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Para el presidente del Consejo del Notariado la moratoria de los desahucios no es la solución

José Manuel García Collantes, nuevo presidente del Consejo General del Notariado, comenta que pese a que el mercado inmobiliario aún no se ha recuperado, la economía española comienza a dar tímidos signos de recuperación, sobre todo las pequeñas empresas y las iniciativas particulares. “En materia inmobiliaria, por ejemplo, seguimos en el fondo. Pero sí vemos un ligero repunte en la creación de sociedades. En el mes de octubre, experimentó una subida del 17,1% interanual. En general se trata de sociedades pequeñas, que montan las personas con el dinero procedente de las indemnizaciones por despido”, explica.
La concesión de hipotecas está en mínimos. Y ante la pregunta de si ello es coyuntural o el mercado inmobiliario avanza hacia un modelo de menor endeudamiento, afirma que “es coyuntural, pero será muy difícil que alcancemos las cifras de contratación de los últimos años.   
Respecto al papel de los notarios en cuanto a la información en la concesión de hipotecas durante los años del boom, comenta que “pudo haber defectos de información en casos puntuales. Pero en términos generales ha habido suficiente información. Lo que ocurre es que muchas veces se confunde información con intervención. El notario no puede meterse en las decisiones de los particulares. Además, hay una serie de cláusulas, como la del suelo de las hipotecas, que hasta que no han sido declaradas nulas por los tribunales nadie contaba con autoridad para oponerse”.
Y sobre la moratoria de los desahucios dice que “ha sido una medida prudente, pero no es la solución. Tampoco creo que sea la dación en pago. La solución viene más bien por la renegociación de los préstamos, establecer moratorias, pagar solo intereses durante unos años...”

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Fuente: ABC

La OCU denuncia la subida de los gastos notariales

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que con la entrada en vigor el pasado 12 de mayo del nuevo real decreto sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero vuelve a subir los gastos notariales. En su opinión, la disposición adicional segunda de la normativa permite que el arancel de las cancelaciones de hipotecas como las novaciones y subrogaciones dependa del importe del préstamo solicitado en su día. Según los cálculos de la organización de consumidores, “con el nuevo arancel, pasar por el notario para cancelar una hipoteca cuyo capital inicial fue de 150.000 euros nos costará 137 euros con una sola copia, frente a los 50 euros hasta ahora vigentes”. Además, indica, “por muy bajo que sea el importe de la hipoteca, el notario cobrará un mínimo de 90 euros. En el caso del registrador y para el mismo préstamo, la minuta ascenderá a 84 euros, frente a los 28,85 euros vigentes (mínimo 24 euros).

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Fuente:El País

La OCU denuncia la fuerte subida de los gastos de cancelación de hipotecas

Cancelar una hipoteca cuesta hoy casi el triple que hace un mes. El Gobierno aprobó en mayo una subida que casi triplica los gastos que cobran los notarios y los registradores por la cancelación de una hipoteca, según ha denunciado este lunes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha remitido una queja por ello al presidente Mariano Rajoy (registrador de carrera) y a todos los grupos parlamentarios. Con los nuevos aranceles, según los cálculos de la OCU, pasar por el notario para cancelar una hipoteca que en su día fue contratada por 150.000 euros costará 137 euros, frente a los 50 euros de antes, es decir, 175% más. Además, independientemente del importe del préstamo se pagará un mínimo de 90 euros. Si después el titular de esa hipoteca decide comunicar esa cancelación al registro, deberá abonar otros 84 euros, frente a los 28,85 euros anteriores. Y siempre habrá un mínimo a cobrar de 24 euros.

Sin embargo, la OCU denuncia que se rebajan los costes para las entidades financieras que tengan que cancelar hipotecas para venderlas. El Gobierno aprovechó la aprobación del real decreto ley sobre saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero para incrementar los aranceles. Estos cambios se producen solo seis meses después de que el anterior Gobierno socialista aprobara un real decreto que unificaba todos los aranceles que cobran registradores y notarios para dar mayor transparencia, y "dejaba claro cuáles eran los importes a pagar".

En un comunicado, la OCU recuerda que en septiembre de 2011 ya denunció que "un gran número de notarios y registradores" cobraba de más en las cancelaciones hipotecarias, contra lo marcado en la ley aprobada en 2007. La organización, que denunció los hechos ante la Fiscalía del Tribunal Supremo y ante el Ministerio de Justicia, calcula que en un año se cobraron 93 millones de euros de más.

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Fuente: El País

La Defensora del Pueblo pide modificar el Reglamento Hipotecario

La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, señaló la necesidad de modificar el Reglamento Hipotecario para que la adjudicación al acreedor en subasta de un inmueble hipotecado como consecuencia de una ejecución no se realice nunca por un precio inferior al 60% del valor de tasación. Algo que, explicó, ya ha solicitado al Ministerio de Justicia. El artículo 236 del Reglamento permite la adjudicación del valor de tasación sin sujeción al valor al tipo en la tercera subasta en ejecuciones extraprocesales. Algo que Cava de Llano calificó de “una gravedad tremenda”. Considera necesario extender el límite previsto por el Real Decreto 8/2011 también a ejecuciones extraprocesales “sin que sea suficiente el compromiso adquirido por los notarios”. Se refería a la circular del Consejo General del Notariado de no autorizar más ejecuciones hipotecarias por sistemas extrajudiciales que no fijen en la tercera subasta un tipo mínimo del 60% del valor de tasación de la vivienda habitual, con objeto de garantizar a los ciudadanos los mismos derechos que en los procesos de ejecución judicial.

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Fuente: El Economista, Cinco Días

Los notarios ofrecerán las mismas garantías que un juez en un embargo

Entre las modificaciones legales que incluye la iniciativa del Gobierno para ampliar las garantías de los clientes hipotecarios ante el embargo de su vivienda -el grueso se limita a un código de buenas prácticas, cuyo cumplimiento será voluntario- está la de mejoras las subastas públicas de los inmuebles. Los Ministerios de Economía y Justicia trabajan para presentar lo antes posible un nuevo modelo más transparente y ágil. Entre otros cambios, el Gobierno busca priorizar la vía extrajudicial para sortear el atasco en los tribunales. El colectivo de notarios, que dirimiría estos procesos, anunció ayer que aportará las mismas garantías al ciudadano que les concede un juez. Así lo ratificaba el Consejo General del Notariado. El organismo emitió una circular –“de obligado cumplimiento"- en el que asegura que "pese a las dudas suscitadas por las diferencias legales" vía judicial y la extrajudicial, “los notarios podrán garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en las ejecuciones hipotecarias”.  
El principal efecto de este compromiso se materializará en el hecho de que la entidad que embargue la vivienda no podrá adjudicársela por menos del 60% de su valor. El mismo porcentaje que impone un juez por ley. Este porcentaje fue elevado el pasado año del 50% al 60% para los procesos judiciales, pero no se modificó en la Ley Hipotecaria, que es la que rige en la vía extrajudicial y que no recoge un precio mínimo de adjudicación. Los notarios acordaron asumir estas mismas condiciones después de que el pasado 31 de enero, según fuentes del notariado, Justicia les informara de la intención del Ejecutivo de fomentar las resoluciones no judiciales en los procesos de embargo hipotecario. En el proceso de subasta del inmueble embargado se establece que el postor puede quedarse el inmueble por el 100% de su valor en la primera subasta o por el 75% en la segunda. En última instancia, si no existen más peticiones, que es lo usual, será el banco o caja quien se quede la vivienda en una tercera subasta. La importancia de que lo hagan pagando al menos un 60% de su valor, como ocurre en la vía judicial y prometen ahora los notarios, radica en que ese montante se le resta de la deuda al afectado por el embargo, que solo tendrá que hacer frente al saldo restante, descontando también los pagos que ya haya realizado. Dado que la vía extrajudicial tiene que estar recogida en la escritura pública y que hace falta el acuerdo de las partes - cliente y entidad-, el compromiso de los notarios supone un acicate para que los usuarios acepten procedimientos ante notario con la seguridad de que contarán con las mismas garantías que les concedería un juez.
Los notarios señalan que dado que “la normativa concursal española carece de mecanismos eficaces de carácter social cuando el ciudadano se encuentra en una situación de insolvencia, debido a su separación o divorcio, a estar en desempleo prolongado, a una incapacidad, etc.”, demandarán a Justicia que tome las medidas correspondientes para “equiparar nuestro ordenamiento jurídico al de los países de nuestro entorno”.  

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Fuente: Cinco Días, El Economista, ABC y La Razón

El Gobierno pone coto al abuso de notarios y registradores en las hipotecas

Años pagando religiosamente la hipoteca de la casa y, cuando se termina por fin de abonar el préstamo, llega otro gasto más. Los 200 euros o más que conllevan los trámites ante el notario y el registrador de la propiedad para cancelarlo. Pero esas cantidades, cobradas sistemática y arbitrariamente por esos funcionarios, son un exceso que, desde 2007, les ha producido beneficios millonarios. Justicia ha decidido acabar con ello y ha aclarado el arancel que conllevan estos trámites. Ahora, que el notario cobre para realizarlos más de 55 euros o el registrador más de 24 es ilegal. Y en sus minutas no cabe ningún otro concepto.

Esas tarifas ya estaban vigentes desde 2007 cuando el Gobierno aprobó una rebaja del arancel que cobran notarios y registradores por las cancelaciones de créditos hipotecarios. La Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente de Justicia, dio desde 2009 la razón a varios perjudicados a los que se había cobrado de más. Pero estos funcionarios, que cobran por cada uno de los trámites en los que intervienen, se negaron a aplicar esas resoluciones y continuaron inflando sus facturas. Desobedecieron, incluso, resoluciones judiciales.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dio la voz de alarma en septiembre. Tras realizar un estudio entre sus socios, averiguó que, en las 83 operaciones analizadas, notarios y registradores habían cobrado 10.370 euros de más. El colectivo extrapoló esa cifra a las 372.042 cancelaciones de hipotecas que se tramitaron en 2010 obteniendo una cifra escandalosa. El sobrecobro total, si esas prácticas fueran generalizadas, superaba los 93 millones de euros. La OCU denunció el asunto ante la fiscalía y dio cuenta a Justicia para reclamar que estos funcionarios devolvieran lo ganado indebidamente. El resultado es la modificación de los decretos en los que se recogen los aranceles de notarios y registradores recién aprobado, que no les deja margen para interpretarlo en su beneficio.

Porque eso, precisamente, es lo que hacían. A pesar de que la propia exposición de motivos de la reforma de la ley de subrogación y modificación de hipotecas aprobada en 2007 explicaba que su objetivo era extender la rebaja en el arancel "a las cancelaciones que no tienen como finalidad la subrogación y a los créditos hipotecarios", es decir, a las que se realizan una vez que la hipoteca se ha terminado de pagar, notarios y registradores entendían que el descuento solo era aplicable en los casos de subrogación (cuando el préstamo pasa a otra persona) y modificación de hipoteca, pero no en estas cancelaciones finales. Y lo hacían a pesar de que la Dirección General de Registros había resuelto reiteradamente que esa interpretación no era la correcta.

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Fuente: El País

Los notarios critican la ley del suelo

El decano del Colegio Notarial de Valencia, César Belda Casanova, señaló que la Ley de Suelo, de 28 de mayo de 2007, resulta “inadaptada a la situación actual”. Desde su punto de vista, la norma, publicada al final de la explosión inmobiliaria, en la fase previa a la crisis, ha contribuido a ralentizar aún más el crecimiento inmobiliario. Belda consideró esencial reformar el problema principal de este marco normativo, que, en su opinión, constituye “el valor del suelo y la regulación del reparto del enriquecimiento”. “Antes, el propietario del suelo que decidía no participar en los procesos de reparcelación era un obstáculo, pero ahora ya no. El propietario puede negarse a participar, pero esto conlleva a la expropiación del terreno, que es valorado en tal caso a un precio de suelo rural”, explicó. Con la actual legislación, la plusvalía queda transmitida del propietario al agente urbanizador, originando un perjuicio económico para el poseedor del suelo en caso de ser expropiado. Para paliarlo y acercar el valor del suelo al mercado, este notario propone “realizar subastas notariales. De esta manera, quien acude a la subasta deberá tener en cuenta las expectativas urbanísticas y el precio podrá acercarse más al valor del mercado”.
Con el real decreto de 2008, el derecho a urbanizar desaparece para el propietario que, según Belda, sí puede participar en la urbanización, siempre, claro está, que lo pueda financiar. Por último, el decano se quejó de la legislación diferente por cada comunidad autónoma.

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Fuente: Cinco Días

Publicado el: 27/11/2011 |
| En la categoría: Noticias sobre Hipotecas
Los notarios plantean sus opciones a la dación en pago

Los notarios consideran que son necesarios numerosos cambios legales que beneficien a los consumidores y que eviten la entrada de muchos de los litigios en los tribunales. El vicepresidente del Consejo General del Notariado, Carlos Ollé, afirmó al referirse al sector inmobiliario, que son necesarias medidas legislativas que rescaten “este motor de nuestra economía”, la mayoría de ellas de orden económico, financiero, fiscal, jurídico y contractual.  
Se destaca la propuesta del notario Francisco Javier Gardeazábal para evitar las ejecuciones por falta de pago de los créditos hipotecarios y para no caer en la “controvertida dación en pago”. Plantea recuperar una vieja figura del Derecho Romano conocida como Pacto Marciano para evitar que el deudor, acuciado por la necesidad, ofrezca como garantía un bien de valor muy superior al del préstamo que recibe, con la posibilidad de perderlo en caso de incumplimiento de forma automática por la facultad de apropiación del acreedor. Mediante el Pacto Marciano se intenta evitar este riesgo, a través de una tasación que valore de forma justa la cosa (vivienda, valores, fondos, etc.) puesta como garantía. La medida se articula mediante la concesión de una opción de compra al acreedor. Si se produce el incumplimiento, el juego de la compensación permitirá al acreedor aplicar el importe de lo debido al pago del precio. Así, una vez determinado el valor justo de la cosa, el deudor tiene derecho a percibir la diferencia entre ese valor y el importe de la deuda. Se evita así el enriquecimiento injustificado del acreedor y se soslayan todos los inconvenientes del pacto comisorio (la apropiación por el acreedor). Esta última cantidad, señaló Gardeazábal, se pondrá a disposición del deudor o de sus acreedores posteriores, con lo que también se protege la posición de éstos. El Pacto Marciano debe ser expresamente pactado, en el momento de constitución de la hipoteca o después, y la tasación debe ser hecha por un tasador independiente. Además, se debe producir la extinción de las cargas posteriores al pacto, lo que supondría una normativa legal que expresamente la regulase. El acuerdo se realizaría mediante escritura pública entre la entidad acreedora, el deudor y el titular de la finca gravada con la hipoteca, o con un tercero designado mediante un poder irrevocable al constituirse el pacto.
El notario José Luis Martínez-Gil propuso la extensión de las subastas notariales voluntarias, pactadas en la escritura hipotecaria, con el procedimiento controlado por el notario, y el impulso a la figura del acta de depósito, en aquellos casos en que existen flecos pendientes de la compraventa acordada, cumplimiento de requisitos que pueden alterar el precio final o las discrepancias de los aspectos fiscales. El notario Manuel Ángel Rueda propuso una ley de armonización de las legislaciones autonómicas para unificar la clasificación del suelo, el planeamiento, el procedimiento de aprobación de los planes y su contenido, así como los procedimientos de designación del urbanizador y el constructor.

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Fuente: El Economista

Madrid multará a los bancos que no informen correctamente sobre contratos hipotecarios

La ley de transparencia hipotecaria que anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, durante la pasada precampaña electoral ya está en marcha. El borrador de anteproyecto de ley prevé sancionar con multas que oscilan entre los 15.000 y los 600.000 euros, a las entidades financieras que no informen correctamente a los consumidores que contraten con ellas una hipoteca. Las infracciones que puede conllevar la sanción son, por ejemplo, no ofrecer suficiente información previa o que la oferta vinculante que hace el banco al consumidor no coincida con las condiciones que figuran en el contrato. El borrador recoge, entre otras cuestiones, la obligación de especificar si el contratante está dando como garantía la vivienda hipotecada y el resto de bienes del comprador o si la única garantía es la vivienda (dación en pago). El texto exige que esta información sea redactada de manera “transparente, clara, concreta y sencilla, utilizando el tamaño de letra apropiado para facilitar su lectura”. El banco deberá acreditar que entregó toda la información al consumidor antes de hacerle la oferta vinculante.  
Se recuerda que el Gobierno regional no tiene competencias para modificar la Ley Hipotecaria, pero sí en materia de consumo. Aguirre explicó que “queremos proteger los consumidores de modo que conozcan lo que están firmando”. La Comunidad enviará el borrador de la ley a los profesionales del sector (entidades, notarios, registradores, asociaciones de consumidores…) y el consejero de Economía se reunirá con ellos.  

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Fuente: El País, Cinco Días, El Economista

La OCU denuncia a registradores y notarios a la fiscalía

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido al Ministerio de Justicia y a la fiscalía que exijan a notarios y registradores revisar de oficio todas las minutas cobradas a clientes en España por cancelación de hipotecas desde 2007. La OCU considera que “cobran de más” a los clientes, ya que la Dirección General de Registros y del Notariado establecía que la cancelación de un préstamo era un documento sin cuantía, es decir, un arancel fijo establecido por norma. Según la OCU, la cancelación de una hipoteca no debería tener más de 70 euros de costes notariales, sea cual sea el importe cancelado, mientras que el importe medio de las facturas analizadas por la organización se eleva a 260 euros. En el caso del trámite registral, la minuta máxima se estima en 24 euros, mientras que según la OCU se están pagando 144 euros de media. Se podría haber cobrado de más unos 93 millones de euros en 2010. La OCU exige su devolución. En un 92% de las facturas analizadas hay “prácticas ilegales”.
Ante las dudas de interpretación que planteó la normativa de 2007, se han emitido varias resoluciones para aclarar que se trata de documentos sin cuantía, es decir, con un arancel tasado no proporcional al importe de la cancelación. El notariado sostiene que “los notarios deben aplicar la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado, que en los últimos meses se ha pronunciado en el sentido de que son documentos sin cuantía”. “Unos notarios lo han hecho de una manera y otros de otra”, explicaba un fedatario, para quien no cabe duda de que la cancelación es un documento sin cuantía. Pero no parece que esta línea haya sido seguida de igual forma. Hay colegios que han emitido una circular aclarando este punto y han abierto expedientes. Los registradores alegan que la interpretación de la norma “está aún pendiente de los tribunales” y que el documento sin cuantía no es en todos los casos.

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Fuente:Expansión, El Economista, La Vanguardia

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