Noticias sobre Ministerio de hacienda

El Gobierno planea que la inversión en construcción suba más de seis puntos (desde el ‐3,3% hasta el 3,1%) en un año. Es una de las proyecciones macroeconómicas en las que se ha basado Hacienda para elaborar los Presupuestos Generales del Estado.
Los expertos explican que, si bien esperan que el año 2015 sea un año bueno para este sector, advierten que estas cifras aún son débiles. Este incremento lo provoca en gran medida la subida de la inversión en obra pública. Los créditos asignados a las políticas de infraestructuras ascienden a 6.141,02 millones de euros, un 12,6% más que un año antes. Y, de este montante, 2.882 millones corresponden a inversión pública. “Aun así, hablamos de cifras muy bajas”, subraya el profesor del Centro de Estudios Financieros, Juan Fernando Robles. Sin embargo, sí que aventura que en 2015 la construcción se verá mimada por la obra privada. “Los primeros síntomas los vemos en las hipotecas o venta de casas”, explica.
 

El Ministerio de Hacienda no eliminará la deducción por compra de vivienda en el IRPF de manera retroactiva, a pesar de que el comité de expertos previsiblemente sí lo incluirá en la propuesta de reforma fiscal que está a punto de concluir, según confirmaron fuentes del Gobierno.
La deducción por adquisición de vivienda en el IRPF está suprimida para las compras realizadas a partir del 1 de enero de 2013, pero aún son muchos los españoles que adquirieron su vivienda antes de esta fecha que siguen disfrutando de dicha desgravación, que fija un máximo deducible de 1.350 euros por contribuyente sobre una base máxima de 9.015 euros anuales. Los Presupuestos Generales del Estado de este año estiman una pérdida de ingresos tributarios de 1.785,43 millones de euros por esta deducción que aún se aplican unos cinco millones de españoles. Esta partida es un 5,5% inferior a la de un año antes (1.889 millones), dado que cada ejercicio que pasa el número de beneficiarios de esta desgravación va descendiendo, según se van cancelando las hipotecas.
El Gobierno del PP eliminó la deducción por compra de vivienda a partir del 1 de enero de 2013, estableciendo un régimen transitorio para los que hubieran adquirido su casa con anterioridad a esta fecha, después de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero la limitara a las rentas más bajas (menos de 24.000 euros) y eliminara los porcentajes incrementados. Numerosos organismos internacionales, como el FMI o la OCDE, hace años que solicitan a España que suprima definitivamente esta desgravación al estimar que únicamente contribuyó en el pasado a seguir hinchando la burbuja inmobiliaria y de crédito que se registró desde finales de los años 90 hasta 2007. Además, los más críticos consideran que se trata de una desgravación regresiva, puesto que favorece a las rentas más altas, que son las que pueden aplicarse la deducción completa y llegar a la máxima reducción posible de su factura fiscal. Otro de los argumentos que esgrimen los detractores de este beneficio fiscal es que la devolución de Hacienda supone un incentivo para la inversión en vivienda: “La propiedad tiene un premio fiscal que en España ha influido considerablemente en detrimento del alquiler”, reiteran numerosos expertos. Su creciente popularidad animó las compras y también la solicitud de hipotecas, incluso entre aquellos que podían pagar la casa al contado, ya que la posibilidad de disfrutar del beneficio fiscal durante más años llegaba a ser superior al coste financiero del crédito hipotecario en determinados supuestos. Del millón y medio de declarantes con alguna modalidad de deducción por vivienda en 1983 se pasó a más de siete millones en 2006, justo antes del estallido de la crisis. Por lo tanto, y a pesar de que es muy probable que el comité de sabios que está elaborando la propuesta de reforma fiscal incluya la supresión de esta deducción, Hacienda considera que suprimirla de un año para otro va en contra de los derechos adquiridos por los contribuyentes que se la vienen aplicando y, por ello, no tiene intención de hacerlo.

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Fuente: Cinco Días, La Razón
 

En un par de semanas Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda tendrá sobre su mesa la propuesta elaborada por el comité de expertos. El ministro tiene su propia hoja de ruta. El plan del Gobierno es que la reforma entre en vigor en 2015, coincidiendo con año electoral, lo que provocará que la reforma quede rebajada sobre las expectativas iniciales. No obstante, el ministro ya ha advertido de que el plan fiscal se implantará en varias fases entre 2015 y 2017. Este calendario le daría la posibilidad al Gobierno de aplazar las medidas más polémicas ‐suprimir la deducción por vivienda con carácter retroactivo, limitar módulos o subir el IVA mediante la reclasificación de productos gravados a tipo superreducido al reducido y al general‐ hasta después de las elecciones.
Desde el pasado otoño, el grupo de sabios se reúne cada lunes para avanzar en la propuesta. Pero hasta hace poco no han empezado a trabajar con datos para comprobar el impacto de las medidas que proponen, según fuentes próximas al comité que coinciden en que hay tensiones entre algunos miembros. Existe un bloque conservador liderado por Manuel Lagares que aspira a presentar una reforma suave, al gusto de Montoro, y posponer las medidas más radicales. Hay otro bando de ideología más liberal que defiende una bajada de impuestos más ambiciosa. Entre ambos bandos existen diferencias. Por eso, el comité aún no tiene un informe con medidas concretas aunque manejan un documento que recoge los diferentes planteamientos. No obstante, en Hacienda aseguran que la propuesta que presente el grupo servirá de referencia pero admiten que se modificará con las opiniones del Ejecutivo. Fuentes próximas al comité consideran que en Hacienda tienen claro cuáles deben ser las claves de la reforma y asumen que el plan que presenten será retocado.
Uno de los principales puntos de conflicto en el seno del comité de sabios es qué hacer con la deducción por compra de vivienda en el IRPF para los que aún la disfrutan. Algunos expertos del comité abogan por suprimirla con carácter retroactivo. Pero la medida es controvertida y enfrentaría a una parte de la clase media con el PP en pleno año electoral. Así que la idea es mantenerlo o reducirla de forma escalonada ‐mantenerlo para rentas bajas y limitarlo para las altas poco a poco‐. Esa solución concordaría con lo que dijo el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, hace unas semanas: “No tendría sentido eliminar la deducción por vivienda de golpe y porrazo”. A cambio algunos de los expertos defienden la imputación de la vivienda, incluida la habitual, como renta presunta. Esta fórmula permitiría gravar la riqueza en forma de vivienda. Sería un gran cambio y supondría un coste para los ciudadanos. La base imponible del IRPF incluiría sumaría la cantidad resultante de aplicar un porcentaje mínimo, cerca del 2%, al valor catastral y permitiendo la deducción de los gastos asociados a la vivienda, como los intereses de la hipoteca. Sería recuperar un modelo parecido al que estaba en vigor con la ley de la renta de 1991. Otra de las soluciones que están sobre la mesa para elevar la recaudación y permitir una bajada de tipos es una fuerte subida del IBI.

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Fuente: El País

La elevada fiscalidad que envuelve a la vivienda podría verse incrementada aún más. Varios profesionales del sector asumen con temor que la comisión de expertos que cocina la próxima reforma fiscal ‐que verá la luz en primavera‐ podría estar estudiando la posibilidad de pasar la adquisición de casas a estrenar del IVA reducido, del 10%, al general, del 21%. Una posible modificación tributaria que fuentes del Ministerio de Hacienda califican como otra elucubración más entre todas las que se están haciendo en torno a la reforma. Desde Hacienda se insiste en que el Gobierno no está estudiando ninguna medida a la espera del informe de los expertos, y que será a partir de febrero cuando se tomen las decisiones concretas. Las mismas fuentes ministeriales recuerdan que Bruselas dictó una sentencia que obliga a pasar al régimen general algunos productos, entre los que no se encuentra la vivienda. En este sentido, Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda, ha admitido que “el futuro del IVA no está escrito”, aunque ha insistido en que la apuesta de su departamento es ampliar las bases imponibles del tributo más que cambiar los diferentes tipos nominales del gravamen.
El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) y de los promotores madrileños (Asprima), José Manuel Galindo, avisa de la consecuencia inmediata que tendría el incremento del impuesto: “La vivienda pasaría a valer inicialmente un 11% más. Que posteriormente se reajuste, ya se vería”. “En cualquier caso, sería una muy mala noticia que se pasara al régimen general, tanto para el sector como para el ciudadano”. “Además, el cambio de tipo tendría efectos muy negativos para la actividad económica y el empleo”, advierte.
José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), vaticina que la subida del IVA al 21% “sería catastrófica” ya que “ralentizaría aún más una producción inmobiliaria que está bajo mínimos”. Por ello, el experto fiscal y su colectivo abogan por mantener el statu quo actual, por la estabilidad. “El aumento de impuestos no parece que sea el mejor cóctel para que el mercado mejore, sino todo lo contrario ya que deteriora el consumo”, avisa. Mollinedo reconoce que España es el último país de los Veintisiete en recaudación a través del IVA y entiende que el Gobierno quiera corregir esta realidad, pero, en su opinión, “no es por una cuestión de estructura, ya que la mayoría de países cuenta con tipos reducidos impositivos”. Señala como causa el “importante fraude fiscal” haciendo alusión, por ejemplo, a que “en el mercado inmobiliario existe la práctica de escriturar por debajo del precio real”.

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Fuente: El Mundo

En el afán por cuadrar las cuentas públicas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, introdujo una nueva normativa fiscal el pasado verano, que pasó casi desapercibida, pero cuyos efectos verán los contribuyentes afectados en los próximos días al hacer la declaración de la renta del año fiscal 2012. El Ejecutivo suprimió la compensación fiscal aplicable a los contribuyentes que adquirieron su vivienda antes del 20 de enero de 2006. Es decir, unos 3,4 millones de contribuyentes verán cómo se benefician de un menor porcentaje en la exención por la compra de su vivienda habitual, frente al importe que se pudieron deducir en años precedentes. No se suprime la ayuda fiscal total, pero la deducción que se puede aplicar a partir de ahora es inferior.
Aquellos que compraron su casa con financiación antes de principios de 2006 podían deducirse sobre 4.507 euros pagados el 25% en lugar del 15%. Y a partir de los dos primeros años, el 20%. De esta forma, como ya tenían una antigüedad en el pago de sus hipotecas de más de dos años, se deducían cinco puntos adicionales. Esta posibilidad desaparece. Es una compensación que se diseñó para evitar las diferencias al a baja de un programa de ventajas fiscales a la adquisición de casas anterior a esa fecha. Según datos de la Agencia Tributaria, unos 3,43 millones de contribuyentes se benefician al año de la compensación por adquisición de vivienda.

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Fuente: La Vanguardia

La banca ve con buenos ojos el saneamiento adicional de los inmuebles en balance de las entidades financieras que quiere llevar a cabo el Gobierno. La intención es actualizar las tasaciones de estos activos y aplicarles una rebaja media del 20%, con el objetivo de acelerar la limpieza de los balances y la concentración del sector. Esta medida elevará la cobertura con provisiones de los adjudicados de la banca del 30% al 50%. Bancos y cajas señalaron ayer que esta iniciativa es solo un primer paso del saneamiento que necesita el sector. Las dos partes del sector financiero disienten, sin embargo, en cuáles deben ser los pasos posteriores.
Los bancos consultados abogan por realizar este ajuste de provisiones y cargarlo contra la cuenta de resultados. Para aquellas entidades que no puedan aguantar con sus propios recursos esta limpieza y su posterior recapitalización, son partidarios de prestarles ayuda con fondos públicos y, posteriormente, subastarlas en procesos competitivos. En el sector reclaman que estas subastas sean más transparentes que las realizadas hasta ahora. “Las ofertas que se estructuran en torno a un Esquema de Protección de Activos (EPA) son poco transparentes, debido a que no permiten saber cuál será el coste total de una crisis de una entidad”, comentan en una entidad. En el caso de CAM, el coste final para el Fondo de Garantía de Depósitos se conocerá dentro de diez años.
Los bancos se oponen, en principio, a la creación de un ‘banco malo’, idea a la que si son favorables la mayoría de las cajas, que prefieren denominarlo ‘banco de suelo’: entidad (pública o público-privada) donde pueden aparcar sus activos inmobiliarios tóxicos. Los bancos se oponen a esta idea si supone un ‘manguerazo’ de dinero público al conjunto del sector. Estiman que solo las entidades más débiles deben recibir fondos del Estado, con la exigencia de reestructurarse y fusionarse con otro banco. En principio, tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, coinciden en la necesidad de forzar primero el saneamiento privado de las entidades y subastarlas posteriormente con apoyo público. No obstante, fuentes cercanas al Ministerio de Economía sostienen que De Guindos sería partidario de crear un ‘banco malo’ si las necesidades de fondos son muy elevadas. Informes técnicos de este departamento cifran en 30.000 millones de euros el saneamiento que las entidades podrían hacer a través de fusiones privadas. En el sector se da por descontado que harán falta recursos públicos adicionales. Distintas fuentes del Ejecutivo apuestan por recurrir al Fondo de Rescate Europeo, que tiene la doble misión de prestar ayuda a países y a entidades con déficit de recapitalización.  

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Fuente:Expansión

Bruselas se ha dirigido al Ministerio de Economía y Hacienda para pedir una justificación sobre la rebaja del IVA de vivienda nueva desde el 8% al 4% que entró en vigor en agosto. Es el primer paso que da la Comisión Europea (CE) cuando abre un procedimiento de infracción a un Estado miembro. La Dirección General de Tributos prepara una respuesta. Fuentes cercanas al proceso dudan de que las explicaciones del Gobierno satisfagan a las autoridades europeas y dan cuenta de que la interpelación inicial es un mero trámite, por lo que previsiblemente la CE hará público que abre un procedimiento de infracción a España por la medida.
Se comenta que al Ejecutivo la interpelación no le preocupa en exceso, dado que la medida termina el 31 de diciembre, pero sí compromete la promesa del PP de prorrogarla un año si gana las elecciones del 20‐N.  

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Fuente: Expansión

La orden ministerial de Transparencia Bancaria que tramita el Ministerio de Economía y Hacienda permitirá a bancos y cajas introducir en las hipotecas cláusulas suelo -límites a la bajada de tipos de interés-, de forma que las entidades se aseguran una rentabilidad mínima frente a descensos bruscos del precio del dinero. Esta práctica y los seguros frente a la subida de los tipos, también entre los objetivos de la norma, están pendientes de calificación en los tribunales. La Justicia sigue emitiendo sentencias contradictorias con respecto a su legalidad. En septiembre de 2010, un juez de Sevilla obligó a tres entidades a retirar ambas cláusulas de sus créditos hipotecarios por considerarlas “abusivas”. El pasado jueves, otro de Madrid avaló la cláusula suelo en las del BBVA. Las asociaciones de usuarios consideran que esta cláusula “merma considerablemente el derecho de los consumidores a beneficiarse de bajadas de tipos”, según las alegaciones presentadas por Adicae a la norma, que solo obliga a que sea el notario quien avale su legalidad antes de firmar el crédito.
La orden da también vía libre a la banca para cobrar comisiones por todo tipo de “servicios efectivamente prestados”, como informar a los clientes sobre sus productos. La norma especifica que la cuantía a cobrar se fijará “libremente” por el acuerdo entre la entidad y el usuario. El texto obliga a las entidades a hacer públicos esos precios en sus oficinas, sitios web y en la página del Banco de España para dar más transparencia al sector, pero retira al regulador su función de control de esas comisiones antes de su aplicación.

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Fuente: ABC, La Gaceta, El Mundo, Expansión y El País

La Dirección General del Catastro, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, ha iniciado la notificación por internet de los nuevos valores catastrales de los inmuebles. Y lo ha hecho comenzando por la ciudad de Madrid. Estos nuevos valores serán efectivos desde 1 de enero de 2012, por lo que los titulares de los más de dos millones de inmuebles de la capital cuya valoración se ha actualizado este año pueden consultar su nuevo valor catastral en la sede electrónica del organismo hasta el 15 de septiembre. A partir del 1 de septiembre, el servicio estará disponible para los ciudadanos de los otros 215 municipios de toda España que han decidido revisar este año el valor catastral de sus inmuebles. La nueva valoración realizada por el Catastro duplicará el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del próximo año y de los nueve siguientes. En el caso de Madrid, donde no se había actualizado el catastro desde 2001 y este año se ha solicitado la revisión, ha habido caídas de precios y el resultado es que el valor catastral, que suele suponer el 50% del valor de mercado del inmueble, se dispara. Según el Ayuntamiento de Madrid, que insiste en que los tipos del impuesto no suben, el incremento medio del IBI será del 5,7% al año hasta 2021 y el aumento del valor catastral del 74%. 

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Fuente: Cinco Días, ABC, La Gaceta

El Ministerio de Hacienda ha aprovechado el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal para modificar la legislación del IVA y asegurarse el cobro del impuesto en los casos en que una empresa inmersa en un procedimiento concursal vende un inmueble. Actualmente, el problema es que los créditos que nacen con posterioridad al auto de declaración de concurso dictado por los tribunales forman parte de crédito contra la masa, que tiene preferencia de pago respecto de los créditos anteriores. Ello puede perjudicar los intereses de Hacienda ya que, como explica Maribel Villaró, socio de Cuatrecasas, cuando una empresa concursada vende un inmueble destinará los ingresos obtenidos, incluido el IVA repercutido, a pagar los créditos contra la masa en orden a su vencimiento. Así, no resulta extraño que cuando llega el momento de liquidar trimestralmente el impuesto ante la Agencia Tributaria, la compañía en concurso puede carecer de recursos para pagar el impuesto. Para evitar esta situación, Hacienda ha incluido una disposición adicional en el proyecto de ley que establece que en las ventas de inmuebles de una empresa en concurso será el comprador y no el vendedor quien ingrese el IVA. Se modifica, así, el sujeto pasivo para evitar que la compañía vendedora se gaste el IVA repercutido antes de liquidar el tributo ante la Administración Tributaria.

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Fuente: Cinco Días