Noticias sobre Notario

La compraventa de viviendas subió un 13,5% en el tercer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo del año 2013, en su tercer trimestre consecutivo en positivo, según los datos ofrecidos. El INE también ha publicado los datos relativos al pasado mes de octubre, cuando aumentaron un 16% interanual las operaciones.
Entre julio y septiembre se cerraron en España un total de 80.136 transacciones inmobiliarias de viviendas ante notario, el mayor número de operaciones en un tercer trimestre desde 2010.
Tras cuatro trimestres consecutivos de caídas interanuales, las transacciones inmobiliarias repuntaron un 48,5% entre enero y marzo de este año, lo que supuso la mayor subida histórica de este indicador, una tendencia que continuó con un repunte del 12% en el segundo trimestre.
A pesar de estos incrementos, el número de compraventas continúa lejos del máximo trimestral que alcanzó en el segundo trimestre del año 2006, cuando las transacciones inmobiliarias llegaron a contabilizar 251.649 operaciones.
 

Según los datos del INE en el mes de junio se concedieron 17.137 hipotecas. Esta cifra supone un incremento del 19% respecto al mes de junio del año 2013.
Este aumento supone el mayor incremento interanual registrado desde el mes de marzo del año 2006, aunque esta cifra está muy alejada de las alcanzadas antes de la burbuja (en algún mes de 2005 se llegaron a firmar más de 120.000 hipotecas) y también de los datos de hace dos años. En junio de 2012 se concedieron 24.000 hipotecas para comprar casa.
Los datos del INE toman como base las hipotecas registradas, lo que se produce dos o tres meses después de la firma de la operación ante notario respecto al mes de mayo. Por ello, los expertos recomiendan cautela y esperar si supone un cambio real de tendencia.
 

No es necesario, para la inscripción de una hipoteca sobre una Vivienda de Protección Oficial (VPO), presentar tasación del inmueble, asegura la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) en una reciente resolución. Según el texto, con fecha de 21 de noviembre de 2013 (BOE de 19 de diciembre), dado que en estos casos existe un precio máximo de venta, si las partes optan por fijar ese precio tope como precio de subasta, “la valoración es asimismo legal”, sin que sea necesaria, por tanto, la tasación. Lo contrario supondría, según la Dirección, una “duplicidad y un coste adicional sin justificación”.
El registrador, en este supuesto, suspendió la inscripción de una hipoteca porque no constaba el certificado vigente de tasación del bien objeto de hipoteca por entidad de tasación homologada, a los efectos de determinar que el valor fijado para subasta no sea inferior al 75% del valor contenido en el mencionado certificado de tasación. Ante esa calificación, el notario recurrió alegando que se trata de una VPO, incorporando un documento oficial en el que constaba el precio máximo de venta, que es el mismo que figura en la escritura como valor de tasación a efectos de subasta. Como respuesta, la Dirección da la razón al notario y aclara la tasación resultante del organismo público “cumple sobradamente los requisitos exigidos por el artículo 682.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 129.2.b) de la Ley Hipotecaria y debe ser considerada una tasación realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, teniendo en cuenta la competencia del órgano público y la naturaleza especial con precio tasado”.

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Fuente: El Economista
 

El fallo del Tribunal Supremo que exige anular las cláusulas suelo a BBVA, Novagalicia y Cajamar ha hecho saltarlas alarmas. Más allá del coste, ya de por sí grueso ‐BBVA confiesa que dejará de ganar 420 millones de euros al año y Novagalicia 48 millones‐, inquieta que añade más inseguridad jurídica. Alguna agencia de rating ha decidido empezar a descontar las pérdidas potenciales que sufrirían todos los bancos de retirar dicho blindaje, aún cuando las entidades no condenadas defienden la legalidad de sus contratos, mientras se multiplican las presiones para que las retiren.
El fallo del Supremo generará un efecto arrastre, pero solo obliga a BBVA, Novagalicia y Cajamar, que destoparán unas 500.000 hipotecas, más de la mitad de su cartera. El mismo Supremo respalda la legalidad de las cláusulas suelo si se informa adecuadamente al cliente sabe el riesgo que asume y lo acepta. Popular, Kutxabank o Sabadell defienden que sus contratos son legales y cumplieron con la transparencia exigible. Las hipotecas del Santander carecen de dicha condición ‐sí tiene unas pocas, muy residuales de Banesto‐ y Caixabank heredó algunas de la antigua Cajasol.
Sin embargo, el fallo judicial abre el camino y podría agilizar procesos abiertos en tribunales de primera instancia, aunque para que se extienda la supresión de la cláusula a otras entidades debe existir una sentencia firme o del Supremo, es decir, el proceso es susceptible de demorarse hasta que el banco afectado agote su capacidad de recurso ‐a BBVA, Novagalicia y Cajamar, incluso, se les abre la opción en instancias europeas‐.
La polémica con estas cláusulas se remonta varios años atrás. En 2010, el Banco de España tuvo que informar en el Senado al llegar la problemática a la Cámara. El supervisor detalló que más de un tercio de las hipotecas en España incluían esta condición, aunque el impacto era dispar porque algunas entidades no la aplicaban y en las que lo hacía podía llegar a condicionar al 85% de la cartera hipotecaria. El Banco de España defendió la legalidad y descargó gran parte de la responsabilidad en hacerlas transparentes en el notario, obligado por una orden ministerial de 1994 a advertir al cliente de las citadas cláusulas ‐el Supremo ha fallado, en cambio, que el banco es responsable directo de que el cliente las conozca antes de firmar el contrato y no puede derivar esta tarea en el notario‐. Se da la circunstancia de que una legislación en 2003 favoreció la venta de las hipotecas con suelo al obligar a las entidades a ofrecer a sus clientes productos que les protegiesen de potenciales subidas de tipos, que en muchos casos garantizaban al tiempo a la entidad unos ingresos mínimos fijando topes también frente a caídas del euríbor. En aquellos momentos la burbuja hipotecaria estaba en pleno apogeo, de forma que más de cuatro millones de hipotecas pueden incluir esos suelos, impidiendo al titular beneficiarse de caídas del euríbor hoy en el 0,50%. La competencia hizo que se ofreciesen productos sumamente baratos, con diferenciales sobre el euríbor de apenas el 0,5%‐0,7%, que al destoparlos ahora dejan en el esqueleto los ingresos para el banco, de ahí las potenciales fuertes pérdidas de beneficios. Con la crisis, esa situación ha cambiado radicalmente y suman diferenciales de 2% e, incluso, 3% al euríbor porque eso es también lo que les cuesta captar los recursos en los mercados, pero a futuro podrían actuar casi como nuevas cláusulas suelo.

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Fuente: El Economista

El Consejo General del Notariado reclaman una reforma legislativa que permita al colectivo “cumplir mejor con sus deberes de protección al consumidor, ya que es ante el notario cuando las partes contratan y asumen sus obligaciones”. Los notarios piden más información y sugieren que podrían hacer más. “El notario solo puede controlar, según establece la normativa vigente, que no existan cláusulas abusivas declaradas como tal por la ley o por una sentencia firme que deberá estar inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación”, explica el colectivo en la nota.
El comunicado recoge la sugerencia velada, confirman fuentes del colectivo, de que sería positivo abrir un debate sobre el sistema para dilucidar si sería conveniente que el propio notario tuviera poder para detectar cláusulas abusivas y catalogarlas como tales. De momento, no obstante, los notarios califican de ineficaz el actual sistema de notificación de las cláusulas declaradas abusivas, basado en su publicación en el Registro de Condiciones Generales de Contratación, en el que los registradores de la propiedad son los encargados de reunirlas. “Su acceso y su funcionamiento generan error y confusión y la publicación de las sentencias se retrasa sin justificación”, por lo que el colectivo reclama una notificación automatizada y
telemática al Consejo General del Notariado de cada cláusula considerada abusiva por un juez.