Noticias sobre Dación en pago

Los desahucios, los recortes en sanidad y educación y la eliminación de la paga extra de los funcionarios son algunas de las materias que han centrado las quejas dirigidas por los ciudadanos al Defensor del Pueblo durante 2012. Así lo revela la memoria anual de la institución, que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado. En concreto, tramitó 280.592 expedientes, entre quejas (33.478), investigaciones de oficio (371) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (246.743). “Las cifras que en este informe se ofrecen denotan las dificultades económicas por las que la sociedad ha atravesado”, señala el organismo en la introducción de su memoria anual. Como consecuencia del desempleo, Becerril destaca que las familias han encontrado mayores dificultades en atender sus pagos.
“Las principales actuaciones de la institución en materia económica”, un apartado que recoge 4.974 quejas, “persiguieron reforzar la protección de los deudores hipotecarios y de los pequeños ahorradores”, asegura la defensora. Becerril se muestra partidaria, por tanto, de “la conveniencia de elaborar un concepto jurídico del deudor de buena fe; regular el procedimiento de insolvencia personal; insistir en la ampliación de las situaciones en que se extingue la deuda hipotecaria mediante la dación en pago del bien hipotecado; establecer un acto previo de conciliación antes de emprender la ejecución hipotecaria”, Y, además, propone reformar la ley protección de deudores hipotecarios sin recursos, “ampliando su ámbito de
aplicación”.
El Defensor del Pueblo ha pedido “mayores competencias” para la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el fin de proteger a los inversores, habida cuenta de que el control preventivo ejercido por el supervisor "no ha resultado eficaz" en lo que respecta a las preferentes.

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Fuente: El Economista, La Gaceta, El País, Cinco Días, ABC, El Mundo, Expansión

La nueva estadística trimestral sobre ejecuciones hipotecarias que el Gobierno ha introducido en el Plan Estadístico Nacional para el periodo 2013‐2016 no se publicará previsiblemente en el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta 2014, una vez se ponga en marcha un proyecto piloto para valorar su viabilidad a lo largo de este año, al que se dedicarán 47.250 euros. La estadística se demorará pese a que se recoge en el decreto por el que se aprueba el programa anual para 2013 de dicho plan, que ha coincidido con la toma en consideración en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la dación en pago. Hasta la fecha, los datos con los que se cuentan para conocer la evolución de los desahucios son los que provienen del Consejo General del Poder Judicial.

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Fuente: La Gaceta

La banca siente que la solución al problema de los desahucios está desenfocada al querer arreglar el drama de las familias más vulnerables con cambios en el mercado hipotecario susceptibles de encarecer el crédito para todos y constreñirlo si se adoptan soluciones como la dación en pago. El presidente de la Asociación Hipotecaria (AHE), Santos González, está de acuerdo con que la banca colabore en ayudar a las familias vulnerables al límite, con el fondo social de viviendas o la paralización de los desalojos, pero reivindicó que el problema es social y debe arbitrarse con medidas del mismo tipo –“las familias no pagan porque han perdido su empleo y la solución es crear empleo”, reivindicó‐. En segundo término urgió la adopción de una ley de “segundas oportunidades” o insolvencia para individuos y familias, al estilo de la ley concursal que facilita a las empresas reestructurar su deuda, pudiendo evitar tener que liquidarse.
Con una ley de “segundas oportunidades”, el ciudadano que no pueda encarar la hipoteca se acoge a un plan de pagos para afrontar el sobreendeudamiento con desembolsos parciales, renegocia la deuda o acuerda quitas. Al entrar en esta vía intervendría un mediador para hacer de interlocutor con los bancos y tomar las riendas de la solución. Se haría cargo de la situación financiera de la familia, intervendría los recursos y diseñaría un plan de pagos. Si no se cumple, se procede a la liquidación del patrimonio. En todo caso, ayuda al ciudadano a pasar página de la deuda. En Francia el rol del mediador lo asume el mismo banco central. “Es bueno y deseable recorrer ese camino. Pero la segunda oportunidad no se regala. Hay que ganarla”, alertó González. Apuntó que el sistema a largo plazo no debe ser como el arbitrado en España para socorrer de emergencia a las familias, donde el que no puede pagar su piso se queda viviendo en él con un alquiler social. En otros países, refirió, la situación financiera familiar queda registrada en unos archivos entre cinco y ocho años. Los ficheros de créditos impagados desalientan la concesión de nuevos préstamos. Una normativa así facilitaría la rehabilitación económica del deudor persona física. Distinto es dar alojamiento para familias que han perdido la vivienda con la crisis.

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Fuente: El Economista

La Asociación Hipotecaria Española (AHE) se opone frontalmente a la dación en pago generalizada, pero admite la necesidad de regular el sobreendeudamiento de las familias para que aquellas con demostrada insolvencia sobrevenida puedan saldar la deuda con un plan de pagos como el de las empresas. “El porcentaje de personas que están a punto de ser desahuciadas es muy pequeño, y lo que no puede ser es que por ese porcentaje se quiera cambiar la morfología de todo el sistema hipotecario”, argumentó el presidente de la AHE, Santos González, al rechazar, “de forma rotunda”, la fórmula de la dación en pago que incluye la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que tramita el Congreso de los Diputados. La AHE advierte que saldar la deuda hipotecaria únicamente con la entrega de la vivienda “perjudicaría a la credibilidad de España como país y a la viabilidad del sistema financiero”, y “limitaría la concesión de crédito” a la que puede aspirar una familia para comprar casa.  
Sin embargo, la asociación está dispuesta a avalar otros cambios en la legislación. Es el caso de una ley de sobreendeudamiento familiar, o de segunda oportunidad, como se la ha conocido en Francia, que la AHE reclamó ayer como “una necesidad”. Se trata de equiparar a los particulares reconocidos como insolventes con las empresas que se acogen al concurso de acreedores, para que puedan hacer frente a sus deudas con un plan de pagos, que en algunos casos podrían concluir con la entrega de llaves de la vivienda. Esta medida, aprobada ya en otros países europeos, fue de hecho uno de los pilares maestros de la propuesta de ley registrada por el PSOE que el PP rechazó para impulsar su propia reforma hipotecaria. “La segunda oportunidad no se regala”, matizó, aún así, González, explicando que el insolvente entraría en una suerte de listado de morosos del que tardaría cinco u ocho años en salir.

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Fuente: Cinco Días

Moody's ha advertido de que cualquier cambio en la ley hipotecaria española que reduzca la protección de los inversores puede afectar a la confianza en España y poner en peligro el flujo de crédito al país. La agencia de calificación destaca que el Parlamento español acordó el pasado 12 de febrero discutir la reforma de la legislación hipotecaria a petición popular y discutirá la posible introducción de la dación en pago. Esta petición ciudadana se suma a otra iniciativa del Gobierno dirigida a proteger a prestatarios que hayan quebrado. En su opinión, ambas son potencialmente negativas para la calidad crediticia de las titulizaciones.

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Fuente: Expansión

La banca deberá reducir sus participaciones en firmas tasadoras por debajo del 10% del capital en el plazo máximo de un año, de acuerdo con una enmienda del Grupo Popular al proyecto de Ley de Medidas Urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Idéntica regla regirá para cualquier otro tipo de empresa e, incluso, personas físicas “relacionadas con la comercialización, propiedad, explotación o financiación de bienes tasados por aquellas”.  
El paquete de enmiendas del grupo popular aborda innumerables aspectos ligados al mundo hipotecario. Entre ellos, se flexibilizan las condiciones para que una familia de las calificadas como en situación de extrema debilidad ‐todos los miembros en paro y sin recursos para impedir la ejecución de la hipoteca‐ pueda exigir a su banco que le reestructure la deuda, le aplique quitas o periodos de carencia en el pago de las cuotas e, incluso, que se le condone con la entrega del piso. Además, la enmienda del PP establece que las entidades deberán aceptar la reestructuración de deuda en casas hasta 400.000 euros.  
La propuesta del PP introduce medidas también para proteger a los avalistas y permitir al propio deudor sugerir un plan de refinanciación, a aprobar por el banco.
Una de las novedades de la reforma hipotecaria es que limitará el interés de demora a tres veces el interés legal del dinero.

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Fuente: El Economista

La presidenta del Consejo General de Consumidores, Francisca Sahuquillo, ha pedido la creación de una ley de quiebra familiar para hogares sobreendeudados y que todas las medidas dirigidas a paliar los desalojos se apliquen también a los avalistas de las personas inmersas en una ejecución hipotecaria.

Sahuquillo, que ha comparecido ante la Comisión de Economía del Congreso dentro de la ronda de declaraciones durante la tramitación de la ley para paliar los desahucios, ha afirmado que esta norma de quiebra para hogares debería incluir la posibilidad de que los tribunales puedan cancelar parte o toda la deuda, en función de las circunstancias de la familia afectada.

Habría que articular fórmulas para, si llega el caso, aplicar la dación en pago de la vivienda para cancelar la deuda y establecer planes de renegociación mediante arbitraje con la colaboración de organizaciones de consumidores para hacer viable el endeudamiento, ha añadido.

'Una familia puede ser desalojada sin tener en cuenta sus propias circunstancias, lo que supone robar su dignidad'
Según ha dicho, actualmente una familia puede ser despojada de su vivienda mediante "un procedimiento sumario" sin tener en cuenta sus circunstancias particulares, lo que supone "robar su dignidad" y "traicionar nuestros principios básicos".

La presidenta del Consejo de Consumidores ha apuntado que España podría seguir los modelos legislativos de países como EE.UU, Francia, Austria o Bélgica, adecuándolos a la especificidad de nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto a medidas más inmediatas, Sahuquillo ha demandado una paralización de las ejecuciones hipotecarias desde el comienzo del proceso y no en la última fase, la de desalojo, como estipula el real decreto aprobado en noviembre pasado, y que la moratoria se extienda a tres años, frente a los dos vigentes actualmente.

Estas medidas deberían acompañarse de la suspensión de los intereses de demora y de la exención del pago de tasas judiciales para las familias afectadas.

Para las personas ya desalojadas o inmersas en una ejecución hipotecaria, Sahuquillo ha dicho que habría que analizar los casos y no ha descartado la aplicación de la dación en pago.

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Fuente: El Mundo

La reforma hipotecaria va tomando forma. El Ministerio de Economía quiere apuntalar los mecanismos de protección de los deudores en riesgo de exclusión social, para lo que prevé mejorar, vía enmiendas, el Proyecto de ley que se debate en el Congreso. Pero Economía no se quedará ahí, y también pretende “flexibilizar” los requisitos necesarios para acceder al Código de Buenas Prácticas. Es decir, para poder beneficiarse de una reestructuración de la deuda o de la dación en pago. En concreto, fuentes cercanas a Economía aseguran que el Gobierno “ya está dispuesto” a “extender el ámbito de actuación” del código, a que sea “más asequible” y a “reformar las condiciones para acceder a la dación en pago”. Es decir, a que se aumenten “los umbrales de renta” para poder acceder a dicho código.   
 Actualmente, para poderse beneficiar de dicho código el nivel máximo de renta de la familia debe ser es de 16.000 euros al año, y todos los integrantes de esa familia tienen que estar en paro. Esta rigidez en los requisitos hizo que en el primer trimestre de vida del Código (se aprobó en marzo de 2012) se tramitaran solo 568 peticiones de adhesión, de las que se tramitó la mitad. Y únicamente se firmaron 44 reestructuraciones de deuda y 8 daciones en pago. Ahora el objetivo es que más ciudadanos puedan evadir la ejecución o liquidar la deuda con la entrega de las llaves. Por ello, según las fuentes consultadas, se quiere confluir con el Real Decreto aprobado en noviembre sobre desahucios, que ofrece ventajas (como una moratoria de dos años) a quienes cobren menos de 19.000 euros al año, estén en paro o no, siempre que concurran unas especiales circunstancias sociales. El umbral de ingresos que se aplicó entonces (3 veces el Iprem) equivale al 80% del salario medio, así que adoptarlo para los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social sería una medida mucho más apegada a la realidad, a juicio de los expertos.
Además, el Gobierno quiere que los bancos estén obligados a avisar a los ciudadanos de que pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas. En el Real Decreto que reguló el código se decía que “las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas Prácticas, en particular, entre sus clientes”. Ahora Economía maneja documentos en los que se aboga por obligar a la banca no sólo a publicitar la existencia del código, sino a notificar a los posibles beneficiarios su derecho a beneficiarse de él. 

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Fuente:Expansión

El PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno sobre medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, más conocido como ley antidesahucios. En su propuesta el PSOE busca ampliar los derechos de los ciudadanos que pierden su casa, más allá de la restrictiva propuesta que, en su opinión, plantea el ministro de Economía, Luis de Guindos.  
En dicha alternativa, el PSOE fundamentalmente modifica tres aspectos del proyecto de ley que ha llevado el Ejecutivo al Congreso. En primer lugar, amplía a tres años la suspensión del proceso de ejecución de la hipoteca, en lugar de dos. Pero, sobre todo, crecen muy sustancialmente las familias que se pueden acoger a esta medida. Según explicó la portavoz socialista Soraya Rodríguez, las condiciones del Gobierno solo las pueden cumplir personas casi indigentes y muy pocos hogares se podrían beneficiar de ello. “Es tan restrictivo que el número de beneficiarios será muy insignificante”, afirmó Rodríguez. El PSOE, en cambio, propone que la suspensión del desahucio afecte a todas las familias “con un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso” que tengan una renta familiar inferior a tres veces el Iprem (algo más de 1.500 euros) y cuya hipoteca supere el 50% de sus ingresos netos. La suspensión, además, se aplicará en cualquier punto en el que esté el procedimiento judicial y, además, se paralizarán los intereses de demora.
Otra novedad que presenta la alternativa del PSOE es que las familias que hayan perdido su vivienda ya tendrán posibilidad de renegociar y reestructurar la deuda que aún tengan. Es decir, según explicó Rodríguez, podrán ir a un proceso judicial para reestructurar o liberar su deuda mediante una quita o la dación en pago. Esta medida se amplía, además, en la propuesta del PSOE a los autónomos y a los avalistas. En el fondo, se comenta, es habilitar la dación en pago de forma retroactiva.  
El texto alternativo está plagado de medidas de todo tipo, que en el fondo sólo se adicionan a la propuesta, muy trabajada, que elaboró el PSOE hace unos meses, antes de que el Gobierno presentara su proyecto de ley. Así, se contempla una amplia modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia; medidas de carácter social, y, sobre todo, una mayor protección de los ciudadanos en estos procesos frente a las actuales grandes ventajas con las que cuenta la banca, que colocan a los hipotecados en una absoluta indefensión.

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Fuente: El Mundo
 

José Manuel García Collantes, nuevo presidente del Consejo General del Notariado, comenta que pese a que el mercado inmobiliario aún no se ha recuperado, la economía española comienza a dar tímidos signos de recuperación, sobre todo las pequeñas empresas y las iniciativas particulares. “En materia inmobiliaria, por ejemplo, seguimos en el fondo. Pero sí vemos un ligero repunte en la creación de sociedades. En el mes de octubre, experimentó una subida del 17,1% interanual. En general se trata de sociedades pequeñas, que montan las personas con el dinero procedente de las indemnizaciones por despido”, explica.
La concesión de hipotecas está en mínimos. Y ante la pregunta de si ello es coyuntural o el mercado inmobiliario avanza hacia un modelo de menor endeudamiento, afirma que “es coyuntural, pero será muy difícil que alcancemos las cifras de contratación de los últimos años.   
Respecto al papel de los notarios en cuanto a la información en la concesión de hipotecas durante los años del boom, comenta que “pudo haber defectos de información en casos puntuales. Pero en términos generales ha habido suficiente información. Lo que ocurre es que muchas veces se confunde información con intervención. El notario no puede meterse en las decisiones de los particulares. Además, hay una serie de cláusulas, como la del suelo de las hipotecas, que hasta que no han sido declaradas nulas por los tribunales nadie contaba con autoridad para oponerse”.
Y sobre la moratoria de los desahucios dice que “ha sido una medida prudente, pero no es la solución. Tampoco creo que sea la dación en pago. La solución viene más bien por la renegociación de los préstamos, establecer moratorias, pagar solo intereses durante unos años...”

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Fuente: ABC