Noticias sobre Ley de arrendamientos urbanos

Los órganos judiciales españoles practicaron en el año 2014 68.091 lanzamientos, lo que supone un aumento del 1,3 % con respecto a los 67.189 del año anterior.
Estos lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo vivienda y, en el caso de estas, no solo vivienda habitual. Más de la mitad (36.044 lanzamientos), el 52,9 %, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Otros 28.877, el 42,4 %, obedecieron a ejecuciones hipotecarias y los 3.170 restantes a otras causas.
En relación con los datos de 2013, los lanzamientos acordados en procedimientos regulados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 5,5 %; mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 11,8 %.
 

El Gobierno quiere incentivar el alquiler de vivienda para que España se acerque a los estándares europeos. Para ello, baraja agilizar más los procesos de desahucio de los inquilinos morosos reformando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El sector se queja de que los propietarios tardan entre 8 y 14 meses en recuperar sus casas tras los impagos, lo que es un lastre para que más caseros opten por arrendar. El parque de viviendas en alquiler en España representa el 17% del total, frente a un promedio de entre el 30% y el 40% en la Unión Europea.
Las empresas que intermedian en este mercado demandan más medios humanos y una reserva de juzgados especializados en estos asuntos para poder hacer efectiva esa agilización del desalojo.
Las mejoras que quiere realizar el Ejecutivo vendrán por el establecimiento de plazos más cortos y estrictos para poder desalojar a los inquilinos morosos y de medidas que hagan que los tiempos puedan cumplirse. Se descarta introducir más incentivos fiscales al alquiler.
 

Cada vez son más visibles los de familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler. Según datos del Consejo del Poder Judicial en el primer trimestre de este año, en Cataluña se realizaron 4.276 desahucios, 2.722 de ellos por procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que supone un 63% del total.
Las cifras ratifican la tendencia de 2013, cuando según los datos de los juzgados de primera instancia catalanes se realizaron 16.008 desahucios, 10.817 de ellos por alquileres (67% del total).
En la provincia de Barcelona el año pasado se realizaron más de 11.000 desahucios, según las cifras oficiales. Y el 90% corresponde a inquilinos que no pueden pagar sus alquileres.
El Ayuntamiento de Barcelona inició en octubre de 2012 el programa específico de alquileres, a través de las Oficinas de Vivienda, y en este tiempo se han realizado 276 mediaciones. “En unas 130 (el 55%) hemos evitado que el inquilino se vaya a la calle, en otras 100 no se ha podido llegar a un acuerdo y los otros casos siguen abiertos”, asegura el gerente adjunto de Vivienda.
Si bien el centro de la negociación es la capacidad de pago, hay otros factores. “Todo depende mucho de la relación que haya entre las partes —confiesa Sorolla—, pues la práctica demuestra que el casero prefiere mantener a un inquilino si está contento con él”.
 

La directora general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento, Pilar Martínez, avanzó las próximas reformas legislativas que llevará a cabo su departamento para recuperar a la construcción como uno de los motores de la actividad. Distintos altos cargos del Gobierno admiten en privado que, al igual que ha pasado con las autopistas sin coches y los aeropuertos sin un solo avión, no se puede seguir apostando por más desarrollos alejados de los centros de las ciudades ni seguir despreciando los cascos históricos de los municipios por una razón bien sencilla. Y es que llevar los suministros básicos o las líneas de autobús a esos desarrollos es carísimo y no hay dinero. Sin obra civil ni nuevas promociones, no queda otra que conservar el parque inmobiliario existente y adecuarlo a las nuevas exigencias de calidad para hacer las ciudades más agradables a sus habitantes. La construcción de viviendas ha muerto, ahora toca rehabilitar, proclaman los expertos. El Gobierno defiende que este subsector de la construcción tiene todo para convertirse en un motor de crecimiento y, sobre todo, puede ser clave para recuperar el empleo.
Para que se produzca ese relevo de más rehabilitación en lugar de nuevas promociones, los expertos ven imprescindible una regulación completamente diferente, financiación y concertación de todas las administraciones implicadas. La directora general de Arquitectura y Vivienda garantizó que habrá nuevo marco regulatorio. Habrá hasta una nueva definición de qué es rehabilitar. Está previsto adecuar leyes tan importantes como la de Suelo o la de Economía Sostenible, Ordenación de la Edificación o la de Arrendamientos Urbanos a un nuevo escenario cuyo objetivo esencial será potenciar los procesos integrales de rehabilitación y recuperar los barrios degradados. La palabra más repetida a lo largo de toda la jornada fue financiación. A la pregunta de ¿y esto quién lo paga?, es evidente que tendrán que ser los propietarios de los inmuebles, pero los asistentes también coincidieron en que deberán articularse fórmulas que reduzcan al mínimo el coste para los particulares, para las arcas públicas y, por contra, ofrezcan rentabilidades atractivas para que entre el capital privado.

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Fuente: Cinco Días

El importante paquete de medidas anunciado por el Gobierno para despertar el mercado del alquiler en España no parece crear demasiado optimismo en el sector profesionalizado, ni en los consumidores, ni en Izquierda Unida (IU). La compañía Alquiler Seguro ha calificado la reforma de "insuficiente", FACUA cree que "fomenta la especulación inmobiliaria" e IU denuncia que se queda muy corta. El presidente de Alquiler Seguro, Gustavo Rossi, como informa Europa Press, "aplaude" las medidas "en cuanto a la filosofía de las mismas", aunque las consideran "insuficientes" para la realidad que impera en el mercado. Desde Alquiler Seguro matizan que las medidas son medidas coyunturales, un "alquila hasta que puedas vender". "No hemos contemplado el alquiler como un problema que preocupa a la sociedad ni como un cambio cultural sino como una medida para que los grandes poseedores de viviendas puedan hacer que circule ese activo inmobiliario que tienen", ha explicado Rossi.
La filosofía de las medidas está "muy bien enfocada", según Rossi. Sin embargo, "al que realmente le preocupa, al arrendador que ha hecho de sus ahorros un alquiler para poder garantizarse unas rentas, estas medidas no le van a llegar". "El verdadero problema está, no en los bancos que tienen muchas viviendas, si no en el particular que tiene su vivienda cerrada y ante la inseguridad jurídica no se decide a ponerla en alquiler". En alquiler, el propietario "tiene" que hacer una inversión inicial en la vivienda que va a sacar al mercado, pero "hay que entender que el coste de inversión le garantiza una inseguridad jurídica si el inquilino puede irse de la vivienda con un mes de antelación". Esa persona "necesitará un tiempo" para recapitalizar la inversión hecha con lo que "muchos propietarios querrán subir el alquiler de su vivienda" para poder amortizar el gasto que han hecho debido a la inseguridad del inquilino. Desde Alquiler Seguro apuestan porque las medidas estén "más" enfocadas al punto de la libre negociación de las partes. La asociación de consumidores, FACUA-Consumidores en Acción, ha tildado de "lamentable" y "contradictoria" la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) impulsada por el Gobierno y asegura que "no se fomentarán" los alquileres y sí "la especulación inmobiliaria". En un comunicado que recoge Servimedia, FACUA subraya que "el Gobierno pretende fomentar el alquiler igual que el empleo: facilitando que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones". De este modo, indica que los inquilinos "ya no podrán tener la tranquilidad" de que sus contratos de alquiler de vivienda puedan extenderse hasta un mínimo de cinco años, como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, sino sólo tres.

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Fuente: El Mundo

En los programas electorales ante las elecciones del 20-N todos los partidos políticos hacen referencia directa o indirecta a la dación en pago y buscan una mejor salida para el excedente de pisos sin vender. El alquiler se perfila como una alternativa ante la falta de crédito para la compra y en esta materia el PP promete seguridad jurídica a los contratos de alquiler agilizar los procedimientos de resolución de conflictos y una fiscalidad de la vivienda adecuada. El PSOE apuesta por la coordinación de actuaciones de la Sociedad Pública de Alquiler con las comunidades autónomas. IU plantea incrementar el IBI en un 100% para los pisos vacios y expropiar las viviendas desocupadas, así como la creación de un parque público de viviendas en alquiler con el stock de banca y promotores. Por su parte, UPyD propone revisar la Ley de Arrendamientos Urbanos, aumentando las obligaciones y las garantías de las partes intervinientes y estimular fiscalmente la iniciativa privada para que desarrolle viviendas en régimen de alquiler.

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Fuente: La Gaceta