Noticias sobre Iprem

El Consejo de Ministros ha aprobado extender hasta el año 2017, el periodo de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.
Esta medida se incluye dentro del Real Decreto Ley de Mecanismos de Segunda Oportunidad y Reducción de la Carga Financiera y Otras Medidas de Orden Social, con el que el Gobierno persigue facilitar el desendeudamiento de la economía española y ampliar la protección de los colectivos más vulnerables por la crisis.
Se flexibilizan los criterios que dan acceso al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios y se incrementa el límite anual de renta familiar hasta tres veces el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM). Hasta ahora se calculaba por 12 pagas y ahora se hará por 14, con lo que pasa de 19.170,39 euros a 22.365,42 euros en 2015. También se amplían los supuestos de especial vulnerabilidad para incluir a los mayores de 60 años.
Además se ha elevado el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del Código de Buenas Prácticas. A partir de ahora, este podrá superar en un 20% el precio medio arrojado por el índice elaborado por el Ministerio de Fomento con un límite de 300.000 euros -250.000 euros para la dación en pago-, cuando antes estaba establecido en 250.000 euros.
 

Una enmienda del Grupo Popular eleva de dos a cuatro años la suspensión de desahucios de personas vulnerables y extiende el disfrute del Fondo Social de Viviendas a los desahuciados por impago de préstamos no hipotecarios, hasta ahora sólo podían acceder a estos inmuebles las víctimas de un desalojo por impago de un préstamo hipotecario. El convenio para la constitución del Fondo Social de Viviendas se firmó en enero del año 2013 por los ministerios de Economía, Sanidad, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector, las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. El alquiler de estas viviendas se encuentra entre los 150 y 400 euros mensuales. Entre los requisitos para poder acceder a este Fondo, destacan que el desalojo se produjera a partir del día 1 de enero de 2008, que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 euros) o que la familia no posea una vivienda en propiedad.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013‐2016. Este plan busca sustituir a la VPO, ya que, según el Ministerio de Fomento, no es una salida válida actualmente para las rentas bajas. De hecho, la VPO ya es más cara que la vivienda libre en multitud de provincias de España.
El Gobierno prevé conceder un subsidio, de hasta 200 euros al mes, a 200.000 familias con problemas económicos, para pagar el alquiler hasta 2016. Fomento abonará entre un 33% y un 40% de la renta mensual a los hogares con ingresos de menos de 22.365 euros anuales que arrienden casas por menos de 600 euros. El tope son 2.400 euros al año. La nueva ayuda se concederá durante 12 meses prorrogables a toda la vigencia del plan. Podrán cobrar el subsidio al alquiler de vivienda libre las familias o personas con un límite de ingresos inferior a tres veces el Iprem (los citados 22.365 euros anuales), pero la cuantía será modulable según el número de miembros de cada hogar, para primar a los más necesitados, según Fomento. Tendrán preferencia las personas desahuciadas. Los beneficiarios de la renta básica de emancipación podrán agotar ésta o comenzar a cobrar la nueva subvención ya. Desde que se resuelva favorablemente su solicitud de la nueva ayuda, perderá la anterior.
 

El Gobierno prevé conceder un subsidio de hasta 200 euros al mes a 200.000 familias con problemas económicos para pagar el alquiler durante lo que resta de 2014, 2015 y 2016. A través del Plan Estatal de Vivienda 2013‐2016, el Ministerio de Fomento abonará entre un 33% y un 40% de la renta mensual a los hogares con ingresos de menos de 22.365 euros anuales que arrienden casas por menos de 600 euros. Con esta medida se busca sustituir a la vivienda de protección oficial (VPO), ya que no es una salida válida actualmente para las rentas bajas porque en multitud de provincias la VPO ya es más cara que la vivienda libre.
La nueva ayuda se concederá durante 12 meses prorrogables a toda la vigencia del plan. Podrán cobrar este subsidio al alquiler de vivienda libre las familias o personas con un límite de ingresos inferior a tres veces el Iprem (22.365 euros anuales), pero la cuantía será modulable según el número de miembros de cada hogar, para primar a los más necesitados. Además, tendrán preferencia las personas desahuciadas.
 

La banca ha rechazado cuatro de cada 10 propuestas para renegociar la hipoteca formuladas por las familias en riesgo de querdarse sin su vivienda, según los datos que ha publicado el Ministerio de Economía sobre la marcha del código de buenas prácticas antidesahucios. El porcentaje, no obstante, es mucho más reducido que el 80% registrado en los primeros meses en los que estuvo en vigor la medida.

El cambio en las denegaciones se explica, principlamente, por la modificación de la ley en mayo de 2014, lo que amplió y flexibilizó las medidas de protección a los hogares en apuros. "La progresiva mejor acogida", según Economía, de los cambios también ha ido acelerando la presentación de solicitudes desde entonces.

El departamento que dirige Luis de Guindos destaca que en el cuarto trimestre de 2013 se alcanzaron 4.523 peticiones de adhesión. "Esta cifra supera en un solo trimestre la registrada durante todo el primer año de funcionamiento (entre marzo de 2012 y el mismo mes de 2013), que fue de 4.385 solicitudes", añade el comunicado, que también destaca que duplica el número de peticiones del primer trimestre.

Los cambios adoptados en marzo ampliaron la opción de acogerse al código a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) cuando previamente debían carecer de rentas. Entre otras modificaciones, también se permitió pedir la adhesión a las unidades familiares que hayan sufrido una alteración significativa de las circunstancias económicas en los últimos cuatro años y cuya cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos.

Sin embargo, esto no garantiza que la propuesta salga adelante y la familia puede renegociar su deuda o, incluso, optar por la dación en pago. De las 3.849 solicitudes resueltas en el cuarto trimestre (algunas arrastradas de periodos anteriores); se denegaron 1.529 y se aceptaron 1.624. La no presentación de la documentación correspondiente y la renuncia del cliente (696 casos) fueron las causas principales de la denegación de la solicitud, detalla Economía.

De las 1.624 operaciones realizadas, en 1.227 casos (el 75,55% de las realizadas, y el 31,88% de los expedientes tramitados) se llegó a una reestructuración viable de la deuda pendiente; en 397 casos (24,45% de las realizadas y el 10,31% de los expedientes tramitados) se acordó la dación en pago y consiguiente extinción de la deuda, y en ningún caso la operación finalizó con una quita de la deuda por parte de la entidad con el fin de poder reestructurar la deuda de modo viable.

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Fuente: El País

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Decreto de modificación de la normativa de vivienda protegida que permite también a los mayores de 35 años optar a las viviendas del Plan Joven. Esta nueva política tiene como objetivo dar salida al stock de casi 2.000 viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra que hay disponibles dentro de este programa. Hasta ahora, solo podían optar a ellas los menores de 35 años con unos ingresos inferiores a 5,5 veces el indicador de renta Iprem, el índice de referencia nacional para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos. Los candidatos tampoco pueden tener propiedades en la región ni ser los titulares de viviendas subvencionadas en España.
“Los cambios aprobados han sido diseñados para flexibilizar el acceso a la vivienda protegida en la región en un momento de crisis económica en el que el perfil de personas y familias con dificultades de acceso a la vivienda se ha ampliado”, reconoce el Gobierno regional, que habla de reducción de la renta en función de las necesidades de cada adjudicatario, además de políticas para fomentar el mercado del alquiler y la reducción del stock. Junto a esta justificación moral hay otra de calado y es que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) se ha dado de bruces con una realidad con la que no contaba: más de 1.800 interesados menores de 35 años han tenido que renunciar a sus pisos por causas económicas. Se trata principalmente de jóvenes que en el momento de la adjudicación estaban sin trabajo o con una gran inestabilidad laboral que les ha obligado a ser precavidos y renunciar. En otros casos, los elegidos por el Ivima viven ahora fuera de la Comunidad debido a un éxodo a otras ciudades en busca de empleo. Estas viviendas vacías se ubican en 26 municipios de la región. Tienen un precio de alquiler más bajo que el de mercado y, además, los arrendatarios pueden optar a comprarlas recuperando un 50% del precio de renta ya pagado. La principal novedad radica en que el plazo a partir del cual podían ejercer el derecho a compra era de entre cinco y siete años, y ahora podrán hacerlo a partir del primer año. Además, está previsto reducir el tiempo mínimo de arrendamiento a seis meses, lo que contribuirá a flexibilizar el mercado del alquiler. Otro de los cambios afecta a la tipología, que amplía la superficie de 70 a 80 metros cuadrados.
Por otra parte, el Gobierno madrileño hace un guiño a los promotores y da la posibilidad de cambiar el régimen de uso de los pisos, que podrán ofrecerse para venta, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra.

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Fuente: El Economista

Los bancos no podrán desalojar durante dos años a las familias que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. Así se establece en la ley antidesahucios, cuya filosofía es evitar que pierdan su vivienda habitual las personas que contrataron un crédito hipotecario durante el boom del ladrillo y ahora, a raíz de la crisis, son incapaces de afrontar sus obligaciones de pago. La norma publicada en el Boletín Oficial del Estado ha entrado automáticamente en vigor. Y su medida estrella, la paralización para determinados colectivos de los desalojos, que no del proceso de desahucio, tiene un impacto económico en las entidades financieras que concedieron los préstamos hipotecarios a esas familias en riesgo de exclusión. Morgan Stanley calcula que la moratoria de dos años costará al sistema financiero español entre 1.000 y 3.200 millones de euros entre este año y 2014, dado que entre 28.000 y 85.000 hipotecados con dificultades se podrán acoger a la medida, según los criterios establecidos para definir un colectivo vulnerable.
Los ingresos de la unidad familiar susceptible de beneficiarse de la medida no deben superar tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), lo que se traduce en 1.596 euros mensuales. En caso de que existan miembros de la familia con discapacidad, el umbral de ingresos se amplía. Además, es necesario que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud de la medida la familia haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y que la cuota hipotecaria supere la mitad de los ingresos.

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Fuente: Expansión

La reforma hipotecaria va tomando forma. El Ministerio de Economía quiere apuntalar los mecanismos de protección de los deudores en riesgo de exclusión social, para lo que prevé mejorar, vía enmiendas, el Proyecto de ley que se debate en el Congreso. Pero Economía no se quedará ahí, y también pretende “flexibilizar” los requisitos necesarios para acceder al Código de Buenas Prácticas. Es decir, para poder beneficiarse de una reestructuración de la deuda o de la dación en pago. En concreto, fuentes cercanas a Economía aseguran que el Gobierno “ya está dispuesto” a “extender el ámbito de actuación” del código, a que sea “más asequible” y a “reformar las condiciones para acceder a la dación en pago”. Es decir, a que se aumenten “los umbrales de renta” para poder acceder a dicho código.   
 Actualmente, para poderse beneficiar de dicho código el nivel máximo de renta de la familia debe ser es de 16.000 euros al año, y todos los integrantes de esa familia tienen que estar en paro. Esta rigidez en los requisitos hizo que en el primer trimestre de vida del Código (se aprobó en marzo de 2012) se tramitaran solo 568 peticiones de adhesión, de las que se tramitó la mitad. Y únicamente se firmaron 44 reestructuraciones de deuda y 8 daciones en pago. Ahora el objetivo es que más ciudadanos puedan evadir la ejecución o liquidar la deuda con la entrega de las llaves. Por ello, según las fuentes consultadas, se quiere confluir con el Real Decreto aprobado en noviembre sobre desahucios, que ofrece ventajas (como una moratoria de dos años) a quienes cobren menos de 19.000 euros al año, estén en paro o no, siempre que concurran unas especiales circunstancias sociales. El umbral de ingresos que se aplicó entonces (3 veces el Iprem) equivale al 80% del salario medio, así que adoptarlo para los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social sería una medida mucho más apegada a la realidad, a juicio de los expertos.
Además, el Gobierno quiere que los bancos estén obligados a avisar a los ciudadanos de que pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas. En el Real Decreto que reguló el código se decía que “las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas Prácticas, en particular, entre sus clientes”. Ahora Economía maneja documentos en los que se aboga por obligar a la banca no sólo a publicitar la existencia del código, sino a notificar a los posibles beneficiarios su derecho a beneficiarse de él. 

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Fuente:Expansión

El PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno sobre medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, más conocido como ley antidesahucios. En su propuesta el PSOE busca ampliar los derechos de los ciudadanos que pierden su casa, más allá de la restrictiva propuesta que, en su opinión, plantea el ministro de Economía, Luis de Guindos.  
En dicha alternativa, el PSOE fundamentalmente modifica tres aspectos del proyecto de ley que ha llevado el Ejecutivo al Congreso. En primer lugar, amplía a tres años la suspensión del proceso de ejecución de la hipoteca, en lugar de dos. Pero, sobre todo, crecen muy sustancialmente las familias que se pueden acoger a esta medida. Según explicó la portavoz socialista Soraya Rodríguez, las condiciones del Gobierno solo las pueden cumplir personas casi indigentes y muy pocos hogares se podrían beneficiar de ello. “Es tan restrictivo que el número de beneficiarios será muy insignificante”, afirmó Rodríguez. El PSOE, en cambio, propone que la suspensión del desahucio afecte a todas las familias “con un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso” que tengan una renta familiar inferior a tres veces el Iprem (algo más de 1.500 euros) y cuya hipoteca supere el 50% de sus ingresos netos. La suspensión, además, se aplicará en cualquier punto en el que esté el procedimiento judicial y, además, se paralizarán los intereses de demora.
Otra novedad que presenta la alternativa del PSOE es que las familias que hayan perdido su vivienda ya tendrán posibilidad de renegociar y reestructurar la deuda que aún tengan. Es decir, según explicó Rodríguez, podrán ir a un proceso judicial para reestructurar o liberar su deuda mediante una quita o la dación en pago. Esta medida se amplía, además, en la propuesta del PSOE a los autónomos y a los avalistas. En el fondo, se comenta, es habilitar la dación en pago de forma retroactiva.  
El texto alternativo está plagado de medidas de todo tipo, que en el fondo sólo se adicionan a la propuesta, muy trabajada, que elaboró el PSOE hace unos meses, antes de que el Gobierno presentara su proyecto de ley. Así, se contempla una amplia modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia; medidas de carácter social, y, sobre todo, una mayor protección de los ciudadanos en estos procesos frente a las actuales grandes ventajas con las que cuenta la banca, que colocan a los hipotecados en una absoluta indefensión.

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Fuente: El Mundo