Noticias sobre Estabilidad financiera

El presidente de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES), Carlos Baños, ha dicho que “las refinanciaciones han sido una nube que ha impedido ver el estado real de la mora hipotecaria”. Explicó que esta realidad viene siendo denunciada por la asociación y por fin es admitida por el Banco de España en su último informe de estabilidad financiera.
El creciente incremento de los activos dudosos viene reflejado en los trabajos de revisión de la clasificación contable de las carteras refinanciadas o reestructuradas que el Banco de España solicitó a las entidades para antes del 30 de septiembre, con el fin de garantizar la homogeneidad de los criterios a aplicar sobre las refinanciaciones. Con esta revisión se ha podido comprobar cómo las entidades se han visto obligadas a reclasificar préstamos reestructurados en situación normal o subestándar a la categoría de dudoso, aumentando esta última un 29%. Dentro de las tres categorías de créditos, el de activos normales cae un 35%, pasando de 73.557 millones de euros a 48.193 millones, los subestándar se incrementan un 10%, de 37.218 millones a 40.888 millones y los dudosos avanzan un 29%, de 71.660 millones a 92.224 millones. Así, se produce una relevante reclasificación desde la categoría normal a dudoso. “Es hora de trabajar juntos en la misma dirección. La dación en pago es la solución más limpia, pero produciría un efecto llamada que provocaría un aumento de las hipotecas impagadas, por ello, desde AFES pensamos que la quita es el mejor remedio y la banca debe interiorizarla como herramienta de trabajo, igual que hizo con los promotores”, añade Baños.

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Fuente: Cinco Días

La deuda financiera de las familias se ha reducido en casi 100.000 millones de euros desde que arrancara la crisis, un proceso de desapalancamiento que se debe en parte a las correcciones del mercado inmobiliario y a la restauración de la estabilidad financiera de los últimos meses, según el último número de Cuadernos de Información Económica, editada por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). En un artículo de los profesores Santiago Carbó y Francisco Rodríguez se recuerda que la deuda financiera de las familias aumentó de 653.400 millones en 2005 a 913.400 millones en 2008 y, posteriormente, disminuyó hasta los 822.800 millones en el primer trimestre de 2013. En términos de PIB, la deuda de los hogares pasó del 71,9% en 2005 al 86,5% en 2009 y en el primer trimestre de este año se situaba en el 78,6%. Sin embargo, los autores advierten de que el proceso será “largo”, ya que los caminos naturales para reducir la deuda, como la venta de vivienda o amortización anticipada de préstamos, aún no parecen “viables” por el elevado paro y la caída del valor de los inmuebles. En paralelo, el catedrático Joaquín Maudos estima que el coste para el contribuyente de las ayudas a la banca supone un déficit público el 3,8% del PIB.

El Gobierno español justificó su rechazo a algunas propuestas para luchar contra los desahucios porque peligraba la estabilidad financiera. Sin embargo, ahora el Banco Central Europeo (BCE), uno de los componentes de la troika que vela por la reestructuración financiera, el que le reclama más medidas contra el drama social que sufre España. En un dictamen firmado por el presidente de la institución, Mario Draghi, y dirigido al Gobierno de Mariano Rajoy, el BCE señala que “debería adoptarse un conjunto de medidas más amplio que aborde las causas subyacentes de las dificultades relacionadas con las hipotecas y que trate de evitar, en la medida de lo posible, las ejecuciones hipotecarias”. Y concluye aconsejando flexibilidad: “Solo con una estrategia de resolución más amplia se puede hacer frente a los retos que plantean los cambios en las circunstancias económicas de los prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables, manteniendo al mismo tiempo incentivos apropiados tanto para deudores como para acreedores y reduciendo al mínimo el posible riesgo moral”.
Y aunque el supervisor europeo aplaude el establecimiento de un fondo social de viviendas, considera que esa iniciativa debería ser parte de una estrategia amplia e integrada de gestión de las dificultades relacionadas con las hipotecas. “Esta estrategia puede desembocar finalmente en menos ejecuciones hipotecarias y menos necesidad de un fondo social de viviendas”, explica en su informe.

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Fuente: El País
 

Bruselas estudia su impacto en los objetivos a los que España se comprometió con la CE y el Banco Central Europeo (BCE), al recibir más de 40.000 millones de euros de dinero público europeo para sanear su sistema financiero.“Toda la regulación que tenga un efecto potencial, bien sobre las entidades de crédito españolas, bien sobre la estabilidad financiera, es analizada por los equipos de seguimiento del Programa de Ajuste Financiero para las entidades españolas”, aseguran fuentes comunitarias conocedoras de la situación. “En relación con la normativa aprobada por la CCAA de Andalucía, el equipo de seguimiento del Programa se encuentra actualmente valorando su impacto”, continúan estas mismas fuentes.
El real decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía podría perjudicar los objetivos fijados por el Memorando de Entendimiento en varios frentes. Por un lado, cabe la posibilidad de que surjan más necesidades de capital en las entidades de crédito, especialmente en las que han recibido ayudas públicas y se han sometido a unos estrictos planes de reestructuración. Por el otro, podría generar un coste adicional a la Sareb (que ha absorbido la cartera inmobiliaria de las entidades rescatadas), que cuenta con miles de viviendas en Andalucía y que podría ser multado con 9.000 euros por cada una de ellas si no las alquila o vende. Este coste extra obligaría a revisar el plan de negocio de la institución. Además, también puede influir en la reactivación del crédito a hogares y familias, ya que al endurecerse las condiciones para la entidad financiera, esta tiene menos incentivos para prestar.

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Fuente: Expansión

El informe de estabilidad financiera publicado por el Banco de España considera que la tasa de morosidad de las entidades financieras podría seguir creciendo a causa del panorama “macroeconómico”, para el que se dibuja un escenario de recesión en 2013. En paralelo, el constata que el crédito que concede la banca sigue cayendo. La tasa de morosidad de las personas físicas se situó en junio en el 3,8%, mientras que la mora hipotecaria alcanzaba el 3,1%. La institución expone, aun así, que la mora en créditos para compra de vivienda “sigue siendo relativamente reducida” gracias a factores socioeconómicos, como la red que proporcionan los familiares de los afectados, o el hecho de que la banca ha reducido la concesión de estos préstamos.

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Fuente: Cinco Días

José Luis Ruiz Bartolomé, consultor inmobiliario, opina que el ministro de Economía, Luis de Guindos, “parece haber conseguido aunar con audacia dos intereses en apariencia enfrentados, como son la de la seguridad jurídica y la misericordia para los más afectados por la crisis”. Comenta que “cambiar las reglas de juego en mitad de un partido no parece una opción sensata ni responsable. El beneficiado potencial aprenderá una muy mala lección de unos incentivos perversos que fomentarán el riesgo moral. Las leyes están para cumplirlas y nuestra Ley Hipotecaria, guste o no, incorporó a nuestro ordenamiento la regla de la responsabilidad patrimonial universal del deudor. Regla que, por otro lado, es la que rige y se aplica a la mayoría de los ciudadanos universales”. 
“Aunque De Guindos no lo ha concretado, es muy probable que la fórmula escogida para fomentar la dación en pago -incentivos fiscales- esté relacionada con un tratamiento fiscal neutro para la misma, de manera que tanto al banco como al deudor les interese optar por ésta llegado el caso. Si, por el contrario, todo se traduce a la mera adhesión a un Código de Buenos Usos, dudo del éxito de la medida y tendré que dar la razón a los que afirman que “solo es humo". En todo caso, no considera que se trate de una ayuda más a la banca -la ayuda es para los más desfavorecidos- ni tampoco que sea a costa de los contribuyentes -si es que efectivamente se opta por un incentivo fiscal neutro-, sino de una fórmula audaz para dar solución a un problema social sin comprometer la estabilidad financiera ni la seguridad jurídica”.

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Fuente: El Economista