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La Comunidad de Madrid amplía la edad de su plan jóven de vivienda

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Decreto de modificación de la normativa de vivienda protegida que permite también a los mayores de 35 años optar a las viviendas del Plan Joven. Esta nueva política tiene como objetivo dar salida al stock de casi 2.000 viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra que hay disponibles dentro de este programa. Hasta ahora, solo podían optar a ellas los menores de 35 años con unos ingresos inferiores a 5,5 veces el indicador de renta Iprem, el índice de referencia nacional para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos. Los candidatos tampoco pueden tener propiedades en la región ni ser los titulares de viviendas subvencionadas en España.
“Los cambios aprobados han sido diseñados para flexibilizar el acceso a la vivienda protegida en la región en un momento de crisis económica en el que el perfil de personas y familias con dificultades de acceso a la vivienda se ha ampliado”, reconoce el Gobierno regional, que habla de reducción de la renta en función de las necesidades de cada adjudicatario, además de políticas para fomentar el mercado del alquiler y la reducción del stock. Junto a esta justificación moral hay otra de calado y es que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) se ha dado de bruces con una realidad con la que no contaba: más de 1.800 interesados menores de 35 años han tenido que renunciar a sus pisos por causas económicas. Se trata principalmente de jóvenes que en el momento de la adjudicación estaban sin trabajo o con una gran inestabilidad laboral que les ha obligado a ser precavidos y renunciar. En otros casos, los elegidos por el Ivima viven ahora fuera de la Comunidad debido a un éxodo a otras ciudades en busca de empleo. Estas viviendas vacías se ubican en 26 municipios de la región. Tienen un precio de alquiler más bajo que el de mercado y, además, los arrendatarios pueden optar a comprarlas recuperando un 50% del precio de renta ya pagado. La principal novedad radica en que el plazo a partir del cual podían ejercer el derecho a compra era de entre cinco y siete años, y ahora podrán hacerlo a partir del primer año. Además, está previsto reducir el tiempo mínimo de arrendamiento a seis meses, lo que contribuirá a flexibilizar el mercado del alquiler. Otro de los cambios afecta a la tipología, que amplía la superficie de 70 a 80 metros cuadrados.
Por otra parte, el Gobierno madrileño hace un guiño a los promotores y da la posibilidad de cambiar el régimen de uso de los pisos, que podrán ofrecerse para venta, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra.

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Fuente: El Economista

Fondos internacionales pujan por viviendas de Madrid

La Comunidad de Madrid ha puesto a la venta 32 promociones de vivienda protegida propiedad del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y que actualmente están alquiladas. En total, unos 2.935 pisos. Se trata de la mayor operación por número de inmuebles que existe ahora mismo en el mercado y que compite directamente con la oferta conocida como Proyecto Bull que trata de cerrar Sareb para unos mil de sus activos adjudicados.
El Gobierno madrileño ha definido un calendario exprés por el que el próximo 6 de agosto deberá estar cerrada la venta. Ya se ha presentado el lote de inmuebles y los interesados deben presentar una carta de interés por la cartera. Entre los participantes, destacan grandes fondos internacionales como Morgan Stanley, Blackstone, Lone Star y Drago Capital, así como el grupo español especializado en vivienda protegida Azora. Para pujar por el lote de las 32 promociones, los interesados deberán presentar un aval bancario de seis millones de euros. El precio de salida de las 2.935 viviendas asciende a 169 millones. El valor de la cartera incluye una importante rebaja del precio fijado para una vivienda protegida en Madrid, hasta unos 822 euros el metro cuadrado, frente a los 1.378 euros que cuesta, de media, el metro cuadrado de vivienda protegida en esta comunidad autónoma. Sin embargo, los expertos destacan que esta rebaja corresponde a la dificultad para gestionar esta cartera de pisos en alquiler, cuya tasa demorosidad ronda el 12%.
Según los cálculos hechos por los fondos interesados con los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, estas viviendas generan unas rentas anuales de unos 11 millones, a los que hay que descontar un millón de euros de gastos no repercutibles a los inquilinos.

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Fuente: Expansión

La Comunidad de Madrid pone a la venta 3.000 pisos del Plan Joven

El Plan Joven de la Comunidad de Madrid cuenta con 13.000 viviendas. De ellas, 9.000 son de promotoras privadas, 3.000 pertenecen al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y las 1.000 restantes son de promotoras públicas municipales. Con la idea de obtener liquidez con la que construir nuevas viviendas protegidas y acondicionar otras de las que gestiona, el Ejecutivo autonómico pretende sacar a subasta pública esas 3.000 residencias del parque del IVIMA. La intención es que sean compradas por promotoras privadas (tanto españolas como extranjeras), que estarían obligadas a mantener a los inquilinos las mismas condiciones de alquiler y opción de compra.
La venta de los 3.000 pisos de la red del IVIMA se engloba dentro de la modificación del Reglamento de Viviendas con Protección Pública que el Gobierno madrileño pretende aprobar de forma inminente. Otra de las novedades que contempla es que los mayores de 35 años puedan ejercer el derecho de compra de las 1.839 viviendas protegidas del Plan Joven en régimen de alquiler con dicha opción ya en el primer año de arrendamiento, sin tener que esperar al quinto, sexto o séptimo año como sucede en la actualidad. Suprimida la barrera de la edad, el resto de requisitos se mantendrían: unos ingresos inferiores a 5,5 veces el indicador de renta IPREM y no tener propiedades en la comunidad ni ser titular de viviendas protegidas en España.

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Fuente: El País

Madrid multará a los bancos que no informen correctamente sobre contratos hipotecarios

La ley de transparencia hipotecaria que anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, durante la pasada precampaña electoral ya está en marcha. El borrador de anteproyecto de ley prevé sancionar con multas que oscilan entre los 15.000 y los 600.000 euros, a las entidades financieras que no informen correctamente a los consumidores que contraten con ellas una hipoteca. Las infracciones que puede conllevar la sanción son, por ejemplo, no ofrecer suficiente información previa o que la oferta vinculante que hace el banco al consumidor no coincida con las condiciones que figuran en el contrato. El borrador recoge, entre otras cuestiones, la obligación de especificar si el contratante está dando como garantía la vivienda hipotecada y el resto de bienes del comprador o si la única garantía es la vivienda (dación en pago). El texto exige que esta información sea redactada de manera “transparente, clara, concreta y sencilla, utilizando el tamaño de letra apropiado para facilitar su lectura”. El banco deberá acreditar que entregó toda la información al consumidor antes de hacerle la oferta vinculante.  
Se recuerda que el Gobierno regional no tiene competencias para modificar la Ley Hipotecaria, pero sí en materia de consumo. Aguirre explicó que “queremos proteger los consumidores de modo que conozcan lo que están firmando”. La Comunidad enviará el borrador de la ley a los profesionales del sector (entidades, notarios, registradores, asociaciones de consumidores…) y el consejero de Economía se reunirá con ellos.  

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Fuente: El País, Cinco Días, El Economista

Madrid. Aguirre apuesta por eliminar la letra pequeña de las hipotecas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid analizó el anteproyecto de Ley para la Protección de los Consumidores, con el que pretende eliminar la letra pequeña de los créditos hipotecarios y hacerlos más “transparentes” para que el contratante conozca “todas y cada una de sus obligaciones” con la entidad financiera. Así lo indicó el vicepresidente regional, Ignacio González. Informó que se trata de que las entidades tengan la obligación de informar a sus clientes de las condiciones de cada contrato, así como de las consecuencias y responsabilidades que asumen en caso de impago. En este sentido, desde la Comunidad se aboga por que el consumidor obtenga por adelantado una información “clara y transparente” en la que se refleje “en letra grande” cada una de las condiciones establecidas, y que todos los detalles puedan ser estudiados por el usuario de forma particular por medio de una copia del contrato.  
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, una de las promesas de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en su discurso de investidura, los contratos hipotecarios especificarán de forma clara las garantías y obligaciones de los avalistas, para que sepan “cuál es el alcance de sus responsabilidades”, manifestó González. Del mismo modo, esta reforma permitirá que los bancos y cajas puedan ser penalizados o sancionados en caso de que incumplan las disposiciones, entre ellas, la entrega de forma fehaciente de toda la información al usuario con carácter previo a la formalización de un contrato.  

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Fuente: ABC, El Mundo, La Razón


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