Noticias sobre Política de vivienda

Desde 2008 las casas acumulan una depreciación que supera en algunos casos el 40%, pero, aunque parezca increíble, los expertos apuntan que el ajuste definitivo es el que viene ahora. La primer razón, y fundamental, se debe a que la crisis continúa, en apariencia, con toda su crudeza, ya que aún se destruye empleo y el crédito sigue sin fluir. Segundo, porque por primera vez parece existir consenso absoluto en la necesidad de cambiar las políticas de vivienda y muchas de las reformas puestas en marcha ahora comenzarán a dar sus frutos a lo largo de los próximos meses. Entre esas iniciativas se encuentra en lugar destacado el papel que está llamado a desempeñar la Sareb. De cómo sea su política de precios dependerá, en opinión de algunos analistas, que el ajuste que resta por producir sea más o menos acelerado.
Mientras tanto, los datos publicados por INE dejan entrever buena parte de lo que se avecina. El número de viviendas vendidas en marzo cayó un 37,8% sobre febrero y un 12,6% respecto al mismo mes del año pasado, regresando a los mínimos históricos alcanzados en 2009 y 2011. Como el INE contabiliza las compraventas según los datos que le facilitan los registradores de la propiedad, sus cifras de marzo suelen tener un ligero sesgo temporal que conviene tener en cuenta a la hora de valorar las causas de un descenso de esta magnitud. De hecho, la cifra de marzo probablemente ya se refiera, prácticamente en su totalidad, a transacciones efectuadas en enero y febrero, una vez desaparecida la deducción fiscal por compra de casa para los nuevos propietarios.

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Fuente: Cinco Días

En 2012 estaba previsto que se iniciara la construcción de 55.130 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de compra y 23.043 para el alquiler. Es decir, 78.173. Sin embargo, solo se financiarán 15.577. Ni un 20% de lo convenido en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Y apenas una décima parte de las 150.000 VPO al año que prometió el anterior Gobierno.  
En total, el Gobierno destinará 820,1 millones de euros a la política de vivienda en 2012, un 31,7% menos que en 2011, según se desprende del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. La política de vivienda se vuelca en la rehabilitación. La previsión es financiar 60.857 actuaciones en este ámbito, un 11% más que en 2011, pero un 36% menos que lo convenido para 2012. El gran objetivo del Ejecutivo es “impulsar la rehabilitación, y especialmente la rehabilitación de barrios completos”. Además, se priorizarán los recursos “para financiar ayudas al alquiler de vivienda libre para personas con bajos niveles de renta”. Asimismo, se propone que se algunas comunidad autónoma no ejecutara el presupuesto asignado en 2012, se le pueda asignar a otra con ejecución justificada superior en rehabilitación o alquiler.  

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Fuente:Expansión

Julio Rodríguez López, miembro de Economistas frente a la Crisis comenta que el procedimiento de ejecución hipotecaria vigente en España da lugar a que la mayoría de los hogares que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas permanezcan endeudados con las entidades financieras después de perder la vivienda, señala que la gravedad del problema obliga a plantearse la necesidad de modificar dicho marco legal, sin perjuicio de que el Gobierno desarrolle actuaciones inmediatas a través de acuerdos con las entidades prestamistas. “El problema lo complica el reducido peso del mercado de alquiler en España. Solo el 11,8% de los hogares reside en viviendas de alquiler, según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Dicha circunstancia agrava el problema de los hogares desahuciados, por lo que la política de vivienda estatal debería de canalizar sus energías hacia la creación de un parque de viviendas sociales de alquiler más significativo que el existente. Este último supone solo el 2% del parque de viviendas familiares de España, muy por debajo de las proporciones correspondientes a los países de Europa Occidental”
“El cambio deseable de la normativa de ejecuciones de las garantías hipotecarias sobre las viviendas principales debería de llevar a establecer en España un sistema equivalente al concurso de acreedores para los hogares sobreendeudados, y ello para los nuevos préstamos que se concediesen a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa”, argumenta. Añade que “dicho sistema llevaría al procedimiento conocido como fresh start, en el que el deudor sin bienes suficientes para pagar y que no ha incurrido en fraude, se le libera de las deudas pendientes, incluso sin consentimiento del acreedor,  procedimiento existente en la mayoría de los países del entorno de España. Lo ideal sería que el prestatario moroso que actuó de buena fe no debería de perder su vivienda”.

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Fuente: Cinco Días

Julio Rodríguez López, expresidente del Banco Hipotecario de España y de Caja Granada, comenta que “durante el último año, el anterior Gobierno socialista y el nuevo Gobierno popular han tenido algún que otro rasgo común en materia de política de vivienda. La consideración de que el principal objetivo de dicha política es la reducción del elevado stock de viviendas de nueva construcción no vendidas en España es lo más llamativo de las declaraciones realizadas en ambos casos”. En su análisis, apunta que “asumido que a pesar de que el alquiler domine ahora entre las nuevas ofertas y demandas de viviendas en las grandes ciudades, la vivienda en propiedad va a ser el rasgo más destacado del nuevo Gobierno, este debe de hacer algo más que bajar los impuestos a los que pueden comprarse una vivienda en las presentes circunstancias. El insrumento más potente de la política social de vivienda en España, esto es, la ayuda a la promoción y compra de viviendas protegidas (VPO), debe de estar pasando por una profunda crisis como consecuencia de la restricción crediticia, pues al fin y al cabo dicho sistema descansa en los nuevos créditos convenidos para tales actuaciones”.  
“La política de vivienda forma parte de las prestaciones sociales integrantes de lo que viene a denominarse como Estado del bienestar. La reducción del stock de viviendas terminadas y no vendidas está asociada con la reforma del sistema financiero en España, a la vista del fuerte peso que dichas viviendas no vendidas tienen en los balances bancarios. Aunque sea a nivel de dirección general, hay trabajo en el Gobierno de España en cuanto a política social de vivienda se refiere. La reforma a fondo de la política de vivienda protegida, en un sentido favorable al alquiler y a la rehabilitación, y el conocimiento de la realidad del mercado del alquiler en España figuran entre las principales tareas pendientes”.

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Fuente:Cinco Días

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha sido el primero que ha criticado de forma abierta algunos de los ejes que sostienen la política de vivienda del nuevo Gobierno. Entre ellas, la recuperación de la deducción por vivienda para la residencia habitual (por ahora falta saber si estará limitada a ciertos niveles de renta) o la más que previsible supresión de la Renta Básica de Emancipación, la ayuda creada por el anterior Ejecutivo para fomentar el alquiler entre los menores de 30 años, con un coste anual para el Estado de 400 millones de euros. Frente a estas medidas, el Banco de España insta al Ejecutivo a que diseñe un nuevo marco que favorezca el arrendamiento “con políticas públicas apropiadas, para transformarlo en una alternativa a largo plazo a la vivienda en propiedad”, tal como indica en su último boletín económico (cuyas conclusiones recogen los distintos diarios).
En su opinión, la evidencia empírica de los últimos años ha tendido a mostrar “que un fomento excesivo de la vivienda en propiedad resulta en un subdesarrollo del alquiler, lo que puede entrañar ciertos costes sociales y económicos. Entre estos últimos cabe destacar la posible formación de burbujas especulativas, en contextos de abundante liquidez y bajos costes de financiación, y la escasa movilidad geográfica, que puede ser especialmente adversa en situaciones de elevado desempleo”. Asimismo, el supervisor indica que en mercados con alto peso de la vivienda en propiedad se producen “sesgos impositivos” que pueden favorecer la adquisición de viviendas con fines especulativos, “hasta el punto de que resulte más ventajoso mantener una vivienda vacía que alquilarla”.

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Fuente:Cinco Días