Noticias sobre Registro de la propiedad

La compraventa de viviendas subió un 18,9% en enero con respecto al mismo mes de 2012, hasta alcanzar 39.670 operaciones, su mejor dato desde febrero de 2011, cuando se superaron las 45.000 compraventas, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El avance interanual de enero, el segundo consecutivo tras el incremento del 2,3% de diciembre, se ha debido tanto a los pisos nuevos como a los usados, aunque las operaciones sobre estos últimos aumentaron algo más. En concreto, la compraventa de viviendas de segunda mano subió un 25,1% en enero en tasa interanual, tras sumar 19.447 operaciones, mientras que la de pisos nuevos se incrementó un 13,5%, con 20.223 transacciones.
El 87,8% de las casas transmitidas por compraventa durante el primer mes del año fueron libres. La adquisición de este tipo de viviendas aumentó un 21,4%, hasta las 34.831 operaciones, en tanto que las operaciones sobre pisos protegidos sumaron 4.839, con un repunte del 3,8% respecto a enero de 2012. En tasa intermensual (enero sobre diciembre), la compraventa se disparó un 68,6%, su mayor alza desde 2009.
Los expertos recuerdan que estas cifras que publica el INE todavía reflejan el efecto fiscal que ha tenido sobre el mercado la desaparición de la desgravación en el IRPF y la subida del IVA del 4% al 10%, ya que Estadística elabora sus datos con la información que le proporcionan los registros de la propiedad. Y estos contabilizan la inscripción de una compra de vivienda que ha podido producirse un promedio de uno o dos meses antes e incluso más, aunque no es lo habitual. Por ello, estas operaciones registradas durante enero pueden ser de ventas realizadas todavía en el tramo final de 2012.

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Fuente:Cinco Días, El Economista, Expansión, La Gaceta

El Colegio y la Asociación de Agentes Inmobiliarios (API) de Cataluña trasladaron a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados su rechazo al proyecto de Ley de medidas para flexibilizar el alquiler, al considerar que creará más inseguridad jurídica, problemas y gastos innecesarios. En un comunicado, el presidente de los API catalanes, Joan Ollé, considera que la obligatoriedad de registrar los contratos de arrendamiento en el Registro de la Propiedad es una “losa muy pesada”, que se podría solucionar mediante registros autonómicos de fianzas para evitar costes e incertidumbres a los profesionales inmobiliarios. El colectivo también advierte que el inquilino quedará desprotegido ante la incertidumbre de extinción del contrato de arrendamiento por venta o necesidad no advertida de forma previa, al tiempo que Ollé apuesta por un “potente servicio privado de mediación” en arrendamiento, venta y ejecuciones.
Estos profesionales también se han mostrado dispuestos a intermediar en el proceso de valoración de los activos inmobiliarios en manos de los bancos y cajas que pasarán a formar parte de la cartera del banco malo. “Por nuestra experiencia en el mercado, tenemos toda la información y las herramientas para llevar a cabo esas valoraciones”, aseguran fuentes del sector.

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Fuente: Cinco Días

Cancelar una hipoteca cuesta hoy casi el triple que hace un mes. El Gobierno aprobó en mayo una subida que casi triplica los gastos que cobran los notarios y los registradores por la cancelación de una hipoteca, según ha denunciado este lunes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha remitido una queja por ello al presidente Mariano Rajoy (registrador de carrera) y a todos los grupos parlamentarios. Con los nuevos aranceles, según los cálculos de la OCU, pasar por el notario para cancelar una hipoteca que en su día fue contratada por 150.000 euros costará 137 euros, frente a los 50 euros de antes, es decir, 175% más. Además, independientemente del importe del préstamo se pagará un mínimo de 90 euros. Si después el titular de esa hipoteca decide comunicar esa cancelación al registro, deberá abonar otros 84 euros, frente a los 28,85 euros anteriores. Y siempre habrá un mínimo a cobrar de 24 euros.

Sin embargo, la OCU denuncia que se rebajan los costes para las entidades financieras que tengan que cancelar hipotecas para venderlas. El Gobierno aprovechó la aprobación del real decreto ley sobre saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero para incrementar los aranceles. Estos cambios se producen solo seis meses después de que el anterior Gobierno socialista aprobara un real decreto que unificaba todos los aranceles que cobran registradores y notarios para dar mayor transparencia, y "dejaba claro cuáles eran los importes a pagar".

En un comunicado, la OCU recuerda que en septiembre de 2011 ya denunció que "un gran número de notarios y registradores" cobraba de más en las cancelaciones hipotecarias, contra lo marcado en la ley aprobada en 2007. La organización, que denunció los hechos ante la Fiscalía del Tribunal Supremo y ante el Ministerio de Justicia, calcula que en un año se cobraron 93 millones de euros de más.

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Fuente: El País

Los registradores de la Propiedad son partidarios de que el Gobierno modifique la actual legislación para que quienes compraron una vivienda y posteriormente un tribunal anuló el planteamiento urbanístico no se encuentren con la vivienda demolida si demuestran que actuaron de buena fe. A día de hoy, el asunto está resuelto legalmente. El problema se plantea en miles de viviendas en toda España que se compraron antes de la modificación legal de 2011. Esta solución, explicó el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Alfonso Candau, es más complicada que el que se pongan de acuerdo las salas de lo Civil y de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que mantiene doctrinas enfrentadas. La registradora y ex ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, comentó en el Congreso Iberoamericano de Registradores, que se celebra desde ayer en Cádiz, que esta situación está generando un gran escándalo en países como Reino Unido, Alemania y los países escandinavos, donde muchos nacionales venden sus casas para comprar una vivienda en España, que en muchas ocasiones termina bajo amenaza de derribo al pesar de contar con el respaldo de la fe registral.  

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Fuente: El Economista, Cinco Días

Años pagando religiosamente la hipoteca de la casa y, cuando se termina por fin de abonar el préstamo, llega otro gasto más. Los 200 euros o más que conllevan los trámites ante el notario y el registrador de la propiedad para cancelarlo. Pero esas cantidades, cobradas sistemática y arbitrariamente por esos funcionarios, son un exceso que, desde 2007, les ha producido beneficios millonarios. Justicia ha decidido acabar con ello y ha aclarado el arancel que conllevan estos trámites. Ahora, que el notario cobre para realizarlos más de 55 euros o el registrador más de 24 es ilegal. Y en sus minutas no cabe ningún otro concepto.

Esas tarifas ya estaban vigentes desde 2007 cuando el Gobierno aprobó una rebaja del arancel que cobran notarios y registradores por las cancelaciones de créditos hipotecarios. La Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente de Justicia, dio desde 2009 la razón a varios perjudicados a los que se había cobrado de más. Pero estos funcionarios, que cobran por cada uno de los trámites en los que intervienen, se negaron a aplicar esas resoluciones y continuaron inflando sus facturas. Desobedecieron, incluso, resoluciones judiciales.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dio la voz de alarma en septiembre. Tras realizar un estudio entre sus socios, averiguó que, en las 83 operaciones analizadas, notarios y registradores habían cobrado 10.370 euros de más. El colectivo extrapoló esa cifra a las 372.042 cancelaciones de hipotecas que se tramitaron en 2010 obteniendo una cifra escandalosa. El sobrecobro total, si esas prácticas fueran generalizadas, superaba los 93 millones de euros. La OCU denunció el asunto ante la fiscalía y dio cuenta a Justicia para reclamar que estos funcionarios devolvieran lo ganado indebidamente. El resultado es la modificación de los decretos en los que se recogen los aranceles de notarios y registradores recién aprobado, que no les deja margen para interpretarlo en su beneficio.

Porque eso, precisamente, es lo que hacían. A pesar de que la propia exposición de motivos de la reforma de la ley de subrogación y modificación de hipotecas aprobada en 2007 explicaba que su objetivo era extender la rebaja en el arancel "a las cancelaciones que no tienen como finalidad la subrogación y a los créditos hipotecarios", es decir, a las que se realizan una vez que la hipoteca se ha terminado de pagar, notarios y registradores entendían que el descuento solo era aplicable en los casos de subrogación (cuando el préstamo pasa a otra persona) y modificación de hipoteca, pero no en estas cancelaciones finales. Y lo hacían a pesar de que la Dirección General de Registros había resuelto reiteradamente que esa interpretación no era la correcta.

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Fuente: El País

En los registros de la propiedad se inscribieron en julio un total de 46.980 fincas hipotecadas, un 44,2% menos que en idéntico mes de 2010, según el estudio hecho público por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellas, 29.523 fueron viviendas, la cifra más baja de la serie histórica que el INE comenzó a elaborar en 2003 y un 47% inferior a las hipotecas suscritas en el mismo mes del año pasado. El capital prestado, que apenas superó los 3.265 millones de euros, también se desplomó un 51,8% en los últimos 12 meses. El importe medio de las hipotecas descendió el 9% respecto al año pasado y se situó en 110.604 euros.  
En este trabajo se analiza qué ocurría antes de la crisis. En julio de 2007, justo antes de la crisis de las hipotecas subprime, se firmaban más de 100.000 préstamos con garantía hipotecaria al mes, tres veces más que en la actualidad. Y el capital que se prestaba superaba los 15.700 millones, casi cinco veces más que ahora. Las últimas cifras de antes del verano que manejaban los agentes de la propiedad inmobiliaria sostenían que el 75% de las compraventas no se cerraba a la primera por problemas en la consecución del préstamo. Es muy probable que ese porcentaje haya aumentado, aunque todavía no se disponga de cifras oficiales.
A medida que se ha ido constatando que la crisis del ‘ladrillo’ no iba a solventarse con un aterrizaje suave de precios y actividad, el Gobierno ha tratado de frenar la sangría con distintas iniciativas. Desde el principio del crac se dijo que cuanto antes se absorbiera el excedente de casas sin vender (del orden de las 700.000 según los últimos datos oficiales), antes se saldría de la crisis. El Ejecutivo puso entonces en marcha medidas para estimular la venta de ese stock. Facilitó que parte de esas casas se convirtieran en viviendas de protección oficial con el objetivo de propiciar su venta o alquiler, pero no funcionó. El motivo, según los promotores; “la falta de crédito”. El siguiente golpe de efecto lo constituyó el anuncio de la subida del IVA (que afectaba a la vivienda nueva de precio libre al pasar del 7% al 8%). Solo los meses inmediatamente anteriores a dicho incremento la estadística de ventas de pisos se anotó una ligera mejora, que rápidamente después se esfumó. En la serie de hipotecas lo único que se dejó sentir es que las caídas se amortiguaron levemente. El anuncio de que a partir de enero de 2011 desaparecía la desgravación por compra de vivienda para las rentas superiores a 24.000 euros anuales tuvo también un efecto efímero. El último trimestre de 2010 cerró con un aumento de las ventas de casas del 14,4% respecto a los últimos tres meses de 2009. Pero en el conjunto del año, la subida fue de apenas un 1,2% (27.568 casas más). En total, en 2010 se vendieran 491.287 viviendas, casi la mitad que en 2006, último ejercicio completo de boom. Falta por ver la reacción del mercado al último estímulo aprobado: la rebaja del IVA del 8% al 4% para las viviendas nuevas hasta el 31 de diciembre que entró en vigor en agosto.   

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Fuente:Cinco Días, El Economista, Expansión, El País, El Mundo, La Razón, La Gaceta, La Vanguardia, ABC

El Registro de la Propiedad atenderá en inglés las peticiones por internet de los ciudadanos extranjeros con el objetivo de ayudarles a invertir en el sector inmobiliario español, informó el Ministerio de Fomento. Este nuevo servicio ha sido creado para ayudar a los usuarios internacionales a “saltar las barreras” de la terminología jurídica española y evaluar e interpretar correctamente la información emitida por las más de mil oficinas del Registro de la Propiedad. La secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, añadió que con ello los extranjeros podrán disponer de toda la información necesaria antes de adquirir un inmueble para comprobar que no hay ningún riesgo en la operación. Este servicio se enmarca dentro de las medidas aprobadas por el Gobierno para incrementar la transparencia y seguridad jurídica en el sector inmobiliario.  

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Fuente: Cinco Días

Los Registros de la Propiedad han comenzado a rechazar como cláusulas abusivas las incluidas en las escrituras hipotecarias por algunas entidades financieras, preferentemente pequeñas cajas de ahorros, en las que se incluye un valor de tasación para el mercado hipotecario y otra valoración bastante más baja para el caso de que se llegue a la subasta judicial en un proceso de ejecución de la vivienda por impago. De esta forma, mientras que el certificado de tasación incluido en la escritura da un valor determinado, el clausulado del documento notarial de préstamo hipotecario incluye una segunda valoración o lo hace mediante la inclusión de un valor denominado Total Responsabilidad, que supone una cantidad bastante menor que el valor ratificado por la tasadora.
En alguno de los casos la discrepancia de valores queda patente en la escritura en el apartado titulado Procedimiento Judicial-Jurisdicción en el que se indica que “a efectos de la ejecución hipotecaria las partes intervinientes tasan cada una de las fincas hipotecadas, como precio de las mismas a fin de que sirvan de tipo en la subasta las cantidades antes consignadas como total responsabilidad”. De esta forma, se indica que la entidad financiera cuenta con un valor del inmueble muy elevado para incluirlo en la emisión de bonos, células o participaciones en el mercado hipotecario y otro bastante más bajo por el que en caso de ejecución hipotecaria del cliente, la entidad puede hacerse con la vivienda por el 50% de una cantidad mucho más baja que la tasación oficial, si como está sucediendo en la actualidad en multitud de casos, el procedimiento se declara desierto. Esta reducción al 50% sobre el valor de tasación de la vivienda está regulado en el artículo 671.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y tiene su origen en la garantía de que la vivienda no sea adjudicada por un precio desproporcionadamente bajo sobre el valor del inmueble, lo que supondría un enriquecimiento injusto del acreedor, puesto que de otra forma el precio de la vivienda podría llegar a cantidades ridículas. Sin embargo, en la práctica se ha convertido en el precio generalizado de adjudicación de las subastas, lo que ahora se agrava por efecto de la doble tasación.
En otros de los casos, la caja incluye en el clausulado un valor bastante inferior al que consta en la tasación protocolizada que acompaña a la escritura, lo que podría ser interpretado como un simple error a la hora de inscribir el valor de tasación incluido en el articulado, un error que se repite en otras escrituras de las mismas entidades financieras. En estos casos, la hipoteca puede ser inscrita parcialmente en el Registro de la Propiedad, con excepción del procedimiento de ejecución directa sobre los bienes hipotecados, es decir, el procedimiento de subasta por impago. Otro asunto es el de los intereses moratorios, sobre los que los registradores no pueden calificar y que en gran parte de los casos superan el 18%, últimamente declarados abusivos por los jueces.

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Fuente: El Economista