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Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid anula 45 cláusulas bancarias

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado un total de 45 cláusulas en contratos de Banco Popular y BBVA a través de una sentencia con fecha de 26 de julio de 2013, en la que arremete, entre otras, contra varias cláusulas suelo, tomando como referencia la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 9 de mayo. El fallo, que procede de la Sección 28 de la Audiencia, confirma y amplía el número de preceptos declarados nulos en la sentencia recurrida. Las cláusulas proceden de un total de nueve contratos ‐cinco de Popular y cuatro de BBVA‐, siendo dos de ellos hipotecarios y el resto relativos a cuentas bancarias, tarjetas y servicios online. Se trata, en concreto, del resultado de una acción de cesación en el empleo y difusión de las condiciones generales de la contratación declaradas nulas, procedente de una demanda colectiva presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Precisamente, el hecho de tratarse de una acción de cesación hace que sus efectos se produzcan desde la nulidad en adelante, por lo que la Audiencia no se pronuncia sobre una de las cuestiones más espinosas en materia de cláusulas suelo: la no devolución de las cantidades cobradas indebidamente antes de la sentencia anulatoria.
La sentencia parte del hecho de que la decisión plenaria del Supremo del pasado mes de mayo “supone la existencia de jurisprudencia”, que complementa al ordenamiento jurídico y vincula a los demás tribunales. Dicho esto, se adentra en la cuestión asegurando que las cláusulas hipotecarias anuladas forman parte de las condiciones generales de la contratación, al estar “absolutamente predeterminadas”. En cuanto al examen de transparencia ‐que la sentencia toma del Supremo‐, la Audiencia abre la puerta a que este análisis, “que pudiera resultar más propicio de los litigios derivados de acciones individuales”, se realice también en las acciones colectivas como la que ocupa este fallo. Así, “lo cierto es que la sentencia del Supremo efectúa su pronunciamiento en sede del ejercicio de una acción colectiva, lo que nos obliga a acometer esa misma labor en un escenario similar”. Para ello, el fallo fija que debe acudirse a “aspectos objetivos del clausulado”.

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Fuente:El Economista

La OCU denuncia la subida de los gastos notariales

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que con la entrada en vigor el pasado 12 de mayo del nuevo real decreto sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero vuelve a subir los gastos notariales. En su opinión, la disposición adicional segunda de la normativa permite que el arancel de las cancelaciones de hipotecas como las novaciones y subrogaciones dependa del importe del préstamo solicitado en su día. Según los cálculos de la organización de consumidores, “con el nuevo arancel, pasar por el notario para cancelar una hipoteca cuyo capital inicial fue de 150.000 euros nos costará 137 euros con una sola copia, frente a los 50 euros hasta ahora vigentes”. Además, indica, “por muy bajo que sea el importe de la hipoteca, el notario cobrará un mínimo de 90 euros. En el caso del registrador y para el mismo préstamo, la minuta ascenderá a 84 euros, frente a los 28,85 euros vigentes (mínimo 24 euros).

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Fuente:El País

La OCU denuncia la fuerte subida de los gastos de cancelación de hipotecas

Cancelar una hipoteca cuesta hoy casi el triple que hace un mes. El Gobierno aprobó en mayo una subida que casi triplica los gastos que cobran los notarios y los registradores por la cancelación de una hipoteca, según ha denunciado este lunes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha remitido una queja por ello al presidente Mariano Rajoy (registrador de carrera) y a todos los grupos parlamentarios. Con los nuevos aranceles, según los cálculos de la OCU, pasar por el notario para cancelar una hipoteca que en su día fue contratada por 150.000 euros costará 137 euros, frente a los 50 euros de antes, es decir, 175% más. Además, independientemente del importe del préstamo se pagará un mínimo de 90 euros. Si después el titular de esa hipoteca decide comunicar esa cancelación al registro, deberá abonar otros 84 euros, frente a los 28,85 euros anteriores. Y siempre habrá un mínimo a cobrar de 24 euros.

Sin embargo, la OCU denuncia que se rebajan los costes para las entidades financieras que tengan que cancelar hipotecas para venderlas. El Gobierno aprovechó la aprobación del real decreto ley sobre saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero para incrementar los aranceles. Estos cambios se producen solo seis meses después de que el anterior Gobierno socialista aprobara un real decreto que unificaba todos los aranceles que cobran registradores y notarios para dar mayor transparencia, y "dejaba claro cuáles eran los importes a pagar".

En un comunicado, la OCU recuerda que en septiembre de 2011 ya denunció que "un gran número de notarios y registradores" cobraba de más en las cancelaciones hipotecarias, contra lo marcado en la ley aprobada en 2007. La organización, que denunció los hechos ante la Fiscalía del Tribunal Supremo y ante el Ministerio de Justicia, calcula que en un año se cobraron 93 millones de euros de más.

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Fuente: El País

Primará el alquiler aunque sopese cerrar la SPA

La ministra de Fomento, Ana Pastor, describió la situación heredada como “extraordinariamente compleja”. Reveló que el Ministerio y sus organismos asociados tienen una deuda de 40.000 millones de euros. Y anunció un plan de estímulos. Los técnicos del Ministerio calculan que podría movilizar 225.000 millones de euros de  inversión hasta 2014.  
En materia de vivienda, tal y como contemplaba el programa electoral del PP, los esfuerzos por mejorar el acceso se centrarán en el alquiler en lugar de la compra. La ministra anunció un nuevo plan de vivienda, rehabilitación y alquiler que estará basado en el fomento del arrendamiento con opción a compra y que estudiará ayudas para que los colectivos con menos recursos puedan alquilar vivienda libre. Dentro de ese impulso al alquiler, está previsto incrementar la deducción fiscal por arrendamiento de vivienda y estudiar con Hacienda un replanteamiento de todos los impuestos e incentivos fiscales que afectan a la compra de casa. En el ámbito de la mejora del patrimonio, aseguró que potenciará la rehabilitación de edificaciones enteras, así como de las viviendas aisladas, actualizará la Ley de Ordenación de la Edificación y modificará el Código Técnico de la Edificación (CTE).
“La vivienda debe volver a ser el motor económico que fue, aunque de forma sana y sostenible”, puntualizó. Y aunque en materia de vivienda se decantó por el alquiler en lugar de la compra, admitió que están estudiando la reestructuración o disolución de varias entidades dependientes de su Departamento, entre las que citó a la Sociedad Pública de Alquiler (SPA).
Esta sociedad, creada en 2005 para dinamizar el mercado del alquiler, “no ha tenido éxito”, dijo la ministra, “porque siete años después apenas intermedia el arrendamiento de 4.500 inmuebles y ha generado pérdidas acumuladas de 37 millones”. A ello, hay que sumar una demanda colectiva interpuesta por la OCU por incumplimiento del contrato contra esa entidad.

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Fuente: Cinco Días

El Gobierno pone coto al abuso de notarios y registradores en las hipotecas

Años pagando religiosamente la hipoteca de la casa y, cuando se termina por fin de abonar el préstamo, llega otro gasto más. Los 200 euros o más que conllevan los trámites ante el notario y el registrador de la propiedad para cancelarlo. Pero esas cantidades, cobradas sistemática y arbitrariamente por esos funcionarios, son un exceso que, desde 2007, les ha producido beneficios millonarios. Justicia ha decidido acabar con ello y ha aclarado el arancel que conllevan estos trámites. Ahora, que el notario cobre para realizarlos más de 55 euros o el registrador más de 24 es ilegal. Y en sus minutas no cabe ningún otro concepto.

Esas tarifas ya estaban vigentes desde 2007 cuando el Gobierno aprobó una rebaja del arancel que cobran notarios y registradores por las cancelaciones de créditos hipotecarios. La Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente de Justicia, dio desde 2009 la razón a varios perjudicados a los que se había cobrado de más. Pero estos funcionarios, que cobran por cada uno de los trámites en los que intervienen, se negaron a aplicar esas resoluciones y continuaron inflando sus facturas. Desobedecieron, incluso, resoluciones judiciales.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dio la voz de alarma en septiembre. Tras realizar un estudio entre sus socios, averiguó que, en las 83 operaciones analizadas, notarios y registradores habían cobrado 10.370 euros de más. El colectivo extrapoló esa cifra a las 372.042 cancelaciones de hipotecas que se tramitaron en 2010 obteniendo una cifra escandalosa. El sobrecobro total, si esas prácticas fueran generalizadas, superaba los 93 millones de euros. La OCU denunció el asunto ante la fiscalía y dio cuenta a Justicia para reclamar que estos funcionarios devolvieran lo ganado indebidamente. El resultado es la modificación de los decretos en los que se recogen los aranceles de notarios y registradores recién aprobado, que no les deja margen para interpretarlo en su beneficio.

Porque eso, precisamente, es lo que hacían. A pesar de que la propia exposición de motivos de la reforma de la ley de subrogación y modificación de hipotecas aprobada en 2007 explicaba que su objetivo era extender la rebaja en el arancel "a las cancelaciones que no tienen como finalidad la subrogación y a los créditos hipotecarios", es decir, a las que se realizan una vez que la hipoteca se ha terminado de pagar, notarios y registradores entendían que el descuento solo era aplicable en los casos de subrogación (cuando el préstamo pasa a otra persona) y modificación de hipoteca, pero no en estas cancelaciones finales. Y lo hacían a pesar de que la Dirección General de Registros había resuelto reiteradamente que esa interpretación no era la correcta.

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Fuente: El País

Un juez declara abusivas 22 cláusulas de BBVA y Popular pero no sanciona la de "suelo"

El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha declarado nulas por abusivas 22 cláusulas incluidas por BBVA (12) y Banco Popular (10) en sus contratos de préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, cuentas corrientes y servicios de banca telefónica e Internet. El juez Javier Yáñez ha avalado la legalidad de las otras 29 cláusulas impugnadas por la demandante, la asociación de consumidores OCU, entre las que destaca la llamada 'cláusula suelo' de los préstamos hipotecarios, que fija el mínimo del tipo de interés a pagar, limitando las posibles rebajas en la cuota mensual de la hipoteca al actuar como freno ante las bajadas del Euríbor. El juez desautoriza al BBVA a aplicar un vencimiento anticipado de la hipoteca cuando se incurra en incumplimientos "accesorios o irrelevantes". Respecto a las cláusulas anuladas, la sentencia ordena a BBVA y Banco Popular "cesar el empleo y difusión de las condiciones generales de la contratación declaradas nulas, debiendo eliminar las entidades demandadas sus condiciones generales" de sus contratos, así como "abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo". Las cláusulas impugnadas quedarán inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, lo que hace que se extiendan a otras entidades. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de cinco días.

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Fuente:El Mundo

La OCU denuncia a registradores y notarios a la fiscalía

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido al Ministerio de Justicia y a la fiscalía que exijan a notarios y registradores revisar de oficio todas las minutas cobradas a clientes en España por cancelación de hipotecas desde 2007. La OCU considera que “cobran de más” a los clientes, ya que la Dirección General de Registros y del Notariado establecía que la cancelación de un préstamo era un documento sin cuantía, es decir, un arancel fijo establecido por norma. Según la OCU, la cancelación de una hipoteca no debería tener más de 70 euros de costes notariales, sea cual sea el importe cancelado, mientras que el importe medio de las facturas analizadas por la organización se eleva a 260 euros. En el caso del trámite registral, la minuta máxima se estima en 24 euros, mientras que según la OCU se están pagando 144 euros de media. Se podría haber cobrado de más unos 93 millones de euros en 2010. La OCU exige su devolución. En un 92% de las facturas analizadas hay “prácticas ilegales”.
Ante las dudas de interpretación que planteó la normativa de 2007, se han emitido varias resoluciones para aclarar que se trata de documentos sin cuantía, es decir, con un arancel tasado no proporcional al importe de la cancelación. El notariado sostiene que “los notarios deben aplicar la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado, que en los últimos meses se ha pronunciado en el sentido de que son documentos sin cuantía”. “Unos notarios lo han hecho de una manera y otros de otra”, explicaba un fedatario, para quien no cabe duda de que la cancelación es un documento sin cuantía. Pero no parece que esta línea haya sido seguida de igual forma. Hay colegios que han emitido una circular aclarando este punto y han abierto expedientes. Los registradores alegan que la interpretación de la norma “está aún pendiente de los tribunales” y que el documento sin cuantía no es en todos los casos.

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Fuente:Expansión, El Economista, La Vanguardia

La OCU denuncia que la banca española es la segunda más cara de la UE en comisiones

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que las comisiones que cobran las entidades financieras no paran de subir, a pesar de la crisis, e insta a los ciudadanos a que exijan a los bancos que no se las cobren si tienen domiciliada la nómina. Según la OCU, los españoles por un uso normal de sus cuenta pagan al banco de media de casi 180 euros al año, lo que los convierte en los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que más pagan por utilizar una cuenta bancaria, por detrás de los italianos que desembolsan una media de 253 euros. En el lado opuesto se sitúan los consumidores búlgaros, que pagan una media de 27 euros al año. Las entidades financieras, según la OCU, intentan compensar la disminución de beneficios causada por la crisis aumentando las comisiones que cobran a sus clientes, tal y como evidencian las últimas estadísticas sobre tarifas publicadas por el Banco de España. 

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Fuente: Cinco Días
  

Los tipos de interés de las hipotecas podrían volver a situarse cerca del 18%

“Los tipos de interés que se aplican a los préstamos hipotecarios pueden volver al 18%, cifras registradas en los años 80”, advirtió Benito Arruñada en la ratificación del informe pericial, elaborado para BBVA y Banco Popular en el juicio que se celebra en el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid por la demanda colectiva presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra 51 cláusulas consideradas abusivas en sus contratos de hipotecas, cuentas corrientes y tarjetas. El informe defiende que “las entidades financieras apliquen suelos de un mínimo del 2% y techos por un máximo del 15% para hipotecas de entre 25 y 30 años, con el objetivo de asegurar que los bancos puedan hacer frente a sus gastos durante toda la duración del contrato del préstamo, así como al previsible aumento de la inflación”. Por su parte, el fiscal recordó que en España se aplica el euribor desde el año 2000 y que, desde entonces, el índice más alto ha alcanzado el 5,34%, lo que hace que los techos del 12% sean desproporcionados para el consumidor. En sus conclusiones, el fiscal señaló que en esta causa “la posición fuerte es la de los bancos”, al tiempo que apuntó que “la abusividad en la aplicación de las cláusulas por parte de las entidades es lógica y clara y que de lo que se trata es de pactar límites equilibrados entre las partes en los contratos”.
El juicio, que quedó visto para sentencia y que según previsiones del magistrado juez encargado de la causa se emitirá en el plazo de un mes, es el primero que se celebra en España con la presencia del Ministerio Fiscal en la defensa de los intereses generales de los consumidores. Con la personación de la Fiscalía, el resultado de la sentencia se aplicará a todas las cláusulas contractuales similares de las entidades financieras y no solo a las de los dos bancos citados.  

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Fuente:El Economista

Hipoteca a tipo fijo ¿la solución frente a las subidas del euribor?

Ángel Garay, adjunto a la presidencia de Ausbanc asegura que “Los tipos fijos de la banca española siguen siendo muy altos”. En esta asociación señalan que actualizan “mensualmente las ofertas de las principales entidades del sistema financiero y los créditos a 30 años están en el entorno del 6% y las de 15 años en el del 5,50%. Hay que pensar que solo en escenario catastrófico como el que se vivió hace tres años, los tipos oficiales subieron hasta el 4,25% (julio de 2008)”. Garay añade que “realmente” en el sistema financiero español las virtudes del tipo fijo son difícilmente resaltables “ya que tanto en porcentaje de la financiación como en plazos no difiere de las de tipo variable”. En la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu) de Madrid comentan que “es cierto que el Banco Central Europeo ha subido los tipos y que puede volver a subirlos, pero aún hay muchas incertidumbres para decidirse por tipos fijos”. También en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) piensan “que no es una buena idea contratar un préstamo a tipo fijo para protegerse de nuevas subidas”.  
Los analistas creen que solo un pequeño sector de la población se puede permitir un préstamo que no varíe sus condiciones mensuales y abogan por créditos variables hasta que el euribor no llegue a las cotas de hace tres años.  

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Fuente: El Mundo

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