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Bankia quiere desprenderse de su lastre inmobiliario

Bankia quiere reducir el lastre inmobiliario que todavía arrastra tras el traspaso de activos a Sareb y ha iniciado contactos con grandes inversores internacionales para traspasar parte de su crédito promotor y las viviendas sociales. Para ello ha puesto en marcha dos operaciones: el Proyecto Sky, con 430 millones de euros en crédito promotor y activos adjudicados; y el Proyecto Screen, que busca dar salida a más de 20 participaciones en promotoras de vivienda protegida.
Bankia soltó gran parte de su lastre inmobiliario a Sareb a finales de 2012, pero no todo. Aún tiene 7.700 millones en crédito promotor y adjudicados, en términos brutos, lo que supone un 2,5% de sus activos.
 

Caixabank oferta 15.000 alquileres por menos de 500 euros

CaixaBank cuenta con 15.118 viviendas con alquiler social por unas cuotas mensuales de menos de 500 euros. De estas, 4.062 corresponden a alquileres que están subvencionados por la Obra Social de La Caixa. La cuota mensual para estas viviendas sociales es inferior a los 150 euros. El segundo gran paquete es el de los alquileres asequibles (3.768) por entre 350 y 500 euros al mes. La previsión para finales del 2013 es que haya 20.362 viviendas sociales.
La actividad comercial de Building Center, la filial inmobiliaria de CaixaBank, alcanzó entre enero y septiembre de este año unas ventas y alquileres por valor de 1.544 millones de euros, un 141% más que en el 2012, y comercializó 12.988 inmuebles. En los nueve primeros meses del 2013 CaixaBank redujo la financiación al sector promotor en 3.318 millones, un 12,3%, en tanto que su cartera total de activos adjudicados netos disponibles para la venta asciende a 6.327 millones.

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Fuente: La Vanguardia

Publicado el: 04/11/2013 |
| En la categoría: Noticias sobre Hipotecas
La dación en pago no es un chollo

Es mejor devolver las llaves del piso y librarse de la deuda que un desahucio en el que la familia se queda sin casa y arrastra la deuda por el resto de sus días. Pero la dación en pago no es un chollo. A veces, los acuerdos con los bancos permiten que las familias se queden en los pisos pagando alquileres por debajo de mercado. Pero en muchos otros casos (no hay datos, cada entidad aplica su política) una dación es una familia que se queda en la calle. Unas regresan al hogar paterno, otras se amontonan en habitaciones alquiladas, en pisos sobreocupados, u ocupan ilegalmente, o viven en pensiones pagadas por Ayuntamientos... Hay inmigrantes que regresan a sus países o, con suerte, acceden por un tiempo a los insuficientes pisos sociales de las Administraciones, las ONG, Cáritas o el Fondo Social de Viviendas de Alquiler.
La presión popular, política y mediática ha logrado que los bancos acepten cada vez más daciones en pago: 11.441 el año pasado, según datos del Colegio de Registradores, frente a 30.034 desahucios. De primeras viviendas. Y, en los casos de dación en los que las entidades no aceptan el alquiler social, los afectados son las familias más débiles, aquellas que no tienen ni para pagar 50, 100 o 200 euros de renta mensual.
Además, tras una dación aparecen sorpresas desagradables, como que las ayudas de las Administraciones “solo están contempladas en casos de desahucio, no de dación”. Por ejemplo, en los pisos de emergencia en Barcelona. “Te piden la orden de desahucio, las daciones quedan fuera, y si hemos conseguido algo ha sido porque hemos hecho mucho ruido”, asegura la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau. Otra sorpresa es el pago de impuestos. Como la dación es una compraventa (el moroso vende su piso al banco), representa que la familia se enriquece y le toca pagar plusvalías: la municipal y a Hacienda. En teoría, las familias que han perdido su vivienda se libran de este impuesto, dice el Ministerio de Hacienda; pero en la práctica se exige, contradice la PAH. Uno de los dos decretos del ministro de Economía, Luis de Guindos, establece la exención, “pero en supuestos que pocos afectados cumplen”, según Mercedes Castro, de la PAH de Barcelona. Barcelona sigue cobrando la plusvalía pese a que se comprometió a no hacerlo.
“La dación es exclusión residencial y su única ventaja es librarte de la deuda, pero la vivienda la pierdes igual”, subrayan en el servicio de mediación de Cáritas en Barcelona.

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Fuente: El País

Los cambios necesarios en las hipotecas

Julio Rodríguez López, miembro de Economistas frente a la Crisis comenta que el procedimiento de ejecución hipotecaria vigente en España da lugar a que la mayoría de los hogares que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas permanezcan endeudados con las entidades financieras después de perder la vivienda, señala que la gravedad del problema obliga a plantearse la necesidad de modificar dicho marco legal, sin perjuicio de que el Gobierno desarrolle actuaciones inmediatas a través de acuerdos con las entidades prestamistas. “El problema lo complica el reducido peso del mercado de alquiler en España. Solo el 11,8% de los hogares reside en viviendas de alquiler, según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Dicha circunstancia agrava el problema de los hogares desahuciados, por lo que la política de vivienda estatal debería de canalizar sus energías hacia la creación de un parque de viviendas sociales de alquiler más significativo que el existente. Este último supone solo el 2% del parque de viviendas familiares de España, muy por debajo de las proporciones correspondientes a los países de Europa Occidental”
“El cambio deseable de la normativa de ejecuciones de las garantías hipotecarias sobre las viviendas principales debería de llevar a establecer en España un sistema equivalente al concurso de acreedores para los hogares sobreendeudados, y ello para los nuevos préstamos que se concediesen a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa”, argumenta. Añade que “dicho sistema llevaría al procedimiento conocido como fresh start, en el que el deudor sin bienes suficientes para pagar y que no ha incurrido en fraude, se le libera de las deudas pendientes, incluso sin consentimiento del acreedor,  procedimiento existente en la mayoría de los países del entorno de España. Lo ideal sería que el prestatario moroso que actuó de buena fe no debería de perder su vivienda”.

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Fuente: Cinco Días


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