Noticias sobre Asociaciones de consumidores

Cuando se puso en marcha la posibilidad de incluir la cláusula suelo en las hipotecas, nada hacía pensar que los tipos cayeran a los niveles actuales. Las asociaciones de consumidores empezaron a denunciar que muchos clientes desconocían la existencia del suelo en sus hipotecas. Varias sentencias les han dado la razón, por considerarlas abusivas. Pero no siempre. De hecho, era, y es, una práctica totalmente legal, incluso recomendada por el propio Banco de España y por diversas comunidades de expertos, que así lo aconsejaron en su momento. Desde el punto de vista de la gestión financiera, el establecimiento de un suelo ha merecido los elogios de analistas, que recuerdan que “protege el margen financiero en periodos de tipos bajos como los actuales”. La banca española se siente contrariada por el hecho de que ahora desde todos los frentes les lluevan las críticas cuando en su momento fue considerada por muchos como “adecuada”. Facilitaba el acceso al cliente a hipotecas más baratas, referenciadas a interés variable y suponía prudencia para el gestor bancario que no perdería más de lo que le cuesta prestar una cantidad de dinero. La banca española insiste en recordar que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo no las declara ilegales. Y defienden que tienen su utilidad para evitar que la cuota hipotecaria se vea afectada por la volatilidad de los tipos de interés. “No se ha valorado, ni por parte del Tribunal ni por la sociedad, que es un mecanismo para evitar una vulnerabilidad indeseada de los tipos de interés”, explica el presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín. “Es un producto claramente beneficioso para la sociedad, para el prestatario, para la estabilidad financiera y para todos”, dice.
Ya al principio de la crisis el Senado encargó al Banco de España un informe sobre las cláusulas. El documento del supervisor, publicado en 2010, defendía esa teoría. “Lo que dice el Supremo no es que la cláusula suelo sea mala, sino que su comercialización fue mala. No sé como un producto que es positivo se ha convertido en un producto tóxico”, lamenta Martín, recordando que el fallo del Alto Tribunal anuló solo las cláusulas suelo que incluían BBVA, Novagalicia y Cajamar en los casos en que no se informó adecuada y claramente de su existencia al cliente. Y es que hace años, era frecuente pactar una cláusula suelo ‐que habitualmente se ubicaba entre un 2% y un 3% más el diferencial‐ añadida a las condiciones, para limitar el interés mínimo a pagar por el prestatario ante una eventual caída del índice de referencia, y a cambio de establecer también un tope máximo. Esta práctica fue abandonada a partir de una resolución del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, del 30 de septiembre del 2010. La sentencia declaraba nula, por primera vez, la cláusula suelo, lo que hizo que muchas entidades la expulsaran de los contratos.

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Fuente: ABC

El decreto ley aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios concederá dos años de respiro para determinados colectivos ‐familias vulnerables con rentas bajas‐ pero no protege al grueso de los potenciales afectados. A continuación se enumeran los pasos a seguir para eludir o retrasar el desahucio hipotecario, basada en las alternativas ofrecidas por la banca, el Gobierno o las asociaciones de abogados y consumidores.  
El primer paso es siempre tratar el problema con la entidad que ha concedido la hipoteca. La comunicación debe ser fluida e iniciarse en cuanto hay apuros para afrontar uno o dos pagos de la cuota, ya que los problemas suelen ir incrementándose con el tiempo. Las entidades han puesto en marcha planes de renegociación que incluyen aplazamientos, modificación de las condiciones o conversión del contrato en alquileres sociales.  
Existen determinados colectivos a los que las entidades firmantes del código de buenas prácticas para la banca, prácticamente todas, están obligadas a flexibilizarles la deuda hipotecaria. Son aquellas familias con todos sus miembros en el paro, para las que el pago de las cuotas hipotecarias supere el 60% del conjunto de sus ingresos ‐aunque sean prestaciones por desempleo‐  y en las que la hipoteca esté concedida sobre su única residencia, no superando esta los  120.000 euros en pequeñas poblaciones o los 200.000 en grandes ciudades. Si se forma parte de este grupo hay que acreditarlo ante la entidad, quién en el plazo de un mes deberá presentar un plan de refinanciación que incluye un periodo de carencia de cuatro años sobre el pago del capital y un límite de Euribor más 0,25 en los intereses. Si aun así no es posible hacer frente a la deuda, la entidad podrá ofrecer una quita y, en última instancia, saldar la deuda con la entrega de la vivienda y permitir que la familia siga residiendo en ella bajo un alquiler social durante dos años.
Para quienes queden fuera del umbral de protección del código se ha introducido el paraguas del decreto antidesahucios, que paraliza durante 24 meses el desalojo de familias numerosas, monoparentales con hijos, parados sin prestación o discapacitados siempre que cobren menos de 19.200 euros anuales y cuya cuota hipotecaria sea el 50% de sus ingresos.  
Para el resto de afectados que no estén protegidos, la asociación de consumidores Ceaccu ha ideado una estrategia legal que permite aplazar el desahucio entre tres y 10 años. Se trata de “darle la vuelta a la tortilla” y que “el afectado que era la víctima del banco, pase a ser su verdugo tomando la iniciativa judicial”, resume el responsable del departamento jurídico de Ceaccu, Eugenio Ribón. Una vez que el banco acude al juzgado de primera instancia para reclamar la ejecución de desalojo, el procedimiento consiste en demandar al banco por las cláusulas abusivas del contrato hipotecario, lo que debe hacerse en el juzgado de lo mercantil.  
Una vez presentada la querella ante el juzgado de lo mercantil, hay que acudir con copia sellada al de primera instancia en el que la entidad ha requerido el desahucio para que se suspenda. La paralización puede alargarse hasta a 10 años.

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Fuente: Cinco Días

La ley de transparencia hipotecaria que anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, durante la pasada precampaña electoral ya está en marcha. El borrador de anteproyecto de ley prevé sancionar con multas que oscilan entre los 15.000 y los 600.000 euros, a las entidades financieras que no informen correctamente a los consumidores que contraten con ellas una hipoteca. Las infracciones que puede conllevar la sanción son, por ejemplo, no ofrecer suficiente información previa o que la oferta vinculante que hace el banco al consumidor no coincida con las condiciones que figuran en el contrato. El borrador recoge, entre otras cuestiones, la obligación de especificar si el contratante está dando como garantía la vivienda hipotecada y el resto de bienes del comprador o si la única garantía es la vivienda (dación en pago). El texto exige que esta información sea redactada de manera “transparente, clara, concreta y sencilla, utilizando el tamaño de letra apropiado para facilitar su lectura”. El banco deberá acreditar que entregó toda la información al consumidor antes de hacerle la oferta vinculante.  
Se recuerda que el Gobierno regional no tiene competencias para modificar la Ley Hipotecaria, pero sí en materia de consumo. Aguirre explicó que “queremos proteger los consumidores de modo que conozcan lo que están firmando”. La Comunidad enviará el borrador de la ley a los profesionales del sector (entidades, notarios, registradores, asociaciones de consumidores…) y el consejero de Economía se reunirá con ellos.  

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Fuente: El País, Cinco Días, El Economista

La orden ministerial de Transparencia Bancaria que tramita el Ministerio de Economía y Hacienda permitirá a bancos y cajas introducir en las hipotecas cláusulas suelo -límites a la bajada de tipos de interés-, de forma que las entidades se aseguran una rentabilidad mínima frente a descensos bruscos del precio del dinero. Esta práctica y los seguros frente a la subida de los tipos, también entre los objetivos de la norma, están pendientes de calificación en los tribunales. La Justicia sigue emitiendo sentencias contradictorias con respecto a su legalidad. En septiembre de 2010, un juez de Sevilla obligó a tres entidades a retirar ambas cláusulas de sus créditos hipotecarios por considerarlas “abusivas”. El pasado jueves, otro de Madrid avaló la cláusula suelo en las del BBVA. Las asociaciones de usuarios consideran que esta cláusula “merma considerablemente el derecho de los consumidores a beneficiarse de bajadas de tipos”, según las alegaciones presentadas por Adicae a la norma, que solo obliga a que sea el notario quien avale su legalidad antes de firmar el crédito.
La orden da también vía libre a la banca para cobrar comisiones por todo tipo de “servicios efectivamente prestados”, como informar a los clientes sobre sus productos. La norma especifica que la cuantía a cobrar se fijará “libremente” por el acuerdo entre la entidad y el usuario. El texto obliga a las entidades a hacer públicos esos precios en sus oficinas, sitios web y en la página del Banco de España para dar más transparencia al sector, pero retira al regulador su función de control de esas comisiones antes de su aplicación.

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Fuente: ABC, La Gaceta, El Mundo, Expansión y El País

Entregar la vivienda para cancelar el préstamo es la solución que proponen sindicatos, asociaciones de consumidores y partidos políticos (ERC y IU). En el otro extremo se encuentran las entidades financieras, que temen que el mensaje “populista” cale en la sociedad y cause daños irreparables en la economía. Advierten que si se aprueba la dación en pago la primera consecuencia será que se limitará el acceso a la vivienda.  
Según la banca, el número de embargos, que los sindicatos califican de “emergencia social”, no se corresponde con las cifras. La morosidad hipotecaria se sitúa en el 2,5%, lo que quiere decir que más del 90% puede hacer frente a su hipoteca. El sector defiende que el sistema hipotecario español aplica de facto mecanismos para evitar que las familias pierdan su casa. Añade que “cambiar las reglas de juego a mitad de partido” no haría más que generar inseguridad jurídica, lo que provocaría un efecto disuasorio en los inversores extranjeros e incluso llegar a afectar al riesgo soberano.  
El Gobierno comparte argumentos con el sector financiero. Pero, en el terreno político la precampaña ha hecho “que se ablanden posturas”. Así, se informa que el PSOE de Andalucía se pronunció a favor de la dación en pago. El PP, que votó en contra de una proposición de ley de ERC, ahora apoya la creación de una subcomisión que estudie la medida. CiU respalda ahora aprobar la dación en el Parlamento de Cataluña, si bien su portavoz, Duran Lleida, reconoce que “como jurista en este momento no es posible, pero se puede poner las bases para un futuro”.  

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Fuente:El Mundo