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La Sareb ha vendido un 22% de su cartera de inmuebles

La actividad de liquidación y venta de activos de Sareb se situó por encima de lo previsto en el año 2014, vendiéndose un total de 15.000 inmuebles que elevan el total de ventas a 24.000 unidades en sus dos primeros años de funcionamiento, lo que supone el 22% de los activos inicialmente adjudicados.
Las cifras del banco malo confirman la estabilización del mercado inmobiliario y un ligero aumento del interés de los inversores por hacerse tanto con sus activos inmobiliarios como con los financieros.
Los resultados atribuibles estrictamente a la gestión del equipo que dirige Jaime Echegoyen arrojan unas pérdidas de 45 millones de euros en el último ejercicio. Sin embargo, el impacto de los saneamientos extraordinarios que Sareb ha tenido que hacer por exigencia del Banco de España elevan hasta los 585 millones de euros los números rojos, lo que supone más del doble que un año antes.
La diferencia entre ambas magnitudes se debe principalmente a los criterios que el supervisor ha obligado a seguir para valorar una cartera de créditos muy específica: aquellos préstamos que no tienen garantías reales, que están en impago y que están concedidos a compañías en situación de concurso de acreedores han tenido que ser anotados en el balance a un valor cero.
Lo excepcional de esta provisión extraordinaria es que se ha hecho tras dos años de funcionamiento de Sareb, a pesar de que el grueso de estos préstamos ya estaba en esa situación próxima al impago cuando Sareb se hizo con ellos durante el trasvase de activos de las entidades rescatadas en 2012.
 

Bajan los activos tóxicos del ladrillo en manos de la banca

Los bancos cotizados lograron en el año 2014 reducir por primera vez el volumen de activos problemáticos del ladrillo, según los datos que han incluido en sus informes anuales.
Los siete bancos que forman parte del índice Ibex 35 (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell, Popular y Bankinter) cerraron el pasado ejercicio con un total de 125.000 millones entre créditos morosos y subestándar a promotores más pisos, solares y otros activos inmobiliarios que se han quedado por impago. Lo que supone 7.000 millones menos que un año antes. Se trata de las cifras brutas. Si se considera el volumen de provisiones, el riesgo tóxico aún no cubierto ha bajado a algo menos de 65.000 millones, con una reducción de unos 4.000 millones en un año.
La reducción de los activos tóxicos responde exclusivamente al crédito, los activos inmobiliarios en manos de los bancos (pisos, promociones, suelo y participaciones en inmobiliarias) siguen aumentando a pesar de que las entidades también han aumentado las ventas. Los bancos aún embargan, ejecutan o reciben mediante dación en pago más inmuebles de los que logran vender.
 

CIU promueve una Ley de Segunda Oportunidad

CiU ha presentado una iniciativa parlamentaria para promover una ley de segunda oportunidad destinada a familias y autónomos. Se pretende evitar que los pagos pendientes de estos colectivos los conviertan en deudores de por vida. Esta regulación está pensada para familias y autónomos sobreendeudados por el impago de la hipoteca de su vivienda, del alquiler o porque no han podido mantener el negocio en marcha. O pymes que han requerido avales personales. En el texto se propone el recurso de la mediación en primera instancia, con el objeto de mantener la vivienda. De no llegarse a un acuerdo, el deudor tiene la opción de proponer un plan de reestructuración donde se podrán plantear quitas superiores a la mitad de la deuda, esperas en el pago de las deudas de hasta tres años, así como condonaciones de todos los acreedores, incluida la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. El texto también propone que la ley tenga un carácter retroactivo para que se puedan beneficiar personas que hayan contraído deudas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

Se eleva la suspensión de los desahucios a 4 años

Una enmienda del Grupo Popular eleva de dos a cuatro años la suspensión de desahucios de personas vulnerables y extiende el disfrute del Fondo Social de Viviendas a los desahuciados por impago de préstamos no hipotecarios, hasta ahora sólo podían acceder a estos inmuebles las víctimas de un desalojo por impago de un préstamo hipotecario. El convenio para la constitución del Fondo Social de Viviendas se firmó en enero del año 2013 por los ministerios de Economía, Sanidad, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector, las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. El alquiler de estas viviendas se encuentra entre los 150 y 400 euros mensuales. Entre los requisitos para poder acceder a este Fondo, destacan que el desalojo se produjera a partir del día 1 de enero de 2008, que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 euros) o que la familia no posea una vivienda en propiedad.

La ley de alquiler agilizará el desahucio de inquilinos morosos

El Gobierno quiere incentivar el alquiler de vivienda para que España se acerque a los estándares europeos. Para ello, baraja agilizar más los procesos de desahucio de los inquilinos morosos reformando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El sector se queja de que los propietarios tardan entre 8 y 14 meses en recuperar sus casas tras los impagos, lo que es un lastre para que más caseros opten por arrendar. El parque de viviendas en alquiler en España representa el 17% del total, frente a un promedio de entre el 30% y el 40% en la Unión Europea.
Las empresas que intermedian en este mercado demandan más medios humanos y una reserva de juzgados especializados en estos asuntos para poder hacer efectiva esa agilización del desalojo.
Las mejoras que quiere realizar el Ejecutivo vendrán por el establecimiento de plazos más cortos y estrictos para poder desalojar a los inquilinos morosos y de medidas que hagan que los tiempos puedan cumplirse. Se descarta introducir más incentivos fiscales al alquiler.
 

En el segundo trimestre aumentaron los desahucios por culpa de las hipotecas

Los lanzamientos practicados durante el segundo trimestre aumentaron un 3,7% después de sumar un total de 18.749 procesos, de los que el 53,2% correspondió a impagos de rentas de alquiler y el 42,2% a ejecuciones hipotecarias. Según las cifras proporcionadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siempre han pesado más en términos relativos los desahucios procedentes de arrendamientos, que aquellos a consecuencia de una ejecución hipotecaria. Sin embargo, según avanza la crisis, la distancia que tradicionalmente había entre ambos se ha ido reduciendo.

Los procesos de ejecución hipotecaria subieron un 2,39%

El informe sobre impagos hipotecarios de la Estadística Registral Inmobiliaria que publica el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España refleja que el número de certificaciones expedidas por inicio de procedimiento de ejecución hipotecaria sobre vivienda durante el segundo trimestre del año 2014 fue de 18.921, lo que supone un 2,39% más que en el primer trimestre (18.480). De esas certificaciones por ejecución de hipoteca de vivienda el 64,38% correspondió a personas físicas, mientras que las de personas jurídicas quedaron en un 35,62%.

Aplicación de la nueva fiscalidad en la dación en pago

El Gobierno incluyó en el real decreto‐ley aprobado el pasado 4 de julio una exención tributaria en los supuestos de daciones en pago y ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales ya que era un contrasentido el hecho de que un contribuyente que hubiera perdido su vivienda por impago en términos fiscales tuviera una ganancia patrimonial.
Un contribuyente que no fuera capaz de pagar las cuotas hipotecarias se enfrentaba a una ejecución o, en algunos casos, negociaba una dación en pago, es decir, el contribuyente saldaba la deuda con su entidad financiera a cambio de la vivienda y de ese trámite derivaba una ganancia patrimonial. Con la ley vigente hasta el 4 de julio esto suponía pagar a Hacienda por el supuesto beneficio fiscal.
Con el cambio normativo incluido en el real decreto‐ley la plusvalía derivada de la dación en pago quedará totalmente exenta. Lo mismo sucederá si el beneficio procede de una ejecución hipotecaria. Esta exención está limitada a la vivienda habitual y será aplicable siempre y cuando el contribuyente no disponga de otros bienes para afrontar el pago de la totalidad de la deuda. Esta nueva normativa tiene efectos retroactivos a partir de enero de 2014 y los ejercicios anteriores no prescritos. Lo cual significa que si un contribuyente ya asumió a partir del ejercicio de 2010 la tributación por una dación en pago que generó una plusvalía, podrá reclamar a Hacienda que le devuelva el dinero ya pagado. Esta misma medida se aplicará en el caso del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, tributo recaudado por los ayuntamientos en función del incremento del valor catastral.
 

La morosidad de los créditos hipotecarios supera el 6%

En el primer trimestre de este año la morosidad en las hipotecas ha vuelto a subir en el primer trimestre de 2014, hasta superar por primera vez el 6,2% de los créditos hipotecarios, según los datos proporcionados por el Banco de España. En términos absolutos, el total de dudosos también alcanzó un nuevo máximo. Los problemas del mercado laboral y el agotamiento de las prestaciones provocaron el nuevo aumento de los impagos. En cuanto a la financiación a las empresas, la morosidad en los créditos a las promotoras se moderó levemente. Este descenso fue posible porque bajaron tanto el total de impagos como los préstamos concedidos.

La morosidad sube al 13,4%

La cantidad de impagos crediticios parece estar conteniéndose pero la tasa de morosidad apenas refleja dicho alivio porque su peso sobre la cartera crediticia se amplía por culpa del hundimiento en el stock financiado. El saldo dudoso ‐tres cuotas mínimas sin pagar‐ se redujo en abril por cuarto mes sucesivo, pero el ratio de insolvencias repuntó al 13,44%, rompiendo la racha de descensos iniciada en enero porque la cartera viva financiada cae al 7,17% interanual. Según las estadísticas del Banco de España, el crédito dudoso ha disminuido en 5.472 millones de euros desde el importe máximo fijado al arranque del año en 197.276 millones. Pero pesa más porque el saldo vivo prestado se ha reducido en 30.917 millones al mismo tiempo por el esfuerzo desplegado por empresas y familias para ajustar su endeudamiento. Las amortizaciones exceden al nuevo crédito, aún cuando ha empezado a fluir en casi todas las categorías.

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