Noticias sobre Reforma hipotecaria

Los registradores de la propiedad advierten de abundantes inconsistencias jurídicas en el proyecto de ley de reforma de la Ley Hipotecaria, aprobado por el Gobierno para su remisión a las Cortes. Los registradores creen necesario que en la tramitación parlamentaria se acepten modificaciones para mejorar el proyecto antes de que llegue a ser ley. Incluso algunos registradores abogan por que el proyecto sea retirado.
Según los registradores, la ley debe responder a una coordinación entre Registro de la Propiedad y Catastro. También consideran que la Administración debe tener toda la información para conocer quiénes son los propietarios de las fincas sobre las que se pretende actuar. Los registradores mostraron su rechazo a la introducción de nuevos trámites en la inmatriculación de fincas registrales, que van a acarrear mayores costes a los interesados y no van a aportar un incremento de la seguridad jurídica.
 

Un año después de la aprobación del código de buenas prácticas bancarias que el Gobierno aprobó para suavizar el problema de los desahucios hipotecarios, 4.385 familias han intentado acogerse bajo su protección. De los 3.322 casos que ya han sido tramitados, 2.190 fueron directamente denegados por las exigentes condiciones que requiere la norma para amparar a los afectados. Desde su puesta en marcha, en concreto, el código de buenas prácticas se limitó básicamente a deudores hipotecarios sin empleo ni otros ingresos. Una barrera demasiado alta, según ha terminado admitiendo el Gobierno, que ampliará los colectivos beneficiarios con la nueva reforma hipotecaria.
En Economía informan que el 45% de las denegaciones respondieron a que la hipoteca no cumplía los requisitos exigidos ‐solo se admiten las que afectan a viviendas de hasta cierto valor‐, en el 29,4% de los casos faltaba documentación y el 21,55% no cumplían los umbrales de renta o situación familiar requeridos.
El código, una hoja de ruta de reestructuración de la deuda hipotecaria que culmina con la dación en pago si no hay alternativa, solo ha permitido esta vía en 298 casos. En otros 594 casos, la solución ha consistido en abrir un proceso de reestructuración de la deuda. Dos expedientes más se saldaron con quitas y 238 familias desistieron a lo largo del proceso. Finalmente, hasta alcanzarlas 4.385 solicitudes registradas por 27 bancos y 19 cooperativas de crédito, 1.063 expedientes se encontraban pendientes de tramitación al cierre del primer trimestre del año. De obligado cumplimiento solo para sus firmantes, el código se puso en marcha en abril de 2012 y cuenta en la actualidad con 97 entidades adheridas, lo que incluye al grueso del sector bancario, exceptuando las financieras de la banca.

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Fuente:Cinco Días, El País, Expansión, El Economista

La banca deberá reducir sus participaciones en firmas tasadoras por debajo del 10% del capital en el plazo máximo de un año, de acuerdo con una enmienda del Grupo Popular al proyecto de Ley de Medidas Urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Idéntica regla regirá para cualquier otro tipo de empresa e, incluso, personas físicas “relacionadas con la comercialización, propiedad, explotación o financiación de bienes tasados por aquellas”.  
El paquete de enmiendas del grupo popular aborda innumerables aspectos ligados al mundo hipotecario. Entre ellos, se flexibilizan las condiciones para que una familia de las calificadas como en situación de extrema debilidad ‐todos los miembros en paro y sin recursos para impedir la ejecución de la hipoteca‐ pueda exigir a su banco que le reestructure la deuda, le aplique quitas o periodos de carencia en el pago de las cuotas e, incluso, que se le condone con la entrega del piso. Además, la enmienda del PP establece que las entidades deberán aceptar la reestructuración de deuda en casas hasta 400.000 euros.  
La propuesta del PP introduce medidas también para proteger a los avalistas y permitir al propio deudor sugerir un plan de refinanciación, a aprobar por el banco.
Una de las novedades de la reforma hipotecaria es que limitará el interés de demora a tres veces el interés legal del dinero.

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Fuente: El Economista

La reforma hipotecaria va tomando forma. El Ministerio de Economía quiere apuntalar los mecanismos de protección de los deudores en riesgo de exclusión social, para lo que prevé mejorar, vía enmiendas, el Proyecto de ley que se debate en el Congreso. Pero Economía no se quedará ahí, y también pretende “flexibilizar” los requisitos necesarios para acceder al Código de Buenas Prácticas. Es decir, para poder beneficiarse de una reestructuración de la deuda o de la dación en pago. En concreto, fuentes cercanas a Economía aseguran que el Gobierno “ya está dispuesto” a “extender el ámbito de actuación” del código, a que sea “más asequible” y a “reformar las condiciones para acceder a la dación en pago”. Es decir, a que se aumenten “los umbrales de renta” para poder acceder a dicho código.   
 Actualmente, para poderse beneficiar de dicho código el nivel máximo de renta de la familia debe ser es de 16.000 euros al año, y todos los integrantes de esa familia tienen que estar en paro. Esta rigidez en los requisitos hizo que en el primer trimestre de vida del Código (se aprobó en marzo de 2012) se tramitaran solo 568 peticiones de adhesión, de las que se tramitó la mitad. Y únicamente se firmaron 44 reestructuraciones de deuda y 8 daciones en pago. Ahora el objetivo es que más ciudadanos puedan evadir la ejecución o liquidar la deuda con la entrega de las llaves. Por ello, según las fuentes consultadas, se quiere confluir con el Real Decreto aprobado en noviembre sobre desahucios, que ofrece ventajas (como una moratoria de dos años) a quienes cobren menos de 19.000 euros al año, estén en paro o no, siempre que concurran unas especiales circunstancias sociales. El umbral de ingresos que se aplicó entonces (3 veces el Iprem) equivale al 80% del salario medio, así que adoptarlo para los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social sería una medida mucho más apegada a la realidad, a juicio de los expertos.
Además, el Gobierno quiere que los bancos estén obligados a avisar a los ciudadanos de que pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas. En el Real Decreto que reguló el código se decía que “las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas Prácticas, en particular, entre sus clientes”. Ahora Economía maneja documentos en los que se aboga por obligar a la banca no sólo a publicitar la existencia del código, sino a notificar a los posibles beneficiarios su derecho a beneficiarse de él. 

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Fuente:Expansión