Noticias sobre Senado

La reforma fiscal se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en el Senado, y su aprobación se producirá a finales de año. El plazo para presentar enmiendas en la Cámara Alta se ha ampliado hasta el 30 de octubre y la mayoría de la oposición repicará, previsiblemente, la petición remitida en el Congreso de los Diputados para que la reforma fiscal no suba los impuestos a la venta de inmuebles de segunda mano a partir del próximo año mediante la supresión de los coeficientes de abatimiento y de corrección monetaria. En el Congreso de los Diputados, PSOE, CiU, Izquierda Plural y UPyD presentaron hace unas semanas enmiendas para anular el “hachazo fiscal” sobre las plusvalías obtenidas al vender casas usadas, peticiones rechazadas finalmente por la mayoría absoluta del PP. Pero no solo la oposición política se encuentra en contra, también la mayoría de los expertos consultados considera errónea esta subida fiscal.

“Apoyamos un cambio de la normativa sobre ejecuciones hipotecarias que dé una segunda oportunidad a las personas a partir de las medidas recogidas por la proposición de ley de dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social”, concluye el manifiesto firmado por el Consejo General de la Abogacía Española, con el apoyo de la Asociación de Jueces por la Democracia y 500 juristas, entre funcionarios de justicia, notarios, procuradores, profesores, registradores o secretarios judiciales, por el que “el mundo jurídico” pide al Senado que corrija la reforma hipotecaria promovida por el PP. El colectivo hizo un llamamiento específico a los senadores del PP, alertando de que el texto enviado a la Cámara Alta es insuficiente y podría colapsar más los juzgados. Su defensa de la dación en pago retroactiva llega en la recta final de la tramitación, ya que el plazo para presentar enmiendas concluye el viernes y la aprobación definitiva de la norma tendría lugar “en dos o tres semanas”, según fuentes parlamentarias.
“El Parlamento tiene una oportunidad histórica de solucionar un problema. La morosidad hipotecaria de particulares no llega al 4% pese a que la crisis está siendo tremenda. No es previsible un efecto llamada”, defendió José María Fernández Seijo, el magistrado de Barcelona que elevó la cuestión sobre cláusulas abusivas al Tribunal Europeo, que a raíz de ello obligó a cambiar la ley española. El magistrado cargó contra la reforma promovida por el PP, que según Economía podría rebajar de 115.000 a 30.000 euros la deuda pendiente que le hubiera restado tras perder su vivienda a Mohamed Aziz, el ciudadano marroquí que motivó la sentencia europea. Fernández Seijo corrigió los cálculos ministeriales manifestando que su deuda pendiente hoy es de 50.000, no de 115.000, y que los 20.000 euros que dejaría de deber no solucionarían su caso porque “ha perdido la vivienda y no tiene para pagar ni 30.000, ni 50.000 euros”. En opinión del juez, además, el texto del PP es de “difícil aplicación”, generará conflictividad y podría colapsar aun más los juzgados.

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Fuente: Cinco Días

El Grupo Popular reconoce que está dispuesto a arrastrar las consecuencias de su rechazo a aceptar la dación en pago con carácter universal y retroactiva como forma de saldar la deuda de quien no pueda pagar la hipoteca. “Ni ahora ni en la tramitación parlamentaria” la aceptarán, precisan fuentes gubernamentales, una vez que han presentado sus enmiendas a la iniciativa legislativa popular (ILP). La ponencia para empezar la tramitación de la ley se convocará después de Semana Santa y ya se prevé el desacuerdo, toda vez que el resto de los grupos parlamentarios sí aceptan los puntos básicos de la ILP. Estos puntos son, además de la dación en pago universal como forma de saldar la deuda, la paralización de la ejecución de los desahucios o lanzamientos y la creación de un parque de viviendas de alquiler social para los afectados por el impago de hipotecas. Entre el Congreso y el Senado, la tramitación de la futura ley se demorará durante abril y parte de mayo en sede parlamentaria y entrará en vigor antes del verano.

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Fuente: El País

El ministro de Economía, Luis de Guindos, informó en el Senado, de que las familias que accedan a un alquiler del Fondo Social de Vivienda deberán cumplir los requisitos de desprotección fijados en el decreto antidesahucios y haber sido desalojadas de su residencia después del 1 de enero de 2008. Los beneficiarios deberán tener unos ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (unos 19.000 euros anuales) y no poseer una vivienda en propiedad.
Guindos también informó de que el Fondo contará con 6.000 viviendas propiedad de las entidades de crédito de entre las que no hayan aportado a la Sareb, que deberán estar “en condiciones adecuadas de habitabilidad”. Acotar las viviendas a aquellas que no se transfieran a la Sareb implica que pasarán al parque del Fondo Social de Vivienda las que tengan un valor inferior a 150.000 euros en el momento de la compra, según explicó el ministro.
El precio del alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y el contrato tendrá una duración de dos años prorrogable por uno más, salvo que la familia deje de cumplir alguno de los criterios estipulados. Además de haber sufrido un desalojo de la vivienda habitual por una entidad adscrita al Fondo Social a partir de 2008, año en el que comenzó la crisis, para acceder a un alquiler barato habrá que cumplir alguno de los criterios de desprotección fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios dos años.  

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Fuente: Expansión, Cinco Días, El Economista, El Mundo, La Gaceta

El Grupo Popular llevará el miércoles al Senado una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno la puesta en marcha de medidas que eviten el abuso de algunas entidades bancarias en la revisión de los créditos hipotecarios.

De aprobarse la propuesta, se considerarán cláusulas ‘suelo’ y ‘techo’ aquellas que limitan hasta un tope un escenario de bajada de tipos de interés y, paralelamente, acotar una subida de tipos hasta un tipo prefijado por la propia entidad. Asimismo, pide que se consideren ‘cláusulas abusivas’ las estipulaciones no negociadas individualmente que fijen un límite a la variación a la bajada del tipo de interés de referencia aplicable en el momento de la contratación que figure en el contrato. “Se hace firmar techos del 14% o 15%, que las entidades saben que no se alcanzarán, mientras que los suelos se sitúan entre el 3% y el 5”, explica el senador Francisco Javier Vázquez, quien denuncia la “clara falta de transparencia” de estas cláusulas. Esta medida, según el PP, beneficiará a dos de cada tres ciudadanos que tienen contratada una hipoteca.

Fuente: El Economista

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