Noticias sobre Ley antidesahucios

La Junta de Andalucía está recrudeciendo la particular batalla que mantiene desde hace tres años contra las entidades financieras. El último paso en este sentido es la aprobación de un anteproyecto de ley que endurece los requisitos para conceder hipotecas. Entre otras cuestiones, obliga a los bancos y cajas a una mayor transparencia y les impide vincular la contratación de ciertos productos a los préstamos para viviendas, como seguros de vida o del hogar. Además exige a los notarios y a los registradores de la propiedad que denuncien “cláusulas abusivas” antes de firmar una hipoteca y a ponerlas en conocimiento tanto del usuario como de la Junta para iniciar el correspondiente expediente sancionador. Para todos aquellos que incumplan la norma, se contemplan sanciones de hasta 600.000 euros y el quíntuplo del valor de los beneficios ilícitos obtenidos o de los perjuicios causados.
Esta iniciativa se une al impuesto sobre los depósitos de 2010 y al decreto de la Función Social de la Vivienda ‐conocido como Ley Antidesahucios‐ aprobado el pasado abril y que está recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno, una vez que Bruselas advirtió de que entrañaba riesgos no sólo para la banca sino para la propia recuperación económica de España. En ambos casos, detrás está la mano de Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE. La norma anunciada tiene la firma de Diego Valderas, vicepresidente andaluz y titular de la cartera de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que depende el área de consumo, quien ayer destacó que el objetivo es “acabar con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza”. Fuentes de los sectores financiero e inmobiliario, sin embargo, mostraron su temor a que esta medida tenga un efecto contraproducente y que se reduzca aún más la concesión de créditos para la adquisición de una vivienda.
Andalucía es una de las regiones en las que se está produciendo una mayor contracción en la formalización de hipotecas. Según datos del INE, en junio se firmaron 3.000, lo que supone un 40% menos en términos interanuales. Un desplome que, además, viene precedido de otros igualmente significativos en ejercicios previos.

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Fuente: Expansión, El Economista

Los bancos no podrán desalojar durante dos años a las familias que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. Así se establece en la ley antidesahucios, cuya filosofía es evitar que pierdan su vivienda habitual las personas que contrataron un crédito hipotecario durante el boom del ladrillo y ahora, a raíz de la crisis, son incapaces de afrontar sus obligaciones de pago. La norma publicada en el Boletín Oficial del Estado ha entrado automáticamente en vigor. Y su medida estrella, la paralización para determinados colectivos de los desalojos, que no del proceso de desahucio, tiene un impacto económico en las entidades financieras que concedieron los préstamos hipotecarios a esas familias en riesgo de exclusión. Morgan Stanley calcula que la moratoria de dos años costará al sistema financiero español entre 1.000 y 3.200 millones de euros entre este año y 2014, dado que entre 28.000 y 85.000 hipotecados con dificultades se podrán acoger a la medida, según los criterios establecidos para definir un colectivo vulnerable.
Los ingresos de la unidad familiar susceptible de beneficiarse de la medida no deben superar tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), lo que se traduce en 1.596 euros mensuales. En caso de que existan miembros de la familia con discapacidad, el umbral de ingresos se amplía. Además, es necesario que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud de la medida la familia haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y que la cuota hipotecaria supere la mitad de los ingresos.

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Fuente: Expansión

Los jueces españoles podrán paralizar los procesos de ejecución hipotecaria para analizar si las cláusulas del contrato que las vinculan son abusivas para el consumidor. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, “vamos a incorporar” la sentencia del Tribunal de Justicia europeo a la normativa española “en toda su extensión; vamos a modificar el procedimiento para que pueda haber un trámite de suspensión en el que el juez considere si hay cláusulas abusivas, y también vamos a definir qué son cláusulas abusivas”. Los principales partidos de la oposición y autores de las preguntas al ministro, PSOE y CiU, no se dieron por satisfechos y exigieron al Gobierno que paralice todas las ejecuciones hipotecarias a partir de ahora hasta que termine la modificación de la normativa.
El Gobierno ha llevado a cabo el proyecto de ley antidesahucios y prevé introducir las modificaciones durante su tramitación, así como la iniciativa popular que entró en la cámara recientemente. Pero De Guindos dejó claro que la ley hipotecaria es válida en su conjunto y que no tiene intención de reformarla de arriba a abajo. Para el ministro, la sentencia, “no declara ilegal la ley hipotecaria española ni la inhabilita en absoluto”,sino que “se limita a decir que el derecho español no se ajusta a la directiva de consumidores sin cuestionar el resto del sistema”, afirmó.

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Fuente: Expansión

El Gobierno obligará a las entidades financieras a informar a sus clientes de la existencia de cláusulas suelo o techo cuando firmen una hipoteca, con el objetivo de fortalecer la protección del deudor en relación con el banco, aunque no se limita (al menos de momento) el margen de variabilidad de los tipos. Una previsión que forma parte de las enmiendas parciales presentadas por el PP al proyecto de ley antidesahucios, en la que se incluye la obligación del banco a exigir una “expresión manuscrita” del cliente reconociendo que “ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados” del contrato de préstamo. Además, se precisa que este reconocimiento expreso de haber recibido información será obligatorio en las hipotecas sobre vivienda o para adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios cuando se trate de un préstamo multidivisas, vaya asociado a la contratación de un instrumento de cobertura del riesgo de tipo de interés o cuando “se estipulen limitaciones a la variabilidad del tipo de interés, del tipo de las cláusulas suelo y techo, en los que el límite de variabilidad a la baja sea inferior al límite de variabilidad al alza”. De esta manera, el PP solventa un problema que el Tribunal Supremo apreció cuando sentenció la nulidad de las cláusulas suelo en los casos en que se produzca una falta de transparencia, aunque sin poner en tela de juicio la propia existencia de estas cláusulas.

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Fuente:Cinco Días