Noticias sobre Facua

El importante paquete de medidas anunciado por el Gobierno para despertar el mercado del alquiler en España no parece crear demasiado optimismo en el sector profesionalizado, ni en los consumidores, ni en Izquierda Unida (IU). La compañía Alquiler Seguro ha calificado la reforma de "insuficiente", FACUA cree que "fomenta la especulación inmobiliaria" e IU denuncia que se queda muy corta. El presidente de Alquiler Seguro, Gustavo Rossi, como informa Europa Press, "aplaude" las medidas "en cuanto a la filosofía de las mismas", aunque las consideran "insuficientes" para la realidad que impera en el mercado. Desde Alquiler Seguro matizan que las medidas son medidas coyunturales, un "alquila hasta que puedas vender". "No hemos contemplado el alquiler como un problema que preocupa a la sociedad ni como un cambio cultural sino como una medida para que los grandes poseedores de viviendas puedan hacer que circule ese activo inmobiliario que tienen", ha explicado Rossi.
La filosofía de las medidas está "muy bien enfocada", según Rossi. Sin embargo, "al que realmente le preocupa, al arrendador que ha hecho de sus ahorros un alquiler para poder garantizarse unas rentas, estas medidas no le van a llegar". "El verdadero problema está, no en los bancos que tienen muchas viviendas, si no en el particular que tiene su vivienda cerrada y ante la inseguridad jurídica no se decide a ponerla en alquiler". En alquiler, el propietario "tiene" que hacer una inversión inicial en la vivienda que va a sacar al mercado, pero "hay que entender que el coste de inversión le garantiza una inseguridad jurídica si el inquilino puede irse de la vivienda con un mes de antelación". Esa persona "necesitará un tiempo" para recapitalizar la inversión hecha con lo que "muchos propietarios querrán subir el alquiler de su vivienda" para poder amortizar el gasto que han hecho debido a la inseguridad del inquilino. Desde Alquiler Seguro apuestan porque las medidas estén "más" enfocadas al punto de la libre negociación de las partes. La asociación de consumidores, FACUA-Consumidores en Acción, ha tildado de "lamentable" y "contradictoria" la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) impulsada por el Gobierno y asegura que "no se fomentarán" los alquileres y sí "la especulación inmobiliaria". En un comunicado que recoge Servimedia, FACUA subraya que "el Gobierno pretende fomentar el alquiler igual que el empleo: facilitando que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones". De este modo, indica que los inquilinos "ya no podrán tener la tranquilidad" de que sus contratos de alquiler de vivienda puedan extenderse hasta un mínimo de cinco años, como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, sino sólo tres.

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Fuente: El Mundo

La Asociación de usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha advertido en un comunicado que el anuncio del Santander de aplicar una moratoria de tres años sobre el capital de la hipoteca a parados y trabajadores autónomos y particulares que hayan visto disminuidos sus ingresos en un 25% "puede aliviar algo a algunos de sus clientes, pero aumentará los beneficios de la entidad al retrasar el plazo de pago de la hipoteca de ese capital con intereses". Según la asociación, con esta "maniobra engañosa que aumentará la carga de los hipotecados en su beneficio", la banca "quiere despistar sobre soluciones tan claras como la moratoria de embargos hipotecarios o la dación en pago". "Nada ha dicho el Santander sobre los miles de hipotecas que ha ejecutado y las viviendas que ha embargado ya a pesar de exhibir impúdicamente esos enormes beneficios de 3.501 millones de euros en el primer semestre de 2011", concluye Adicae. Por su parte, Facua también ha calificado de "operación ventajosa" para el Santander el anuncio realizado por el banco. "Es una maniobra del Santander para hacer un lavado de imagen, pero en realidad la oferta no supone ninguna ventaja, ya que en verdad generará más intereses", afirmó el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, en declaraciones a Europa Press. Así, Sánchez, que consideró que se trata de una "operación ventajosa" para el banco, ya que se garantiza el pago de la hipoteca y evita el riesgo de impago, pidió además la aplicación por parte del banco de otro tipo de medidas, como la aplicación de una rebaja en los tipos de interés. La iniciativa anunciada por el Santander se aplicará a partir del próximo mes de agosto con el fin de aliviar las dificultades de determinados segmentos de población a la hora de hacer frente al pago de su hipoteca en el actual contexto de crisis económica.

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Fuente: La Vanguardia

Sentencias contradictorias han abierto el debate sobre un modelo que obliga a seguir pagando la deuda tras el embargo de la vivienda. En este reportaje se comenta que existen infinidad de cambios posibles, aunque el más drástico sería aprobar la dación de la vivienda como pago único para eximir de más responsabilidades. Desde la Asociación Hipotecaria de España (AHE) exponen que una modificación de este calibre endurecería las condiciones bajo las que se permite firmar una hipoteca. Podrían rebajar, por ejemplo, el porcentaje del coste que ayudan a sufragar. El argumento principal, no obstante, es que ante el riesgo de salir perdiendo si el precio de la vivienda cae, la banca exigiría más dinero y mayores garantías para conceder un crédito sobre un inmueble. “El valor del mercado se ha devaluado porque fue la propia banca quien lo hinchó durante muchos años para así ir firmando hipotecas cada vez más caras”, responde Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua. “En cuanto a que las condiciones se endurecerían si bastara con entregar la casa para saldar la hipoteca, eso es como cuando se obligó a las operadoras de telefonía a cobrar por fracción, en lugar de embolsarse minutos completos. Decían que tendrían que subir las tarifas. Pero no es que sea más caro, es que se habían acostumbrado a ganar dinero de más a costa de sus clientes". Existen, por otra parte, cambios en el reglamento menos drásticos, que podrían equilibrar el sistema. Uno de los aspectos diferenciales del modelo español es el que se produce al subastar los pisos de quienes no pueden hacer frente a los pagos de las cuotas. Si la subasta queda desierta, algo que según fuentes del mercado ocurre frecuentemente en esta crisis, el banco acreedor tiene derecho a adjudicarse la casa “desde el 50% del valor” de su tasación original. El “desde” resulta simbólico, explican los expertos, pues nadie paga más del mínimo exigido. Será esta cifra, y no el valor actual de inmueble, la que se descuente de la deuda del cliente antes de seguir reclamándole nuevos pagos. El escenario resulta extremo, teniendo en cuenta que el descenso medio de las viviendas en España ha sido de entre el 13% y el 20%, lejos del 50% que se impone en este procedimiento. Una nueva tasación del inmueble y la aceptación del 100% del valor a la hora de descontar la deuda podría resultar más apropiado. Esta es una de las tesis defendidas por la Audiencia de Navarra en su sentencia a favor del cliente. En el Colegio de Registradores recuerdan, además, que el banco puede vender los inmuebles más tarde a un precio superior, incluso superando el total del crédito pendiente, y aun así, seguir exigiendo la deuda al ejecutado. Supervisar estas operaciones, o elevar el precio mínimo de adjudicación del 50% al 75% del precio escriturado, son otras de las alternativas a estudiar.
Una posibilidad más sería facilitar la entrada de nuevos pujantes a las subastas de inmuebles embargados. “Para acudir a ellas hay que consignar un 30% del valor de tasación original. Una solución sería bajar este porcentaje para que el simple hecho de intervenir en una subasta no fuera tan costoso”, expone Daniel Jiménez, director del departamento de Derecho Procesal y de arbitraje del bufete de abogados Ashurst. Desde UGT, además de pedir que se estudie la dación en pago, y un alquiler ventajoso para el desahuciado, reclaman la creación de un organismo mediador que arbitre entre la entidad y el cliente para permitir una negociación previa e impedir la subasta directa del inmueble.

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Fuente: Cinco Días