Noticias sobre Ley

El Gobierno es reacio a modificar la ley para frenar los desahucios, tal y como le pide la oposición y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa. El Ministerio de Economía asegura que es pronto para determinar si el Código de Buenas Prácticas firmado con los bancos ha funcionado. Se aprobó hace seis meses pero, en realidad, ha estado en vigor menos de dos porque luego se abrió un plazo para que los bancos se sumaran voluntariamente a un acuerdo que, una vez suscrito, les obliga a ser flexibles al ejecutar desahucios. Además, el Gobierno asegura que los procedimientos son largos por lo que los que se ejecutan ahora se iniciaron antes de la puesta en marcha del código, sin posibilidad de que esta norma haya frenado los que estaban ya avanzados. Explican que la comisión de seguimiento ‐en la que participan la Asociación Hipotecaria Española, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el secretario de Estado de Economía‐, estudia modificar los umbrales de ingresos en los que se excluyen los desahucios.
Esos umbrales se fijan en función de que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas o bienes con que hacer frente a la deuda; que la cuota hipotecaria resulte superior al 60% de los ingresos que perciba la unidad familiar y que el precio de la vivienda no supere un precio tasado en función del número de habitantes del municipio.
La otra vía en la que se trabaja, siempre con acuerdo con los bancos, es la de buscar fórmulas que obliguen a las entidades que han recibido dinero público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a poner parte de su patrimonio inmobiliario en beneficio de personas sin recursos que no puedan hacer frente a sus créditos hipotecarios.

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Fuente:El País

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres‐Dulce, ha rehusado valorar el informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en cuyo anexo se critica el sistema de desalojos, porque, asegura, debe “respetar la autonomía” de este órgano. Tras esta declaración, ha admitido que se trata de un tema que merece una “reflexión” por las consecuencias sociales que se derivan de la aplicación de la ley. Realizó estas declaraciones al ser preguntado por el informe elaborado por un grupo de magistrados, bajo la coordinación del vocal del CGPJ Manuel Almenar, en el que se proponen medidas para cambiar el actual sistema de desahucios. Este informe se une a los dramas vividos en los últimos días, tras suicidarse en Granada un vecino que iba a ser expulsado de su casa. Otro hombre, fue hospitalizado en Valencia, tras saltar al vacío desde el balcón del domicilio del que iba a ser desalojado. Estos hechos han multiplicado la polémica sobre los desahucios, en la que Torres‐Dulce no ha querido entrar al hilo del informe que se ha negado a asumir el CGPJ. Aseguró que respeta la autonomía del máximo órgano de representación de los jueces, que “no asume (el informe) como tal, sino que lo considera una opinión de expertos”.  
Respecto a la posibilidad de que la fiscalía desarrolle iniciativas para intervenir en estos procesos, ha explicado que su participación en juicios de desahucios es “muy marginal”. No obstante, ha matizado que es un tema que “evidentemente” merece una “reflexión” por las consecuencias sociales que se derivan de la aplicación de la ley, en ocasiones “en situaciones muy especiales”.  

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Fuente: El País

El Ministerio de Economía ampliará los casos en los que se puede cobrar anticipadamente el ahorro colocado en los planes de pensiones para aliviar la situación de los partícipes más castigados por la crisis. El objetivo es facilitar los reembolsos a los titulares de estos productos que tengan que afrontar el “procedimiento de ejecución sobre su vivienda habitual”. La modificación para permitir este cambio se realizará a través de la futura Ley de Supervisión del Seguro, que modificará la actual normativa de planes de pensiones. Este documento se remitió al sector y será debatido el próximo 8 de mayo en la reunión de la Junta Consultiva de Seguros y Pensiones. La normativa entrará en vigor a finales de 2012 o principios de 2013, según las previsiones.  
El reglamento de desarrollo de esta ley, pendiente de redactar, recogerá dos condiciones para el rescate anticipado: que el partícipe no posea otros bienes que puedan utilizarse como garantía ante el embargo de la vivienda habitual y que el ahorro colocado en el fondo de pensiones sea suficiente para evitar el desahucio.  

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Fuente:Expansión

Frente al planteamiento de otras fuerzas políticas que en la pasada legislatura se negaron a legislar sobre la dación en pago, el código de buenas prácticas aprobado mediante real decreto para evitar que las familias con menos recursos pierdan su vivienda supone un claro avance, según subrayan algunos expertos jurídicos consultados. Sin embargo, la mayoría coincide en que se ha quedado corto en muchos aspectos.
El presidente del Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de España, Jaime Cabrero, lamenta que no se haya aprobado con rango de ley y que se limite a un sistema voluntario, aunque las entidades que se adhieran al mismo estén obligadas a su estricto cumplimiento. “Además, por las condiciones económicas que tienen que cumplir los hogares, serán muy pocas las familias que se beneficien de estas nuevas reglas cuando el problema de los desahucios sigue creciendo por el agravamiento de la crisis y el aumento del paro”, subraya.
Los agentes de la propiedad inmobiliaria lamentan que su opinión no haya sido tenida en cuenta a la hora de regular la dación en pago. “Aunque ahora con este código vaya a ser menor el número de familias que termina perdiendo su casa, nosotros propusimos al Ejecutivo que antes de cancelar definitivamente una hipoteca por la que el propietario va a entregar la casa al banco (y si ha decidido no permanecer en ella de alquiler), ese inmueble y el crédito se ofreciera a otros posibles compradores”, explica Cabrero. De haber incluido el código este planteamiento, los agentes de la propiedad inmobiliaria sostienen que el banco ahorraría costes porque no terminaría quedándose con la vivienda. Los potenciales compradores de la casa sobre la que se ha aplicado la dación en pago no tendrían que pagar los gastos de constitución de hipoteca puesto que podrían subrogarse al crédito original y, por tanto, se reactivaría el mercado inmobiliario. “Nosotros, a petición del banco, podríamos actuar como intermediarios en la búsqueda de esos nuevos compradores. Creemos que es una propuesta sólida, que genera actividad económica y con la que salen beneficiados todos”, sentencia Cabrero.
Otra de las cuestiones que incluye el código y que no gusta a numerosos expertos y colectivos sociales es la condición de que estas nuevas medidas que deberán aplicar bancos y cajas no podrán ser ofrecidas a las familias cuyos procedimientos de ejecución hipotecaria estén ya iniciados. Aunque en los últimos años se ha especulado mucho con las cifras de ejecuciones hipotecarias, hasta el momento el sector parece dar por bueno ese volumen de 350.000 procesos abiertos desde el inicio de la crisis, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ahora, y dado que existe un marco regulatorio más definido, es probable que mes tras mes pueda hacerse un seguimiento de cuantas  refinanciaciones se ponen en marcha y cuántas de ellas culminan en una dación en pago.

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Fuente: Cinco Días