Noticias sobre Dación en pago

A pesar de los casi 39.000 desahucios del año 2013 sólo 400 familias que han perdido sus casas han firmado un contrato con el Fondo Social de Vivienda, de los 780 que se han adjudicado.
Tampoco ha aportado soluciones importantes el código de buenas prácticas bancarias, suscrito voluntariamente por casi todas las entidades financieras del país. Desde febrero de 2012 14.368 familias han pedido a su entidad bancaria una reestructuración de su deuda. De ellas, 2.827 se encuentran en “fase de reestructuración viable” y 6 en la fase de “reestructuración inviable y quita de la deuda por parte de la entidad”. Y se llevaron a cabo 1.006 operaciones de dación en pago con supresión de la hipoteca. Otras 6.274 fueron rechazadas por no cumplir los requisitos exigidos en el código de buenas prácticas bancarias, no se ha facilitado información de lo que ha sucedido con el resto, aunque se sobreentiende que han sido rechazadas.

El Fondo Social de Viviendas (FSV) amplía su ámbito de aplicación para acoger a más supuestos de vulnerabilidad social y las personas prejubiladas o jubiladas que hayan avalado las deudas de hijos o nietos podrán solicitar una vivienda de este Fondo. El Fondo Social de Vivienda está destinado a quienes, como consecuencia de un desahucio, han perdido su vivienda a partir del 1 de enero de 2008. En el primer año de aplicación, 2013, se recibieron 1.537 solicitudes y se adjudicaron 780 viviendas.
Tras las últimas modificaciones, se permitirá que se queden en la vivienda quienes la hayan perdido por una ejecución forzosa y tras haber sido adjudicada y, en casos de dación en pago, a cambio de un alquiler reducido. La renta oscilaría entre 150 y 400 euros al mes o por debajo en circunstancias especiales, tal como está previsto en el Convenio del Fondo Social de Viviendas, creado en enero de 2013 y que cuenta con 6.000 viviendas de 33 entidades financieras. A partir de ahora también se tendrá en cuenta a las unidades familiares con hijos menores de edad, y no solo los de menos de tres años. También a las personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los Servicios Sociales competentes, “un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía”. Se siguen manteniendo los requisitos anteriores como son la situación de desempleo y sin prestaciones económicas, familias monoparentales, familias numerosas o aquellas con víctimas de violencia de género.

La banca ha rechazado cuatro de cada 10 propuestas para renegociar la hipoteca formuladas por las familias en riesgo de querdarse sin su vivienda, según los datos que ha publicado el Ministerio de Economía sobre la marcha del código de buenas prácticas antidesahucios. El porcentaje, no obstante, es mucho más reducido que el 80% registrado en los primeros meses en los que estuvo en vigor la medida.

El cambio en las denegaciones se explica, principlamente, por la modificación de la ley en mayo de 2014, lo que amplió y flexibilizó las medidas de protección a los hogares en apuros. "La progresiva mejor acogida", según Economía, de los cambios también ha ido acelerando la presentación de solicitudes desde entonces.

El departamento que dirige Luis de Guindos destaca que en el cuarto trimestre de 2013 se alcanzaron 4.523 peticiones de adhesión. "Esta cifra supera en un solo trimestre la registrada durante todo el primer año de funcionamiento (entre marzo de 2012 y el mismo mes de 2013), que fue de 4.385 solicitudes", añade el comunicado, que también destaca que duplica el número de peticiones del primer trimestre.

Los cambios adoptados en marzo ampliaron la opción de acogerse al código a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) cuando previamente debían carecer de rentas. Entre otras modificaciones, también se permitió pedir la adhesión a las unidades familiares que hayan sufrido una alteración significativa de las circunstancias económicas en los últimos cuatro años y cuya cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos.

Sin embargo, esto no garantiza que la propuesta salga adelante y la familia puede renegociar su deuda o, incluso, optar por la dación en pago. De las 3.849 solicitudes resueltas en el cuarto trimestre (algunas arrastradas de periodos anteriores); se denegaron 1.529 y se aceptaron 1.624. La no presentación de la documentación correspondiente y la renuncia del cliente (696 casos) fueron las causas principales de la denegación de la solicitud, detalla Economía.

De las 1.624 operaciones realizadas, en 1.227 casos (el 75,55% de las realizadas, y el 31,88% de los expedientes tramitados) se llegó a una reestructuración viable de la deuda pendiente; en 397 casos (24,45% de las realizadas y el 10,31% de los expedientes tramitados) se acordó la dación en pago y consiguiente extinción de la deuda, y en ningún caso la operación finalizó con una quita de la deuda por parte de la entidad con el fin de poder reestructurar la deuda de modo viable.

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Fuente: El País

Los desahucios (de viviendas, negocios, garajes) emprendidos por los juzgados de primera instancia y mixtos tras el impago de los préstamos hipotecarios alcanzaron en 2013 la cifra de 67.189, según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, hubo una media de 184 desalojos diarios. Es el primer año en que el Poder Judicial publica estos datos, por lo que no se puede comparar la evolución con periodos anteriores.
No todos los 67.189 casos del informe del Poder Judicial concluyen con desahucios efectivos: los datos se refieren a las diligencias que abrieron los juzgados en 2013. Muchas veces, llegada la hora del lanzamiento, los jueces los suspenden o posponen, por lo que cabe la posibilidad de que parte de los iniciados en 2013 no se hayan ejecutado ese mismo año y aún estén pendientes. De dicho número, el 38,4% derivaba de ejecuciones hipotecarias, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el 4,8% de otras causas. Por comunidades autónomas, Cataluña fue el territorio con más desalojos de vivienda, el 23,8%. Le siguen la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).
El informe recoge también el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 ‐es decir, los expedientes abiertos‐: 82.860, un 9,8% menos que el año anterior. El documento explica este descenso por “la publicación de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”. La norma incorporó la posibilidad de que los jueces paralizaran desahucios mientras se comprueba si hay cláusulas abusivas; impide a los bancos considerar vencido el contrato mientras que no se haya impagado tres mensualidades; permite la dación en pago solo en supuestos muy tasados y retoca el código de buenas prácticas para los bancos.
Así como la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 se produjo en Cataluña, también es la comunidad que se sitúa en cabeza en el cuarto trimestre del año, cuando supusieron el 23,5%.
El pasado enero, el Banco de España reveló los datos de desahucios de la primera mitad de 2013, que, por primera vez, procedían de un cómputo estricto de las ejecuciones lanzadas desde las entidades. El retrato del supervisor revelaba que 35.098 familias se quedaron sin casa entre enero y junio del pasado año al no poder pagar la hipoteca.

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Fuente: El País, La Razón, La Vanguardia, ABC

El sector inmobiliario vive alborotado desde el pasado verano, cuando el denostado ladrillo español pareció resurgir de sus cenizas. El persistente descenso de precios ha causado tal estruendo que ha terminado llamando la atención de los grandes inversores internacionales. Así lo atestiguan algunos de los principales consultores inmobiliarios de España, que aseguran recibir semanalmente a un nuevo puñado de potenciales inversores. Algunos, explican, han estado siempre ahí, esperando el imperceptible sonido del impacto, la invisible señal de que el precio tocaba suelo y de que comprar ahora asegura vender más caro tarde o temprano. Otros simplemente han acudido al efecto llamada. Aunque estas macrooperaciones están lejos de ser el motor económico de antaño, desde el sector aseguran que el volumen de transacciones se ha multiplicado el último año resucitando un negocio en coma y que afronta ahora un prometedor 2014. “Hay claramente una percepción, sobre todo por parte del inversor internacional, de que España ha corregido, vía rentas y vía precio por metro cuadrado, y de que ahora vuelve el crecimiento”, expone Mikel Marco Gardoqui, director de inversiones institucionales y cross border de la consultora CB Richard Ellis.
De momento, la venta residencial a gran escala supuso solo el 11% de las transacciones millonarias de 2013. El residencial, apuntan los expertos, se va incrementando pero también va más ligado a la venta final a particulares, lastrados aún por la tasa de paro y a la sequía crediticia. “Aunque sigue siendo carísimo y te obligan a casarte con un banco, empieza a haber financiación”, dice David Martínez de Lecea, manager de Bain & Company, que apunta con optimismo a las recientes campañas de Santander, Bankinter, ING o Kutxabank, con diferenciales por debajo de los 200 puntos.
“2014 va a ser un año de muchísima actividad. En capital riesgo esperamos que sea un año récord con diferencia y se están produciendo joint ventures con promotoras. Pero no solo grandes operaciones. Los compradores de las plataformas de servicios inmobiliarios de la banca tienen que empezar a hacer dinero gestionando los activos y dándoles salida”, comenta Martínez de Lecea. El tipo de inversor varía desde el generalista al especializado en inmobiliario, pasando por los que buscan instrumentos específicos de inversión, como los FAB de Sareb o las Socimi a quienes compran carteras hipotecarias y ejecutan daciones en pago para acelerar el acceso a los inmuebles del colateral.

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Fuente: Cinco Días
 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cumple cinco años, en los que se han creado 205 plataformas. El verdadero trampolín de la PAH para atraer afectados y activistas a las asambleas fue el 15‐M. La paralización de desahucios se extendió hasta alcanzar 1.011, según el último recuento de la plataforma, de la semana pasada. El músculo de la calle les dio fuerza para impulsar la iniciativa legislativa popular (ILP) de la dación en pago. La recogida de firmas les sirvió para vertebrarse como movimiento por toda España. Consiguieron un millón y medio de firmas y una presión social que llevó a la mayoría del PP a admitir la ILP a trámite en el Congreso. Luego vetaron que prosperara, pero los integrantes de la PAH señalan la entrada de la ILP en la Cámara como uno de sus mayores logros. Pero el problema de los desahucios crece. La última cifra de lanzamientos de primera vivienda (35.098 entre enero y junio de 2013, según el Banco de España) indica que aumentan.
Si la ILP fue un punto álgido en el plano positivo, los escraches y la criminalización de la PAH fue el negativo. Tras señalar a varios políticos del PP, la delegada del Gobierno en Madrid equiparó las acciones y a Ada Colau con el terrorismo de ETA. La PAH respondió con la campaña Hay vidas en juego, vídeos donde los afectados, algunos votantes del PP, interpelaban a los políticos. La siguiente campaña de la PAH fue ocupar viviendas vacías. Hay 20 edificios propiedad de entidades o de la Sareb que albergan a más de mil personas. La última campaña son las mociones en los ayuntamientos para promover sanciones municipales a los bancos que acumulan pisos vacíos. Se amparan en la Ley del Derecho a la Vivienda del Gobierno catalán, que prevé medidas para evitar la desocupación de viviendas. Las han aprobado 66 consistorios (todos en Cataluña). Terrassa ya ha emitido sanciones, y los expertos auguran una batalla judicial de los bancos contra los municipios.

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Fuente: El País

Jorge Alegre de Miguel, abogado y doctor en Derecho en Esade, considera que en el contexto actual, de grave crisis económica y ante la dificultad de gran número de familias de hacer frente a los costes de sus hipotecas, “resulta imperativo divulgar una figura jurídica, el censo enfitéutico, que ofrece una alternativa válida, y de mayor eficacia, que la dación en pago. La dación solventa el problema de la deuda bancaria pero genera otro de vivienda futura para el deudor”.
El censo enfitéutico “es un medio válido para la adquisición de la propiedad de un inmueble por alguien que careciendo de capital suficiente para su compra la recibe con la obligación de pagar, a perpetuidad, el canon anual. También se puede utilizar dicha figura para transformar en censos las daciones en pago: simultaneándose la dación en pago con una posterior constitución del censo, de forma que el deudor hipotecario extingue su deuda por medio de la dación pero simultáneamente se constituye el censo de forma que ese deudor no debe abandonar su vivienda y permaneciendo en ella deberá satisfacer ese canon o renta de forma perpetua pero habrá quedado liberado de la deuda del capital y el banco no habrá tenido que hacerse cargo de una finca que ni quiere ni le beneficia”.
“Así con esta figura, el deudor que hoy se ve obligado a perder su vivienda, la conservaría en propiedad y pagaría un canon, de cuantía similar a un alquiler, que con los años podría patrimonializar. Si a ello unimos la necesidad de determinadas entidades financieras de desprenderse de parte de sus activos inmobiliarios improductivos, quizás podamos cerrar un círculo: el de los intereses de las entidades de crédito y la necesidad de dar acceso a la propiedad de las viviendas a un precio accesible para las familias”.

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Fuente: La Vanguardia

La Unión Europea dio el visto bueno definitivo a la Directiva sobre hipotecas que supone la primera legislación europea en el ámbito hipotecario. La norma, que recibió el respaldo de la Eurocámara el pasado septiembre, y que los países deberán transponer en un plazo de dos años, supondrá que los compradores de vivienda estarán mejor asesorados sobre los costes y consecuencias de asumir una hipoteca para acabar con la concesión de créditos descontrolados y evitar situaciones como las vividas en España, donde cientos de familias han sido desahuciadas.
Las nuevas reglas, que obedecen al documento propuesto por el eurodiputado español Antolín Sánchez Presedo, contemplan, entre otros extremos, impedir a los Estados oponerse a la dación en pago acordada entre el cliente y su banco, imponerles el deber de buscar el mejor precio por la venta de la propiedad en las ejecuciones o exigir a los países que faciliten el pago, protegiendo a los consumidores y evitando el sobreendeudamiento a largo plazo. Gracias a la Directiva, el consumidor dispondrá de un periodo obligatorio de reflexión de siete días antes de firmar un contrato hipotecario, o bien del mismo periodo de siete días para retractarse tras la firma, a elección de los países.
Además, la norma contempla una batería de obligaciones para las entidades bancarias a la hora de informar, asesorar y vender productos hipotecarios antes de firmar cualquier contrato. Así, el consumidor tendrá que recibir, bien en papel, bien en formato electrónico, información general “clara y comprensible sobre los contratos” con el objetivo de que conozcan el coste total del crédito y las consecuencias financieras a largo plazo. A estas garantías se suman que los bancos o entidades financieras concedentes del crédito tendrán que ofrecer al consumidor información personalizada para comparar los créditos disponibles en el mercado. Además, la normativa habla de que las entidades deberán tener lo que denomina de una “tolerancia razonable” antes de proceder a las ejecuciones. Y en los casos en que la deuda no quede saldada con la ejecución, los Estados “deberán garantizar la protección de las condiciones mínimas de subsistencia (...) evitando el endeudamiento a largo plazo”.

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Fuente: El Economista, Expansión

Los procedimientos de desahucio iniciados en los juzgados españoles en los nueve primeros meses de este año ascendieron a 58.604, un 12,9% menos que en el mismo periodo de 2012, según la estadística presentada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre julio y septiembre, se registraron 17.009 ejecuciones hipotecarias, un 16,3% menos que el trimestre anterior, cuando la cifra fue de 20.323. Las comunidades con más lanzamientos fueron Cataluña (3.885), Comunidad Valenciana (2.459) y Madrid (1.671). La caída se produjo en la mayor parte de las comunidades, especialmente en la Comunidad Valenciana, con un descenso del 35,8% en los nueve primeros meses de 2013, seguida de Navarra (‐29,9%) y Baleares (‐25,8%), mientras que en Asturias las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 13,4%, en Galicia un 3,5% y en Castilla y León un 2,7%, siempre según el informe del CGPJ.
No obstante, un tercio de los desahuciados queda excluido de la dación en pago. El Código de Buenas Prácticas promovido por el Gobierno central para fomentar esta práctica ha excluido a un tercio de las familias afectadas por un proceso de desahucio, según una encuesta estatal de más de 11.000 casos realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y publicada el pasado 10 de diciembre. El motivo es que las hipotecas contraídas por la mayoría de afectados tenían un valor superior a 200.000 euros, cifra que marca el Código como límite para acogerse a la dación. En Madrid y Barcelona, el número de afectados aumenta: el 51,09% de encuestados de Barcelona y el 48,5% de Madrid no se ha podido acoger a la norma, hecho que, según la portavoz de la PAH, Ada Colau, hace que el Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012, sea una medida “pensada para los bancos, no para las personas”. Colau también ha alertado de que el número de excluidos por el código puede ser mayor debido a cuestiones relativas a los avales presentados en el contrato hipotecario, los ingresos anuales de las familias y otros criterios de exclusión social.

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Fuente: El País, El Mundo, El Economista y La Gaceta

El presidente de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES), Carlos Baños, ha dicho que “las refinanciaciones han sido una nube que ha impedido ver el estado real de la mora hipotecaria”. Explicó que esta realidad viene siendo denunciada por la asociación y por fin es admitida por el Banco de España en su último informe de estabilidad financiera.
El creciente incremento de los activos dudosos viene reflejado en los trabajos de revisión de la clasificación contable de las carteras refinanciadas o reestructuradas que el Banco de España solicitó a las entidades para antes del 30 de septiembre, con el fin de garantizar la homogeneidad de los criterios a aplicar sobre las refinanciaciones. Con esta revisión se ha podido comprobar cómo las entidades se han visto obligadas a reclasificar préstamos reestructurados en situación normal o subestándar a la categoría de dudoso, aumentando esta última un 29%. Dentro de las tres categorías de créditos, el de activos normales cae un 35%, pasando de 73.557 millones de euros a 48.193 millones, los subestándar se incrementan un 10%, de 37.218 millones a 40.888 millones y los dudosos avanzan un 29%, de 71.660 millones a 92.224 millones. Así, se produce una relevante reclasificación desde la categoría normal a dudoso. “Es hora de trabajar juntos en la misma dirección. La dación en pago es la solución más limpia, pero produciría un efecto llamada que provocaría un aumento de las hipotecas impagadas, por ello, desde AFES pensamos que la quita es el mejor remedio y la banca debe interiorizarla como herramienta de trabajo, igual que hizo con los promotores”, añade Baños.

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Fuente: Cinco Días