Noticias sobre Impagos

Los bancos han elevado su ofensiva para reducir el volumen de inmuebles en sus balances, fruto de las adjudicaciones de impagos de sus clientes. Las entidades vuelven a dar hipotecas con un importe superior al 100% del precio o del valor de tasación. Esta práctica, dirigida exclusivamente para la venta de sus inmuebles, está siendo aplicada, entre otros, por BBVA, Popular y Sabadell, y sirve para que los compradores puedan hacer frente a los gastos de impuestos, notaría y registro, que de media suponen un 10% adicional. Hasta ahora solo Popular ofrecía estas condiciones, pero en los últimos meses esta política se está extendiendo. Aunque de manera oficial las entidades ofrecen créditos hasta alcanzar el valor de la vivienda, en las oficinas se permite otorgar líneas de financiación superiores. En muchos casos asciende al 110% y en algunos llega al 115%. Las hipotecas por más del 100% dependen, no obstante, de la capacidad y solvencia y no son operaciones generalizadas, pero sirven para que los bancos suelten lastre inmobiliario y capten nuevos clientes vinculados a través de la contratación de otros productos.
La mayor facilidad de acceso al crédito, unido a las ofertas con rebajas en el precio de los pisos, que llegan hasta un 60% o 70% sobre los libros, ha reactivado ligeramente el mercado. Las provisiones exigidas por el Gobierno para cubrir pérdidas y la bajada del valor permiten a las entidades ampliar su capacidad de actuación. En este sentido, al sector se beneficia de las ventas con la liberación de provisiones, ya que éstas son más elevadas por tenencia de un inmueble que por la concesión de un crédito con garantías a clientes solventes. Los expertos sostienen que los riesgos de una financiación elevada son limitados, al no ser una política generalizada, pero también que este fenómeno supone un cambio de estrategia que recuerda al boom, cuando la banca otorgaba préstamos sin establecer una rigurosa política de riesgos. Hasta 2008, el sector ofrecía no solo un crédito por el valor del piso más los gastos impositivos y administrativos, sino que el importe servía para financiar obras, muebles, etc. En la actualidad, las entidades no prestan dinero para estos cometidos a priori, aunque también en función de la solvencia del cliente pueden conceder otro crédito vinculado a una cuenta.

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Fuente: El Economista

Antonio Gimeno, dueño del grupo inmobiliario Bigeco, que tiene decenas de promociones repartidas por distintas comunidades, decidió hace unas semanas ceder por un periodo de 10 años una de sus promociones vacías a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de L'Alcúdia (Valencia) para que el Consistorio diera un fin social a una promoción de 25 inmuebles nuevos levantados en las afueras del municipio, pero que no tenían salida en el mercado.  
Ante las dificultades y las trabas jurídicas para que el municipio acogiera el regalo de una empresa privada, se decidió constituir una fundación sin ánimo de lucro que gestionara el traspaso y evitara susceptibilidades. La fundación y el Ayuntamiento negociaron entonces los criterios para repartir los 25 pisos. Se decidió que los beneficiarios serían familias de L'Alcúdia que durante los últimos dos años hubieran sido víctimas de un desahucio al no poder pagar su hipoteca. “Sólo afecta a personas que han perdido su única vivienda por impago hipotecario, no porque hayan dejado de pagar el alquiler”, explicó ayer el alcalde de la localidad, Robert Martínez, temeroso de que se produzca un efecto llamada de personas que han dejado de pagar sus cuotas. En principio, los pisos estarán en alquiler durante tres o cuatro años, con un tiempo máximo de 10; “tiempo suficiente para que los desahuciados hayan podido mejorar su situación y que no se produzcan agravios comparativos con aquellos que pagan cada mes alquileres a precio de mercado”, matiza Martínez. El propietario de Bigeco indica que, una vez transcurridos los 10 años, los pisos se venderán a un precio “lógico”, dando preferencia a los inquilinos que durante los últimos años hayan vivido en él. Gimeno quiere exportar su propuesta a otras promociones.

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Fuente:El Mundo

Según el plan de negocio que está presentando el banco malo (Sareb) a potenciales inversores, la sociedad espera elevar de los poco más de 10.500 millones de euros en pisos y suelo que tendrá en su constitución en diciembre a más de 21.000 millones en 2014. Fuentes conocedoras del proyecto han explicado que gran parte de este aumento se debe a que Sareb ya tiene identificados una cartera de préstamos al promotor que será ejecutada. Es decir, que la deuda contraída se canjeará por activos, que serán únicamente vivienda terminada, ante las expectativas de impago. El plan diseñado asegura que el banco malo potenciará una política de dación en pago para los créditos con el objetivo de ahorrar los costes judiciales y administrativos que conllevan las ejecuciones. Las fuentes sostienen que hay otra causa que elevará en los primeros años el volumen de inmuebles en manos de  Sareb: la terminación de viviendas en construcción, proceso que incrementa el valor de este tipo de activos.
Las estimaciones del proyecto de negocio de esta sociedad inmobiliaria indican un descenso de los créditos considerados morosos sustancialmente. En concreto, caerán de los 15.700 a los 3.800 millones, en gran parte debido al canje por inmuebles. Los préstamos normales y subestandar también experimentarán una disminución importante en los primeros ejercicios. Estos bajarán a la mitad en 2014 por distintos motivos: el traspaso a la partida de morosos, por venta o por el vencimiento de la deuda.  
Hasta el séptimo año la cartera de pisos y suelo no empezará a descender drásticamente, según el plan de negocio. Y hasta el décimo no será cuando el valor de estos activos se sitúe por debajo de la tasación inicial, a pesar de que se espera una subida de los precios a partir de 2017, sobre todo.
Por otra parte, se informa que ante las reticencias de la banca sana para entrar en el capital de Sareb, el Ministerio de Economía ha decidido ampliar el espectro de socios y llamar a la puerta de fondos extranjeros y aseguradoras españolas. Según fuentes conocedoras del proceso, con este último colectivo se han mantenido contactos oficiales. Mapfre, Mutua Madrileña y Catalana Occidente son algunas empresas con las que se ha hablado. 

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Fuente:El Economista

En septiembre, el ratio de morosidad volvió a marcar un máximo histórico, el 10,71%, según los datos del Banco de España. En agosto había llegado al 10,52%. De acuerdo con los expertos consultados, este parámetro se mantendrá en terreno de máximos durante muchos meses. La razón: el volumen total de créditos seguirá menguando, a medida que la economía española se vaya desapalancando y, además, el deterioro de la coyuntura económica seguirá incrementando los impagos.
En 2012, el volumen de créditos dudosos ha subido a un ritmo mensual de 4.720 millones de euros. De mantenerse esta tendencia en lo que resta de año, los préstamos morosos cerrarían el ejercicio muy cerca de los 200.000 millones. Actualmente, el volumen total de créditos dudosos que acumula la banca española es de 182.226 millones (algo menos del 20% del PIB español). Intentar anticipar el techo que alcanzará la morosidad es misión imposible, pero desde varias entidades coinciden en que en los próximos meses se mantendrá la tendencia alcista. “Mientras la economía española siga en recesión y la tasa de paro al alza, la mora crecerá, puesto que su evolución es siempre paralela al ciclo”, explican desde el departamento de análisis de una firma extranjera.
La principal fuente de preocupación han sido los créditos a promotoras y constructoras. En este segmento, el ratio de préstamos dudosos llegó en junio al 27,4%. En total, los créditos impagados por este tipo de empresas alcanzan los 78.582 millones. Mientras, la tasa de morosidad en hipotecas es del 3,17%, y en volumen representa solo 19.123 millones (primer semestre). El deterioro de la economía provocará, según los expertos, un paulatino incremento de la mora hipotecaria, que todavía sigue siendo muy baja.

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Fuente: Cinco Días

Bilbao acogió un congreso sobre Justicia y medios de comunicación en el que el drama de los desahucios se convirtió en protagonista. Juan Carlos Mediavilla, juez decano de Baracaldo (Vizcaya), ya adelantó la posición de los magistrados, cuando ordenó el levantamiento del cadáver de Amaia Egaña, que se arrojó al vacío cuando la comitiva judicial subía las escaleras para desalojarla a ella y a su familia por impago de la hipoteca. Según dijo Mediavilla, “hay que hacer reformas para evitar estas tragedias”. Esa argumentación tuvo su continuación en el citado congreso. Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reclamó en la apertura del evento que no haya “demoras” en la toma de medidas para solucionar el problema social de los desahucios. Añadió que el Poder Judicial está “integrado por ciudadanos que no son ajenos a la sociedad en la que viven”, en relación con la “dramática situación” de las personas que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas.
En esa línea argumental abundó Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). En relación con los desalojos de las viviendas, señaló que los jueces intentan “sacar chispas de la justicia”, en la interpretación de las normas actuales y en favor de aquellos ciudadanos que viven una situación que “a veces se revela injusta”. Ibarra defendió que “ninguna persona que esté en un procedimiento ejecutivo hipotecario en el que haya riesgo de pérdida de la vivienda familiar quede sin defensa jurídica. Esa es la primera de las garantías y nos corresponde a los jueces hacerla efectiva”.

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Fuente: Cinco Días

Intereses de demora, costas y comisiones bancarias por el impago de mensualidades pueden duplicar la deuda hipotecaria una vez que el banco decide ejecutar el préstamo hipotecario por impago e iniciar el procedimiento de desahucio. Estos son tres de los principales problemas que Gobierno y PSOE tendrán que despejar en sus negociaciones si quieren acabar con el actual panorama de desahucios. El problema es que cuando se inicia el procedimiento, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite que la entidad bancaria dé por vencida la totalidad del préstamo, aunque no se haya producido más que el impago de una sola de las cuotas. Esto quiere decir que el banco puede reclamar en ese momento todo lo adeudado por el capital e intereses ordinarios y, además, los intereses de demora, en este caso por la totalidad del préstamo. Esta situación ha venido siendo denunciada por los registradores de la propiedad durante los últimos años y por los jueces en los últimos meses, ya que en muchas ocasiones consideran que se roza la usura. Estos intereses suponen por término medio algo más del 20%, aunque en ocasiones los dígitos sobrepasan esas cifras, apoyándose en el vacío legal y en una jurisprudencia que en muchas ocasiones los ha considerado procedentes a la vista del incumplimiento del deudor. Con la exigencia del capital más los intereses legales hacen inviable cualquier solución y agravan alarmantemente la insolvencia del deudor de la que ya no va a poder salir.
La solución pasaría por limitar los tipos de los intereses de demora y la segunda limitar el importe y las cuotas que devengan intereses de demora, al menos a sólo la deuda existente en el momento de la ejecución por el juzgado. El problema de las costas judiciales es que en muchas ocasiones también se calculan sobre el total de la hipoteca y no sobre la cantidad adeudada en el proceso. Además, existe una amplia discusión sobre si deben acumularse o no los impagos reiterados, ya que unos jueces los tratan como un solo asunto mientras que otros los separan.

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Fuente: El Economista

El sector financiero aguarda el fondo y la forma de las modificaciones reglamentarias en las que trabajan el Gobierno y el PSOE para frenar los desahucios. Las entidades confían en que no se adopten medidas generalistas, sino con un enfoque “caso por caso”. Fuentes del sector indican que un cambio de calado en el marco hipotecario tendrá impacto en las cuentas de resultados. Esperan que las medidas que se acuerden afecten a colectivos en situación de extrema necesidad, ya que, en caso contrario, “pueden suponer una discriminación para quienes pagan las hipotecas”. Las mismas fuentes dicen que cada vez que se deja de pagar una hipoteca, se ponen en riesgo los depósitos de otros clientes.
En medios financieros también se recalca que una generalización de las medidas puede dificultar la concesión de nuevas hipotecas, así como elevar la morosidad. La semana pasada el Banco de España recordó que uno de los factores que explica la reducida morosidad de las hipotecas de particulares en España (3%) está relacionado con el diseño del mercado hipotecario. “Los incentivos al impago se ven aminorados en la medida en que los prestatarios son responsables con todo su patrimonio si, una vez ejecutada la garantía, el valor de ésta es insuficiente para satisfacer el importe adeudado”, indica el último Informe de Estabilidad Financiera. Con todo, tras el proceso de saneamiento y recapitalización impulsado por el test de estrés de Oliver Wyman, el sector podría resistir que la mora de hipotecas se disparara del 3% al 15%.

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Fuente: Expansión

Según las cifras que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales de 2011 se registraron un total de 24.622 sentencias sobre conflictos relacionados con los contratos de arrendamiento urbano (entendiendo por tales los alquileres no solo de viviendas, sino también de plazas de aparcamiento, locales comerciales y otros inmuebles para usos industriales). Este volumen representa un descenso del 16,7% sobre los procesos resueltos en 2010 y es el segundo ejercicio consecutivo en el que bajan los litigios. Y todo ello justo cuando arrecia la crisis. Es decir, que mientras el paro repuntaba y las expectativas se tornaban negrísimas, no se ha disparado el número de conflictos en materia de alquiler. Es más, la estadística del INE, elaborada a partir de los datos suministrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), detalla que de ese total, 19.420 sentencias se refirieron a arrendamientos de casas, también un 15,7% menos que un año antes.
Lo que sigue invariable es que la inmensa mayoría de los litigios que llegan a resolverse vía judicial (otra parte de los conflictos queda zanjada antes) es por falta de pago de la renta: 18.492 de esos 19.420. Le sigue a muchísima distancia la denegación de prórrogas, la no utilización de la casa como residencia permanente o la realización de daños. Si se  compara con el total de viviendas en alquiler que existen en la actualidad en España, que según el Ministerio de Fomento son 1,8 millones, las cifras pierden fuerza. Las 19.420 sentencias sobre arrendamientos de vivienda apenas representan el 1,07% de ese parque en alquiler. Por ello, salvo para quienes han pasado por esa experiencia, cada vez hay más expertos que coinciden en que lo peor del alquiler no es el inquilino moroso, ya que las cifras demuestran que haberlos, haylos; algunos son incluso auténticos profesionales del impago, pero es mucho peor que no se les pueda desalojar de manera ágil y barata, o que no exista una oferta de buena calidad suficiente y con una gestión profesionalizada. Las reformas emprendidas van en esa línea y la prueba es que en esa bajada de litigios de 2011 ha tenido mucho que ver el llamado desahucio exprés.

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Fuente:Cinco Días

El anterior Gobierno socialista pretendió instaurar la figura del desahucio exprés eliminando y acortando el proceso judicial que ha de iniciarse cuando se demanda a un inquilino por impago de rentas, desperfectos en la casa o cualquier otra irregularidad. Pero la falta de medios humanos y técnicos de muchos juzgados ha impedido en la práctica que los desalojos sean realmente ágiles y, por tanto, exprés. Los plazos medios de resolución de un litigio por impago del alquiler varían según la ciudad y oscila entre cuatro meses en los juzgados menos atascados y un año en los de las grandes urbes. Hay procesos que se pueden llegar a prolongar más de un año y eso es con lo que quiere acabar la reforma que plantea el actual Ejecutivo. El Ministerio de Fomento, en colaboración con el de Justicia, ha decidido actuar sobre la seguridad jurídica con el objetivo de “racionalizar el procedimiento animando con ello a que más propietarios pongan sus casas en alquiler y arrendadores e inquilinos estén más protegidos”, aseguran fuentes de Fomento. “Si ahora los procesos se resuelven en un plazo medio de cuatro a 12 meses, el objetivo es que en una primera fase se consiga reducir esos tiempos entre dos y tres meses, sobre todo en el caso de los litigios más largos”, explican las mismas fuentes.
Se conseguirá fundamentalmente por dos vías: aclarando la norma actual y simplificando la composición de la comisión judicial que acude al inmueble a realizar el lanzamiento (momento en el que se hace efectivo el desalojo del inmueble), de forma que en lugar de tener que componer dicha comisión dos funcionarios, podrá acudir al inmueble uno solo. Desde Fomento recuerdan que los pasos a dar y el procedimiento se mantienen exactamente igual. Cuando un inquilino deja de pagar, el propietario puede demandarle ante el juzgado de primera instancia correspondiente. A partir de entonces comienza el proceso con el envío al arrendatario que no paga un requerimiento exigiendo las cantidades adeudadas que deberá reintegrar en un plazo de 10 días.

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Fuente:Cinco Días

Los activos tóxicos del ‘ladrillo’ continúan creciendo y en los balances de los bancos hay cada vez más inmuebles que las entidades financieras se quedan por el impago de créditos. Ese problema es el que ha hecho necesario sanear el grupo Bankia con dinero público y ha provocado la salida de Rodrigo Rato de la entidad. Las cifras recién publicadas de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y de su filial Bankia completan la fotografía del riesgo inmobiliario del sector financiero. Bancos y cajas cerraron 2011 con más de 180.000 millones de euros en activos tóxicos, de los que más de 100.000 son créditos problemáticos y unos 85.000 millones son pisos, oficinas, solares, promociones y otros activos recibidos por impago de deudas. En su informe de estabilidad financiera, el Banco de España cifraba en 184.000 millones el volumen de activos inmobiliarios “potencialmente problemáticos” (créditos morosos, subestándar y esos activos adjudicados).
La otra partida clave es la de los inmuebles adjudicados. Se trata de pisos, oficinas, solares y promociones que los bancos se han quedado (por embargo o dación en pago) ante el impago del crédito con que se financió su compra. El cómputo arroja una cifra de 85.000 millones entre los que predomina el suelo (36.000 millones), seguido por las promociones acabadas o en construcción (23.000 millones) y por los pisos y viviendas embargados a particulares (15.300 millones). También se incluyen aquí participaciones en inmobiliarias por 6.000 millones como las que se han quedado los bancos al canjear deuda por acciones. La banca ha realizado provisiones o correcciones de valor sobre esos activos por importe de unos 30.000 millones, de los que la mitad están destinados al suelo. Quedarían más de 50.000 millones netos en los balances de las entidades. Por tanto, entre créditos morosos y subestándar y activos inmobiliarios adjudicados quedan más de 120.000 millones problemáticos sin provisionar.

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Fuente:El País