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Las medidas para proteger a los hipotecados benefician a más de 31.500 familias

Más de 31.500 familias se han beneficiado de las medidas puestas en marcha para proteger a los hipotecados, lo que ha evitado unos 13.000 desahucios y permitido 12.650 reestructuraciones de deuda.
Además, casi 4.000 personas se han librado de su hipoteca con la dación en pago y otras 2.000 familias en riesgo han accedido al alquiler social de una vivienda cedida por las entidades financieras.
El Gobierno ha reforzado las medidas para proteger a los hipotecados, aprobando un marco de insolvencia que permite a cualquier persona librarse de sus deudas.
También se ha incluido a todos los mayores de 65 años como beneficiarios del código de buenas prácticas.
A lo largo del año 2014 los datos muestran un importante incremento en las familias beneficiadas por el código de buenas prácticas, ya que de 22.998 solicitudes recibidas, en 9.728 casos se ha reestructurado la deuda y ha habido 2.829 daciones en pago.
Asimismo, el Gobierno ha prorrogado dos años más la moratoria hipotecaria, que desde hace tiempo impide que en España se desahucie de su vivienda habitual a las personas en riesgo de exclusión social.
 

El Banco Sabadell es el único que no desahucia en la crisis

Durante el año 2013 la banca se adjudicó 50.000 viviendas de particulares durante, lo cual significa un 11% más que en el año 2012. Las cifras revelan que las ejecuciones hipotecarias siguen al alza. Ni el código de buenas prácticas ni la nueva Ley Hipotecaria han atajado el problema de los desahucios. Sin embargo el Banco Sabadell no ha ejecutado ningún desahucio en la crisis. Iván Sánchez, uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) en Madrid afirma que “Sabadell es la única entidad que no desahucia. La única que ofrece siempre la alternativa de un alquiler social. La Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) Lo confirma: “Lo hemos revisado y ningún expediente de Banco Sabadell ha concluido en desahucio”.
Fuentes del banco explican que su cartera tradicional, centrada en empresas o particulares con rentas medias y altas, no resultó problemática inicialmente y les permitió valorar soluciones “caso por caso”. Con la adjudicación de la CAM, las cosas se complicaron y se disparó el volumen de hipotecas. En ese momento decidieron ofrecer el mismo trato a los nuevos clientes. Se implantó “un programa de alertas” que advierte al banco cuando un cliente sufre una merma de ingresos que puede derivar en problemas para buscar una solución antes de que incurra en impagos. El banco ofrece diferentes opciones: alargar el plazo de la hipoteca, para adecuar la cuota a la capacidad de pago; carencia de capital durante determinado periodo; o conceder una segunda hipoteca si se prevé un incremento de ingresos a medio plazo.
Si aún así el cliente es incapaz de hacer frente a la hipoteca, la vivienda pasa a ser propiedad del banco, pero a todos los afectados se les ofrece un alquiler social por un importe medio de 400 euros al mes.
 

En el año 2013 hubo 184 desahucios al día

Los desahucios (de viviendas, negocios, garajes) emprendidos por los juzgados de primera instancia y mixtos tras el impago de los préstamos hipotecarios alcanzaron en 2013 la cifra de 67.189, según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, hubo una media de 184 desalojos diarios. Es el primer año en que el Poder Judicial publica estos datos, por lo que no se puede comparar la evolución con periodos anteriores.
No todos los 67.189 casos del informe del Poder Judicial concluyen con desahucios efectivos: los datos se refieren a las diligencias que abrieron los juzgados en 2013. Muchas veces, llegada la hora del lanzamiento, los jueces los suspenden o posponen, por lo que cabe la posibilidad de que parte de los iniciados en 2013 no se hayan ejecutado ese mismo año y aún estén pendientes. De dicho número, el 38,4% derivaba de ejecuciones hipotecarias, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el 4,8% de otras causas. Por comunidades autónomas, Cataluña fue el territorio con más desalojos de vivienda, el 23,8%. Le siguen la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).
El informe recoge también el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 ‐es decir, los expedientes abiertos‐: 82.860, un 9,8% menos que el año anterior. El documento explica este descenso por “la publicación de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”. La norma incorporó la posibilidad de que los jueces paralizaran desahucios mientras se comprueba si hay cláusulas abusivas; impide a los bancos considerar vencido el contrato mientras que no se haya impagado tres mensualidades; permite la dación en pago solo en supuestos muy tasados y retoca el código de buenas prácticas para los bancos.
Así como la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 se produjo en Cataluña, también es la comunidad que se sitúa en cabeza en el cuarto trimestre del año, cuando supusieron el 23,5%.
El pasado enero, el Banco de España reveló los datos de desahucios de la primera mitad de 2013, que, por primera vez, procedían de un cómputo estricto de las ejecuciones lanzadas desde las entidades. El retrato del supervisor revelaba que 35.098 familias se quedaron sin casa entre enero y junio del pasado año al no poder pagar la hipoteca.

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Fuente: El País, La Razón, La Vanguardia, ABC

Cataluña sancionará a los bancos con pisos vacíos

Los ayuntamientos catalanes y la Generalitat están estrechando el cerco sobre las entidades bancarias que disponen de pisos vacíos a través de sanciones económicas o vía impuestos, en el caso de la administración autonómica. Terrassa fue el primer municipio en anunciar que impondría multas a tres bancos que tenían viviendas desocupadas desde hacía más de dos años, acogiéndose a la ley de la vivienda. Desde entonces una decena de localidades han anunciado sanciones similares tras reconocer que llevan años de diálogo con las entidades financieras sin llegar a ningún acuerdo ni compromiso para que pongan en el mercado del alquiler social los pisos desocupados que tienen en su cartera.
El secretario de Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, explica que el problema grave está en los pisos más antiguos. Dice que algunas entidades no están haciendo lo suficiente para conservarlos o incorporarlos en el mercado de alquiler. En paralelo a las sanciones que están imponiendo los ayuntamientos, la Generalitat está ultimando un impuesto dirigido en esta misma línea. Una tasa que deberán pagar entidades bancarias que tengan durante más de dos años un piso vacío en uno de los 70 municipios catalanes que tienen una demanda acreditada de vivienda. Sala explica que la ley de la vivienda capacita a los entes locales para imponer sanciones en el caso de que la vivienda no cumpla el destino para el que se ha construido, al tiempo que permite al Govern adoptar medidas de carácter fiscal para este tipo de situaciones. Explica Sala que “el impuesto será exponencial y gravará los metros cuadrados en manos de las entidades”. De esta manera, se penalizará más a los bancos que tengan muchos que a los que tengan pocos. Para Sala la nueva tasa es un estímulo para incentivar a los grandes propietarios a que destinen al alquiler las viviendas vacías y, si ellos no pueden hacerlo, que los cedan a los municipios o entidades del tercer sector. De hecho, sostiene que en los últimos meses se han llegado a varios acuerdos para ceder pisos en alquiler social. Otra de las medidas que se prevé incorporar el futuro impuesto son las bonificaciones para aquellas entidades que acaben cediendo sus pisos o alquilándolos.

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Fuente: La Vanguardia

Caixabank oferta 15.000 alquileres por menos de 500 euros

CaixaBank cuenta con 15.118 viviendas con alquiler social por unas cuotas mensuales de menos de 500 euros. De estas, 4.062 corresponden a alquileres que están subvencionados por la Obra Social de La Caixa. La cuota mensual para estas viviendas sociales es inferior a los 150 euros. El segundo gran paquete es el de los alquileres asequibles (3.768) por entre 350 y 500 euros al mes. La previsión para finales del 2013 es que haya 20.362 viviendas sociales.
La actividad comercial de Building Center, la filial inmobiliaria de CaixaBank, alcanzó entre enero y septiembre de este año unas ventas y alquileres por valor de 1.544 millones de euros, un 141% más que en el 2012, y comercializó 12.988 inmuebles. En los nueve primeros meses del 2013 CaixaBank redujo la financiación al sector promotor en 3.318 millones, un 12,3%, en tanto que su cartera total de activos adjudicados netos disponibles para la venta asciende a 6.327 millones.

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Fuente: La Vanguardia

Publicado el: 04/11/2013 |
| En la categoría: Noticias sobre Hipotecas
Los juristas reclaman la dación en pago retroactiva

“Apoyamos un cambio de la normativa sobre ejecuciones hipotecarias que dé una segunda oportunidad a las personas a partir de las medidas recogidas por la proposición de ley de dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social”, concluye el manifiesto firmado por el Consejo General de la Abogacía Española, con el apoyo de la Asociación de Jueces por la Democracia y 500 juristas, entre funcionarios de justicia, notarios, procuradores, profesores, registradores o secretarios judiciales, por el que “el mundo jurídico” pide al Senado que corrija la reforma hipotecaria promovida por el PP. El colectivo hizo un llamamiento específico a los senadores del PP, alertando de que el texto enviado a la Cámara Alta es insuficiente y podría colapsar más los juzgados. Su defensa de la dación en pago retroactiva llega en la recta final de la tramitación, ya que el plazo para presentar enmiendas concluye el viernes y la aprobación definitiva de la norma tendría lugar “en dos o tres semanas”, según fuentes parlamentarias.
“El Parlamento tiene una oportunidad histórica de solucionar un problema. La morosidad hipotecaria de particulares no llega al 4% pese a que la crisis está siendo tremenda. No es previsible un efecto llamada”, defendió José María Fernández Seijo, el magistrado de Barcelona que elevó la cuestión sobre cláusulas abusivas al Tribunal Europeo, que a raíz de ello obligó a cambiar la ley española. El magistrado cargó contra la reforma promovida por el PP, que según Economía podría rebajar de 115.000 a 30.000 euros la deuda pendiente que le hubiera restado tras perder su vivienda a Mohamed Aziz, el ciudadano marroquí que motivó la sentencia europea. Fernández Seijo corrigió los cálculos ministeriales manifestando que su deuda pendiente hoy es de 50.000, no de 115.000, y que los 20.000 euros que dejaría de deber no solucionarían su caso porque “ha perdido la vivienda y no tiene para pagar ni 30.000, ni 50.000 euros”. En opinión del juez, además, el texto del PP es de “difícil aplicación”, generará conflictividad y podría colapsar aun más los juzgados.

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Fuente: Cinco Días

El PP quiere eliminar las ayudas a promotores que construyen pisos de alquiler social

El proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, en trámite en el Senado, contempla la eliminación de las ayudas que reciben los promotores, sean públicos o privados, que construyen pisos de alquiler social. Se trata, por un lado, de cantidades por metro cuadrado construido; y, por otro, de ayudas en las cuotas hipotecarias que pagan estos promotores (la subsidiación de los intereses de los préstamos, incluso los que ya se abonaban) durante 10, 15, 25 años o lo que dure la hipoteca. Esto significa que si un promotor o empresa pública había hecho números para construir alquiler social, estas cuentas saltan por los aires, porque pierde las ayudas con las que contaba para pagar la hipoteca. “Nos cambian las reglas a mitad del partido, crea una gran inseguridad jurídica”, alertó ayer el presidente de la Asociación de Promotores Constructores (APCE), José Manuel Galindo, que aseguró que puede haber promotores que sin la subsidiación de intereses “no podrán amortizar, pagar”. La Asociación Española de Promotores de Vivienda Pública (AVS) alerta de que la supresión de ayudas “compromete la viabilidad de las promociones públicas de alquiler social y de las empresas municipales o de las comunidades autónomas”. “Es tremendo y se ha hecho a escondidas, crea una inseguridad muy bestia”. Promotores privados y públicos critican al unísono el cambio legislativo que pretende introducir el PP y claman que se reconsidere. La modificación, además, ha aparecido 10 días después de la presentación del Plan Nacional de Vivienda, en forma de enmienda al proyecto de ley cuando ya había pasado por Consejo de Ministros y por el Congreso. Las fuentes consultadas aseguran que incluso la banca está en alerta, temerosa de que se les dispare la morosidad de estos promotores. Fuentes del Ministerio de Fomento defienden la “vocación social del Plan de Vivienda de satisfacerlas necesidades de la población con menos recursos” y resaltan que no se tocan las ayudas para inquilinos. A la preocupación sobre la subsidiación al préstamo responden que “el euríbor ha bajado y que los promotores podrán renegociar y mantener las condiciones”. Desde APCE, Galindo insta al Gobierno a retirarla enmienda e iniciar una “reflexión más sosegada sobre los efectos que la supresión de ayudas puede suponer”. Insiste en que la supresión de la subsidiación puede afectar “desde las líneas de crédito del ICO o los bancos que hayan prestado a los inversores que hayan comprado carteras”.

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Fuente: El País

El Ejecutivo flexibilizará las condiciones del alquiler social

El calificativo “vulnerable“ que empleó el ministro de Economía, Luis de Guindos, hace poco menos de cuatro meses, para agrupar a las familias desahuciadas o incapaces de seguir pagando una hipoteca y que podían beneficiarse de un alquiler social tendrá nuevas acepciones. El Gobierno decidió flexibilizar las condiciones que debe cumplir una familia para acogerse a ese alquiler social. El plan pasa ahora por no limitar a un periodo concreto la ejecución hipotecaria y el desalojo de las familias interesadas en solicitar un alquiler social, además de mejorar las condiciones del arrendamiento, según aseguraron fuentes cercanas al Ministerio de Economía.
Cualquier familia podrá recurrir a este tipo de alquiler, con independencia de que haya sido desahuciada antes del 1 de enero de 2008, que fue la fecha fijada por el Gobierno como primera condición para acceder a un alquiler social. Es más, modificará el límite máximo de dinero que una familia puede dedicar al pago del arrendamiento. El Consejo de Ministros estableció un máximo del 30% de la renta familiar a destinar al alquiler. Ahora, ese porcentaje podrá ser mayor, lo que facilitará el acceso a una vivienda en función de las necesidades de la familia. El alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros, y la duración del contrato de arrendamiento será de dos años. Lo que no cambiará es que las familias que se pueden acoger a este tipo de alquiler serán aquellas cuya vivienda afectada por un desalojo sea la única en propiedad que poseen. Sus ingresos, en conjunto, no podrán ser de más de 1.597 euros al mes ‐19.164 euros anuales‐ y la carga que supone la hipoteca debe haber crecido, al menos, un 1,5% desde 2008.
La decisión de flexibilizar las condiciones de acceso al Fondo Social de Viviendas llega después de que el pasado 31 de marzo concluyera el primer plazo para solicitar una casa. Fuentes financieras reconocieron que “la iniciativa del Gobierno fue un fracaso”. Los bancos apenas recibieron solicitudes, en relación al número de viviendas que destinaron al fondo social. Así, el Popular sólo registró tres solicitudes frente a los 336 inmuebles que ofreció al Gobierno. Sabadell recibió 31 de las 250 viviendas que cedió al fondo. BBVA no llegó a registrar ni un 3% de solicitudes de los 899 inmuebles aportados. Y Bankinter no recibió ninguna, pese a ofrecer 56 viviendas. Por su parte, CaixaBank aportó al fondo cerca de 900 viviendas y el Santander, 590, pero el interés por parte del ciudadano, en ambos casos, fue mínimo. Solo Bankia registró un mayor número de solicitudes. Un total de 326 frente a las 1.000 viviendas cedidas al fondo. Fuentes financieras apuntan que el fracaso se debió a una desinformación por parte de las familias ante la nula campaña que ha hecho el Gobierno. A esto se suma el hecho de que “los bancos tienen mejores condiciones de alquiler” que las impuestas por el Ejecutivo.

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Fuente:El Mundo

El PP no aceptará la dación en pago con caracter universal

El Grupo Popular reconoce que está dispuesto a arrastrar las consecuencias de su rechazo a aceptar la dación en pago con carácter universal y retroactiva como forma de saldar la deuda de quien no pueda pagar la hipoteca. “Ni ahora ni en la tramitación parlamentaria” la aceptarán, precisan fuentes gubernamentales, una vez que han presentado sus enmiendas a la iniciativa legislativa popular (ILP). La ponencia para empezar la tramitación de la ley se convocará después de Semana Santa y ya se prevé el desacuerdo, toda vez que el resto de los grupos parlamentarios sí aceptan los puntos básicos de la ILP. Estos puntos son, además de la dación en pago universal como forma de saldar la deuda, la paralización de la ejecución de los desahucios o lanzamientos y la creación de un parque de viviendas de alquiler social para los afectados por el impago de hipotecas. Entre el Congreso y el Senado, la tramitación de la futura ley se demorará durante abril y parte de mayo en sede parlamentaria y entrará en vigor antes del verano.

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Fuente: El País

La banca solicita una ley de insolvencias

La banca siente que la solución al problema de los desahucios está desenfocada al querer arreglar el drama de las familias más vulnerables con cambios en el mercado hipotecario susceptibles de encarecer el crédito para todos y constreñirlo si se adoptan soluciones como la dación en pago. El presidente de la Asociación Hipotecaria (AHE), Santos González, está de acuerdo con que la banca colabore en ayudar a las familias vulnerables al límite, con el fondo social de viviendas o la paralización de los desalojos, pero reivindicó que el problema es social y debe arbitrarse con medidas del mismo tipo –“las familias no pagan porque han perdido su empleo y la solución es crear empleo”, reivindicó‐. En segundo término urgió la adopción de una ley de “segundas oportunidades” o insolvencia para individuos y familias, al estilo de la ley concursal que facilita a las empresas reestructurar su deuda, pudiendo evitar tener que liquidarse.
Con una ley de “segundas oportunidades”, el ciudadano que no pueda encarar la hipoteca se acoge a un plan de pagos para afrontar el sobreendeudamiento con desembolsos parciales, renegocia la deuda o acuerda quitas. Al entrar en esta vía intervendría un mediador para hacer de interlocutor con los bancos y tomar las riendas de la solución. Se haría cargo de la situación financiera de la familia, intervendría los recursos y diseñaría un plan de pagos. Si no se cumple, se procede a la liquidación del patrimonio. En todo caso, ayuda al ciudadano a pasar página de la deuda. En Francia el rol del mediador lo asume el mismo banco central. “Es bueno y deseable recorrer ese camino. Pero la segunda oportunidad no se regala. Hay que ganarla”, alertó González. Apuntó que el sistema a largo plazo no debe ser como el arbitrado en España para socorrer de emergencia a las familias, donde el que no puede pagar su piso se queda viviendo en él con un alquiler social. En otros países, refirió, la situación financiera familiar queda registrada en unos archivos entre cinco y ocho años. Los ficheros de créditos impagados desalientan la concesión de nuevos préstamos. Una normativa así facilitaría la rehabilitación económica del deudor persona física. Distinto es dar alojamiento para familias que han perdido la vivienda con la crisis.

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Fuente: El Economista

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