Noticias sobre Lanzamiento

Los órganos judiciales españoles practicaron en el año 2014 68.091 lanzamientos, lo que supone un aumento del 1,3 % con respecto a los 67.189 del año anterior.
Estos lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo vivienda y, en el caso de estas, no solo vivienda habitual. Más de la mitad (36.044 lanzamientos), el 52,9 %, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Otros 28.877, el 42,4 %, obedecieron a ejecuciones hipotecarias y los 3.170 restantes a otras causas.
En relación con los datos de 2013, los lanzamientos acordados en procedimientos regulados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 5,5 %; mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 11,8 %.
 

El Consejo de Ministros ha aprobado extender hasta el año 2017, el periodo de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.
Esta medida se incluye dentro del Real Decreto Ley de Mecanismos de Segunda Oportunidad y Reducción de la Carga Financiera y Otras Medidas de Orden Social, con el que el Gobierno persigue facilitar el desendeudamiento de la economía española y ampliar la protección de los colectivos más vulnerables por la crisis.
Se flexibilizan los criterios que dan acceso al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios y se incrementa el límite anual de renta familiar hasta tres veces el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM). Hasta ahora se calculaba por 12 pagas y ahora se hará por 14, con lo que pasa de 19.170,39 euros a 22.365,42 euros en 2015. También se amplían los supuestos de especial vulnerabilidad para incluir a los mayores de 60 años.
Además se ha elevado el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del Código de Buenas Prácticas. A partir de ahora, este podrá superar en un 20% el precio medio arrojado por el índice elaborado por el Ministerio de Fomento con un límite de 300.000 euros -250.000 euros para la dación en pago-, cuando antes estaba establecido en 250.000 euros.
 

El mercado inmobiliario evoluciona hacia su estabilización. Los indicadores referidos a precios y ventas de casas, así lo constatan. La directora de relaciones institucionales del Colegio de Registradores y exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró que ya se perciben las consecuencias de la suave reapertura del crédito que se produjo a lo largo del año 2014. Así, la cuota hipotecaria media se situó en 553 euros al mes, lo que representa un descenso del 6,9% sobre el año anterior y fija el esfuerzo que realizan los hogares a la hora de comprar su vivienda por debajo del 30% de sus ingresos medios, el nivel considerado aceptable por su menor riesgo por las entidades financieras. En cuanto a la evolución que registraron los tipos de interés, estos se redujeron en promedio un 17% el año pasado, al tiempo que se incrementó ligeramente, un 2,25%, la duración de las nuevas hipotecas contratadas, hasta los 22 años y nueve meses. Este aumento del plazo de contratación de los préstamos es fruto de una mayor confianza de los bancos en la capacidad de pago de los titulares de esas hipotecas. Uno de los aspectos que incluye la estadística del Colegio de Registradores es el primer balance de un ejercicio completo de procesos de ejecución hipotecaria iniciados. En 2014 se contabilizaron 69.023, de los que el 62,5% correspondió a personas físicas y el 37,5% restante a personas jurídicas o empresas. De ese volumen de procesos iniciados, no todos concluyen con el lanzamiento del inmueble o el desahucio, ya que una vez se inscribe en el registro el proceso, se pueden producir varias circunstancias (dación en pago, desembolso de la deuda o su refinanciación) que eviten el desalojo.

Los lanzamientos practicados durante el segundo trimestre aumentaron un 3,7% después de sumar un total de 18.749 procesos, de los que el 53,2% correspondió a impagos de rentas de alquiler y el 42,2% a ejecuciones hipotecarias. Según las cifras proporcionadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siempre han pesado más en términos relativos los desahucios procedentes de arrendamientos, que aquellos a consecuencia de una ejecución hipotecaria. Sin embargo, según avanza la crisis, la distancia que tradicionalmente había entre ambos se ha ido reduciendo.

El informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, presentado por el departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial refleja las consecuencias de la situación económica en los hogares en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior: se iniciaron 24.226 ejecuciones hipotecarias.
Desde que estalló la burbuja inmobiliaria y los juzgados comenzaron a sentir su efecto, en el tercer trimestre del año 2008, en España se han realizado 498.035 ejecuciones hipotecarias. Entre 2008 y 2013 este procedimiento que ha dejado a muchas familias sin vivienda por impagos a los bancos creció un 40%.
Este informe detalla que la cifra de lanzamientos practicados durante los primeros tres meses del año, fue de 18.492, un 5% menos que en el mismo periodo de 2013. El 41,7 % de ellos se derivó de ejecuciones hipotecarias, el 53,8 % de la Ley de Arrendamientos y el 4,5 % restante obedeció a otras causas. Los desahucios suelen estar muy ligados a los datos del paro, de ahí que en el arranque del año se haya producido este ligero descenso.
 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cumple cinco años, en los que se han creado 205 plataformas. El verdadero trampolín de la PAH para atraer afectados y activistas a las asambleas fue el 15‐M. La paralización de desahucios se extendió hasta alcanzar 1.011, según el último recuento de la plataforma, de la semana pasada. El músculo de la calle les dio fuerza para impulsar la iniciativa legislativa popular (ILP) de la dación en pago. La recogida de firmas les sirvió para vertebrarse como movimiento por toda España. Consiguieron un millón y medio de firmas y una presión social que llevó a la mayoría del PP a admitir la ILP a trámite en el Congreso. Luego vetaron que prosperara, pero los integrantes de la PAH señalan la entrada de la ILP en la Cámara como uno de sus mayores logros. Pero el problema de los desahucios crece. La última cifra de lanzamientos de primera vivienda (35.098 entre enero y junio de 2013, según el Banco de España) indica que aumentan.
Si la ILP fue un punto álgido en el plano positivo, los escraches y la criminalización de la PAH fue el negativo. Tras señalar a varios políticos del PP, la delegada del Gobierno en Madrid equiparó las acciones y a Ada Colau con el terrorismo de ETA. La PAH respondió con la campaña Hay vidas en juego, vídeos donde los afectados, algunos votantes del PP, interpelaban a los políticos. La siguiente campaña de la PAH fue ocupar viviendas vacías. Hay 20 edificios propiedad de entidades o de la Sareb que albergan a más de mil personas. La última campaña son las mociones en los ayuntamientos para promover sanciones municipales a los bancos que acumulan pisos vacíos. Se amparan en la Ley del Derecho a la Vivienda del Gobierno catalán, que prevé medidas para evitar la desocupación de viviendas. Las han aprobado 66 consistorios (todos en Cataluña). Terrassa ya ha emitido sanciones, y los expertos auguran una batalla judicial de los bancos contra los municipios.

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Fuente: El País

Los procedimientos de desahucio iniciados en los juzgados españoles en los nueve primeros meses de este año ascendieron a 58.604, un 12,9% menos que en el mismo periodo de 2012, según la estadística presentada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre julio y septiembre, se registraron 17.009 ejecuciones hipotecarias, un 16,3% menos que el trimestre anterior, cuando la cifra fue de 20.323. Las comunidades con más lanzamientos fueron Cataluña (3.885), Comunidad Valenciana (2.459) y Madrid (1.671). La caída se produjo en la mayor parte de las comunidades, especialmente en la Comunidad Valenciana, con un descenso del 35,8% en los nueve primeros meses de 2013, seguida de Navarra (‐29,9%) y Baleares (‐25,8%), mientras que en Asturias las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 13,4%, en Galicia un 3,5% y en Castilla y León un 2,7%, siempre según el informe del CGPJ.
No obstante, un tercio de los desahuciados queda excluido de la dación en pago. El Código de Buenas Prácticas promovido por el Gobierno central para fomentar esta práctica ha excluido a un tercio de las familias afectadas por un proceso de desahucio, según una encuesta estatal de más de 11.000 casos realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y publicada el pasado 10 de diciembre. El motivo es que las hipotecas contraídas por la mayoría de afectados tenían un valor superior a 200.000 euros, cifra que marca el Código como límite para acogerse a la dación. En Madrid y Barcelona, el número de afectados aumenta: el 51,09% de encuestados de Barcelona y el 48,5% de Madrid no se ha podido acoger a la norma, hecho que, según la portavoz de la PAH, Ada Colau, hace que el Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012, sea una medida “pensada para los bancos, no para las personas”. Colau también ha alertado de que el número de excluidos por el código puede ser mayor debido a cuestiones relativas a los avales presentados en el contrato hipotecario, los ingresos anuales de las familias y otros criterios de exclusión social.

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Fuente: El País, El Mundo, El Economista y La Gaceta

Los jueces podrán examinar de oficio las cláusulas abusivas en los contratos de los consumidores, según el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) aprobado por el Consejo de Ministros y en la que también se prevé aumentar las funciones de los procuradores, por ejemplo en las notificaciones, en las que tendrán condición de agentes de la autoridad.
La modificación que afecta a las cláusulas se deriva de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada a raíz de que el juez José María Fernández Seijó planteara a esta instancia el caso de un ciudadano marroquí que iba a ser desahuciado por los intereses derivados del impago de una hipoteca y el tribunal dictaminó que las normas españolas eran contrarias a las europeas. De hecho, el jueves, Fernández Seijó dictó la sentencia sobre este asunto, y dejó la deuda en 3.000 euros correspondientes a los plazos sin pagar en lugar de los 130.000 que exigía el banco, además de paralizar el lanzamiento. A partir de este fallo europeo, el Ministerio de Justicia inició la revisión de la ley y ha introducido la reforma según la cual en los procesos monitorios, que son aquellos en que no hay contradicción entre las partes, el juez puede examinar de oficio si los intereses de demora contenidos en los contratos son cláusulas abusivas, que ahora se podrán anular. Lo que siempre es intocable es la deuda principal, por la cual se podrá llevar a cabo el desahucio, pero eso supondrá un descenso notable en las deudas.

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Fuente: La Vanguardia, El País

El Colegio de Registradores de la Propiedad ha realizado un estudio en el que se concluye que los bancos iniciaron el año pasado 65.778 certificaciones de ejecución, de los cuales el 74,76% correspondieron a primera vivienda. En cuanto al destino final de los inmuebles, la banca se quedó con 38.976 viviendas por adjudicaciones en el marco de los procedimientos de ejecución hipotecaria. De este total, el 77% de inmuebles adjudicados fueron primera vivienda, lo que arroja una cifra de 30.011 familias que efectivamente perdieron su hogar. “Se trata de un dato sin duda significativo debido a que la pérdida de la primera vivienda tiene un impacto social muy superior a la segunda residencia u otro tipo de fincas”, subraya la nota de prensa del Colegio de Registradores.
La comparación del número de adjudicaciones (38.976) con la cifra de certificaciones por inicio de ejecuciones (65.778) muestra, según el estudio, la evolución actual en el paso de una situación a otra. Ambas no tienen por qué estar vinculadas automáticamente, ya que las adjudicaciones suponen una fase posterior antes de la cual deudor y entidad bancaria pueden alcanzar un acuerdo previo. Aunque, como reconoce el propio Colegio de Registradores, la adjudicación es un desenlace bastante frecuente tras el inicio del proceso de ejecución que se produce con la certificación registral.
Las cifras más utilizadas hasta ahora en el marco del debate sobre los desahucios eran las publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que había dado la cifra de 91.622 ejecuciones hipotecarias en su memoria de 2012. Pero no desglosaba ese total según el uso destinado a los inmuebles, metiendo en el mismo saco las ejecuciones de locales comerciales, oficinas, garajes y primera vivienda. El Colegio de Registradores decidió en febrero realizar una encuesta a todas sus oficinas con el objetivo expreso de “aportar información objetiva, en números, que contribuya y dé solidez al debate social sobre los lanzamientos de viviendas”. El colegio ha recibido respuesta de 934 oficinas, el 85% del total. El número de adjudicaciones sobre primera vivienda que se desprende del estudio (30.011 casos) contrasta con los datos aportados por el Gobierno a finales de 2012. Tras consultar con las entidades bancarias, Economía sitúo el número de desalojos de primera vivienda en una franja de entre 4.000 y 15.000 durante los últimos cuatro años.

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Fuente: Cinco Días

Cada día se llevan a cabo 159 ejecuciones hipotecarias en España. Frente a este drama social, y la poca eficiencia de las normas en vigor que pretendían proteger a los deudores, se están imponiendo soluciones extrajudiciales como la intermediación. Este sistema, mucho más ágil, pretende lograr que las partes firmantes de cualquier hipoteca alcancen un acuerdo y “todos salgan ganando”, explica Anna Vall Ruis, coordinadora del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valencia.
“El servicio que ofrecen las oficinas de intermediación hipotecaria (OIH) de los colegios de abogados es totalmente gratuito para el usuario. El deudor acude y presenta su situación. El primer objetivo es asegurarse si se pueden acoger al RDL 6/2012 o al RDL 27/2012, que permiten la reestructuración de la deuda hipotecaria o la suspensión de los lanzamientos de viviendas habituales, respectivamente. Sin embargo, los requisitos exigidos por estas normas son tan estrictos que sólo un 5% de los afectados por las ejecuciones hipotecarias puede ampararse en ellas. Para el resto, la solución es la intermediación”, añade Vall Ruis.
En la mayor parte de los casos, este tipo de actuaciones suelen durar de media unos tres meses, salvo si el intermediador se encuentra con situaciones complejas, como la compra de un domicilio entre varias personas que no sean una pareja. “Ésta es la solución más ágil frente a los posibles desahucios. Tras estudiar el dossier de los afectados, se ve cuáles son sus posibilidades reales y se presenta una propuesta a la entidad bancaria. Ésta puede aceptarla o hacer una contrapropuesta. Para conseguir acuerdos más rápidos es esencial poder hablar con los departamentos centrales o los responsables provinciales de pago. Éstos son los que tiene capacidad de decisión, frente a los directores de sucursales”, dice la mediadora que participó en la jornada Protección del deudor, intermediación hipotecaria y ejecución, organizada por el Consejo General de la Abogacía y La Ley.
El 60% de los casos que llegan a las OIH logran un acuerdo entre las partes. En Valencia, entre abril de 2012 ‐fecha de la puesta en marcha de la oficina de intermediación‐ y marzo de 2013, se han atendido 610 casos y en 385 se han alcanzado acuerdos: un 19% ha sido daciones en pago; un 11%, refinanciación de la deuda; un 10%, suspensión del lanzamiento, y en el resto de los casos se han encontrado otro tipo de soluciones, incluso alquileres con opción a compra.

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Fuente: Expansión