Noticias sobre Ley

La Comisión Europea (CE) está analizando la legalidad de la ley española en materia de ejecución hipotecaria, y ha advertido que en caso de que las reformas llevadas a cabo no sirvan para ajustar la norma a la legalidad comunitaria expedientará a España.
Según la comisaria de Justicia, Martine Reicherts, la CE está acabando de evaluar la legislación española en esta materia, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE que viene corrigiendo ciertas prácticas contrarias a los derechos del consumidor cuando aparecen cláusulas abusivas en el contrato.
Según Reicherts en respuesta a los fallos del TJUE España “modificó la disposición que impedía que los deudores interpusieran recurso de apelación contra la resolución que desestimara su oposición a la ejecución, si ésta se basaba en la existencia de una cláusula contractual abusiva en el contrato de préstamo” pero la Comisión “está ahora acabando de evaluar si España cumple plenamente lo dispuesto” en la directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en particular “tal y como ha sido interpretada por el TJUE”.
 

El Notariado ha publicado un editorial en su revista Escritura Pública en el que demanda que se cumpla la Ley y se permita el acceso a los registros. Alerta de los daños que provoca a los ciudadanos que los registradores no permitan el acceso online a los libros de los registros públicos, incumpliendo el mandato legal. En este editorial señalan que uno de los problemas clásicos del mercado inmobiliario español ha sido el de la opacidad y destaca la existencia de un Registro de la Propiedad donde de modo voluntario se inscribe la propiedad pero que conocer su contenido es enormemente complejo y costoso.

Jueces para la Democracia reclama medidas para acabar con la proliferación de demandas de consumidores que exigen la anulación de las cláusulas suelo de sus hipotecas. En el 29º Congreso esta asociación judicial progresista aprobaron un acuerdo que exige que se elabore una ley que anule todas las cláusulas suelo en contratos de préstamos con garantía hipotecaria y que exija dejar de aplicarlas en los contratos en los que ya constan, impidiendo que se incluyan en los futuros. Jueces para la Democracia también pide que se obligue a restituir a los clientes bancarios todas las cantidades que se hayan percibido con su aplicación, con efecto retroactivo y abono de intereses. El objetivo de esta medida sería evitar que los ciudadanos tengan que acudir de manera masiva a los tribunales para que la cláusula suelo sea retirada.
En la actualidad los juzgados y tribunales de toda España se encuentran inundados de demandas que reclaman la anulación de las cláusulas suelo. Las sentencias que se han ido dictando no son unánimes: unas declaran abusivas las cláusulas suelo y obligan al banco a devolver el dinero con efecto retroactivo; otras, aún declarándolas nulas, sólo condenan a su retirada; y, por último, están las que respaldan su validez.
 

Según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborado por el departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial con datos del primer trimestre de 2014 en comparación con el mismo periodo del año 2013 las ejecuciones hipotecarias crecieron un 13,9% y los desalojos de viviendas se redujeron un 5%.
Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) estos datos confirman que la ley aprobada por el Gobierno no está sirviendo para solucionar el problema.
 

La Junta de Andalucía está recrudeciendo la particular batalla que mantiene desde hace tres años contra las entidades financieras. El último paso en este sentido es la aprobación de un anteproyecto de ley que endurece los requisitos para conceder hipotecas. Entre otras cuestiones, obliga a los bancos y cajas a una mayor transparencia y les impide vincular la contratación de ciertos productos a los préstamos para viviendas, como seguros de vida o del hogar. Además exige a los notarios y a los registradores de la propiedad que denuncien “cláusulas abusivas” antes de firmar una hipoteca y a ponerlas en conocimiento tanto del usuario como de la Junta para iniciar el correspondiente expediente sancionador. Para todos aquellos que incumplan la norma, se contemplan sanciones de hasta 600.000 euros y el quíntuplo del valor de los beneficios ilícitos obtenidos o de los perjuicios causados.
Esta iniciativa se une al impuesto sobre los depósitos de 2010 y al decreto de la Función Social de la Vivienda ‐conocido como Ley Antidesahucios‐ aprobado el pasado abril y que está recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno, una vez que Bruselas advirtió de que entrañaba riesgos no sólo para la banca sino para la propia recuperación económica de España. En ambos casos, detrás está la mano de Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE. La norma anunciada tiene la firma de Diego Valderas, vicepresidente andaluz y titular de la cartera de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que depende el área de consumo, quien ayer destacó que el objetivo es “acabar con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza”. Fuentes de los sectores financiero e inmobiliario, sin embargo, mostraron su temor a que esta medida tenga un efecto contraproducente y que se reduzca aún más la concesión de créditos para la adquisición de una vivienda.
Andalucía es una de las regiones en las que se está produciendo una mayor contracción en la formalización de hipotecas. Según datos del INE, en junio se firmaron 3.000, lo que supone un 40% menos en términos interanuales. Un desplome que, además, viene precedido de otros igualmente significativos en ejercicios previos.

simulador hipoteca

Fuente: Expansión, El Economista

Más de 100.000 inmuebles han obtenido ya la etiqueta de eficiencia energética, desde que la normativa de certificación entrara en vigor el pasado 1 de junio, según estimaciones de Certicalia.com. Una distinción que, según recuerda la empresa de certificación energética, debe figurar por ley en cualquier anuncio de viviendas y locales en venta o alquiler.

"Son las grandes capitales y las localidades de costa las que más inmuebles han certificado desde la entrada en vigor de la normativa", han indicado desde la compañía. Las comunidades con mayor número de etiquetas registrados este verano han sido Cataluña, con casi 50.000 inmuebles registrados, y Madrid, con más de 34.500. Además, cabe destacar los 4.000 certificados registrados en las Islas Baleares, los 4.500 de Asturias, los 2.500 de Navarra, los cerca de 1.500 tanto en Galicia como en Castilla la Mancha, los 1.200 de La Rioja o los 800 de Extremadura.

En todo caso, desde la compañía han subrayado que "es muy posible que el número de inmuebles certificados sea mayor al que recogen los registros". El motivo, han agregado, es que "muchos propietarios no han registrado aún sus certificados por razones que van, desde el desconocimiento de la obligación, a la dificultad de algunos procesos de registro o "la inexistencia" aún de los mismos.

La etiqueta es el resumen del certificado de eficiencia energética que realiza un técnico certificador tras visitar el inmueble. Una vez expedido, este informe debe incorporarse al registro del órgano competente de cada comunidad autónoma.

simulador hipoteca

Fuente: El País

“El planteamiento de que hay que modificar la ley para ver cómo se pueden quitar de en medio las hipotecas es erróneo”, sostiene el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González. En su opinión, los esfuerzos de los responsables políticos deberían centrarse en alcanzar un pacto de Estado sobre el futuro desarrollo inmobiliario. “En España no existe una política social de vivienda, pues siempre ha sido la política de uno contra la política de otro”, expuso, en alusión a las medidas tomadas por los Ejecutivos del PSOE y del PP. “Solo han hecho vivienda protegida y compitiendo con la vivienda libre”, criticó.
Desde la AHE consideran que, mientras tanto, el “gran problema” del país es la “distorsión” del mercado inmobiliario, en el que el alquiler no se ha consolidad como una opción verdaderamente atractiva. “No es que a los españoles les guste más comprar viviendas, es que no hay otra alternativa”, aseveró González, instando a las fuerzas políticas a abordar este problema. Para González, lo interesante es que se constituya un parque de vivienda en alquiler, que debe plantearse ya para que este operativo en unos años, y que podría ser impulsado por el Estado mientras los inversores privados no estén interesados en desarrollarlo. “Se solucionará cuando Sareb coloque sus pisos”, vaticinó. Hasta entonces, y teniendo en cuenta que “las entidades no quieren ser caseros”, como consideró comprensible, el Gobierno debería adelantarse y comenzar a trabajar en potenciar el arrendamiento de inmuebles y en crear un stock de vivienda social. “Una política de alquiler así no se improvisa”, concluyó González.

simulador hipoteca

Fuente: Cinco Días

La presidenta del Consejo General de Consumidores, Francisca Sahuquillo, ha pedido la creación de una ley de quiebra familiar para hogares sobreendeudados y que todas las medidas dirigidas a paliar los desalojos se apliquen también a los avalistas de las personas inmersas en una ejecución hipotecaria.

Sahuquillo, que ha comparecido ante la Comisión de Economía del Congreso dentro de la ronda de declaraciones durante la tramitación de la ley para paliar los desahucios, ha afirmado que esta norma de quiebra para hogares debería incluir la posibilidad de que los tribunales puedan cancelar parte o toda la deuda, en función de las circunstancias de la familia afectada.

Habría que articular fórmulas para, si llega el caso, aplicar la dación en pago de la vivienda para cancelar la deuda y establecer planes de renegociación mediante arbitraje con la colaboración de organizaciones de consumidores para hacer viable el endeudamiento, ha añadido.

'Una familia puede ser desalojada sin tener en cuenta sus propias circunstancias, lo que supone robar su dignidad'
Según ha dicho, actualmente una familia puede ser despojada de su vivienda mediante "un procedimiento sumario" sin tener en cuenta sus circunstancias particulares, lo que supone "robar su dignidad" y "traicionar nuestros principios básicos".

La presidenta del Consejo de Consumidores ha apuntado que España podría seguir los modelos legislativos de países como EE.UU, Francia, Austria o Bélgica, adecuándolos a la especificidad de nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto a medidas más inmediatas, Sahuquillo ha demandado una paralización de las ejecuciones hipotecarias desde el comienzo del proceso y no en la última fase, la de desalojo, como estipula el real decreto aprobado en noviembre pasado, y que la moratoria se extienda a tres años, frente a los dos vigentes actualmente.

Estas medidas deberían acompañarse de la suspensión de los intereses de demora y de la exención del pago de tasas judiciales para las familias afectadas.

Para las personas ya desalojadas o inmersas en una ejecución hipotecaria, Sahuquillo ha dicho que habría que analizar los casos y no ha descartado la aplicación de la dación en pago.

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Fuente: El Mundo

La presión social logró que el Gobierno moviera ficha frente al drama de los lanzamientos en lo que calificó de “primera fase de medidas de protección de los deudores hipotecarios”. Fuentes solventes confirman que ya hay otras iniciativas en estudio y muy avanzadas. De momento, las actuaciones han ido dirigidas a evitar los lanzamientos durante dos años y a constituir un Fondo Social de la Vivienda. De hecho, una de las normas más esperadas del nuevo periodo de sesiones es la que recoge estas propuestas, tras el acuerdo de los grupos para que el decreto ley del Gobierno fuera tramitado como proyecto de ley después de su convalidación por la Cámara Baja a finales de noviembre.
Desde el equipo económico del Ejecutivo destacan que hasta ahora se ha puesto la atención en las medidas paliativas adicionales a corto plazo, pero que están convencidos de que se pueden hacer más cosas “sin demagogia” frente a este problema. Siempre teniendo en cuenta ‐precisan‐ que los cambios legales no afecten “negativamente” a la banca ni a la financiación de la construcción de nuevas viviendas ni al principio básico en materia de seguridad jurídica “de que las deudas se pagan”.
Entre las medidas en las que el Gobierno está trabajando está la limitación de los intereses de demora, que son cláusulas penales por cumplimiento tardío, no intereses remuneratorios. Hasta ahora, lo normal es que las entidades financieras incluyeran en sus contratos de préstamo o créditos hipotecarios intereses de demora del 20,5%. Según los expertos, hay dos medidas susceptibles de ser aplicadas: la de limitar legalmente el tipo de los intereses de demora y la de limitar el importe y las cuotas que devengan tales intereses. El segundo cambio que se prepara afecta a las hipotecas con cláusulas abusivas. El Gobierno quiere acabar con su comercialización. En ello influyen las consultas de algunos jueces españoles al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su legalidad. Un ejemplo son las cláusulas suelo. 

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Fuente: La Razón

El PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno sobre medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, más conocido como ley antidesahucios. En su propuesta el PSOE busca ampliar los derechos de los ciudadanos que pierden su casa, más allá de la restrictiva propuesta que, en su opinión, plantea el ministro de Economía, Luis de Guindos.  
En dicha alternativa, el PSOE fundamentalmente modifica tres aspectos del proyecto de ley que ha llevado el Ejecutivo al Congreso. En primer lugar, amplía a tres años la suspensión del proceso de ejecución de la hipoteca, en lugar de dos. Pero, sobre todo, crecen muy sustancialmente las familias que se pueden acoger a esta medida. Según explicó la portavoz socialista Soraya Rodríguez, las condiciones del Gobierno solo las pueden cumplir personas casi indigentes y muy pocos hogares se podrían beneficiar de ello. “Es tan restrictivo que el número de beneficiarios será muy insignificante”, afirmó Rodríguez. El PSOE, en cambio, propone que la suspensión del desahucio afecte a todas las familias “con un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso” que tengan una renta familiar inferior a tres veces el Iprem (algo más de 1.500 euros) y cuya hipoteca supere el 50% de sus ingresos netos. La suspensión, además, se aplicará en cualquier punto en el que esté el procedimiento judicial y, además, se paralizarán los intereses de demora.
Otra novedad que presenta la alternativa del PSOE es que las familias que hayan perdido su vivienda ya tendrán posibilidad de renegociar y reestructurar la deuda que aún tengan. Es decir, según explicó Rodríguez, podrán ir a un proceso judicial para reestructurar o liberar su deuda mediante una quita o la dación en pago. Esta medida se amplía, además, en la propuesta del PSOE a los autónomos y a los avalistas. En el fondo, se comenta, es habilitar la dación en pago de forma retroactiva.  
El texto alternativo está plagado de medidas de todo tipo, que en el fondo sólo se adicionan a la propuesta, muy trabajada, que elaboró el PSOE hace unos meses, antes de que el Gobierno presentara su proyecto de ley. Así, se contempla una amplia modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia; medidas de carácter social, y, sobre todo, una mayor protección de los ciudadanos en estos procesos frente a las actuales grandes ventajas con las que cuenta la banca, que colocan a los hipotecados en una absoluta indefensión.

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Fuente: El Mundo