Noticias sobre Ayudas

El Ministerio de Fomento ha aprobado el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas. La inversión total del Plan alcanzará los 3.795 millones de euros. El Ministerio aportará la mayor parte, 2.311 millones. Las comunidades autónomas contribuirán con 216 y el resto ‐1.268 millones‐ procederá de la inversión privada. Mediante el conjunto de medidas previstas en el plan 2013‐2016, se concederán 200.000 ayudas al alquiler, se rehabilitarán 50.000 viviendas, se subsidiará el pago de intereses de 230.000 hipotecas y se crearán 36.000 puestos de trabajo en tres años.
El programa de ayuda al alquiler está dirigido a mayores de edad con un límite de ingresos inferior a 22.365 euros y un alquiler mensual inferior a 600 euros. Las ayudas serán de hasta el 40% de la renta con un límite de 2.400 euros anuales.
Respecto a la rehabilitación irá dirigida a inmuebles anteriores a 1981 y al menos un 70% de su superficie deberá tener uso residencial de vivienda. Las ayudas incluyen 4.000 euros por vivienda para conservación y 2.000 para la mejora de su eficiencia energética.
 

Los datos de ejecución del plan cuatrienal de vivienda 2009‐2012 certifican cómo la crisis y el cambio de rumbo de la política del Ministerio de Fomento han acabado con las casas de protección oficial (VPO) de nueva construcción. En poco más de dos o tres años la promoción de viviendas de protección oficial será historia después de más de tres décadas de una política pública basada en la concesión de distintos tipos de ayudas a promotores y familias para facilitar su acceso a una casa en propiedad. Primero porque el nuevo plan cuatrienal 2013‐2016 no contempla ninguna ayuda para edificar VPO en régimen de compra, las pocas que se sigan construyendo deberán ser para alquilar. Segundo, porque existe todavía un stock ingente de pisos nuevos sin vender ni alquilar a los que el Ejecutivo pretende dar salida. Algunos, no muchos, podrían hacerlo en forma de vivienda protegida, si se ajustan a los criterios que exige la ley. Y tercero, porque la crisis económica que vive el país desde 2008 cerró la financiación a esta clase de proyectos y redujo los presupuestos públicos a la mínima expresión, lo que a la postre provocó que la oferta de VPO se encuentre ahora en vías de extinción. Además, sus precios se aproximaron mucho a los del mercado libre, por lo que su venta perdió atractivo. Así lo ponen de manifiesto las cifras de ejecución del plan anterior referidas a los programas de 2009 a 2012, y procedentes de una respuesta parlamentaria de Fomento al Grupo Socialista.El número de actuaciones de VPO de nueva construcción ha pasado de contabilizar 43.262 en 2010 a apenas 7.483 en 2012, lo que supone una caída del 82,7% en dos años y del 40% solo de 2011 a 2012. Para el año pasado, la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, recuerda que Fomento ni siquiera ha remitido los datos. “Aunque el nuevo plan cuatrienal 2013‐2016 no ha echado a andar porque no se han firmado los convenios con las comunidades autónomas, existen ayudas que todavía se mantienen en el nuevo programa, por lo que su certificación no debería haberse suspendido, y mucho nos tememos que eso es lo que está ocurriendo. Por ello, no hay datos relativos al año pasado”, explican desde el PSOE.

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Fuente:Cinco Días

El Gobierno defiende su decisión de suprimir las ayudas de subsidiación de préstamos hipotecarios alegando que el contexto general es de caída de los precios de la vivienda y de los tipos de interés, lo que a su juicio es suficiente para “compensar” la pérdida de estas cantidades. Así se lo hizo saber al diputado de UPyD Toni Cantó, en respuesta a una pregunta escrita relativa a la decisión del Ejecutivo de suprimir la concesión de nuevas ayudas y de las que aún no hubieran sido reconocidas por las comunidades autónomas antes de la entrada en vigor del decreto ley de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, aprobado en julio de 2012. Cantó apelaba tanto a sentencias judiciales a favor de los beneficiarios de estos préstamos subsidiados como al informe de septiembre del Defensor del Pueblo en el que se solicitaba al Ministerio de Fomento que pagara las renovaciones de las ayudas correspondientes a planes de vivienda anteriores al de 2009‐12.
Fomento subsidia los préstamos convenidos obtenidos por los compradores de viviendas protegidas acogidos al sistema de financiación para primer acceso a la vivienda en propiedad. En la práctica supone un descuento en la cuota de la hipoteca que el banco opera mensualmente y que tiene una duración de diez años, dividido en dos etapas de cinco años.

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Fuente: Cinco Días

El Ministerio de Fomento firmará "en las próximas semanas" los convenios bilaterales con las comunidades autónomas con los que se pondrá en marcha el nuevo Plan de Vivienda diseñado por el Departamento que contempla la concesión de ayudas al alquiler y a la rehabilitación, según anunció el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá.

El 'número dos' de Fomento indicó que el nuevo plan seguirá conviviendo con el anterior. De hecho, el presupuesto del Ministerio para 2014 contempla una partida de unos 600 millones de euros para seguir atendiendo a las ayudas y los subsidios de préstamos a la compra de vivienda comprometidos por esos planes. No obstante, el nuevo Plan Vivienda reconduce las ayudas de forma que en vez de dirigirse a apoyar la compra de pisos se orientarán a fomentar el alquiler y la rehabilitación de pisos, "dos sectores que presentan un potencial de desarrollo en próximos años", según apuntó Catalá durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Senado.

El secretario de Estado de Infraestructuras estima que, una vez en las próximas semanas se firmen los correspondientes convenios, a comienzos de 2014 las distintas comunidades autónomas podrían estar realizando las primeras convocatorias de ayudas al alquiler y la rehabilitación que contempla en plan. El nuevo Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación y Regeneración Urbana 2013-2016 contempla un total de 2.421 millones de euros para conceder estas subvenciones al alquiler y la rehabilitación durante todo el periodo del programa. En cuanto a las ayudas al alquiler, podrán beneficiarse de ellas personas físicas mayores de edad con un límite de ingresos inferior a tres veces el Iprem, si bien el importe será "modulable" en función del número de miembros y de la composición de la unidad de convivencia. Respecto a las ayudas a la rehabilitación, podrán pedirlas las comunidades de vecinos de inmuebles con una antigüedad anterior a 1981, que tenga al menos el 70% de su superficie destinado a uso residencial de vivienda que constituya el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. Se concederán ayudas de hasta 4.000 euros por piso para conservación, de 2.000 euros para mejora de la eficiencia energética (5.000 euros si se reduce en un 50% la demanda energética del edificio) y de 4.000 euros por vivienda para mejora de accesibilidad.

Según datos de Fomento, en la actualidad del parque de 26 millones de viviendas con que cuenta España, unos 15 millones cuentas con más de 30 años y otros 6 millones, más de medio siglo de antigüedad. Respecto al mercado del alquiler, actualmente constituye el 17% del mercado inmobiliario, frente al 83% que copa la vivienda en propiedad, y frente a la tasa media del 38% que el arrendamiento representa en otros países de la UE.

Con el nuevo plan, Fomento busca dar la vuelta a estos datos, además de mejorar el acceso a la vivienda y facilitar una vivienda digna a los colectivos más desfavorecidos. En este sentido, las personas afectadas en los procedimientos de desahucios tendrán preferencia en el acceso al programa de ayuda al alquiler.

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Fuente: El Mundo

El Gobierno prevé retirar definitivamente la Renta Básica de Emancipación (RBE) a los jóvenes que aún la estaban cobrando, después de haber cerrado el grifo a nuevas solicitudes a finales de 2011 y de reducirla un 30%, hasta los 147 euros mensuales, en julio de 2012. Así consta en una enmienda introducida por el Grupo Parlamentario Popular en el proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas. La enmienda es una disposición adicional que pretende actuar como régimen puente entre los anteriores planes estatales de vivienda y la RBE y el nuevo plan para 2013‐2016. En uno de los puntos de esta disposición se indica que las ayudas “reconocidas” en el marco de la RBE “que subsisten” a la supresión de 2011 y a la posterior disminución en 2012, “mantendrán su vigencia hasta que sean efectivas las nuevas ayudas del nuevo plan estatal”, conforme a lo que se disponga en el mismo.
Las cifras de Fomento indican que en febrero había 59.643 jóvenes cobrando la RBE, frente al máximo de 119.000 previsto para este año. El montante presupuestado en 2013 para estas ayudas es de 210 millones. Desde el Grupo Popular en el Senado se explica que la supresión responde a la necesidad de redirigir los recursos presupuestarios en materia de vivienda hacia nuevas ayudas más enfocadas al impulso del alquiler y la rehabilitación.

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Fuente: El Mundo, La Razón

La Confederación de Cooperativas de Vivienda (Concovi) no ha acogido bien el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que deja de lado las ayudas para promover nueva vivienda en propiedad. Incluso se proponen impugnarlo. La experiencia de Concovi es que desde hace cuatro años las cooperativas no consiguen las ayudas previstas en los planes de vivienda, a pesar de tener reconocido el derecho al crédito subsidiado por la comunidad autónoma. Y los créditos reconocidos se están tramitando con mucha lentitud. También están en contra de la normativa que altera la Ley del Suelo de 2008, que “establece que las plusvalías que se generaban en las actuaciones realizadas en suelo urbano debían dedicarse a construir nueva vivienda protegida en polígonos urbanizables. Ahora se podrán destinar a viabilizar las actuaciones de rehabilitación, lo que va en contra del artículo 47 de la Constitución. Era el sistema empleado para evitar la especulación del suelo, y se suprime en esta norma sin que se sustituya por otro”, denuncia Jaime Oñate. Desde el consistorio de Madrid, hay urbanistas que aclaran que la edificación de nuevas viviendas es uno de los fines a los que se debe destinar la plusvalía municipal obtenida en el proceso edificatorio (el 10% del suelo urbanizado), pero no la única.
Concovi aclara que “no solicita al ministerio dinero, subvenciones, ayudas o exenciones tributarias, sino que se permita que las promociones cooperativas en marcha desde hace años puedan ser viables”. Propone que las normas contables del Banco de España rebajen el riesgo calificado para las operaciones de crédito promotor y de suelo cuando se realicen con cooperativas de viviendas cubiertas al ciento por ciento con socios cooperativistas.

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Fuente: El País

Es mejor devolver las llaves del piso y librarse de la deuda que un desahucio en el que la familia se queda sin casa y arrastra la deuda por el resto de sus días. Pero la dación en pago no es un chollo. A veces, los acuerdos con los bancos permiten que las familias se queden en los pisos pagando alquileres por debajo de mercado. Pero en muchos otros casos (no hay datos, cada entidad aplica su política) una dación es una familia que se queda en la calle. Unas regresan al hogar paterno, otras se amontonan en habitaciones alquiladas, en pisos sobreocupados, u ocupan ilegalmente, o viven en pensiones pagadas por Ayuntamientos... Hay inmigrantes que regresan a sus países o, con suerte, acceden por un tiempo a los insuficientes pisos sociales de las Administraciones, las ONG, Cáritas o el Fondo Social de Viviendas de Alquiler.
La presión popular, política y mediática ha logrado que los bancos acepten cada vez más daciones en pago: 11.441 el año pasado, según datos del Colegio de Registradores, frente a 30.034 desahucios. De primeras viviendas. Y, en los casos de dación en los que las entidades no aceptan el alquiler social, los afectados son las familias más débiles, aquellas que no tienen ni para pagar 50, 100 o 200 euros de renta mensual.
Además, tras una dación aparecen sorpresas desagradables, como que las ayudas de las Administraciones “solo están contempladas en casos de desahucio, no de dación”. Por ejemplo, en los pisos de emergencia en Barcelona. “Te piden la orden de desahucio, las daciones quedan fuera, y si hemos conseguido algo ha sido porque hemos hecho mucho ruido”, asegura la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau. Otra sorpresa es el pago de impuestos. Como la dación es una compraventa (el moroso vende su piso al banco), representa que la familia se enriquece y le toca pagar plusvalías: la municipal y a Hacienda. En teoría, las familias que han perdido su vivienda se libran de este impuesto, dice el Ministerio de Hacienda; pero en la práctica se exige, contradice la PAH. Uno de los dos decretos del ministro de Economía, Luis de Guindos, establece la exención, “pero en supuestos que pocos afectados cumplen”, según Mercedes Castro, de la PAH de Barcelona. Barcelona sigue cobrando la plusvalía pese a que se comprometió a no hacerlo.
“La dación es exclusión residencial y su única ventaja es librarte de la deuda, pero la vivienda la pierdes igual”, subrayan en el servicio de mediación de Cáritas en Barcelona.

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Fuente: El País

El proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, en trámite en el Senado, contempla la eliminación de las ayudas que reciben los promotores, sean públicos o privados, que construyen pisos de alquiler social. Se trata, por un lado, de cantidades por metro cuadrado construido; y, por otro, de ayudas en las cuotas hipotecarias que pagan estos promotores (la subsidiación de los intereses de los préstamos, incluso los que ya se abonaban) durante 10, 15, 25 años o lo que dure la hipoteca. Esto significa que si un promotor o empresa pública había hecho números para construir alquiler social, estas cuentas saltan por los aires, porque pierde las ayudas con las que contaba para pagar la hipoteca. “Nos cambian las reglas a mitad del partido, crea una gran inseguridad jurídica”, alertó ayer el presidente de la Asociación de Promotores Constructores (APCE), José Manuel Galindo, que aseguró que puede haber promotores que sin la subsidiación de intereses “no podrán amortizar, pagar”. La Asociación Española de Promotores de Vivienda Pública (AVS) alerta de que la supresión de ayudas “compromete la viabilidad de las promociones públicas de alquiler social y de las empresas municipales o de las comunidades autónomas”. “Es tremendo y se ha hecho a escondidas, crea una inseguridad muy bestia”. Promotores privados y públicos critican al unísono el cambio legislativo que pretende introducir el PP y claman que se reconsidere. La modificación, además, ha aparecido 10 días después de la presentación del Plan Nacional de Vivienda, en forma de enmienda al proyecto de ley cuando ya había pasado por Consejo de Ministros y por el Congreso. Las fuentes consultadas aseguran que incluso la banca está en alerta, temerosa de que se les dispare la morosidad de estos promotores. Fuentes del Ministerio de Fomento defienden la “vocación social del Plan de Vivienda de satisfacerlas necesidades de la población con menos recursos” y resaltan que no se tocan las ayudas para inquilinos. A la preocupación sobre la subsidiación al préstamo responden que “el euríbor ha bajado y que los promotores podrán renegociar y mantener las condiciones”. Desde APCE, Galindo insta al Gobierno a retirarla enmienda e iniciar una “reflexión más sosegada sobre los efectos que la supresión de ayudas puede suponer”. Insiste en que la supresión de la subsidiación puede afectar “desde las líneas de crédito del ICO o los bancos que hayan prestado a los inversores que hayan comprado carteras”.

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Fuente: El País

Ni la puesta en marcha del banco malo ni las ayudas europeas a la banca acabarán con la escasez de crédito en España. El sector financiero mantiene las perspectivas de que los préstamos seguirán a la baja al menos durante dos o tres años. La inseguridad regulatoria para la banca, la recesión económica, el endeudamiento generalizado y, en estas circunstancias, la falta de demanda solvente, harán que haya que esperar hasta 2014 o 2015 para que el grifo del crédito se vuelva a abrir. Solo las hipotecas, por la previsible caída de los precios de los inmuebles, podrán activarse antes.
Los préstamos nuevos a las empresas han descendido más de un 23% de media. La caída, en septiembre, ya era prácticamente similar en grandes y pequeñas. Hasta ahora la disminución era más radical en las compañías de menor tamaño. La banca sostiene que el cierre del flujo crediticio no afecta a todas por igual y que hay sectores más aquejados. El principal afectado es el inmobiliario. Las empresas de este sector temen que el banco malo sea la puntilla a su crítica situación. La competencia de la Sareb, con una bajada generalizada de los precios, dinamitará sus exiguas ventas, factor que llevará a las entidades ‐tanto sanas como nacionalizadas‐ a poner duras condiciones para renovar su refinanciación.

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Fuente:El Economista

La promoción de nuevas viviendas protegidas destinadas a la venta, tal y como se ha desarrollado hasta ahora, dejará de existir. El Ministerio de Fomento admite que ya no tiene sentido seguir financiando la construcción de estos pisos por la escasez de recursos y el ingente stock.
El Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda al ámbito inmobiliario se refiere a un “cambio de modelo”. Dice que el objetivo es “cambiar la cultura de acceso a la vivienda vinculada a la propiedad por otra que tenga en el alquiler una opción deseable y preferente, a través de cambios regulativos, fiscales y ayudas a los grupos más vulnerables”. Se terminan, por tanto, las subvenciones a promotores para edificar más viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de compra y se declaran igualmente “a extinguir” las ayudas a las familias con menos recursos para acceder a una de esas casas. Fuentes oficiales de Fomento explicaron que “el hecho de no recibir ayudas estatales en el marco del plan no quiere decir que no se pueda seguir promoviendo vivienda protegida en régimen de compra”. Se refiere, aunque no lo cite de manera explícita, a que las comunidades autónomas podrán seguir desarrollando esta clase de casas sociales si así lo consideran oportuno con fondos de sus presupuestos. Sin embargo, la crisis financiera por la que atraviesan la mayoría de las regiones y la historia reciente, que prueba que ocho de cada diez VPO construidas hasta ahora fueron financiadas por el Estado, confirman la crónica de una muerte anunciada.
Todas aquellas promociones de VPO en propiedad que hayan recibido la calificación provisional (certificación que les asegura el acceso a las ayudas públicas) mantendrán las subvenciones, aunque todavía no se haya iniciado su construcción y apenas esté el solar. Por tanto, los promotores que estén pensando en desarrollar alguno de estos proyectos y aún no dispongan de esa calificación, solo tienen hasta el 31 de diciembre para obtenerla, ya que a partir de enero será de aplicación el nuevo plan plurianual de vivienda 2013‐2016.

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Fuente:Cinco Días