Noticias sobre Reestructuración

Más de 31.500 familias se han beneficiado de las medidas puestas en marcha para proteger a los hipotecados, lo que ha evitado unos 13.000 desahucios y permitido 12.650 reestructuraciones de deuda.
Además, casi 4.000 personas se han librado de su hipoteca con la dación en pago y otras 2.000 familias en riesgo han accedido al alquiler social de una vivienda cedida por las entidades financieras.
El Gobierno ha reforzado las medidas para proteger a los hipotecados, aprobando un marco de insolvencia que permite a cualquier persona librarse de sus deudas.
También se ha incluido a todos los mayores de 65 años como beneficiarios del código de buenas prácticas.
A lo largo del año 2014 los datos muestran un importante incremento en las familias beneficiadas por el código de buenas prácticas, ya que de 22.998 solicitudes recibidas, en 9.728 casos se ha reestructurado la deuda y ha habido 2.829 daciones en pago.
Asimismo, el Gobierno ha prorrogado dos años más la moratoria hipotecaria, que desde hace tiempo impide que en España se desahucie de su vivienda habitual a las personas en riesgo de exclusión social.
 

CiU ha presentado una iniciativa parlamentaria para promover una ley de segunda oportunidad destinada a familias y autónomos. Se pretende evitar que los pagos pendientes de estos colectivos los conviertan en deudores de por vida. Esta regulación está pensada para familias y autónomos sobreendeudados por el impago de la hipoteca de su vivienda, del alquiler o porque no han podido mantener el negocio en marcha. O pymes que han requerido avales personales. En el texto se propone el recurso de la mediación en primera instancia, con el objeto de mantener la vivienda. De no llegarse a un acuerdo, el deudor tiene la opción de proponer un plan de reestructuración donde se podrán plantear quitas superiores a la mitad de la deuda, esperas en el pago de las deudas de hasta tres años, así como condonaciones de todos los acreedores, incluida la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. El texto también propone que la ley tenga un carácter retroactivo para que se puedan beneficiar personas que hayan contraído deudas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

El Gobierno ha decidido prorrogar la moratoria para los desahucios que se produzcan a partir de mayo de 2015, cuando vence la paralización actual.
Según fuentes próximas al Ejecutivo, la medida se ha adoptado después de que hasta la fecha la moratoria en vigor haya permitido la suspensión de más de 10.000 desahucios. Al menos 1.400 familias habían accedido a principios de septiembre a un alquiler reducido del fondo social de viviendas, y el código de buenas prácticas de la banca había permitido 6.500 reestructuraciones de deuda y más de 2.100 daciones en pago, es decir, la entrega de las llaves para saldar la hipoteca. De esta forma, unas 20.000 familias se habían beneficiado del conjunto de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para paliar el problema de los desahucios.
 

La banca ha aceptado que 2.124 familias cancelen de su hipoteca con la entrega de las llaves de su vivienda, lo que se conoce como dación en pago, y ha reestructurado la deuda a sus clientes en 6.498 casos desde que se puso en marcha el código de buenas prácticas en marzo de 2012. Además, las entidades han adjudicado 927 viviendas en alquiler a un precio reducido ‐entre 150 y 400 euros‐, de las 6.000 que forman parte del fondo social de viviendas creado por la banca y destinado a gente sin recursos.
Desde marzo de 2012 y hasta mayo de este año, la banca recibió 23.989 peticiones de familias para buscar una salida a la hipoteca de su vivienda habitual. De esas solicitudes, en 6.498 casos las entidades optaron por allanar el pago de la hipoteca, concediendo mayores facilidades para el pago del préstamo y en otros 2.124 casos se aprobó la dación en pago.
 

A pesar de los casi 39.000 desahucios del año 2013 sólo 400 familias que han perdido sus casas han firmado un contrato con el Fondo Social de Vivienda, de los 780 que se han adjudicado.
Tampoco ha aportado soluciones importantes el código de buenas prácticas bancarias, suscrito voluntariamente por casi todas las entidades financieras del país. Desde febrero de 2012 14.368 familias han pedido a su entidad bancaria una reestructuración de su deuda. De ellas, 2.827 se encuentran en “fase de reestructuración viable” y 6 en la fase de “reestructuración inviable y quita de la deuda por parte de la entidad”. Y se llevaron a cabo 1.006 operaciones de dación en pago con supresión de la hipoteca. Otras 6.274 fueron rechazadas por no cumplir los requisitos exigidos en el código de buenas prácticas bancarias, no se ha facilitado información de lo que ha sucedido con el resto, aunque se sobreentiende que han sido rechazadas.

La banca ha rechazado cuatro de cada 10 propuestas para renegociar la hipoteca formuladas por las familias en riesgo de querdarse sin su vivienda, según los datos que ha publicado el Ministerio de Economía sobre la marcha del código de buenas prácticas antidesahucios. El porcentaje, no obstante, es mucho más reducido que el 80% registrado en los primeros meses en los que estuvo en vigor la medida.

El cambio en las denegaciones se explica, principlamente, por la modificación de la ley en mayo de 2014, lo que amplió y flexibilizó las medidas de protección a los hogares en apuros. "La progresiva mejor acogida", según Economía, de los cambios también ha ido acelerando la presentación de solicitudes desde entonces.

El departamento que dirige Luis de Guindos destaca que en el cuarto trimestre de 2013 se alcanzaron 4.523 peticiones de adhesión. "Esta cifra supera en un solo trimestre la registrada durante todo el primer año de funcionamiento (entre marzo de 2012 y el mismo mes de 2013), que fue de 4.385 solicitudes", añade el comunicado, que también destaca que duplica el número de peticiones del primer trimestre.

Los cambios adoptados en marzo ampliaron la opción de acogerse al código a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) cuando previamente debían carecer de rentas. Entre otras modificaciones, también se permitió pedir la adhesión a las unidades familiares que hayan sufrido una alteración significativa de las circunstancias económicas en los últimos cuatro años y cuya cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos.

Sin embargo, esto no garantiza que la propuesta salga adelante y la familia puede renegociar su deuda o, incluso, optar por la dación en pago. De las 3.849 solicitudes resueltas en el cuarto trimestre (algunas arrastradas de periodos anteriores); se denegaron 1.529 y se aceptaron 1.624. La no presentación de la documentación correspondiente y la renuncia del cliente (696 casos) fueron las causas principales de la denegación de la solicitud, detalla Economía.

De las 1.624 operaciones realizadas, en 1.227 casos (el 75,55% de las realizadas, y el 31,88% de los expedientes tramitados) se llegó a una reestructuración viable de la deuda pendiente; en 397 casos (24,45% de las realizadas y el 10,31% de los expedientes tramitados) se acordó la dación en pago y consiguiente extinción de la deuda, y en ningún caso la operación finalizó con una quita de la deuda por parte de la entidad con el fin de poder reestructurar la deuda de modo viable.

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Fuente: El País

Los desahucios (de viviendas, negocios, garajes) emprendidos por los juzgados de primera instancia y mixtos tras el impago de los préstamos hipotecarios alcanzaron en 2013 la cifra de 67.189, según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, hubo una media de 184 desalojos diarios. Es el primer año en que el Poder Judicial publica estos datos, por lo que no se puede comparar la evolución con periodos anteriores.
No todos los 67.189 casos del informe del Poder Judicial concluyen con desahucios efectivos: los datos se refieren a las diligencias que abrieron los juzgados en 2013. Muchas veces, llegada la hora del lanzamiento, los jueces los suspenden o posponen, por lo que cabe la posibilidad de que parte de los iniciados en 2013 no se hayan ejecutado ese mismo año y aún estén pendientes. De dicho número, el 38,4% derivaba de ejecuciones hipotecarias, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el 4,8% de otras causas. Por comunidades autónomas, Cataluña fue el territorio con más desalojos de vivienda, el 23,8%. Le siguen la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).
El informe recoge también el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 ‐es decir, los expedientes abiertos‐: 82.860, un 9,8% menos que el año anterior. El documento explica este descenso por “la publicación de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”. La norma incorporó la posibilidad de que los jueces paralizaran desahucios mientras se comprueba si hay cláusulas abusivas; impide a los bancos considerar vencido el contrato mientras que no se haya impagado tres mensualidades; permite la dación en pago solo en supuestos muy tasados y retoca el código de buenas prácticas para los bancos.
Así como la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 se produjo en Cataluña, también es la comunidad que se sitúa en cabeza en el cuarto trimestre del año, cuando supusieron el 23,5%.
El pasado enero, el Banco de España reveló los datos de desahucios de la primera mitad de 2013, que, por primera vez, procedían de un cómputo estricto de las ejecuciones lanzadas desde las entidades. El retrato del supervisor revelaba que 35.098 familias se quedaron sin casa entre enero y junio del pasado año al no poder pagar la hipoteca.

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Fuente: El País, La Razón, La Vanguardia, ABC

La deuda en manos de familias y empresas se ha reducido en 148.776 millones de euros entre octubre de 2012 y octubre pasado, un importe notable cuando se compara con los 350.729 millones totales que han logrado rebajar desde que su volumen tocó máximos cinco años atrás. El endeudamiento ha corregido hasta retornar a cotas de inicios de 2007, previa al estallido de la crisis subprime, y comienza a apuntar una reversión de tendencia. El volumen de financiación en manos de los hogares repuntó un 0,52% en noviembre, hasta los 798.038 millones, favorecido por el tímido retorno de los créditos al consumo. Un avance que aún no se aprecia en el saldo global de préstamos, bonos y otros instrumentos financieros en favor de sociedades, cuyo importe suma 1,08 billones, según estadísticas del Banco de España. La corrección es muy superior en las empresas. Se las ingeniaron para minorar su carga un 8,77% en el último año y el 17,96% desde máximos, porcentajes que se limitan al 5,26% y 12,43%, respectivamente, en los hogares. La evolución no es arbitraria. Las compañías cuentan con mecanismos a su alcance como enajenaciones de activos, quitas en concurso de acreedores, liquidaciones o reestructuraciones, inaccesibles o de acceso más limitado para los ciudadanos particulares. Las familias necesitan tiempo porque la hipoteca, con largos plazos de vencimiento, agrupa el grueso de la factura.
En la década anterior a la crisis, entre final de 1996 y 2006, el endeudamiento de familias y empresas contabilizó un aumento cercano a cinco veces, favorecido por el dinero fácil, con unos tipos de interés cada vez más reducidos y la seducción del ladrillo, que parecía una inversión garantizada y con rentabilidades crecientes en el tiempo. Los hogares multiplicaron por 3,5 veces su deuda entre 1999 y 2007, y las empresas en 1,6 veces en los cinco ejercicios previos a la crisis. Hoy las viviendas y edificios, en garantía de los préstamos del boom inmobiliario, se han depreciado. El elevado y prolongado paro convierte la deuda en un riesgo latente de morosidad para la banca y de perder viviendas para los ciudadanos. La opción de vender el piso para acelerar el desendeudamiento o redimirlo, no parece factible por su gruesa pérdida de valor.
El apalancamiento excesivo es además una traba insalvable para acceder a nueva financiación de cara a las empresas, ante el miedo a un deterioro superior del balance por parte de las entidades financieras. Según el FMI, “tres cuartas partes de la deuda está en empresas que tienen un ratio de deuda sobre sus activos superior al 40%”, lo que les coloca en una posición delicada poder devolverla.

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Fuente: El Economista
 

Menos de 300 familias accedieron a la dación en pago durante el primer año de funcionamiento del Código de Buenas Prácticas, puesto en marcha en abril de 2012, que ha propiciado la presentación de 4.385 solicitudes de adhesión para poder beneficiarse de las medidas de reestructuración y quita de deudas hipotecarias. Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno a varios diputados socialistas sobre este problema.
En total, 1.063 solicitudes (el 24%) se encontraban pendientes de tramitación al finalizar el primer trimestre de 2013, mientras que 594 concluyeron en una reestructuración de la deuda (17,88%), 298 acabaron en dación en pago, 238 desistieron y dos se beneficiaron de una quita.
Otras 2.190 solicitudes fueron denegadas por no cumplir los requisitos previstos (45%), por faltar documentación (29,4%) o por incumplimiento de los umbrales de renta o de la situación familiar para acogerse al código (21,55%). El Ejecutivo destaca que las solicitudes de adhesión se han ido incrementando conforme avanzaba el año, con 564 peticiones en el segundo trimestre de 2012; 722 en el tercero; 1.132 en el cuarto; y 1.967 en el primer trimestre del actual ejercicio. Por regiones, la mayor parte de solicitudes se efectuaron en Andalucía, seguida por Cataluña y la Comunidad Valenciana. La provincia que más expedientes concentra es Barcelona, con 809.

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Fuente: El Economista, La Vanguardia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alabó ayer el ritmo de la implementación de las medidas para reestructurar el sistema financiero en España, pero exigió al Gobierno, al Banco de España y a las propias entidades que no bajen la guardia para terminar el trabajo y, sobre todo, conseguir que se normalice del todo la situación con la vuelta del flujo normal de crédito para familias y empresas. Las recomendaciones forman parte del tercer informe del Fondo sobre la banca española en el que se alerta de riesgos importantes, algunos ligados a la evolución de la propia economía ‐donde ve necesarios “ajustes adicionales”‐ y otros derivados delsector bancario.
Entre estos últimos, el FMI destaca las dudas que hay ante el plan de negocio de la Sareb, que se basa en unos escenarios de evolución del precio de la vivienda que no se corresponden con la realidad. El Fondo también muestra su preocupación por la gestión del proceso de privatización de Catalunya Banc y Novagalicia Banco, que podría afectar a la estabilidad de estas entidades. Por eso, pide que se consideren “todas las opciones para responder adecuadamente a los cambios de las condiciones de mercado”. El FROB anunció hace unos días que ha escogido a BNP Paribas para coordinar la venta del banco gallego y ultima la contratación del banco de inversión que se encargará del proceso de Catalunya Banc.
Pero donde el FMI enciende verdaderamente las alarmas es en la evolución del crédito y en algunos aspectos de la gestión que afectan de forma decisiva a la solvencia de las entidades. En primer lugar, el Fondo constata que no hay crédito. Lo atribuye, primariamente, “a la debilidad de la demanda, que es, sin duda, el principal motivo de la contracción crediticia”. Pero, a continuación, señala que los shocks en la oferta de crédito han sido importantes. Según el Fondo, los datos del primer trimestre apuntan al hecho de que los bancos del grupo cero (los sanos) pueden ser incapaces de incrementar su cuota de mercado en préstamos y si el resto de bancos (los que han recibido ayudas) tampoco prestan, “el crédito para la economía se contraerá más rápido de lo previsto”.

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Fuente: La Vanguardia