Noticias sobre Ejecución

Los bancos cotizados lograron en el año 2014 reducir por primera vez el volumen de activos problemáticos del ladrillo, según los datos que han incluido en sus informes anuales.
Los siete bancos que forman parte del índice Ibex 35 (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell, Popular y Bankinter) cerraron el pasado ejercicio con un total de 125.000 millones entre créditos morosos y subestándar a promotores más pisos, solares y otros activos inmobiliarios que se han quedado por impago. Lo que supone 7.000 millones menos que un año antes. Se trata de las cifras brutas. Si se considera el volumen de provisiones, el riesgo tóxico aún no cubierto ha bajado a algo menos de 65.000 millones, con una reducción de unos 4.000 millones en un año.
La reducción de los activos tóxicos responde exclusivamente al crédito, los activos inmobiliarios en manos de los bancos (pisos, promociones, suelo y participaciones en inmobiliarias) siguen aumentando a pesar de que las entidades también han aumentado las ventas. Los bancos aún embargan, ejecutan o reciben mediante dación en pago más inmuebles de los que logran vender.
 

El Gobierno incluyó en el real decreto‐ley aprobado el pasado 4 de julio una exención tributaria en los supuestos de daciones en pago y ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales ya que era un contrasentido el hecho de que un contribuyente que hubiera perdido su vivienda por impago en términos fiscales tuviera una ganancia patrimonial.
Un contribuyente que no fuera capaz de pagar las cuotas hipotecarias se enfrentaba a una ejecución o, en algunos casos, negociaba una dación en pago, es decir, el contribuyente saldaba la deuda con su entidad financiera a cambio de la vivienda y de ese trámite derivaba una ganancia patrimonial. Con la ley vigente hasta el 4 de julio esto suponía pagar a Hacienda por el supuesto beneficio fiscal.
Con el cambio normativo incluido en el real decreto‐ley la plusvalía derivada de la dación en pago quedará totalmente exenta. Lo mismo sucederá si el beneficio procede de una ejecución hipotecaria. Esta exención está limitada a la vivienda habitual y será aplicable siempre y cuando el contribuyente no disponga de otros bienes para afrontar el pago de la totalidad de la deuda. Esta nueva normativa tiene efectos retroactivos a partir de enero de 2014 y los ejercicios anteriores no prescritos. Lo cual significa que si un contribuyente ya asumió a partir del ejercicio de 2010 la tributación por una dación en pago que generó una plusvalía, podrá reclamar a Hacienda que le devuelva el dinero ya pagado. Esta misma medida se aplicará en el caso del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, tributo recaudado por los ayuntamientos en función del incremento del valor catastral.
 

El Fondo Social de Viviendas (FSV) amplía su ámbito de aplicación para acoger a más supuestos de vulnerabilidad social y las personas prejubiladas o jubiladas que hayan avalado las deudas de hijos o nietos podrán solicitar una vivienda de este Fondo. El Fondo Social de Vivienda está destinado a quienes, como consecuencia de un desahucio, han perdido su vivienda a partir del 1 de enero de 2008. En el primer año de aplicación, 2013, se recibieron 1.537 solicitudes y se adjudicaron 780 viviendas.
Tras las últimas modificaciones, se permitirá que se queden en la vivienda quienes la hayan perdido por una ejecución forzosa y tras haber sido adjudicada y, en casos de dación en pago, a cambio de un alquiler reducido. La renta oscilaría entre 150 y 400 euros al mes o por debajo en circunstancias especiales, tal como está previsto en el Convenio del Fondo Social de Viviendas, creado en enero de 2013 y que cuenta con 6.000 viviendas de 33 entidades financieras. A partir de ahora también se tendrá en cuenta a las unidades familiares con hijos menores de edad, y no solo los de menos de tres años. También a las personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los Servicios Sociales competentes, “un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía”. Se siguen manteniendo los requisitos anteriores como son la situación de desempleo y sin prestaciones económicas, familias monoparentales, familias numerosas o aquellas con víctimas de violencia de género.

La banca aceleró los desahucios en la primera mitad de 2013, según los datos que publicados por el Banco de España y que, por primera vez, proceden de un cómputo estricto de las ejecuciones lanzadas desde las entidades. El retrato del supervisor revela que 35.098 familias se quedaron sin casa entre enero y junio del pasado año al no poder pagar la hipoteca. A partir de estas cifras, el organismo que dirige Luis María Linde afirma que todo "apunta a un crecimiento en comparación con 2012" coincidiendo con el auge del movimiento social contra los desalojos y la remisión al Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago. Tampoco la pretendida consolidación del código de buenas prácticas del Ministerio de Economía tuvo éxito en su objetivo de atajar uno de los graves problemas que ha dejado la crisis tras de sí.

Del total de casas que pasaron a manos de la banca en este periodo, cuatro de cada cinco (28.170) correspondieron a la vivienda principal, según la estadística del Banco de España y que procede de anotaciones realizadas por las propias entidades. La cifra indica que en solo medio año se han superado más del 70% de las entregas de primera residencia de 2012. En cuanto a la situación del inmueble, la banca asegura que prácticamente todas -el 96%- estaban vacías en el momento del embargo.

Sobre las daciones en pago, el Banco de España suma 11.348 entregas de la vivienda a cambio de saldar la deuda, lo que equivale al 32,3% del total de desahucios. La cifra se sitúa por debajo del porcentaje del 35,7% de 2012, aunque aquellos datos se calcularon a partir de una encuesta, por lo que no son tan fiables como el balance publicado ahora.

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Fuente: El País

El Colegio de Registradores de la Propiedad ha realizado un estudio en el que se concluye que los bancos iniciaron el año pasado 65.778 certificaciones de ejecución, de los cuales el 74,76% correspondieron a primera vivienda. En cuanto al destino final de los inmuebles, la banca se quedó con 38.976 viviendas por adjudicaciones en el marco de los procedimientos de ejecución hipotecaria. De este total, el 77% de inmuebles adjudicados fueron primera vivienda, lo que arroja una cifra de 30.011 familias que efectivamente perdieron su hogar. “Se trata de un dato sin duda significativo debido a que la pérdida de la primera vivienda tiene un impacto social muy superior a la segunda residencia u otro tipo de fincas”, subraya la nota de prensa del Colegio de Registradores.
La comparación del número de adjudicaciones (38.976) con la cifra de certificaciones por inicio de ejecuciones (65.778) muestra, según el estudio, la evolución actual en el paso de una situación a otra. Ambas no tienen por qué estar vinculadas automáticamente, ya que las adjudicaciones suponen una fase posterior antes de la cual deudor y entidad bancaria pueden alcanzar un acuerdo previo. Aunque, como reconoce el propio Colegio de Registradores, la adjudicación es un desenlace bastante frecuente tras el inicio del proceso de ejecución que se produce con la certificación registral.
Las cifras más utilizadas hasta ahora en el marco del debate sobre los desahucios eran las publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que había dado la cifra de 91.622 ejecuciones hipotecarias en su memoria de 2012. Pero no desglosaba ese total según el uso destinado a los inmuebles, metiendo en el mismo saco las ejecuciones de locales comerciales, oficinas, garajes y primera vivienda. El Colegio de Registradores decidió en febrero realizar una encuesta a todas sus oficinas con el objetivo expreso de “aportar información objetiva, en números, que contribuya y dé solidez al debate social sobre los lanzamientos de viviendas”. El colegio ha recibido respuesta de 934 oficinas, el 85% del total. El número de adjudicaciones sobre primera vivienda que se desprende del estudio (30.011 casos) contrasta con los datos aportados por el Gobierno a finales de 2012. Tras consultar con las entidades bancarias, Economía sitúo el número de desalojos de primera vivienda en una franja de entre 4.000 y 15.000 durante los últimos cuatro años.

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Fuente: Cinco Días

El calificativo “vulnerable“ que empleó el ministro de Economía, Luis de Guindos, hace poco menos de cuatro meses, para agrupar a las familias desahuciadas o incapaces de seguir pagando una hipoteca y que podían beneficiarse de un alquiler social tendrá nuevas acepciones. El Gobierno decidió flexibilizar las condiciones que debe cumplir una familia para acogerse a ese alquiler social. El plan pasa ahora por no limitar a un periodo concreto la ejecución hipotecaria y el desalojo de las familias interesadas en solicitar un alquiler social, además de mejorar las condiciones del arrendamiento, según aseguraron fuentes cercanas al Ministerio de Economía.
Cualquier familia podrá recurrir a este tipo de alquiler, con independencia de que haya sido desahuciada antes del 1 de enero de 2008, que fue la fecha fijada por el Gobierno como primera condición para acceder a un alquiler social. Es más, modificará el límite máximo de dinero que una familia puede dedicar al pago del arrendamiento. El Consejo de Ministros estableció un máximo del 30% de la renta familiar a destinar al alquiler. Ahora, ese porcentaje podrá ser mayor, lo que facilitará el acceso a una vivienda en función de las necesidades de la familia. El alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros, y la duración del contrato de arrendamiento será de dos años. Lo que no cambiará es que las familias que se pueden acoger a este tipo de alquiler serán aquellas cuya vivienda afectada por un desalojo sea la única en propiedad que poseen. Sus ingresos, en conjunto, no podrán ser de más de 1.597 euros al mes ‐19.164 euros anuales‐ y la carga que supone la hipoteca debe haber crecido, al menos, un 1,5% desde 2008.
La decisión de flexibilizar las condiciones de acceso al Fondo Social de Viviendas llega después de que el pasado 31 de marzo concluyera el primer plazo para solicitar una casa. Fuentes financieras reconocieron que “la iniciativa del Gobierno fue un fracaso”. Los bancos apenas recibieron solicitudes, en relación al número de viviendas que destinaron al fondo social. Así, el Popular sólo registró tres solicitudes frente a los 336 inmuebles que ofreció al Gobierno. Sabadell recibió 31 de las 250 viviendas que cedió al fondo. BBVA no llegó a registrar ni un 3% de solicitudes de los 899 inmuebles aportados. Y Bankinter no recibió ninguna, pese a ofrecer 56 viviendas. Por su parte, CaixaBank aportó al fondo cerca de 900 viviendas y el Santander, 590, pero el interés por parte del ciudadano, en ambos casos, fue mínimo. Solo Bankia registró un mayor número de solicitudes. Un total de 326 frente a las 1.000 viviendas cedidas al fondo. Fuentes financieras apuntan que el fracaso se debió a una desinformación por parte de las familias ante la nula campaña que ha hecho el Gobierno. A esto se suma el hecho de que “los bancos tienen mejores condiciones de alquiler” que las impuestas por el Ejecutivo.

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Fuente:El Mundo

Las ejecuciones hipotecarias iniciadas por los órganos judiciales españoles han crecido un 368,7% entre 2008‐2012, en comparación con las registradas entre 2003 y 2007, de forma que se han multiplicado por más de cuatro y han registrado un aumento medio anual de un 73,7%, según la memoria estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, para las ejecuciones resueltas, el incremento fue del 199,5%, con media anual del 39,9%, mientras que para las que quedaron en trámite al final del periodo el incremento en los cinco años fue del 482,9%, un 96,6% anual.
El número de los lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos fue de 70.257 en 2012, un 13,1% más que en 2011. De estos, terminaron con cumplimento positivo 46.408, un 13,9% más que en 2011. El 20,3% de las ejecuciones hipotecarias se hizo en Cataluña; el 19,6% en Andalucía; el 17,6% en la Comunidad Valenciana, y el 10,1% en Madrid. El número de las ejecuciones hipotecarias que estaban en trámite en los juzgados españoles al final de 2012 fue de 198.116. De ellas, el 21% corresponde a Andalucía, a la que siguen Cataluña (20,7%), Comunidad Valenciana (15,9%) y Madrid (10,8%). El CGPJ recuerda que los lanzamientos pueden afectar a muy distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y que el que se soliciten a un servicio común no significa que éste lo haya podido ejecutar. Asimismo, señala que no en todos los partidos judiciales hay ese tipo de servicios comunes, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no los valores absolutos reales.

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Fuente: Expansión, Cinco Días, El Economista, El País, ABC, La Razón, La Vanguardia

El Grupo Popular reconoce que está dispuesto a arrastrar las consecuencias de su rechazo a aceptar la dación en pago con carácter universal y retroactiva como forma de saldar la deuda de quien no pueda pagar la hipoteca. “Ni ahora ni en la tramitación parlamentaria” la aceptarán, precisan fuentes gubernamentales, una vez que han presentado sus enmiendas a la iniciativa legislativa popular (ILP). La ponencia para empezar la tramitación de la ley se convocará después de Semana Santa y ya se prevé el desacuerdo, toda vez que el resto de los grupos parlamentarios sí aceptan los puntos básicos de la ILP. Estos puntos son, además de la dación en pago universal como forma de saldar la deuda, la paralización de la ejecución de los desahucios o lanzamientos y la creación de un parque de viviendas de alquiler social para los afectados por el impago de hipotecas. Entre el Congreso y el Senado, la tramitación de la futura ley se demorará durante abril y parte de mayo en sede parlamentaria y entrará en vigor antes del verano.

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Fuente: El País

Cerca de 45.000 procedimientos de desahucio se podrían frenar gracias a la sentencia que dictó la justicia europea. Así lo revela el mapa hipotecario actual, en el que circulan en torno a nueve millones de hipotecas ‐un volumen de crédito de 876.724 millones de euros, según el último informe de la Asociación Hipotecaria Española‐, de las cuales entre un 0,4% y un 0,5% se convierten en ejecuciones, según los cálculos realizados a partir de datos facilitados por fuentes financieras.
Los únicos datos públicos oficiales acerca de ejecuciones hipotecarias se encuentran en el Consejo General del Poder Judicial. Este organismo advirtió un total de 48.192 procedimientos en el primer semestre de 2012 ‐última cifra disponible‐, pero con la salvedad de que se trata de ejecuciones que incluyen desde la primera vivienda hasta un local comercial u otro tipo de activo inmobiliario.

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Fuente: El Mundo

El Gobierno permitirá rescatar los ahorros acumulados en un fondo de pensiones para evitar un desahucio. Así se contempla en una de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, en trámite parlamentario. PP, CiU y PNV sacarán adelante la reforma.
La modificación ‐que a su vez afecta a la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones de 2002‐ propone como “excepción” que durante los próximos dos años la persona afectada por un desahucio pueda acceder al dinero depositado en un plan de pensiones para evitar la enajenación de su vivienda. En estos momentos la ley permite rescatar estos fondos solo en los supuestos de jubilación, enfermedad grave o incapacidad y desempleo siempre y cuando se hayan agotado previamente todas las prestaciones. La nueva opción se limita a casos extremos en los que el participe del fondo de pensiones “no disponga de otros bienes, derechos o rentas en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda objeto de la ejecución”. La enmienda también contempla otros productos financieros similares como los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social. El dinero en el plan de pensiones debe ser suficiente para evitar el desalojo.
Otra enmienda propone que el Banco de España realice un informe en los tres meses posteriores a la aprobación de la Ley con “recomendaciones” para mejorar en la independencia de las tasadoras. Y otra de las enmiendas tiene como objetivo permitir el acceso de más agentes a las subastas de los activos ejecutados y evitar una reducción drástica de su valor en caso de que la primera puja quede desierta.

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Fuente: El Mundo, El País, La Gaceta