Noticias sobre Concursos de acreedores

La deuda en manos de familias y empresas se ha reducido en 148.776 millones de euros entre octubre de 2012 y octubre pasado, un importe notable cuando se compara con los 350.729 millones totales que han logrado rebajar desde que su volumen tocó máximos cinco años atrás. El endeudamiento ha corregido hasta retornar a cotas de inicios de 2007, previa al estallido de la crisis subprime, y comienza a apuntar una reversión de tendencia. El volumen de financiación en manos de los hogares repuntó un 0,52% en noviembre, hasta los 798.038 millones, favorecido por el tímido retorno de los créditos al consumo. Un avance que aún no se aprecia en el saldo global de préstamos, bonos y otros instrumentos financieros en favor de sociedades, cuyo importe suma 1,08 billones, según estadísticas del Banco de España. La corrección es muy superior en las empresas. Se las ingeniaron para minorar su carga un 8,77% en el último año y el 17,96% desde máximos, porcentajes que se limitan al 5,26% y 12,43%, respectivamente, en los hogares. La evolución no es arbitraria. Las compañías cuentan con mecanismos a su alcance como enajenaciones de activos, quitas en concurso de acreedores, liquidaciones o reestructuraciones, inaccesibles o de acceso más limitado para los ciudadanos particulares. Las familias necesitan tiempo porque la hipoteca, con largos plazos de vencimiento, agrupa el grueso de la factura.
En la década anterior a la crisis, entre final de 1996 y 2006, el endeudamiento de familias y empresas contabilizó un aumento cercano a cinco veces, favorecido por el dinero fácil, con unos tipos de interés cada vez más reducidos y la seducción del ladrillo, que parecía una inversión garantizada y con rentabilidades crecientes en el tiempo. Los hogares multiplicaron por 3,5 veces su deuda entre 1999 y 2007, y las empresas en 1,6 veces en los cinco ejercicios previos a la crisis. Hoy las viviendas y edificios, en garantía de los préstamos del boom inmobiliario, se han depreciado. El elevado y prolongado paro convierte la deuda en un riesgo latente de morosidad para la banca y de perder viviendas para los ciudadanos. La opción de vender el piso para acelerar el desendeudamiento o redimirlo, no parece factible por su gruesa pérdida de valor.
El apalancamiento excesivo es además una traba insalvable para acceder a nueva financiación de cara a las empresas, ante el miedo a un deterioro superior del balance por parte de las entidades financieras. Según el FMI, “tres cuartas partes de la deuda está en empresas que tienen un ratio de deuda sobre sus activos superior al 40%”, lo que les coloca en una posición delicada poder devolverla.

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Fuente: El Economista
 

Julio Rodríguez López, miembro de Economistas frente a la Crisis comenta que el procedimiento de ejecución hipotecaria vigente en España da lugar a que la mayoría de los hogares que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas permanezcan endeudados con las entidades financieras después de perder la vivienda, señala que la gravedad del problema obliga a plantearse la necesidad de modificar dicho marco legal, sin perjuicio de que el Gobierno desarrolle actuaciones inmediatas a través de acuerdos con las entidades prestamistas. “El problema lo complica el reducido peso del mercado de alquiler en España. Solo el 11,8% de los hogares reside en viviendas de alquiler, según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Dicha circunstancia agrava el problema de los hogares desahuciados, por lo que la política de vivienda estatal debería de canalizar sus energías hacia la creación de un parque de viviendas sociales de alquiler más significativo que el existente. Este último supone solo el 2% del parque de viviendas familiares de España, muy por debajo de las proporciones correspondientes a los países de Europa Occidental”
“El cambio deseable de la normativa de ejecuciones de las garantías hipotecarias sobre las viviendas principales debería de llevar a establecer en España un sistema equivalente al concurso de acreedores para los hogares sobreendeudados, y ello para los nuevos préstamos que se concediesen a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa”, argumenta. Añade que “dicho sistema llevaría al procedimiento conocido como fresh start, en el que el deudor sin bienes suficientes para pagar y que no ha incurrido en fraude, se le libera de las deudas pendientes, incluso sin consentimiento del acreedor,  procedimiento existente en la mayoría de los países del entorno de España. Lo ideal sería que el prestatario moroso que actuó de buena fe no debería de perder su vivienda”.

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Fuente: Cinco Días

Las entidades financieras siguen tratando de drenar el stock de inmuebles que han ido acumulando a lo largo de los últimos tres años. La Caixa y CatalunyaCaixa se desprendieron el año pasado, a través de contratos de venta y alquiler, de 16.448 inmuebles, por los que ingresaron casi 2.200 millones de euros, según informaron las dos entidades catalanas. Servihabitat, la filial de Criteria CaixaCorp -la sociedad no cotizada del grupo La Caixa- vendió 8.774 immuebles por 894,6 millones, mientras que CatalunyaCaixa y sus promotoras asociadas realizaron 7.674 transacciones por más de 1.300 millones.
En CatalunyaCaixa, las ventas inmobiliarias supusieron un incremento del 35% respecto al año anterior, si bien no todos los pisos a los que se refiere la entidad estaban en su cartera. Según aclaró la entidad, las 7.674 transacciones incluyen viviendas, trasteros y garajes, y de estas 6.442 corresponden estrictamente a viviendas. La entidad se desprendió de viviendas a través de compraventas (4.695 casas) y alquileres (1.747). No obstante, las 4.695 casas incluyen también las que comercializó la entidad, pero que en realidad eran de promotores asociados, por lo que la cartera de viviendas adjudicadas que vendió asciende a unas 2.700.
Las ventas de La Caixa no pueden compararse con 2010, puesto que en enero del año pasado el grupo empezó su reordenación, que culminó en julio con la salida a Bolsa del negocio financiero de CaixaBank. En ese proceso, la sociedad bancaria se zafó de todos sus activos inmobiliarios, que traspasó a Criteria Caixacorp a través de Servihabitat. Los 8.774 inmuebles a los que se refiere La Caixa corresponden a viviendas, trasteros y garajes, que se comercializaron mediante 6.698 operaciones, incluyendo 861 de alquiler.
Cuando los préstamos dudosos del conjunto de las entidades empezaron a escalar en 2008, estas pusieron en marcha varios programas para vender los activos que se iban adjudicando, sobre todo a raíz de los concursos de acreedores y las daciones en pago de inmobiliarias a las que habían prestado dinero, pero también de particulares. La Caixa tiene en marcha el plan ‘Tú propones el precio’ hasta el 31 de marzo. El año pasado, según la entidad, el 76% de las ventas se realizaron con este programa. CatalunyaCaixa, por su parte, aprovechó su red de oficinas, que intermedió en el 38% de las ventas.

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Fuente:El País, Expansión, El Economista, El Mundo, La Vanguardia, Cinco Días, La Gaceta

Las familias que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 221 durante el tercer trimestre del año, lo que supone un aumento del 23,5% respecto a igual periodo de 2010 y un descenso del 20,2% en relación al segundo trimestre del año, según los datos de la estadística de procedimiento concursal elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las empresas concursadas sumaron 1.268 en el tercer trimestre, un 26,2% más en tasa interanual y el 15,1% menos respecto al trimestre anterior.  

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Fuente: El Economista, Cinco Días, Expansión, La Gaceta, La Razón, ABC, El Mundo, El País

El Congreso de los Diputados aprobó la reforma de la Ley Concursal, que no será efectiva hasta el próximo año. La nueva norma, contiene como novedades destacables, según expertos consultados, el impulso a soluciones extrajudiciales para agilizar los procesos; la reducción a una sociedad de la administración concursal (hasta ahora el juez podía nombrar a tres administradores) que demuestre cinco años de experiencia; y a la posibilidad en el futuro de reformar la norma que es aplicable en materia concursal a personas físicas. La reforma de la Ley Concursal establece que los acuerdos de renegociación pactados por una sociedad con la mayoría de sus acreedores podrán imponerse al resto, siempre que hayan recibido el apoyo del 60 % de las deudas y vengan respaldados por el informe favorable de un experto independiente. Los expertos confirman que de esta manera se agiliza el proceso, pero plantean el hecho de que en realidad, en la mayoría de los concursos, serán de esta manera las entidades financieras acreedoras las que controlen el proceso concursal, al ser en la mayoría de los casos los principales acreedores.  
Se destaca que el procedimiento legal aplicable es el mismo prácticamente a una sociedad empresarial que a una persona que decide solicitar concurso de acreedores. La nueva reforma de la ley concursal deja abierta la puerta a futuras modificaciones que diferencien entre persona jurídica y persona física. En la actualidad, en la mayoría de los casos las personas que se acogen a concurso son empresarios que hipotecaron sus bienes para lograr préstamos, y en muchos casos se trata de inmigrantes que hipotecaron sus salarios para lograr financiación con la que comprar una casa. Abogados consultados que trabajan con personas acogidas a la ley concursal enumeran las dificultades con las que se encuentran a la hora de aplicar la ley.   

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Fuente: Cinco Días, El Economista

Fernando Presencia, titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, explica que el elemento desencadenante de la crisis “ha sido la especulación a crédito. La situación actual es de colapso en el precio de la vivienda. Cuando observamos que el precio medio de lo que se invierte al adquirir un inmueble es inferior a lo que se pide prestado, más los gastos y los tributos que se pagan, estamos ante un colapso del mercado, ya sea en el de las acciones en Bolsa, como ocurrió en el crack del 29, como en el de los inmuebles, que es el que nos afecta en la actualidad”.  
Considera que para reactivar el marcado “la solución pasa por la dación en pago, que es el instrumento más eficaz para que las empresas y los particulares que no pueden afrontar sus deudas extingan las hipotecas con la entrega al banco de sus inmuebles. Hoy en día la dación en pago es una posibilidad que permite la legislación para el caso de empresas y particulares que se declaren en concurso de acreedores, pero es voluntaria para las entidades financieras, ya que tiene que existir un acuerdo con ellas para llevarla a cabo. Por tanto, deberían entrar en esta dinámica, pues desde una perspectiva económica es muy positiva. Por un lado, permite superar los concursos con un activo que se ve inferior a la deuda que se extingue. Y, por otro lado, permite devolver al mercado un producto limpio listo para nuevos créditos hipotecarios. Esto es lo que yo denomino ‘centrifugado de bienes hipotecados’. El objetivo es que los bancos, una vez que asuman la dación en pago y la propiedad de los bienes hipotecados, los devuelvan al mercado a un precio inferior. El problema es que estos se resisten a poner a la venta las viviendas por debajo del precio al que se hipotecó por el efecto que produciría en sus balances. Pero es la única solución si deseamos la revitalización de un mercado tan importante como el inmobiliario”.
Añade que “el Gobierno no quiere hablar sobre estas medidas porque supondrían una bajada en la calificación de la deuda y los bancos y las cajas se resisten a poner a la venta las viviendas por debajo del precio al que las hipotecó. Las soluciones a la crisis pasan necesariamente por una bajada de los precios de los inmuebles que se han puesto 10 años por delante, y o se bajan reactivando el mercado con todos los pisos a la venta, o dejamos transcurrir 10 años más hasta que esos precios sean normales. El problema es que esto no está ocurriendo y nos vamos a encontrar con que la mitad de los inmuebles va a estar a mitad de precio, los liberados por las entidades financieras, y el resto todavía inflados como consecuencia de las hipotecas aún vivas, lo que impedirá la rebaja de los precios y las hipotecas a precios más reales. Con motivo de la reestructuración del sistema financiero español, está empezando a haber muchas daciones porque las entidades tienen que acudir a los SIP con los balances regularizados. Reconocen que lo que hipotecaron por 100 vale ahora 50, aceptan esa dación y perdonan la diferencia que ya estaba provisionada y no afecta al balance. Pero la dación sigue siendo voluntaria por parte de las entidades financieras cuando en los procedimientos concursales debería bastar la opinión del juez para que el banco asumiera esta operación de dación en pago”.

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Fuente: La Gaceta

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal, que incorpora como novedad una disposición adicional para que el Ejecutivo presente un informe con soluciones extrajudiciales que permitan que las familias con problemas de sobreendeudamiento puedan renegociar sus deudas y evitar entrar en concurso de acreedores.  
En el plazo de seis meses deberá informar sobre el resultado de las medidas tomadas para paliar los problemas de las familias que no pueden pagar sus hipotecas y acaban desahuciadas. Así, el citado informe deberá incluir, entre otras medidas, posibles propuestas para completar la protección económica y social de consumidores y hogares, así como soluciones extrajudiciales que favorezcan la renegociación de deudas a través de mediadores o de pactos notariales.

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Fuente: El Economista

Un millar de personas aproximadamente se declara en concurso de acreedores cada año en España desde el inicio de la crisis. La regulación del concurso de una persona es muy similar al de una empresa: un administrador concursal nombrado por el juez pasa a administrar los ingresos y gastos del concursado y trata de que los acreedores puedan recuperar sus préstamos. Mientras se está en concurso los acreedores no pueden embargar los bienes del concursado, por lo que muchos de los que se declaran en concurso lo hacen pensando que así evitan que sus bienes, normalmente sus casas, les sean ejecutados. “Pero en realidad lo único que consiguen retrasar es la ejecución”, comenta Concepción González, abogada y economista, administradora de cinco personas en concurso físico. “Son procedimientos costosos, para el Estado y para el concursado. Este tiene que pagar al procurador, a su letrado y al administrador concursal. Y el Estado tiene que dedicar recursos de los juzgados mercantiles (colapsados) a tramitar un expediente que acabará en una ejecución hipotecaria si no se pueden pagar las cuotas de la hipoteca o en el mejor de los casos la venta de la vivienda cuando cubre su valor la hipoteca”, explica.  
En 2003 la ley concursal española incluyó los casos de concursos de personas físicas en la misma ley que regula los casos de concursos de personas jurídicas. Lo hizo “con todas las rutinas procesales de las sociedades jurídicas”, explica Leopoldo Pons, presidente del consejo directivo del Registro de Economistas Forenses, Refor. Mientras que en España menos de 1.000 personas físicas se declaran en concurso al año, en países como Francia, Alemania o Reino Unido se cuentan por decenas de miles. La nueva ley concursal, que será aprobada este año, sería una oportunidad para modificar la norma. Desde el Refor se propone como alternativa un título especial que se acerque a la solución del arbitraje. “Es un dislate incluir las rutinas procesales del concurso jurídico”, dice Pons.  

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Fuente:Cinco Días

La administración concursal de Martinsa Fadesa ha calificado el concurso de la inmobiliaria como fortuito en el informe presentado ayer en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña. La Ley Concursal obliga a la elaboración de un informe de calificación cuando se establece para la aprobación de un convenio de acreedores o una quita superior al tercio del importe de sus créditos o cuando, como es el caso, se propone una espera para cobrar superior a los tres años. De acuerdo a las fuentes consultadas, el concurso de la compañía ha sido calificado en ese informe como fortuito y no como culpable, como Manuel Jove, que en 2006 vendió Fadesa a Fernando Martín por 4.045 millones de euros, había recomendado. La representación legal del empresario gallego presentó el mes pasado un escrito al juez del concurso de Martinsa Fadesa en el que solicitaba que Fernando Martín fuera declarado culpable de la situación de insolvencia en la que se declaró el grupo. Con anterioridad, los actuales principales accionistas de Martinsa presentaron una demanda contra Jove en la que solicitan más de 1.500 millones por considerar que en la operación de venta de Fadesa se incluyeron activos sobrevalorados.
Caja Madrid y La Caixa han sido nombrados apoderados mancomunados de Martinsa Fadesa, según se publicó en el Borme. Las entidades tienen capacidad de decisión sobre la venta de ciertos activos de la compañía, según explicaron en la inmobiliaria.

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Fuente:Cinco Días, Expansión, El País

Desde el inicio de la crisis, los procesos de refinanciación de deuda se han sucedido casi sin interrupción en la mayor parte de las inmobiliarias y han sido, por la caída del negocio y a su pesar, la principal ocupación de los gestores de esas compañías. Con las refinanciaciones sucesivas en el mejor de los casos y en su defecto con los concursos de acreedores, las grandes inmobiliarias han logrado una especie de tiempo muerto (ampliar la fecha de vencimiento del crédito principal y retrasar la amortización del primer pago de la deuda) que aplaza, pero no resuelve, sus problemas.
Algunos expertos, como apuntan los editores de Actibva, la comunidad impulsada por BBVA, se inclinan a vislumbrar 2011 como el año de una posible segunda crisis inmobiliaria. Esta tesis, señalan, se apoya en dos factores fundamentalmente: el primero, la caída en las ventas de viviendas, dado que este año solo van a comprar y vender aquellos a los que les sea realmente imprescindible, tanto en compra como en venta; y el segundo y más importante, es el año del vencimiento de la primera ola de refinanciaciones crediticias en muchas promotoras y constructoras que se pusieron en marcha en 2007-2008. Hay un gran volumen de vencimientos en este ejercicio y la capacidad de pago de estas empresas se mantiene en muchos casos en la misma situación que estaba hace tres años. “En ambos casos, las perspectivas no son buenas y existe el control del Banco de España exigiendo una mejora sustancial en las provisiones de las cajas de ahorros y en unas valoraciones realistas para las adjudicaciones de activos en el sector financiero. En esta tesitura, nos podemos encontrar en breve con una nueva crisis inmobiliaria más grave aún que la inicial, tanto por la recaída de empresas como por los efectos que puede tener en el sector financiero un lastre de estas dimensiones”.

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Fuente:El País