados por la crisis”. Comenta que “cambiar las reglas de juego en mitad de un partido no parece una opción sensata ni responsable. El beneficiado potencial aprenderá una muy mala lección de unos incentivos perversos que fomentarán el riesgo moral. Las leyes están para cumplirlas y nuestra Ley Hipotecaria, guste o no, incorporó a nuestro ordenamiento la regla de la responsabilidad patrimonial universal del deudor. Regla que, por otro lado, es la que rige y se aplica a la mayoría de los ciudadanos universales”. 
“Aunque De Guindos no lo ha concretado, es muy probable que la fórmula escogida para fomentar la dación en pago -incentivos fiscales- esté relacionada con un tratamiento fiscal neutro para la misma, de manera que tanto al banco como al deudor les interese optar por ésta llegado el caso. Si, por el contrario, todo se traduce a la mera adhesión a un Código de Buenos Usos, dudo del éxito de la medida y tendré que dar la razón a los que afirman que “solo es humo". En todo caso, no considera que se trate de una ayuda más a la banca -la ayuda es para los más desfavorecidos- ni tampoco que sea a costa de los contribuyentes -si es que efectivamente se opta por un incentivo fiscal neutro-, sino de una fórmula audaz para dar solución a un problema social sin comprometer la estabilidad financiera ni la seguridad jurídica”.

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Fuente: El Economista

El Registro de la Propiedad atenderá online y en inglés las dudas de inversores extranjeros

El Registro de la Propiedad atenderá en inglés las peticiones por internet de los ciudadanos extranjeros con el objetivo de ayudarles a invertir en el sector inmobiliario español, informó el Ministerio de Fomento. Este nuevo servicio ha sido creado para ayudar a los usuarios internacionales a “saltar las barreras” de la terminología jurídica española y evaluar e interpretar correctamente la información emitida por las más de mil oficinas del Registro de la Propiedad. La secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, añadió que con ello los extranjeros podrán disponer de toda la información necesaria antes de adquirir un inmueble para comprobar que no hay ningún riesgo en la operación. Este servicio se enmarca dentro de las medidas aprobadas por el Gobierno para incrementar la transparencia y seguridad jurídica en el sector inmobiliario.  

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Fuente: Cinco Días


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