Noticias sobre Consumidor

El Consejo General del Notariado reclaman una reforma legislativa que permita al colectivo “cumplir mejor con sus deberes de protección al consumidor, ya que es ante el notario cuando las partes contratan y asumen sus obligaciones”. Los notarios piden más información y sugieren que podrían hacer más. “El notario solo puede controlar, según establece la normativa vigente, que no existan cláusulas abusivas declaradas como tal por la ley o por una sentencia firme que deberá estar inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación”, explica el colectivo en la nota.
El comunicado recoge la sugerencia velada, confirman fuentes del colectivo, de que sería positivo abrir un debate sobre el sistema para dilucidar si sería conveniente que el propio notario tuviera poder para detectar cláusulas abusivas y catalogarlas como tales. De momento, no obstante, los notarios califican de ineficaz el actual sistema de notificación de las cláusulas declaradas abusivas, basado en su publicación en el Registro de Condiciones Generales de Contratación, en el que los registradores de la propiedad son los encargados de reunirlas. “Su acceso y su funcionamiento generan error y confusión y la publicación de las sentencias se retrasa sin justificación”, por lo que el colectivo reclama una notificación automatizada y
telemática al Consejo General del Notariado de cada cláusula considerada abusiva por un juez.
 

El importante paquete de medidas anunciado por el Gobierno para despertar el mercado del alquiler en España no parece crear demasiado optimismo en el sector profesionalizado, ni en los consumidores, ni en Izquierda Unida (IU). La compañía Alquiler Seguro ha calificado la reforma de "insuficiente", FACUA cree que "fomenta la especulación inmobiliaria" e IU denuncia que se queda muy corta. El presidente de Alquiler Seguro, Gustavo Rossi, como informa Europa Press, "aplaude" las medidas "en cuanto a la filosofía de las mismas", aunque las consideran "insuficientes" para la realidad que impera en el mercado. Desde Alquiler Seguro matizan que las medidas son medidas coyunturales, un "alquila hasta que puedas vender". "No hemos contemplado el alquiler como un problema que preocupa a la sociedad ni como un cambio cultural sino como una medida para que los grandes poseedores de viviendas puedan hacer que circule ese activo inmobiliario que tienen", ha explicado Rossi.
La filosofía de las medidas está "muy bien enfocada", según Rossi. Sin embargo, "al que realmente le preocupa, al arrendador que ha hecho de sus ahorros un alquiler para poder garantizarse unas rentas, estas medidas no le van a llegar". "El verdadero problema está, no en los bancos que tienen muchas viviendas, si no en el particular que tiene su vivienda cerrada y ante la inseguridad jurídica no se decide a ponerla en alquiler". En alquiler, el propietario "tiene" que hacer una inversión inicial en la vivienda que va a sacar al mercado, pero "hay que entender que el coste de inversión le garantiza una inseguridad jurídica si el inquilino puede irse de la vivienda con un mes de antelación". Esa persona "necesitará un tiempo" para recapitalizar la inversión hecha con lo que "muchos propietarios querrán subir el alquiler de su vivienda" para poder amortizar el gasto que han hecho debido a la inseguridad del inquilino. Desde Alquiler Seguro apuestan porque las medidas estén "más" enfocadas al punto de la libre negociación de las partes. La asociación de consumidores, FACUA-Consumidores en Acción, ha tildado de "lamentable" y "contradictoria" la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) impulsada por el Gobierno y asegura que "no se fomentarán" los alquileres y sí "la especulación inmobiliaria". En un comunicado que recoge Servimedia, FACUA subraya que "el Gobierno pretende fomentar el alquiler igual que el empleo: facilitando que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones". De este modo, indica que los inquilinos "ya no podrán tener la tranquilidad" de que sus contratos de alquiler de vivienda puedan extenderse hasta un mínimo de cinco años, como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, sino sólo tres.

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Fuente: El Mundo

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cáceres, en una sentencia del 20 de marzo, ha condenado a Caja Extremadura a eliminar la cláusula suelo por abusiva de un contrato hipotecario. En concreto, la cláusula establecía que el cliente debía pagar, independientemente de la fluctuación del euríbor, un interés mínimo del 4,75% con un techo máximo del 12%. La sentencia asegura que hubo una “ausencia de información “por parte de la entidad y que la cláusula “no fue negociada individualmente” con el cliente. Por ello, entiende que la relación era “desequilibrada y perjudicial para el consumidor y en contra de los postulados de la buena fe”.

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Fuente: El Economista

Un informe del regulador bancario británico reconocía que la mitad de las hipotecas concedidas en 2007 y 2008 no habían verificado los ingresos del solicitante. Para acabar con estos excesos, armonizar el mercado hipotecario europeo y dotar de mayor seguridad al consumidor, el Parlamento Europeo prepara una directiva que debe estar aprobada este año. Los grupos parlamentarios negocian un texto que aún debe pasar por la Comisión y el Consejo.
El eurodiputado Antolín Sánchez Presedo es ponente de la directiva hipotecaria. Explica que “tiene tres objetivos: mejorar la integración de los mercados europeos, de la protección al consumidor y la inclusión financiera. A partir del primer trimestre del año empezará la negociación con el Consejo, aunque la presidencia danesa no lo ha incluido. Como pronto
estará aprobada a mediados de año y como tarde a finales”. Comenta que sus efectos prácticos sobre los ciudadanos españoles “se notará más en el futuro. La nueva norma ofrecerá soluciones para abordar crisis: un mercado flexible, que no imponga condiciones excesivas, que contemple la dación en pago cuando las partes están de acuerdo...”. Sobre ésta, dice que “yo quiero que se obligue a los Estados a regularla, pero siempre como acuerdo voluntario entre banco y cliente. Debe ser una opción, no una obligación. En un momento como este, de iliquidez de las entidades, promover más iliquidez podría agravar la situación. Queremos un mercado más eficiente y competitivo sin plantear problemas de estabilidad financiera”. Fuera de la norma queda la legislación de sobreendeudamiento familiar. Sánchez Presedo comenta: “pedimos a la Comisión que profundice en tres áreas: si debe existir un límite al crédito ligado a la evolución del crecimiento; si se debe separar la banca de depósitos de la de inversión; y el tratamiento de las instituciones altamente endeudadas y del sobreendeudamiento familiar. Hay políticas muy activas en Estados miembros que merecen un estudio profundo”. Una de las principales novedades del texto es el tiempo de reflexión obligatorio para los consumidores. Sobre su regulación señala que “la hipoteca es la decisión financiera más importante en la vida de una persona y debe ser meditada y con pleno conocimiento. Proponemos una mejor educación financiera, asesoramiento independiente y un periodo de 14 días de enfriamiento para la reflexión”. 

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Fuente:El País

Los notarios consideran que son necesarios numerosos cambios legales que beneficien a los consumidores y que eviten la entrada de muchos de los litigios en los tribunales. El vicepresidente del Consejo General del Notariado, Carlos Ollé, afirmó al referirse al sector inmobiliario, que son necesarias medidas legislativas que rescaten “este motor de nuestra economía”, la mayoría de ellas de orden económico, financiero, fiscal, jurídico y contractual.  
Se destaca la propuesta del notario Francisco Javier Gardeazábal para evitar las ejecuciones por falta de pago de los créditos hipotecarios y para no caer en la “controvertida dación en pago”. Plantea recuperar una vieja figura del Derecho Romano conocida como Pacto Marciano para evitar que el deudor, acuciado por la necesidad, ofrezca como garantía un bien de valor muy superior al del préstamo que recibe, con la posibilidad de perderlo en caso de incumplimiento de forma automática por la facultad de apropiación del acreedor. Mediante el Pacto Marciano se intenta evitar este riesgo, a través de una tasación que valore de forma justa la cosa (vivienda, valores, fondos, etc.) puesta como garantía. La medida se articula mediante la concesión de una opción de compra al acreedor. Si se produce el incumplimiento, el juego de la compensación permitirá al acreedor aplicar el importe de lo debido al pago del precio. Así, una vez determinado el valor justo de la cosa, el deudor tiene derecho a percibir la diferencia entre ese valor y el importe de la deuda. Se evita así el enriquecimiento injustificado del acreedor y se soslayan todos los inconvenientes del pacto comisorio (la apropiación por el acreedor). Esta última cantidad, señaló Gardeazábal, se pondrá a disposición del deudor o de sus acreedores posteriores, con lo que también se protege la posición de éstos. El Pacto Marciano debe ser expresamente pactado, en el momento de constitución de la hipoteca o después, y la tasación debe ser hecha por un tasador independiente. Además, se debe producir la extinción de las cargas posteriores al pacto, lo que supondría una normativa legal que expresamente la regulase. El acuerdo se realizaría mediante escritura pública entre la entidad acreedora, el deudor y el titular de la finca gravada con la hipoteca, o con un tercero designado mediante un poder irrevocable al constituirse el pacto.
El notario José Luis Martínez-Gil propuso la extensión de las subastas notariales voluntarias, pactadas en la escritura hipotecaria, con el procedimiento controlado por el notario, y el impulso a la figura del acta de depósito, en aquellos casos en que existen flecos pendientes de la compraventa acordada, cumplimiento de requisitos que pueden alterar el precio final o las discrepancias de los aspectos fiscales. El notario Manuel Ángel Rueda propuso una ley de armonización de las legislaciones autonómicas para unificar la clasificación del suelo, el planeamiento, el procedimiento de aprobación de los planes y su contenido, así como los procedimientos de designación del urbanizador y el constructor.

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Fuente: El Economista

La concesión de hipotecas a ciudadanos y negocios dentro de la Unión Europea dejará de depender exclusivamente de la voluntad de los bancos. El Parlamento y el Consejo europeos trabajan en la propuesta de una futura Directiva que contendrá las normas básicas para la concesión de préstamos destinados a la compra de vivienda y que servirá de guión a las entidades financieras y a los consumidores a la hora de firmar este tipo de contratos, protegiéndolos contra denegaciones arbitrarias de créditos. Se explica que con esta medida se intentará reabrir el crédito e incentivar de nuevo el desarrollo económico y, a la vez, evitar que se repitan los años de “crédito para todos”. La futura Directiva se basa en una consulta pública lanzada en 2009 por la Comisión Europea y, de momento, la propuesta, está en trámite de enmiendas. La propuesta pide, entre otras cuestiones, que se establezcan unos criterios claros y unificados para medir la solvencia del solicitante y, especialmente, que éste cuente con garantías como un periodo de reflexión para comparar ofertas o un derecho de reembolso anticipado de la hipoteca bajo ciertas condiciones que deberá fijar cada Estado.  

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Fuentes: El Economista

La ley de transparencia hipotecaria que anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, durante la pasada precampaña electoral ya está en marcha. El borrador de anteproyecto de ley prevé sancionar con multas que oscilan entre los 15.000 y los 600.000 euros, a las entidades financieras que no informen correctamente a los consumidores que contraten con ellas una hipoteca. Las infracciones que puede conllevar la sanción son, por ejemplo, no ofrecer suficiente información previa o que la oferta vinculante que hace el banco al consumidor no coincida con las condiciones que figuran en el contrato. El borrador recoge, entre otras cuestiones, la obligación de especificar si el contratante está dando como garantía la vivienda hipotecada y el resto de bienes del comprador o si la única garantía es la vivienda (dación en pago). El texto exige que esta información sea redactada de manera “transparente, clara, concreta y sencilla, utilizando el tamaño de letra apropiado para facilitar su lectura”. El banco deberá acreditar que entregó toda la información al consumidor antes de hacerle la oferta vinculante.  
Se recuerda que el Gobierno regional no tiene competencias para modificar la Ley Hipotecaria, pero sí en materia de consumo. Aguirre explicó que “queremos proteger los consumidores de modo que conozcan lo que están firmando”. La Comunidad enviará el borrador de la ley a los profesionales del sector (entidades, notarios, registradores, asociaciones de consumidores…) y el consejero de Economía se reunirá con ellos.  

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Fuente: El País, Cinco Días, El Economista

El presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, ha presentado a la Oficina Económica del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una propuesta de moratoria que paralice los procesos judiciales y los embargos hipotecarios. La iniciativa, que ha sido presentada bajo la forma de Real Decreto, pretende ser una solución "inmediata y efectiva" y va dirigida a todos aquellos deudores que, con independencia de las condiciones de su préstamo, "se encuentren en grado determinado de dificultades económicas". Según Adicae, el objetivo del Real Decreto es que los consumidores puedan "tomar aire sin que penda de un hilo la posibilidad de ser objeto de un proceso judicial, que además lo dejaría con una deuda de por vida". La asociación ha asegurado que esta medida no tiene "ni el mismo contenido, ni enfoque, ni finalidad" que la adoptada por el Gobierno en el año 2008. Para Adicae, esa moratoria ha sido "una mera carencia subvencionada, ya que muy pocas hipotecas han podido beneficiarse de ella". La organización ha indicado que, de los 6.000 millones de euros habilitados en la línea del ICO para dicha propuesta, "sólo se han utilizado 73, un 0,08% del total". El Real Decreto de Adicae va dirigido a los deudores que tengan contratado un préstamo o crédito hipotecario destinado a la adquisición de su vivienda habitual, concedido por entidades financieras y empresas por un importe de hasta 200.000 euros, ampliable hasta 300.000, por un periodo máximo de tres años. Este límite temporal podría ampliarse otros dos años "siempre que existan más posibilidades de recuperación económica de la unidad familiar y por tanto de cumplimiento de las obligaciones hipotecarias adquiridas", según reza el Real Decreto. El solicitante deberá haber incurrido en tres o más impagos de la cuota hipotecaria mensual y las causas deben guardar relación con situaciones de desempleo, reducción de la jornada laboral, enfermedad de larga duración o sostenimiento de personas dependientes. De igual forma, Adicae pretende que también se beneficien de la moratoria aquellos deudores contra los que ya se haya iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria y que no haya concluido.

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Fuente: La Vanguardia

El texto sobre la reforma concursal que se encuentra en el Congreso de los Diputados “desvela que no son las pequeñas empresas ni los consumidores los beneficiarios de la misma, sino la banca. Tanto en lo que atañe al sobreendeudamiento de particulares y que entronca con la creciente preocupación social sobre desahucios y dación en pago como en las refinanciaciones. En suma, el Ejecutivo revive la norma para presentarla como una ayuda a los más débiles cuando el texto plantea reformas tímidas que las entidades financieras han conseguido rebajar varios grados”. Se subraya que las empresas se tendrán que seguir yendo a Londres para refinanciarse con seguridad, como ya hicieran La Seda o la inmobiliaria Metrovacesa.  
El PP y CiU intentan incorporar el concurso de la persona física. El PSOE no puede apoyar esta vía, aunque algunas fuentes dan por seguro que lo hará en la próxima legislatura desde la oposición. Todo ello, se apunta, en un contexto en el que la banca tiene cerca de 400.000 viviendas con alguna cuota de morosidad. Y se acaba de publicar un informe de Oliver Wyman en el que se asegura que la dación en pago le costaría al sector 4.000 millones de euros. El sector teme que el ingente número de propiedades que acumula se incremente mientras su valoración baja. El razonamiento de la banca y de la consultora es que la profundización de la dación en pago tendría efectos contrarios a los esperados porque acabaría por cerrar el grifo del crédito.

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Fuente: Expansión

Juan Fernández-Aceytuno, director general de Sociedad de Tasación, con respecto a la dación en pago, comenta que "ahora, al pedir un préstamo, te pueden financiar el 80% del valor de tasación, pero si dices que sólo quieres la casa como garantía, el banco te dará el 50%. Entonces, si el consumidor pide más porcentaje de financiación, la entidad te pedirá una garantía personal y este es el modelo actual. Es dar una vuelta para volver al mismo sitio. A menos garantías, menos financiación. El banco se protegerá de la caída del valor de la vivienda, porque sabe que no tiene otro recurso. Tendríamos un sistema más complejo y más caro, porque habría que estructurar dos préstamos, para tener lo mismo que hay ahora”.
Fernández-Aceytuno asegura que "cuanto más libremente funcione el mercado, mejor. Las subvenciones lo que hacen es influenciar un mercado que ya de por sí funciona bien y en el caso de los incentivos fiscales, cualquiera que se introduzca se incorpora al día siguiente al precio de la vivienda. Al mercado hay que dejarlo sin influencias. Los políticos sí deberían
garantizar el alquiler protegido para sectores desfavorecidos”.   
Para fomentar el mercado de alquiler cree que “lo que hace falta es que la legislación de arrendamientos urbanos se cumpliera y que el desahucio y la ejecución fueran más rápidos de lo que son ahora. Hay muchas viviendas libres que se podrían poner en alquiler y no salen por inseguridad jurídica. Eso sería muy bueno para el mercado de la vivienda, porque presionaría
los precios a la baja. Cualquier medida que haga un mercado del alquiler más abierto, libre y homogéneo, mejor, y sería bueno para la vivienda. Actualmente se tarda mucho en la ejecución y por ello las sociedades profesionales que podrían poner vivienda en alquiler no se meten en esto”.

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Fuente: Expansión