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La Comunidad de Madrid pone a la venta 3.000 pisos del Plan Joven

El Plan Joven de la Comunidad de Madrid cuenta con 13.000 viviendas. De ellas, 9.000 son de promotoras privadas, 3.000 pertenecen al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y las 1.000 restantes son de promotoras públicas municipales. Con la idea de obtener liquidez con la que construir nuevas viviendas protegidas y acondicionar otras de las que gestiona, el Ejecutivo autonómico pretende sacar a subasta pública esas 3.000 residencias del parque del IVIMA. La intención es que sean compradas por promotoras privadas (tanto españolas como extranjeras), que estarían obligadas a mantener a los inquilinos las mismas condiciones de alquiler y opción de compra.
La venta de los 3.000 pisos de la red del IVIMA se engloba dentro de la modificación del Reglamento de Viviendas con Protección Pública que el Gobierno madrileño pretende aprobar de forma inminente. Otra de las novedades que contempla es que los mayores de 35 años puedan ejercer el derecho de compra de las 1.839 viviendas protegidas del Plan Joven en régimen de alquiler con dicha opción ya en el primer año de arrendamiento, sin tener que esperar al quinto, sexto o séptimo año como sucede en la actualidad. Suprimida la barrera de la edad, el resto de requisitos se mantendrían: unos ingresos inferiores a 5,5 veces el indicador de renta IPREM y no tener propiedades en la comunidad ni ser titular de viviendas protegidas en España.

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Fuente: El País

El Ejecutivo flexibilizará las condiciones del alquiler social

El calificativo “vulnerable“ que empleó el ministro de Economía, Luis de Guindos, hace poco menos de cuatro meses, para agrupar a las familias desahuciadas o incapaces de seguir pagando una hipoteca y que podían beneficiarse de un alquiler social tendrá nuevas acepciones. El Gobierno decidió flexibilizar las condiciones que debe cumplir una familia para acogerse a ese alquiler social. El plan pasa ahora por no limitar a un periodo concreto la ejecución hipotecaria y el desalojo de las familias interesadas en solicitar un alquiler social, además de mejorar las condiciones del arrendamiento, según aseguraron fuentes cercanas al Ministerio de Economía.
Cualquier familia podrá recurrir a este tipo de alquiler, con independencia de que haya sido desahuciada antes del 1 de enero de 2008, que fue la fecha fijada por el Gobierno como primera condición para acceder a un alquiler social. Es más, modificará el límite máximo de dinero que una familia puede dedicar al pago del arrendamiento. El Consejo de Ministros estableció un máximo del 30% de la renta familiar a destinar al alquiler. Ahora, ese porcentaje podrá ser mayor, lo que facilitará el acceso a una vivienda en función de las necesidades de la familia. El alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros, y la duración del contrato de arrendamiento será de dos años. Lo que no cambiará es que las familias que se pueden acoger a este tipo de alquiler serán aquellas cuya vivienda afectada por un desalojo sea la única en propiedad que poseen. Sus ingresos, en conjunto, no podrán ser de más de 1.597 euros al mes ‐19.164 euros anuales‐ y la carga que supone la hipoteca debe haber crecido, al menos, un 1,5% desde 2008.
La decisión de flexibilizar las condiciones de acceso al Fondo Social de Viviendas llega después de que el pasado 31 de marzo concluyera el primer plazo para solicitar una casa. Fuentes financieras reconocieron que “la iniciativa del Gobierno fue un fracaso”. Los bancos apenas recibieron solicitudes, en relación al número de viviendas que destinaron al fondo social. Así, el Popular sólo registró tres solicitudes frente a los 336 inmuebles que ofreció al Gobierno. Sabadell recibió 31 de las 250 viviendas que cedió al fondo. BBVA no llegó a registrar ni un 3% de solicitudes de los 899 inmuebles aportados. Y Bankinter no recibió ninguna, pese a ofrecer 56 viviendas. Por su parte, CaixaBank aportó al fondo cerca de 900 viviendas y el Santander, 590, pero el interés por parte del ciudadano, en ambos casos, fue mínimo. Solo Bankia registró un mayor número de solicitudes. Un total de 326 frente a las 1.000 viviendas cedidas al fondo. Fuentes financieras apuntan que el fracaso se debió a una desinformación por parte de las familias ante la nula campaña que ha hecho el Gobierno. A esto se suma el hecho de que “los bancos tienen mejores condiciones de alquiler” que las impuestas por el Ejecutivo.

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Fuente:El Mundo

La AHE sugiere crear un plan de vivienda de alquiler

“El planteamiento de que hay que modificar la ley para ver cómo se pueden quitar de en medio las hipotecas es erróneo”, sostiene el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González. En su opinión, los esfuerzos de los responsables políticos deberían centrarse en alcanzar un pacto de Estado sobre el futuro desarrollo inmobiliario. “En España no existe una política social de vivienda, pues siempre ha sido la política de uno contra la política de otro”, expuso, en alusión a las medidas tomadas por los Ejecutivos del PSOE y del PP. “Solo han hecho vivienda protegida y compitiendo con la vivienda libre”, criticó.
Desde la AHE consideran que, mientras tanto, el “gran problema” del país es la “distorsión” del mercado inmobiliario, en el que el alquiler no se ha consolidad como una opción verdaderamente atractiva. “No es que a los españoles les guste más comprar viviendas, es que no hay otra alternativa”, aseveró González, instando a las fuerzas políticas a abordar este problema. Para González, lo interesante es que se constituya un parque de vivienda en alquiler, que debe plantearse ya para que este operativo en unos años, y que podría ser impulsado por el Estado mientras los inversores privados no estén interesados en desarrollarlo. “Se solucionará cuando Sareb coloque sus pisos”, vaticinó. Hasta entonces, y teniendo en cuenta que “las entidades no quieren ser caseros”, como consideró comprensible, el Gobierno debería adelantarse y comenzar a trabajar en potenciar el arrendamiento de inmuebles y en crear un stock de vivienda social. “Una política de alquiler así no se improvisa”, concluyó González.

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Fuente: Cinco Días

El nuevo plan de vivienda se orienta al alquiler

El elevado stock de vivienda nueva sin vender, cerca de los 700.000 inmuebles, y las dificultades económicas por las que pasan un gran número de hogares apuntan al alquiler como el camino para poder conciliar oferta y demanda inmobiliaria en una momento de crisis. Ana Pastor, ministra de Fomento, avanzó ayer que trabaja con las comunidades autónomas para presentar el nuevo plan de vivienda 2012‐2016. Estará basado en las ayudas al alquiler y rehabilitación, y en un nuevo fondo social de vivienda orientado al arrendamiento. Pastor recordó que solo el 17% de los inmuebles en España están en alquiler y que hay más de seis millones de casas con más de 50 años de antigüedad.

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Fuente:Cinco Días

Publicado el: 01/12/2012 |
| En la categoría: Noticias sobre Hipotecas
Los agentes inmobiliarios rechazan la reforma de la ley de alquiler

El Colegio y la Asociación de Agentes Inmobiliarios (API) de Cataluña trasladaron a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados su rechazo al proyecto de Ley de medidas para flexibilizar el alquiler, al considerar que creará más inseguridad jurídica, problemas y gastos innecesarios. En un comunicado, el presidente de los API catalanes, Joan Ollé, considera que la obligatoriedad de registrar los contratos de arrendamiento en el Registro de la Propiedad es una “losa muy pesada”, que se podría solucionar mediante registros autonómicos de fianzas para evitar costes e incertidumbres a los profesionales inmobiliarios. El colectivo también advierte que el inquilino quedará desprotegido ante la incertidumbre de extinción del contrato de arrendamiento por venta o necesidad no advertida de forma previa, al tiempo que Ollé apuesta por un “potente servicio privado de mediación” en arrendamiento, venta y ejecuciones.
Estos profesionales también se han mostrado dispuestos a intermediar en el proceso de valoración de los activos inmobiliarios en manos de los bancos y cajas que pasarán a formar parte de la cartera del banco malo. “Por nuestra experiencia en el mercado, tenemos toda la información y las herramientas para llevar a cabo esas valoraciones”, aseguran fuentes del sector.

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Fuente: Cinco Días

Descienden los litigios relacionados con los contratos de arrendamiento urbano

Según las cifras que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales de 2011 se registraron un total de 24.622 sentencias sobre conflictos relacionados con los contratos de arrendamiento urbano (entendiendo por tales los alquileres no solo de viviendas, sino también de plazas de aparcamiento, locales comerciales y otros inmuebles para usos industriales). Este volumen representa un descenso del 16,7% sobre los procesos resueltos en 2010 y es el segundo ejercicio consecutivo en el que bajan los litigios. Y todo ello justo cuando arrecia la crisis. Es decir, que mientras el paro repuntaba y las expectativas se tornaban negrísimas, no se ha disparado el número de conflictos en materia de alquiler. Es más, la estadística del INE, elaborada a partir de los datos suministrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), detalla que de ese total, 19.420 sentencias se refirieron a arrendamientos de casas, también un 15,7% menos que un año antes.
Lo que sigue invariable es que la inmensa mayoría de los litigios que llegan a resolverse vía judicial (otra parte de los conflictos queda zanjada antes) es por falta de pago de la renta: 18.492 de esos 19.420. Le sigue a muchísima distancia la denegación de prórrogas, la no utilización de la casa como residencia permanente o la realización de daños. Si se  compara con el total de viviendas en alquiler que existen en la actualidad en España, que según el Ministerio de Fomento son 1,8 millones, las cifras pierden fuerza. Las 19.420 sentencias sobre arrendamientos de vivienda apenas representan el 1,07% de ese parque en alquiler. Por ello, salvo para quienes han pasado por esa experiencia, cada vez hay más expertos que coinciden en que lo peor del alquiler no es el inquilino moroso, ya que las cifras demuestran que haberlos, haylos; algunos son incluso auténticos profesionales del impago, pero es mucho peor que no se les pueda desalojar de manera ágil y barata, o que no exista una oferta de buena calidad suficiente y con una gestión profesionalizada. Las reformas emprendidas van en esa línea y la prueba es que en esa bajada de litigios de 2011 ha tenido mucho que ver el llamado desahucio exprés.

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Fuente:Cinco Días

El Gobierno quiere flexibilizar el mercado de alquiler

Dentro de su agenda de reformas, el Gobierno se ha propuesto flexibilizar el mercado de alquiler con un paquete de medidas cuyo anteproyecto ha pasado ya por el Consejo de Ministros. Varios expertos ponen el acento en que las nuevas medidas pueden crear indefensión en el inquilino. “El Gobierno vuelve a equivocarse”, asegura el vicerrector de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, quien considera que el problema actual en el mercado de alquiler “no es de oferta, sino de demanda”. “No hay suficiente gente que demande viviendas de alquiler. Los inmigrantes vuelven a sus países, la gente que se cambia de ciudad por trabajo ha disminuido y los jóvenes que se independizan de sus padres también descienden. Por primera vez hay un exceso de oferta y por eso los precios están bajando, y mucho”, sostiene.
“No creo que las medidas sirvan para impulsar el alquiler. Va a ser más el mercado el que fuerce a la gente que se plantee alquilar en vez de comprar”, asegura Miguel Hernández, experto en el sector inmobiliario de IE Business School. Recuerda que antes de la crisis, la brecha entre la compra y el alquiler estaba en el precio: salía más a cuenta hipotecarse que alquilar. “Algunas medidas eran necesarias, pero debe haber un diferencial entre el alquiler y la compra”, afirma.
La exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, considera que el principal problema del stock de viviendas es que muchas no son aptas para el alquiler, ya sea por su tipología o por su ubicación. Bernardos, en cambio, propone que el Gobierno actúe por el lado de la oferta. Por ejemplo, movilizando el parque de viviendas que está en manos de la banca con un alquiler máximo de unos 150 euros mensuales, “asequible para una familia que lo esté pasando mal”.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha defendido en el Senado que el borrador pretende “preservar la libertad de arrendatarios y arrendadores” y asegurar una mayor “equidad” en sus relaciones, puesto que los inquilinos podrán dejar su vivienda sin ninguna penalización económica si deben trasladarse de ciudad por motivos económicos. Bernardos discrepa: “Todas las medidas están pensadas para mejorar la rentabilidad del propietario de vivienda, pero se olvida que el alquiler tiene un componente social muy importante. El Gobierno lo ve como un asunto de mercado estrictamente, pero los contratos de alquiler estaban muy acotados por ese factor social”, afirma. Ahí coincide Corredor, que opina que el Gobierno considera “el alquiler como un bien de inversión y no como una forma de acceso a la vivienda”.  
Fernando Encinar, de Idealista.com, opina que “para el inquilino no hay mejoras sustanciales, y todas las medidas favorecen al propietario”. “La medida de no tener como referencia el IPC da una inseguridad enorme al inquilino. El propietario puede venir y decirle que tiene una oferta mejor y que le sube el arrendamiento de golpe si quiere quedarse”, advierte.

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Fuente:El País

Desaucio exprés: Desalojar a un inquilino moroso en menos de un año

El anterior Gobierno socialista pretendió instaurar la figura del desahucio exprés eliminando y acortando el proceso judicial que ha de iniciarse cuando se demanda a un inquilino por impago de rentas, desperfectos en la casa o cualquier otra irregularidad. Pero la falta de medios humanos y técnicos de muchos juzgados ha impedido en la práctica que los desalojos sean realmente ágiles y, por tanto, exprés. Los plazos medios de resolución de un litigio por impago del alquiler varían según la ciudad y oscila entre cuatro meses en los juzgados menos atascados y un año en los de las grandes urbes. Hay procesos que se pueden llegar a prolongar más de un año y eso es con lo que quiere acabar la reforma que plantea el actual Ejecutivo. El Ministerio de Fomento, en colaboración con el de Justicia, ha decidido actuar sobre la seguridad jurídica con el objetivo de “racionalizar el procedimiento animando con ello a que más propietarios pongan sus casas en alquiler y arrendadores e inquilinos estén más protegidos”, aseguran fuentes de Fomento. “Si ahora los procesos se resuelven en un plazo medio de cuatro a 12 meses, el objetivo es que en una primera fase se consiga reducir esos tiempos entre dos y tres meses, sobre todo en el caso de los litigios más largos”, explican las mismas fuentes.
Se conseguirá fundamentalmente por dos vías: aclarando la norma actual y simplificando la composición de la comisión judicial que acude al inmueble a realizar el lanzamiento (momento en el que se hace efectivo el desalojo del inmueble), de forma que en lugar de tener que componer dicha comisión dos funcionarios, podrá acudir al inmueble uno solo. Desde Fomento recuerdan que los pasos a dar y el procedimiento se mantienen exactamente igual. Cuando un inquilino deja de pagar, el propietario puede demandarle ante el juzgado de primera instancia correspondiente. A partir de entonces comienza el proceso con el envío al arrendatario que no paga un requerimiento exigiendo las cantidades adeudadas que deberá reintegrar en un plazo de 10 días.

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Fuente:Cinco Días

Reacciones ante las medidas del Gobierno para impulsar el alquiler

El importante paquete de medidas anunciado por el Gobierno para despertar el mercado del alquiler en España no parece crear demasiado optimismo en el sector profesionalizado, ni en los consumidores, ni en Izquierda Unida (IU). La compañía Alquiler Seguro ha calificado la reforma de "insuficiente", FACUA cree que "fomenta la especulación inmobiliaria" e IU denuncia que se queda muy corta. El presidente de Alquiler Seguro, Gustavo Rossi, como informa Europa Press, "aplaude" las medidas "en cuanto a la filosofía de las mismas", aunque las consideran "insuficientes" para la realidad que impera en el mercado. Desde Alquiler Seguro matizan que las medidas son medidas coyunturales, un "alquila hasta que puedas vender". "No hemos contemplado el alquiler como un problema que preocupa a la sociedad ni como un cambio cultural sino como una medida para que los grandes poseedores de viviendas puedan hacer que circule ese activo inmobiliario que tienen", ha explicado Rossi.
La filosofía de las medidas está "muy bien enfocada", según Rossi. Sin embargo, "al que realmente le preocupa, al arrendador que ha hecho de sus ahorros un alquiler para poder garantizarse unas rentas, estas medidas no le van a llegar". "El verdadero problema está, no en los bancos que tienen muchas viviendas, si no en el particular que tiene su vivienda cerrada y ante la inseguridad jurídica no se decide a ponerla en alquiler". En alquiler, el propietario "tiene" que hacer una inversión inicial en la vivienda que va a sacar al mercado, pero "hay que entender que el coste de inversión le garantiza una inseguridad jurídica si el inquilino puede irse de la vivienda con un mes de antelación". Esa persona "necesitará un tiempo" para recapitalizar la inversión hecha con lo que "muchos propietarios querrán subir el alquiler de su vivienda" para poder amortizar el gasto que han hecho debido a la inseguridad del inquilino. Desde Alquiler Seguro apuestan porque las medidas estén "más" enfocadas al punto de la libre negociación de las partes. La asociación de consumidores, FACUA-Consumidores en Acción, ha tildado de "lamentable" y "contradictoria" la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) impulsada por el Gobierno y asegura que "no se fomentarán" los alquileres y sí "la especulación inmobiliaria". En un comunicado que recoge Servimedia, FACUA subraya que "el Gobierno pretende fomentar el alquiler igual que el empleo: facilitando que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones". De este modo, indica que los inquilinos "ya no podrán tener la tranquilidad" de que sus contratos de alquiler de vivienda puedan extenderse hasta un mínimo de cinco años, como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, sino sólo tres.

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Fuente: El Mundo

Durante los próximos años la construcción de casas seguirá en mínimos

El Plan Nacional de Reformas que acompaña al Programa de Estabilidad que fue presentado a la Comisión Europea prevé que el número de nuevas viviendas irá subiendo gradualmente desde las 78.000 del año pasado hasta alcanzar entre 100.000 y 11.000 en 2015. Se trata de cifras minúsculas si se comparan con las 865.000 que se llegaron a iniciar en 2006, cuando España vivía en la euforia del ‘ladrillo’. “Continuará la absorción del stock sin vender al tiempo que se elevará muy gradualmente el número de viviendas iniciadas”, asegura el documento.
Por otra parte, el Gobierno baraja la posibilidad de crear un registro público de inquilinos morosos. Con esta iniciativa, trata de fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler y potenciar este segmento del mercado. También pretende impulsar el arrendamiento de viviendas vacías a través de medidas fiscales como incentivar al propietario con bonificaciones a las rentas del alquiler.
Además, se incluyen medidas para incrementar los ingresos como la venta del patrimonio inmobiliario del Estado, que se eleva a más de 50.000 inmuebles.  

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Fuente: El País

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