Noticias sobre Deudores hipotecarios

El Consejo de Ministros ha aprobado extender hasta el año 2017, el periodo de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.
Esta medida se incluye dentro del Real Decreto Ley de Mecanismos de Segunda Oportunidad y Reducción de la Carga Financiera y Otras Medidas de Orden Social, con el que el Gobierno persigue facilitar el desendeudamiento de la economía española y ampliar la protección de los colectivos más vulnerables por la crisis.
Se flexibilizan los criterios que dan acceso al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios y se incrementa el límite anual de renta familiar hasta tres veces el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM). Hasta ahora se calculaba por 12 pagas y ahora se hará por 14, con lo que pasa de 19.170,39 euros a 22.365,42 euros en 2015. También se amplían los supuestos de especial vulnerabilidad para incluir a los mayores de 60 años.
Además se ha elevado el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del Código de Buenas Prácticas. A partir de ahora, este podrá superar en un 20% el precio medio arrojado por el índice elaborado por el Ministerio de Fomento con un límite de 300.000 euros -250.000 euros para la dación en pago-, cuando antes estaba establecido en 250.000 euros.
 

Los desahucios (de viviendas, negocios, garajes) emprendidos por los juzgados de primera instancia y mixtos tras el impago de los préstamos hipotecarios alcanzaron en 2013 la cifra de 67.189, según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, hubo una media de 184 desalojos diarios. Es el primer año en que el Poder Judicial publica estos datos, por lo que no se puede comparar la evolución con periodos anteriores.
No todos los 67.189 casos del informe del Poder Judicial concluyen con desahucios efectivos: los datos se refieren a las diligencias que abrieron los juzgados en 2013. Muchas veces, llegada la hora del lanzamiento, los jueces los suspenden o posponen, por lo que cabe la posibilidad de que parte de los iniciados en 2013 no se hayan ejecutado ese mismo año y aún estén pendientes. De dicho número, el 38,4% derivaba de ejecuciones hipotecarias, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el 4,8% de otras causas. Por comunidades autónomas, Cataluña fue el territorio con más desalojos de vivienda, el 23,8%. Le siguen la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).
El informe recoge también el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 ‐es decir, los expedientes abiertos‐: 82.860, un 9,8% menos que el año anterior. El documento explica este descenso por “la publicación de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”. La norma incorporó la posibilidad de que los jueces paralizaran desahucios mientras se comprueba si hay cláusulas abusivas; impide a los bancos considerar vencido el contrato mientras que no se haya impagado tres mensualidades; permite la dación en pago solo en supuestos muy tasados y retoca el código de buenas prácticas para los bancos.
Así como la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 se produjo en Cataluña, también es la comunidad que se sitúa en cabeza en el cuarto trimestre del año, cuando supusieron el 23,5%.
El pasado enero, el Banco de España reveló los datos de desahucios de la primera mitad de 2013, que, por primera vez, procedían de un cómputo estricto de las ejecuciones lanzadas desde las entidades. El retrato del supervisor revelaba que 35.098 familias se quedaron sin casa entre enero y junio del pasado año al no poder pagar la hipoteca.

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Fuente: El País, La Razón, La Vanguardia, ABC

La Audiencia Provincial de Castellón se ha sumado a los tribunales que, valiéndose de la normativa y la jurisprudencia de la Unión Europea, se niegan a recalcular los intereses bancarios cuando éstos sean abusivos, optando por la opción más dolorosa para la banca: la eliminación de la cláusula al completo, con la consecuente ganancia cero por este concepto para la entidad. Lo determina así en un auto con fecha de 18 de diciembre de 2013 en el que la Sala entiende que no procede el recálculo de los intereses excesivos, ignorando el mandato que fija la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/2003, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y asegurando que ésta “es contraria al derecho y a la jurisprudencia comunitaria”.
La conclusión a la que llega la Sala es que, detectado el carácter abusivo del interés moratorio pactado, la solución es la supresión de los intereses moratorios. Para ello, se basa en el principio de supremacía del Derecho y de la jurisprudencia de la Unión Europea y, concretamente, en la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con los consumidores, en el sentido en que ha sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. El auto, que desestima la pretensión de BBVA, parte de una demanda de ejecución hipotecaria planteada por dicha entidad. Tras la adjudicación de la vivienda al banco, el afectado se opuso a la liquidación propuesta, basándose en la nulidad de pleno derecho de los intereses moratorios. Partiendo de este supuesto, la sentencia asegura que “frente a la norma invocada ‐la Ley 1/2003, de 14 de mayo‐ debe prevalecer el contenido de la Directiva”, en el sentido de que, en cuanto a los intereses de demora, “si la cláusula que los impone es declarada abusiva, no cabe aplicar un interés inferior al pactado, siendo la consecuencia su no aplicación”. Por ello, “no cabe su moderación, que es en definitiva lo que supondría la aplicación de la norma citada”.

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Fuente: El Economista

Un año después de la aprobación del código de buenas prácticas bancarias que el Gobierno aprobó para suavizar el problema de los desahucios hipotecarios, 4.385 familias han intentado acogerse bajo su protección. De los 3.322 casos que ya han sido tramitados, 2.190 fueron directamente denegados por las exigentes condiciones que requiere la norma para amparar a los afectados. Desde su puesta en marcha, en concreto, el código de buenas prácticas se limitó básicamente a deudores hipotecarios sin empleo ni otros ingresos. Una barrera demasiado alta, según ha terminado admitiendo el Gobierno, que ampliará los colectivos beneficiarios con la nueva reforma hipotecaria.
En Economía informan que el 45% de las denegaciones respondieron a que la hipoteca no cumplía los requisitos exigidos ‐solo se admiten las que afectan a viviendas de hasta cierto valor‐, en el 29,4% de los casos faltaba documentación y el 21,55% no cumplían los umbrales de renta o situación familiar requeridos.
El código, una hoja de ruta de reestructuración de la deuda hipotecaria que culmina con la dación en pago si no hay alternativa, solo ha permitido esta vía en 298 casos. En otros 594 casos, la solución ha consistido en abrir un proceso de reestructuración de la deuda. Dos expedientes más se saldaron con quitas y 238 familias desistieron a lo largo del proceso. Finalmente, hasta alcanzarlas 4.385 solicitudes registradas por 27 bancos y 19 cooperativas de crédito, 1.063 expedientes se encontraban pendientes de tramitación al cierre del primer trimestre del año. De obligado cumplimiento solo para sus firmantes, el código se puso en marcha en abril de 2012 y cuenta en la actualidad con 97 entidades adheridas, lo que incluye al grueso del sector bancario, exceptuando las financieras de la banca.

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Fuente:Cinco Días, El País, Expansión, El Economista

Los desahucios, los recortes en sanidad y educación y la eliminación de la paga extra de los funcionarios son algunas de las materias que han centrado las quejas dirigidas por los ciudadanos al Defensor del Pueblo durante 2012. Así lo revela la memoria anual de la institución, que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado. En concreto, tramitó 280.592 expedientes, entre quejas (33.478), investigaciones de oficio (371) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (246.743). “Las cifras que en este informe se ofrecen denotan las dificultades económicas por las que la sociedad ha atravesado”, señala el organismo en la introducción de su memoria anual. Como consecuencia del desempleo, Becerril destaca que las familias han encontrado mayores dificultades en atender sus pagos.
“Las principales actuaciones de la institución en materia económica”, un apartado que recoge 4.974 quejas, “persiguieron reforzar la protección de los deudores hipotecarios y de los pequeños ahorradores”, asegura la defensora. Becerril se muestra partidaria, por tanto, de “la conveniencia de elaborar un concepto jurídico del deudor de buena fe; regular el procedimiento de insolvencia personal; insistir en la ampliación de las situaciones en que se extingue la deuda hipotecaria mediante la dación en pago del bien hipotecado; establecer un acto previo de conciliación antes de emprender la ejecución hipotecaria”, Y, además, propone reformar la ley protección de deudores hipotecarios sin recursos, “ampliando su ámbito de
aplicación”.
El Defensor del Pueblo ha pedido “mayores competencias” para la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el fin de proteger a los inversores, habida cuenta de que el control preventivo ejercido por el supervisor "no ha resultado eficaz" en lo que respecta a las preferentes.

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Fuente: El Economista, La Gaceta, El País, Cinco Días, ABC, El Mundo, Expansión

El Gobierno permitirá rescatar los ahorros acumulados en un fondo de pensiones para evitar un desahucio. Así se contempla en una de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, en trámite parlamentario. PP, CiU y PNV sacarán adelante la reforma.
La modificación ‐que a su vez afecta a la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones de 2002‐ propone como “excepción” que durante los próximos dos años la persona afectada por un desahucio pueda acceder al dinero depositado en un plan de pensiones para evitar la enajenación de su vivienda. En estos momentos la ley permite rescatar estos fondos solo en los supuestos de jubilación, enfermedad grave o incapacidad y desempleo siempre y cuando se hayan agotado previamente todas las prestaciones. La nueva opción se limita a casos extremos en los que el participe del fondo de pensiones “no disponga de otros bienes, derechos o rentas en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda objeto de la ejecución”. La enmienda también contempla otros productos financieros similares como los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social. El dinero en el plan de pensiones debe ser suficiente para evitar el desalojo.
Otra enmienda propone que el Banco de España realice un informe en los tres meses posteriores a la aprobación de la Ley con “recomendaciones” para mejorar en la independencia de las tasadoras. Y otra de las enmiendas tiene como objetivo permitir el acceso de más agentes a las subastas de los activos ejecutados y evitar una reducción drástica de su valor en caso de que la primera puja quede desierta.

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Fuente: El Mundo, El País, La Gaceta

La banca deberá reducir sus participaciones en firmas tasadoras por debajo del 10% del capital en el plazo máximo de un año, de acuerdo con una enmienda del Grupo Popular al proyecto de Ley de Medidas Urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Idéntica regla regirá para cualquier otro tipo de empresa e, incluso, personas físicas “relacionadas con la comercialización, propiedad, explotación o financiación de bienes tasados por aquellas”.  
El paquete de enmiendas del grupo popular aborda innumerables aspectos ligados al mundo hipotecario. Entre ellos, se flexibilizan las condiciones para que una familia de las calificadas como en situación de extrema debilidad ‐todos los miembros en paro y sin recursos para impedir la ejecución de la hipoteca‐ pueda exigir a su banco que le reestructure la deuda, le aplique quitas o periodos de carencia en el pago de las cuotas e, incluso, que se le condone con la entrega del piso. Además, la enmienda del PP establece que las entidades deberán aceptar la reestructuración de deuda en casas hasta 400.000 euros.  
La propuesta del PP introduce medidas también para proteger a los avalistas y permitir al propio deudor sugerir un plan de refinanciación, a aprobar por el banco.
Una de las novedades de la reforma hipotecaria es que limitará el interés de demora a tres veces el interés legal del dinero.

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Fuente: El Economista

La reforma hipotecaria va tomando forma. El Ministerio de Economía quiere apuntalar los mecanismos de protección de los deudores en riesgo de exclusión social, para lo que prevé mejorar, vía enmiendas, el Proyecto de ley que se debate en el Congreso. Pero Economía no se quedará ahí, y también pretende “flexibilizar” los requisitos necesarios para acceder al Código de Buenas Prácticas. Es decir, para poder beneficiarse de una reestructuración de la deuda o de la dación en pago. En concreto, fuentes cercanas a Economía aseguran que el Gobierno “ya está dispuesto” a “extender el ámbito de actuación” del código, a que sea “más asequible” y a “reformar las condiciones para acceder a la dación en pago”. Es decir, a que se aumenten “los umbrales de renta” para poder acceder a dicho código.   
 Actualmente, para poderse beneficiar de dicho código el nivel máximo de renta de la familia debe ser es de 16.000 euros al año, y todos los integrantes de esa familia tienen que estar en paro. Esta rigidez en los requisitos hizo que en el primer trimestre de vida del Código (se aprobó en marzo de 2012) se tramitaran solo 568 peticiones de adhesión, de las que se tramitó la mitad. Y únicamente se firmaron 44 reestructuraciones de deuda y 8 daciones en pago. Ahora el objetivo es que más ciudadanos puedan evadir la ejecución o liquidar la deuda con la entrega de las llaves. Por ello, según las fuentes consultadas, se quiere confluir con el Real Decreto aprobado en noviembre sobre desahucios, que ofrece ventajas (como una moratoria de dos años) a quienes cobren menos de 19.000 euros al año, estén en paro o no, siempre que concurran unas especiales circunstancias sociales. El umbral de ingresos que se aplicó entonces (3 veces el Iprem) equivale al 80% del salario medio, así que adoptarlo para los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social sería una medida mucho más apegada a la realidad, a juicio de los expertos.
Además, el Gobierno quiere que los bancos estén obligados a avisar a los ciudadanos de que pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas. En el Real Decreto que reguló el código se decía que “las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas Prácticas, en particular, entre sus clientes”. Ahora Economía maneja documentos en los que se aboga por obligar a la banca no sólo a publicitar la existencia del código, sino a notificar a los posibles beneficiarios su derecho a beneficiarse de él. 

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Fuente:Expansión

La presión social logró que el Gobierno moviera ficha frente al drama de los lanzamientos en lo que calificó de “primera fase de medidas de protección de los deudores hipotecarios”. Fuentes solventes confirman que ya hay otras iniciativas en estudio y muy avanzadas. De momento, las actuaciones han ido dirigidas a evitar los lanzamientos durante dos años y a constituir un Fondo Social de la Vivienda. De hecho, una de las normas más esperadas del nuevo periodo de sesiones es la que recoge estas propuestas, tras el acuerdo de los grupos para que el decreto ley del Gobierno fuera tramitado como proyecto de ley después de su convalidación por la Cámara Baja a finales de noviembre.
Desde el equipo económico del Ejecutivo destacan que hasta ahora se ha puesto la atención en las medidas paliativas adicionales a corto plazo, pero que están convencidos de que se pueden hacer más cosas “sin demagogia” frente a este problema. Siempre teniendo en cuenta ‐precisan‐ que los cambios legales no afecten “negativamente” a la banca ni a la financiación de la construcción de nuevas viviendas ni al principio básico en materia de seguridad jurídica “de que las deudas se pagan”.
Entre las medidas en las que el Gobierno está trabajando está la limitación de los intereses de demora, que son cláusulas penales por cumplimiento tardío, no intereses remuneratorios. Hasta ahora, lo normal es que las entidades financieras incluyeran en sus contratos de préstamo o créditos hipotecarios intereses de demora del 20,5%. Según los expertos, hay dos medidas susceptibles de ser aplicadas: la de limitar legalmente el tipo de los intereses de demora y la de limitar el importe y las cuotas que devengan tales intereses. El segundo cambio que se prepara afecta a las hipotecas con cláusulas abusivas. El Gobierno quiere acabar con su comercialización. En ello influyen las consultas de algunos jueces españoles al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su legalidad. Un ejemplo son las cláusulas suelo. 

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Fuente: La Razón

El PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno sobre medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, más conocido como ley antidesahucios. En su propuesta el PSOE busca ampliar los derechos de los ciudadanos que pierden su casa, más allá de la restrictiva propuesta que, en su opinión, plantea el ministro de Economía, Luis de Guindos.  
En dicha alternativa, el PSOE fundamentalmente modifica tres aspectos del proyecto de ley que ha llevado el Ejecutivo al Congreso. En primer lugar, amplía a tres años la suspensión del proceso de ejecución de la hipoteca, en lugar de dos. Pero, sobre todo, crecen muy sustancialmente las familias que se pueden acoger a esta medida. Según explicó la portavoz socialista Soraya Rodríguez, las condiciones del Gobierno solo las pueden cumplir personas casi indigentes y muy pocos hogares se podrían beneficiar de ello. “Es tan restrictivo que el número de beneficiarios será muy insignificante”, afirmó Rodríguez. El PSOE, en cambio, propone que la suspensión del desahucio afecte a todas las familias “con un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso” que tengan una renta familiar inferior a tres veces el Iprem (algo más de 1.500 euros) y cuya hipoteca supere el 50% de sus ingresos netos. La suspensión, además, se aplicará en cualquier punto en el que esté el procedimiento judicial y, además, se paralizarán los intereses de demora.
Otra novedad que presenta la alternativa del PSOE es que las familias que hayan perdido su vivienda ya tendrán posibilidad de renegociar y reestructurar la deuda que aún tengan. Es decir, según explicó Rodríguez, podrán ir a un proceso judicial para reestructurar o liberar su deuda mediante una quita o la dación en pago. Esta medida se amplía, además, en la propuesta del PSOE a los autónomos y a los avalistas. En el fondo, se comenta, es habilitar la dación en pago de forma retroactiva.  
El texto alternativo está plagado de medidas de todo tipo, que en el fondo sólo se adicionan a la propuesta, muy trabajada, que elaboró el PSOE hace unos meses, antes de que el Gobierno presentara su proyecto de ley. Así, se contempla una amplia modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia; medidas de carácter social, y, sobre todo, una mayor protección de los ciudadanos en estos procesos frente a las actuales grandes ventajas con las que cuenta la banca, que colocan a los hipotecados en una absoluta indefensión.

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Fuente: El Mundo