Noticias sobre Tribunal constitucional

La Junta de Andalucía está recrudeciendo la particular batalla que mantiene desde hace tres años contra las entidades financieras. El último paso en este sentido es la aprobación de un anteproyecto de ley que endurece los requisitos para conceder hipotecas. Entre otras cuestiones, obliga a los bancos y cajas a una mayor transparencia y les impide vincular la contratación de ciertos productos a los préstamos para viviendas, como seguros de vida o del hogar. Además exige a los notarios y a los registradores de la propiedad que denuncien “cláusulas abusivas” antes de firmar una hipoteca y a ponerlas en conocimiento tanto del usuario como de la Junta para iniciar el correspondiente expediente sancionador. Para todos aquellos que incumplan la norma, se contemplan sanciones de hasta 600.000 euros y el quíntuplo del valor de los beneficios ilícitos obtenidos o de los perjuicios causados.
Esta iniciativa se une al impuesto sobre los depósitos de 2010 y al decreto de la Función Social de la Vivienda ‐conocido como Ley Antidesahucios‐ aprobado el pasado abril y que está recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno, una vez que Bruselas advirtió de que entrañaba riesgos no sólo para la banca sino para la propia recuperación económica de España. En ambos casos, detrás está la mano de Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE. La norma anunciada tiene la firma de Diego Valderas, vicepresidente andaluz y titular de la cartera de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que depende el área de consumo, quien ayer destacó que el objetivo es “acabar con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza”. Fuentes de los sectores financiero e inmobiliario, sin embargo, mostraron su temor a que esta medida tenga un efecto contraproducente y que se reduzca aún más la concesión de créditos para la adquisición de una vivienda.
Andalucía es una de las regiones en las que se está produciendo una mayor contracción en la formalización de hipotecas. Según datos del INE, en junio se firmaron 3.000, lo que supone un 40% menos en términos interanuales. Un desplome que, además, viene precedido de otros igualmente significativos en ejercicios previos.

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Fuente: Expansión, El Economista

La banca tiene sus esperanzas puestas en la justicia. El sector espera que el Tribunal Constitucional termine anulando el decreto andaluz antidesahucios que suspendió cautelarmente. Mientras el Gobierno cubría este frente, BBVA y Cajamar presentaron un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo sobre la sentencia que este mismo tribunal falló el pasado 9 de mayo declarando nulas las cláusulas suelo opacas. Un fallo que llevó a estas dos entidades y a Novagalicia a anularlas de su cartera, con un impacto millonario para sus resultados. Pese a presentar este recurso, las tres entidades ya han comenzado a retirar las cláusulas suelo de todas sus hipotecas.
Fuentes jurídicas afirman que BBVA y Cajamar ya comunicaron que recurrirían la sentencia. Aseguran que con los niveles de transparencia exigidos, “la sentencia infringe preceptos constitucionales y cambia las reglas del juego que no estaban contempladas. La sentencia del Supremo no había sido objeto de debate con las partes para tratar el precio con las entidades”. Otras fuentes jurídicas añaden que la sentencia se centraba “en base a hechos y fundamentos jurídicos distintos de aquellos que habían sido objeto del proceso y declarados probados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, con vulneración del principio de congruencia”.
Novagalicia ha decidido no unirse al recurso de nulidad al entender que una vez que ha comenzado a eliminar las cláusulas suelo ‐a los afectados se les paga un 4% de interés desde mayo hasta que se les quite del contrato dicha cláusula‐ “no tiene mucho sentido para ellos presentar un recurso”.

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Fuente: Cinco Días

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca sufrieron el varapalo del Constitucional -que ha rechazado que los embargos vulneren derechos fundamentales de los afectados-, van a seguir adoptando medidas para que sus reclamaciones se oigan. Además de la iniciativa legislativa popular que han presentado al Congreso con una serie de medidas (la dación en pago entre ellas), también han convocado una manifestación estatal para el 25 de septiembre. El lema que barajan por ahora es Que no hipoteque tu vida. Además, representantes de las asambleas de barrio surgidas del 15-M se volvieron a reunir con miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid para trazar estrategias de cara a los recientes fracasos del movimiento para paralizar desahucios. En la última semana la policía ha evitado que se frenen desalojos en Madrid, Barcelona y en Sevilla. Afectados e indignados quieren buscar alternativas. Para empezar quieren mejorar la comunicación para que las convocatorias lleguen a un mayor número de personas. Además, están barajando nuevas formas de acción. Se pidió que las asambleas de barrio del 15-M elaboren listas con los pisos vacíos de su zona para saber qué viviendas ocupar. También barajan hacer listados de las viviendas embargadas para disuadir a posibles compradores.

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Fuente: El País

La normativa de embargos y ejecuciones hipotecarias no vulnera derechos fundamentales, según una resolución del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) en la que rechaza la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juez de Sabadell contra tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada en 2010. El vicepresidente del TC, Eugeni Gay, ha emitido un voto particular en el que critica que el auto dictado por sus compañeros no haya tenido en cuenta “el nuevo contexto económico y social”, profundamente marcado por la crisis financiera internacional.
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell decidió plantear al TC sus dudas sobre el encaje constitucional del proceso hipotecario. Advertía de la posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a una vivienda digna que podría derivarse de la aplicación de los artículos 579, 695 y 698 de la norma citada. En su opinión, no resulta “proporcionado, idóneo y adecuado en términos constitucionales negarle al ejecutado hipotecario cualquier posibilidad procesal de efectuar alegaciones sobre las circunstancias del impago”. Este hecho impide “el conocimiento y valoración por el órgano judicial de unas circunstancias” que podrían inclinar su decisión en un sentido o en otro (a favor de la ejecución de la hipoteca o a favor del deudor). En definitiva, el ciudadano sometido a este tipo de procesos quedaría indefenso. El juez llamaba también la atención sobre la situación que se produce cuando la ejecución hipotecaria tiene por objeto la única vivienda del demandado; en esos casos, dice, “para ser respetuoso con los valores constitucionales” el procedimiento debería permitir “unas posibilidades de oposición más amplias”.

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Fuente:ABC, Cinco Días, Expansión, El Economista, El País, La Vanguardia, La Razón

La intención del Partido Popular (PP) si gana las próximas elecciones generales pasa por recuperar la Ley del Suelo que aprobó en 1998 y que el Tribunal Constitucional vetó parcialmente por invadir competencias autonómicas. Así lo sugirieron los responsables económicos del PP Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal. Montoro defendió la idea de que “todo el suelo, salvo el protegido, pueda ser urbanizable”.
Para el PP, el boom inmobiliario se originó por el excesivo control del sector público sobre el terreno urbanizable. “Establecer que todo el suelo es urbanizable salvo que esté protegido no lo ha hecho nadie”, apuntó Montoro. Y ese es el objetivo que quiere impulsar su formación si gana las elecciones. El hecho de que el Constitucional limitara la competencia de la Administración Central en urbanismo en favor de las comunidades autónomas supone un hándicap menor en un momento en el que todas las regiones- salvo País Vasco, Navarra, Cataluña y Andalucía- contarán con Gobiernos del PP. Montoro argumentó que si la Ley del Suelo de 1998 se hubiera aplicado en su integridad, España no hubiera sufrido el incremento de precios exponencial registrado en el mercado de vivienda ni el boom inmobiliario. Ello es así porque se hubiera incrementado el terreno urbanizable y, por lo tanto, los precios hubieran caído.
“Liberalizar significa que la firma del concejal de urbanismo no valga dinero”, defendió Nadal. En cualquier caso, ambos diputados resaltaron que en estos momentos no resulta urgente profundizar en la liberalización de suelo para construir ya que el principal problema del sector pasa por deshacerse del exceso de stock. Con todo, indicaron que se trata “de una reforma pendiente”.
Precisamente para revitalizar el mercado inmobiliario, el PP propone recuperar la deducción por vivienda para todas las rentas si gana las elecciones previstas para marzo del próximo año o, si se adelantan, en otoño. Nadal negó que esa promesa provoque que se retrasen las decisiones de compra hasta después de los comicios, como temen los promotores. En este
sentido, apuntó que, si finalmente el PP gana las comicios y recupera la deducción, todos los contribuyentes podrán acogerse a ella desde el momento en que entre en vigor la ayuda fiscal, independientemente del momento en que compraron su vivienda. El actual Gobierno eliminó desde enero de este año la deducción por compra de vivienda para rentas superiores a 24.107 euros y el objetivo del PP es resucitar la ayuda fiscal como se aplicaba antes de la supresión parcial aprobada por el Ejecutivo socialista. Ello significa que todos los contribuyentes, independientemente de su nivel de renta, podrían deducirse un 15% hasta 9.015 euros de los gastos destinados a comprar casa. Ello permite reducir la factura fiscal un máximo de 1.352
euros al año, lo que supone un ahorro de hasta 33.806 euros para una hipoteca a 25 años.

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Fuente: Cinco Días, El Economista, La Gaceta