Noticias sobre Activos inmobiliarios tóxicos

Es difícil, por no decir imposible, poner fecha al final del desplome del precio de la vivienda. No será este año. Así lo aseguran los analistas y así lo ratificó hace una semana el propio Gobierno en el BOE. El pasado 23 de febrero, el Ejecutivo aprobó la reforma del Real Decreto‐ley 10/2008 por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. La norma es una prórroga de la moratoria contable que aprobó en 2008 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para evitar la quiebra de promotoras inmobiliarias. A través de la misma, se eximía entonces durante dos años ‐periodo ahora ampliado a lo que resta de éste‐ a las promotoras de contabilizar las pérdidas “que se derivan del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias “. Es decir, lo que el decreto permite es que las inmobiliarias no tengan que asumir la depreciación del valor que han sufrido sus activos ‐suelos o edificios‐. Al poder mantener la valoración de sus viviendas o suelos, muchas han evitado entrar en causa de disolución, situación que se da cuando el patrimonio neto de una compañía se sitúa por debajo de la mitad del valor de su capital social.
Al justificar la prórroga de este decreto, el Ejecutivo asume que el proceso de consolidación bancaria ‐es decir, la creación de la Sareb, el conocido como banco malo, al que la banca con ayudas a traspasado sus activos inmobiliarios tóxicos‐ va a provocar una nueva caída significativa del valor de mercado de los bienes inmuebles. Por eso, añade, “se hace necesaria la aprobación de una nueva prórroga de esta medida, al menos, durante este año, que es el tiempo mínimo para negociar la reestructuración de los pasivos del sector y evitar que las empresas del sector inmobiliario entren en concurso de acreedores”.
Desde que comenzó la crisis, el precio de la vivienda ha caído un 22%, según las estadísticas de Fomento. Y casi nadie duda de que Sareb va a contribuir a profundizar esa caída por cuanto la principal y casi única vía para dar salida a sus activos, poco atractivos por características como sumala ubicación o estado, es vía descuento de sus precios.

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Fuente: La Razón

En el mercado inmobiliario existe una máxima: el precio de una vivienda es el que alguien está dispuesto a pagar por ella. Pero esta regla no sirve de gran ayuda a los ciudadanos que, en tiempos de crisis, están pensando en vender su piso porque tienen dificultades para pagar la hipoteca o los que quieren destinar sus ahorros a la compra de una ganga. Desde que estalló la burbuja, la vivienda ha perdido, de media, un tercio de su valor y la mayoría de los expertos consultados en este amplio reportaje coincide en que habrá más caídas este año. Pocos se atreven a pronosticar hasta dónde llegará el desplome.
Oficialmente, el precio de la vivienda libre se situó a finales de 2012 en 1.531 euros el metro cuadrado, un 27% menos que el pico del primer trimestre de 2008, según el Ministerio de Fomento. Los expertos aseguran que la caída ha sido mayor, de entre el 30% y el 47%, según la fuente. Pero el mercado residencial es tan heterogéneo que en el fondo esa media tiene una validez relativa. “Es un mercado muy diverso; las estadísticas son medias y tienen la validez que tienen”, advierte Raúl García, director del área comercial de Tinsa. “En algunos barrios, las caídas habrán llegado a ser del 60%”, añade.
También ha perdido peso una de las referencias clave para determinar los precios. El mercado, atenazado por la falta de financiación y la escasa demanda derivadas de la crisis económica y un desempleo histórico, cada vez registra menos operaciones con las que comparar el valor de un inmueble: las compraventas se han desplomado de las 900.000 en 2004 a las 300.000 en 2011. “Compradores y vendedores tienen percepciones absurdas: los primeros exigen descuentos que a veces son imposibles y los segundos no quieren arriesgarse a perder dinero; todo esto contribuye a dificultar que se llegue a acuerdos”, añade José García‐Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Los promotores prefieren no dar porcentajes sobre la evolución en 2013. “La media puede ir a la baja, pero todo no va a caer”, asegura José Manuel Galindo, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). La Sareb, el banco malo creado para engullir el ‘ladrillo’ tóxico, prevé que el precio comience a subir en 2017 de forma sostenida a un ritmo medio del 3% anual, aunque hasta entonces espera dos años más de caídas y otros dos de estancamiento. Las tasadoras coinciden en que la tendencia será a la baja, pero sin dar cifras. “Dependerá de cómo evolucione la situación económica, sobre todo el empleo y el crédito”, opinan en Tinsa. Juan Fernández‐Aceytuno, director general de Sociedad de Tasación, calcula que el precio caerá hasta 2015. Standard & Poor’s prevé que España sea el país europeo en el que más caigan los precios este año, un 7,8%, y prevé otro descenso del 6% en 2014, dado el gran número de activos sin vender. “Todo nos hace pensar que el mercado se seguirá corrigiendo en 2013, porque sigue dominado por un entorno de recesión dura y prolongada”, opina Ángel Serrano, director general de negocio de Aguirre Newman.

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Fuente:El País

La banca ve con buenos ojos el saneamiento adicional de los inmuebles en balance de las entidades financieras que quiere llevar a cabo el Gobierno. La intención es actualizar las tasaciones de estos activos y aplicarles una rebaja media del 20%, con el objetivo de acelerar la limpieza de los balances y la concentración del sector. Esta medida elevará la cobertura con provisiones de los adjudicados de la banca del 30% al 50%. Bancos y cajas señalaron ayer que esta iniciativa es solo un primer paso del saneamiento que necesita el sector. Las dos partes del sector financiero disienten, sin embargo, en cuáles deben ser los pasos posteriores.
Los bancos consultados abogan por realizar este ajuste de provisiones y cargarlo contra la cuenta de resultados. Para aquellas entidades que no puedan aguantar con sus propios recursos esta limpieza y su posterior recapitalización, son partidarios de prestarles ayuda con fondos públicos y, posteriormente, subastarlas en procesos competitivos. En el sector reclaman que estas subastas sean más transparentes que las realizadas hasta ahora. “Las ofertas que se estructuran en torno a un Esquema de Protección de Activos (EPA) son poco transparentes, debido a que no permiten saber cuál será el coste total de una crisis de una entidad”, comentan en una entidad. En el caso de CAM, el coste final para el Fondo de Garantía de Depósitos se conocerá dentro de diez años.
Los bancos se oponen, en principio, a la creación de un ‘banco malo’, idea a la que si son favorables la mayoría de las cajas, que prefieren denominarlo ‘banco de suelo’: entidad (pública o público-privada) donde pueden aparcar sus activos inmobiliarios tóxicos. Los bancos se oponen a esta idea si supone un ‘manguerazo’ de dinero público al conjunto del sector. Estiman que solo las entidades más débiles deben recibir fondos del Estado, con la exigencia de reestructurarse y fusionarse con otro banco. En principio, tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, coinciden en la necesidad de forzar primero el saneamiento privado de las entidades y subastarlas posteriormente con apoyo público. No obstante, fuentes cercanas al Ministerio de Economía sostienen que De Guindos sería partidario de crear un ‘banco malo’ si las necesidades de fondos son muy elevadas. Informes técnicos de este departamento cifran en 30.000 millones de euros el saneamiento que las entidades podrían hacer a través de fusiones privadas. En el sector se da por descontado que harán falta recursos públicos adicionales. Distintas fuentes del Ejecutivo apuestan por recurrir al Fondo de Rescate Europeo, que tiene la doble misión de prestar ayuda a países y a entidades con déficit de recapitalización.  

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Fuente:Expansión