Noticias sobre Procedimiento judicial

El PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno sobre medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, más conocido como ley antidesahucios. En su propuesta el PSOE busca ampliar los derechos de los ciudadanos que pierden su casa, más allá de la restrictiva propuesta que, en su opinión, plantea el ministro de Economía, Luis de Guindos.  
En dicha alternativa, el PSOE fundamentalmente modifica tres aspectos del proyecto de ley que ha llevado el Ejecutivo al Congreso. En primer lugar, amplía a tres años la suspensión del proceso de ejecución de la hipoteca, en lugar de dos. Pero, sobre todo, crecen muy sustancialmente las familias que se pueden acoger a esta medida. Según explicó la portavoz socialista Soraya Rodríguez, las condiciones del Gobierno solo las pueden cumplir personas casi indigentes y muy pocos hogares se podrían beneficiar de ello. “Es tan restrictivo que el número de beneficiarios será muy insignificante”, afirmó Rodríguez. El PSOE, en cambio, propone que la suspensión del desahucio afecte a todas las familias “con un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso” que tengan una renta familiar inferior a tres veces el Iprem (algo más de 1.500 euros) y cuya hipoteca supere el 50% de sus ingresos netos. La suspensión, además, se aplicará en cualquier punto en el que esté el procedimiento judicial y, además, se paralizarán los intereses de demora.
Otra novedad que presenta la alternativa del PSOE es que las familias que hayan perdido su vivienda ya tendrán posibilidad de renegociar y reestructurar la deuda que aún tengan. Es decir, según explicó Rodríguez, podrán ir a un proceso judicial para reestructurar o liberar su deuda mediante una quita o la dación en pago. Esta medida se amplía, además, en la propuesta del PSOE a los autónomos y a los avalistas. En el fondo, se comenta, es habilitar la dación en pago de forma retroactiva.  
El texto alternativo está plagado de medidas de todo tipo, que en el fondo sólo se adicionan a la propuesta, muy trabajada, que elaboró el PSOE hace unos meses, antes de que el Gobierno presentara su proyecto de ley. Así, se contempla una amplia modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia; medidas de carácter social, y, sobre todo, una mayor protección de los ciudadanos en estos procesos frente a las actuales grandes ventajas con las que cuenta la banca, que colocan a los hipotecados en una absoluta indefensión.

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Fuente: El Mundo
 

La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) respaldó de forma oficial las iniciativas que están llevando a cabo los ayuntamientos “para paliar el drama de los desahucios” y las “situaciones de emergencia social” derivadas de estos. En un comunicado, el presidente de la Femp, Íñigo de la Serna, aseguró que los gobiernos locales “no son insensibles ante los dramas personales y familiares que padecen aquellos ciudadanos que se ven afectados por un desahucio”.  
La Femp ha terciado en el debate porque no son pocos los casos de consistorios que han paralizado o boicoteado las ejecuciones hipotecarias. Estos días se sumaron los de Vigo y Zaragoza. El alcalde de la capital aragonesa, Juan Alberto Belloch, anunció que la Policía Local de Zaragoza no volverá a colaborar en los procedimientos judiciales dirigidos al desahucio de personas o familias de la ciudad hasta que no se regule de nuevo el proceso con criterios sociales. Esto es algo que ya ocurría en Montoro (Córdoba) desde junio. Y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, manifestó su “voluntad” de retirar las cuentas municipales de las entidades que ejecuten desahucios y, por ello, dio instrucciones a la concejala de Hacienda para incluir en los concursos públicos la condición de que los desahucios de viviendas sean “causas de resolución del contrato de forma inmediata”. Algo que ya anunció el Ayuntamiento coruñés de Ares y que ha pedido el PSE para todos los municipios del País Vasco.

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Fuente:Expansión

Desde que comenzara la crisis en el año 2007 y hasta el último trimestre de 2011, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas por el Tribunal Superior de Justicia ha ascendido a 328.687. Para no repetir estos números y evitar los desahucios, algunos colegios de abogados han puesto en marcha junto con los ayuntamientos oficinas para el asesoramiento e intermediación hipotecaria.
Tarrasa ha sido el primero. Lluisa Melgares, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Tarrasa, explicó que “ante los más de 5.000 pisos vacíos que había en la ciudad en 2011 y la abundancia de jóvenes con escasa cualificación en paro, nos planteamos actuar decididamente”. Tras abordar el problema con los bancos y ante la falta de una respuesta positiva, decidieron recurrir al Colegio de Abogados de Tarrasa, que lo puso en marcha el pasado enero. Su decano, Miquel Samper, señaló que “El coste directo del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria es 3.150 euros y el de un expediente de intermediación con resultado positivo asciende solo a 166 euros. Es evidente que el problema del lanzamiento hipotecario cuesta muy caro a la sociedad, sin entrar en los costes de todo tipo que supone para las familias”, explicó. Ante esta situación, otros colegios de abogados han decidido copiar la iniciativa. Cádiz y Jerez de la Frontera ya han firmado un acuerdo con sus respectivos ayuntamientos. En Granada, Almería y Gerona están a punto de llevarlo a cabo.

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Fuente: Cinco Días, El País