Noticias sobre Deudas

El Fondo Social de Viviendas (FSV) amplía su ámbito de aplicación para acoger a más supuestos de vulnerabilidad social y las personas prejubiladas o jubiladas que hayan avalado las deudas de hijos o nietos podrán solicitar una vivienda de este Fondo. El Fondo Social de Vivienda está destinado a quienes, como consecuencia de un desahucio, han perdido su vivienda a partir del 1 de enero de 2008. En el primer año de aplicación, 2013, se recibieron 1.537 solicitudes y se adjudicaron 780 viviendas.
Tras las últimas modificaciones, se permitirá que se queden en la vivienda quienes la hayan perdido por una ejecución forzosa y tras haber sido adjudicada y, en casos de dación en pago, a cambio de un alquiler reducido. La renta oscilaría entre 150 y 400 euros al mes o por debajo en circunstancias especiales, tal como está previsto en el Convenio del Fondo Social de Viviendas, creado en enero de 2013 y que cuenta con 6.000 viviendas de 33 entidades financieras. A partir de ahora también se tendrá en cuenta a las unidades familiares con hijos menores de edad, y no solo los de menos de tres años. También a las personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los Servicios Sociales competentes, “un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía”. Se siguen manteniendo los requisitos anteriores como son la situación de desempleo y sin prestaciones económicas, familias monoparentales, familias numerosas o aquellas con víctimas de violencia de género.

Prácticamente uno de cada 10 españoles mayor de 18 años está clasificado como moroso porque tiene deudas impagadas. La mora además se ha profesionalizado. Según un estudio elaborado Experian, empresa que se dedica a la gestión de riesgo crediticio y de comprobación de historiales, a uno de cada cinco deudores se le considera experto, porque se ha especializado en grandes deudas. Se trata de aquellos ciudadanos que ya han contraído más de dos deudas de distinta procedencia en las que figura como propietario de ellas mientras comparte otras con varias personas. Son deudas que se llevan arrastrando a lo largo del tiempo (el 71% tiene más de dos años). Y, por si fuera poco, estos profesionales están inmersos en procesos judiciales, con deudas que van en aumento mientras buscan agujeros en el control de riesgos de las empresas. Su importe es además elevado ya que supera la media nacional de los deudores, que es de esos 11.000 euros. En concreto, un 37% supera con creces esa cifra.
Según este informe, elaborado con ocho millones de registros de impagados que las grandes compañías prestamistas del país han facilitado al fichero de morosos de Experian, denominado Bureau de Crédito (Badexcug), el deudor mayoritario en España, que representa el 49%, es aquel que ha contraído un impago con un operador telefónico. Suele ser una pequeña deuda, de unos 500 euros de media. Si a las telecomunicaciones se le suman las deudas de los impagos en los seguros, renting y energía, estos sectores acumulan el 66% del conjunto de los impagos. En Experian comentan que “desde hace tiempo los sectores de las telecomunicaciones o la energía están integrando este tipo de información para la gestión de riesgos en sus procesos de toma de decisiones y ser más competitivos”. “Pero es el sector financiero el que es el más activo en esto”, añade.
En general, por tipo de deuda, el 58% de los morosos ha desatendido pagos financieros. En cuanto al deudor hipotecario, el informe desvela que se trata de impagos elevados (la mitad supera los 10.000 euros) y que están compartidos. Además, se encuentran en diversos estados judiciales (72%) y con avalistas en el 35% de los casos. Entre los que tienen compromisos de
pago con entidades financieras, y que tienen reclamados más de 10.000 euros de media, hay un grupo, que representa el 5% de ciudadanos, que adeuda una media de 45.235 euros. Cada uno acumula cuatro deudas distintas y otro 3,5% supera las cinco deudas de varias procedencias, con un importe medio de 34.179 euros.

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Fuente: El Mundo

Si el ejercicio 2012 pasará a la historia como el año de las provisiones estratosféricas para sanear balances, 2013 se recordará como el de pisar el acelerador para ejecutar una fuerte limpieza inmobiliaria. Los bancos quieren quitarse, cuanto antes, las viviendas, plazas de garaje, trasteros, locales comerciales,… que mantienen en sus carteras. Entre los seis grandes bancos han vendido 11.363 viviendas en el primer trimestre del año (una media por encima de 125 unidades al día). Ni en sus mejores tiempos, se apunta, las inmobiliarias vendían a ese ritmo, si bien se aprecian diferentes volúmenes de venta en función de cada banco. Por ejemplo, Santander comercializó 50 unidades al día; BBVA, 33 viviendas; Sabadell, 27; CaixaBank, casi 11 unidades al día; mientras que en el Popular se vendieron entre 2 y 3 unidades diarias y Bankinter, casi una al día. A ellas hay que sumar las 702 unidades, que colocó Bankia por cuenta propia, sin incluir las que depositó en la Sareb. Del total de las vendidas por el banco nacionalizado, 598 fueron propias y 104 unidades, de subrogaciones de promotores.
A partir de este año, toda la banca creará unidades de negocio independientes asociadas al ladrillo, donde también se incluirán los créditos al promotor. Es decir, una especie de bancos malos propios, donde verter todos los inmuebles, con independencia de su valor de mercado.
Se trata de un requisito redactado y exigido en el real decreto 2/2012 y cuyos detalles se amplían en el real decreto 18/2012. Es decir, la banca está haciendo ese ejercicio de transparencia y clarificación por las exigencias de los conocidos como Guindos I y II, que recogen lo pactado con Europa en el memorándum de entendimiento (MOU). Estas unidades independientes no desconsolidan sus pérdidas inmobiliarias, como sí sucede con los activos inmobiliarios que han ido a parar a Sareb de Bankia, Catalunya Banc y Novagalicia.
La normativa de Economía deja muy claro las razones para crear el banco malo: “Con el fin de aislar y dar salida en el mercado inmobiliario, cuya integración en el balance de las entidades está lastrando la recuperación del crédito”. El texto añade que “las entidades deberán aportar todos los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionadas con el suelo para la promoción inmobiliaria y con la construcción o promociones inmobiliarias. Para ello es preciso garantizar que su valoración resulte ajustada a la realidad del mercado, así como a la profesionalización de la gestión de las citadas sociedades”.

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Fuente: La Vanguardia

La presión social logró que el Gobierno moviera ficha frente al drama de los lanzamientos en lo que calificó de “primera fase de medidas de protección de los deudores hipotecarios”. Fuentes solventes confirman que ya hay otras iniciativas en estudio y muy avanzadas. De momento, las actuaciones han ido dirigidas a evitar los lanzamientos durante dos años y a constituir un Fondo Social de la Vivienda. De hecho, una de las normas más esperadas del nuevo periodo de sesiones es la que recoge estas propuestas, tras el acuerdo de los grupos para que el decreto ley del Gobierno fuera tramitado como proyecto de ley después de su convalidación por la Cámara Baja a finales de noviembre.
Desde el equipo económico del Ejecutivo destacan que hasta ahora se ha puesto la atención en las medidas paliativas adicionales a corto plazo, pero que están convencidos de que se pueden hacer más cosas “sin demagogia” frente a este problema. Siempre teniendo en cuenta ‐precisan‐ que los cambios legales no afecten “negativamente” a la banca ni a la financiación de la construcción de nuevas viviendas ni al principio básico en materia de seguridad jurídica “de que las deudas se pagan”.
Entre las medidas en las que el Gobierno está trabajando está la limitación de los intereses de demora, que son cláusulas penales por cumplimiento tardío, no intereses remuneratorios. Hasta ahora, lo normal es que las entidades financieras incluyeran en sus contratos de préstamo o créditos hipotecarios intereses de demora del 20,5%. Según los expertos, hay dos medidas susceptibles de ser aplicadas: la de limitar legalmente el tipo de los intereses de demora y la de limitar el importe y las cuotas que devengan tales intereses. El segundo cambio que se prepara afecta a las hipotecas con cláusulas abusivas. El Gobierno quiere acabar con su comercialización. En ello influyen las consultas de algunos jueces españoles al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su legalidad. Un ejemplo son las cláusulas suelo. 

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Fuente: La Razón

La tendencia al cierre del grifo del crédito, en vez de invertirse, se acentúa. El saldo de los préstamos de las compañías bajó en noviembre hasta los 779.014 millones de euros, lo que significa un 7,2% menos que en el mismo mes de 2011 y el mayor ritmo de caída desde que empezara la crisis, según los datos provisionales publicados por el Banco de España. Con respecto al mes anterior, el saldo se ha reducido el 0,6%, en 5.089 millones.
La situación no es mucho mejor para las familias, especialmente en los préstamos relacionados con la adquisición de vivienda. Llevan cayendo sin interrupción desde 2011. En noviembre, el saldo de las hipotecas sobre viviendas bajó hasta los 643.426 millones, un 3,5% menos que hace un año. Frente a octubre, el descenso es de 1.982 millones. En financiación al consumo, el saldo de este tipo de préstamos repuntó frente a octubre el 2,4%, hasta 194.428 millones. Aún así, su caída frente al mismo mes de 2011 se acelera una décima frente a octubre, hasta el 4,1%.
Desde el comienzo de la crisis, el endeudamiento de las familias se ha reducido debido en gran parte a la necesidad de los hogares españoles de recortar sus deudas, así como a las dificultades y elevados precios que piden las entidades a la hora de conceder esos préstamos. Esto ha llevado a la deuda familiar a reducir su proporción respecto al PIB, que ha pasado de representar un 86% en 2007 a apenas superar un 78% en la actualidad. No obstante, el crédito al consumo parece haberse convertido en un recurso para hacer frente a un entorno de recesión, subidas de impuestos y recortes salariales, para “llegar a fin de mes” más que para realizar los usos tradicionales de estos créditos: automóviles, muebles, televisores y otros bienes.  

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Fuente: Expansión, Cinco Días, El Economista, El País, La Vanguardia, La Razón, La Gaceta

El Gobierno exime a las compras empresariales de sociedades con inmuebles de tributar por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) si responden a actividades empresariales o profesionales, y no se trata de transacciones especulativas o puramente inmobiliarias. Una enmienda del Grupo Popular a la Ley de Lucha contra el Fraude impulsa un cambio del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores que puede ahorrar hasta el 50% del coste de las transacciones. Una factura que las empresas debían cubrir aunque tuvieran deudas.
Esta medida supone una gran noticia para las empresas, que sufrían una norma desincentivadora de la actividad, según reseñan la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf). Pero asesta un golpe a las comunidades cuando más necesitadas están de recaudar. De hecho, algunas están elevando ITP al 10% para acompasarlo a la subida del IVA de vivienda que entra en vigor en enero.

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Fuente:Expansión

Ángel Bouzas, consejero delegado de Freedom Finance, asegura que un 90% de las unificadoras de crédito han desaparecido en los últimos años. “Hemos pasado de cerrar unas 300 operaciones al mes durante los años 2007 y 2006 a firmar poco más de 30 o 40 al mes en la actualidad”, comenta. Bouzas asegura que hoy sólo se pueden unir deudas si el montante total de la deuda pendiente no supera el 70% del valor de tasación de la vivienda. Además, hoy, el perfil de cliente que puede unificar deudas destaca por su demostrada solvencia. En esta definición entran, por ejemplo, funcionarios que han visto reducir sus ingresos, pero que mantienen un salario fijo y, algo muy preciado en los departamentos de riesgos de los bancos, estabilidad laboral. Además, destaca otro perfil que puede optar a la reunificación de deudas: el hipotecado que sigue teniendo trabajo pero que ha visto caer mucho sus ingresos variables y que ahora no puede mantener el tren de vida de hace unos años.  

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Fuente: ABC

Los activos tóxicos del ‘ladrillo’ continúan creciendo y en los balances de los bancos hay cada vez más inmuebles que las entidades financieras se quedan por el impago de créditos. Ese problema es el que ha hecho necesario sanear el grupo Bankia con dinero público y ha provocado la salida de Rodrigo Rato de la entidad. Las cifras recién publicadas de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y de su filial Bankia completan la fotografía del riesgo inmobiliario del sector financiero. Bancos y cajas cerraron 2011 con más de 180.000 millones de euros en activos tóxicos, de los que más de 100.000 son créditos problemáticos y unos 85.000 millones son pisos, oficinas, solares, promociones y otros activos recibidos por impago de deudas. En su informe de estabilidad financiera, el Banco de España cifraba en 184.000 millones el volumen de activos inmobiliarios “potencialmente problemáticos” (créditos morosos, subestándar y esos activos adjudicados).
La otra partida clave es la de los inmuebles adjudicados. Se trata de pisos, oficinas, solares y promociones que los bancos se han quedado (por embargo o dación en pago) ante el impago del crédito con que se financió su compra. El cómputo arroja una cifra de 85.000 millones entre los que predomina el suelo (36.000 millones), seguido por las promociones acabadas o en construcción (23.000 millones) y por los pisos y viviendas embargados a particulares (15.300 millones). También se incluyen aquí participaciones en inmobiliarias por 6.000 millones como las que se han quedado los bancos al canjear deuda por acciones. La banca ha realizado provisiones o correcciones de valor sobre esos activos por importe de unos 30.000 millones, de los que la mitad están destinados al suelo. Quedarían más de 50.000 millones netos en los balances de las entidades. Por tanto, entre créditos morosos y subestándar y activos inmobiliarios adjudicados quedan más de 120.000 millones problemáticos sin provisionar.

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Fuente:El País

Las entidades financieras no solo se han convertido en las principales inmobiliarias del país sino que también han generalizado nuevos métodos y escenarios de comercialización. El elevado número de viviendas que acumulan, valoradas en 70.000 millones de euros y unas deudas asociadas al inmobiliario de 300.000 millones, junto a la imperiosa necesidad de reducir su exposición al ‘ladrillo’, ha obligado a las entidades a revisar la teoría sobre su actividad tradicional. “La venta de pisos es ahora uno más de nuestros productos bancarios”, explica Carlos Bode, director de negocio inmobiliario de Banco Sabadell-Solvia. Pero es un producto que se comercializa con algunas particularidades. La banca online se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de los potenciales compradores. Son enormes escaparates digitales que almacenan más de 100.000 casas, pisos y adosados, mostrando no solo los bienes adjudicados de clientes y empresas. Cada vez más entidades, como Santander, Popular, Sabadell, Catalunya Caixa o BBVA, incorporan además los inmuebles de las promotoras a las que prestan financiación. Junto a Internet, la mayoría de bancos y cajas han convertido sus redes de sucursales en el primer punto de información de su cartera de inmuebles. No obstante, las entidades también siguen recurriendo a los actores más tradicionales del mercado inmobiliario como los agentes de la propiedad (API) homologados, agencias o incluso consultoras y call centers para vender su producto.
Las ferias son el otro escenario mimado por bancos y cajas con el objetivo principal de ampliar la cartera de futuros propietarios. “Son una oportunidad que hay que aprovechar pero sirven sobre todo para hacer contactos con los que luego hay que seguir trabajando, más que para vender directamente”, subraya Bode. Por eso, se presentan las ofertas más agresivas, como las propuestas recientemente en SIMA 2012, con descuentos de hasta 65.000 euros sobre el precio de la web que llevó CX Inmobiliaria, filial inmobiliaria de Catalunya Caixa, áticos en Seseña desde 75.000 euros de Altamira Santander Real Estate, o la rebaja del 55% para 300 viviendas situadas en la costa de Bankia Habitat. Son las gangas del momento no extensibles a todos los inmuebles que promocionan las entidades. Hablar de precios o  descuentos medios en un país con un mercado inmobiliario tan heterogéneo como España es difícil, pero BBVA o Santander cifran la rebaja media de sus inmuebles en un 30%. En valores absolutos, la vivienda media de segunda mano vendida por Banesto durante los tres primeros meses del año tuvo un precio de entre 80.000 y 85.000 euros.
Los nuevos tiempos y las dificultades de venta han propiciado algunas iniciativas novedosas, como las subastas online de inmuebles que celebran Bankia y CAM o la posibilidad del cliente de ofertar su propio precio, para algunas de las  viviendas que vende Servihabitat de CaixaBank.
También se comenta que las condiciones más ventajosas que bancos y cajas ofrecen para las hipotecas de sus propias viviendas son el otro gancho con el que tratan de atraer al comprador.  

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Fuente: Cinco Días

De acuerdo con los datos divulgados por el Banco de España, el ratio de morosidad terminó en febrero en el 8,155%, después de enlazar 11 subidas consecutivas. Es la primera vez desde noviembre de 1994 que este indicador rebasa la cota del 8%.  
En términos absolutos, el volumen total de créditos impagados roza los 144.000 millones de euros, frente el saldo vivo de préstamos que mantienen las entidades financieras con familias y empresas, de 1,76 billones de euros. Después de unos meses de incrementos moderados, la morosidad ha arreciado en enero y febrero, sumando 8.000 millones adicionales (el mismo incremento que en los cuatro meses precedentes). La explicación de este agravamiento de los impagos, de acuerdo con diversas entidades, viene del lado de los créditos con familias y con pequeñas empresas. Después de varios trimestres en los que la morosidad se explicaba fundamentalmente por el desplome de promotoras, ahora llega el turno de particulares y pymes que no pueden hacer frente a sus deudas.
Las previsiones de los analistas sobre la entrada de España en recesión a lo largo de 2012 no auguran nada bueno para el sector financiero. La evolución de la tasa de morosidad está estrechamente ligada a la evolución del producto interior bruto (PIB) por lo que los expertos consultados se muestran convencidos de que durante este ejercicio se rebasara el máximo
histórico de tasa de dudosidad ‐del 9,15%‐ alcanzado en febrero de 1994.

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Fuente: Cinco Días, El Economista, Expansión, El País, El Mundo, ABC, La Razón y La Gaceta