Noticias sobre Pah

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cumple cinco años, en los que se han creado 205 plataformas. El verdadero trampolín de la PAH para atraer afectados y activistas a las asambleas fue el 15‐M. La paralización de desahucios se extendió hasta alcanzar 1.011, según el último recuento de la plataforma, de la semana pasada. El músculo de la calle les dio fuerza para impulsar la iniciativa legislativa popular (ILP) de la dación en pago. La recogida de firmas les sirvió para vertebrarse como movimiento por toda España. Consiguieron un millón y medio de firmas y una presión social que llevó a la mayoría del PP a admitir la ILP a trámite en el Congreso. Luego vetaron que prosperara, pero los integrantes de la PAH señalan la entrada de la ILP en la Cámara como uno de sus mayores logros. Pero el problema de los desahucios crece. La última cifra de lanzamientos de primera vivienda (35.098 entre enero y junio de 2013, según el Banco de España) indica que aumentan.
Si la ILP fue un punto álgido en el plano positivo, los escraches y la criminalización de la PAH fue el negativo. Tras señalar a varios políticos del PP, la delegada del Gobierno en Madrid equiparó las acciones y a Ada Colau con el terrorismo de ETA. La PAH respondió con la campaña Hay vidas en juego, vídeos donde los afectados, algunos votantes del PP, interpelaban a los políticos. La siguiente campaña de la PAH fue ocupar viviendas vacías. Hay 20 edificios propiedad de entidades o de la Sareb que albergan a más de mil personas. La última campaña son las mociones en los ayuntamientos para promover sanciones municipales a los bancos que acumulan pisos vacíos. Se amparan en la Ley del Derecho a la Vivienda del Gobierno catalán, que prevé medidas para evitar la desocupación de viviendas. Las han aprobado 66 consistorios (todos en Cataluña). Terrassa ya ha emitido sanciones, y los expertos auguran una batalla judicial de los bancos contra los municipios.

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Fuente: El País

Los procedimientos de desahucio iniciados en los juzgados españoles en los nueve primeros meses de este año ascendieron a 58.604, un 12,9% menos que en el mismo periodo de 2012, según la estadística presentada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre julio y septiembre, se registraron 17.009 ejecuciones hipotecarias, un 16,3% menos que el trimestre anterior, cuando la cifra fue de 20.323. Las comunidades con más lanzamientos fueron Cataluña (3.885), Comunidad Valenciana (2.459) y Madrid (1.671). La caída se produjo en la mayor parte de las comunidades, especialmente en la Comunidad Valenciana, con un descenso del 35,8% en los nueve primeros meses de 2013, seguida de Navarra (‐29,9%) y Baleares (‐25,8%), mientras que en Asturias las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 13,4%, en Galicia un 3,5% y en Castilla y León un 2,7%, siempre según el informe del CGPJ.
No obstante, un tercio de los desahuciados queda excluido de la dación en pago. El Código de Buenas Prácticas promovido por el Gobierno central para fomentar esta práctica ha excluido a un tercio de las familias afectadas por un proceso de desahucio, según una encuesta estatal de más de 11.000 casos realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y publicada el pasado 10 de diciembre. El motivo es que las hipotecas contraídas por la mayoría de afectados tenían un valor superior a 200.000 euros, cifra que marca el Código como límite para acogerse a la dación. En Madrid y Barcelona, el número de afectados aumenta: el 51,09% de encuestados de Barcelona y el 48,5% de Madrid no se ha podido acoger a la norma, hecho que, según la portavoz de la PAH, Ada Colau, hace que el Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012, sea una medida “pensada para los bancos, no para las personas”. Colau también ha alertado de que el número de excluidos por el código puede ser mayor debido a cuestiones relativas a los avales presentados en el contrato hipotecario, los ingresos anuales de las familias y otros criterios de exclusión social.

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Fuente: El País, El Mundo, El Economista y La Gaceta

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha efectuado una encuesta que desvela que el perfil de quien no puede hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias es el de un español de aproximadamente 51 años, de clase media, en paro, con al menos un menor a su cargo y con estudios secundarios o superiores. El informe está elaborado conjuntamente con el Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y es el resultado de 11.661 encuestas realizadas entre personas que han contactado con la plataforma. La portavoz de la PAH, Ada Colau, dijo que España está en una “situación de emergencia habitacional”, debido a las ejecuciones hipotecarias y los desahucios. Por eso anunciaron que presentarán una queja a las Naciones Unidas por “violaciones sistemáticas de acuerdos internacionales”.
El valor medio de las hipotecas, según el informe, es de entre 100.000 y 200.000 euros. En provincias como Madrid y Barcelona el grueso de personas afectadas contrató hipotecas superiores a los 200.000 euros. Esto supone que para más de un tercio de los afectados en algún momento el crédito ha supuesto el total de las ganancias familiares y para más de la mitad el 59% de los ingresos. La encuesta también señala que un 30% declaró que tiene un avalista, que suelen ser padres o hijos. El 44,9% aseguró estar en paro y casi la mitad no cobrar ninguna prestación por desempleo. También hay un 6,2% de los afectados que es pensionista. Las familias encuestadas tienen sus hipotecas contratadas en BBVA, Bankia, Santander, Caixa Bank y Catalunya Caixa y un 40% accedió al crédito sin abonar ninguna entrada.
El trabajo señala, además, que sólo el 10% recibe prestaciones de la Administración y que un 32% se ha puesto en contacto con los servicios sociales, de los cuales un 26% lo encontraron útil. Otros resultados de informe son: más de la mitad de las hipotecas se contrataron entre los años 2005 y 2007, que coincidieron con la subida de los precios de los pisos. El 82% de los encuestados es español, seguido por los ecuatorianos, que representan un 4%. El porcentaje de personas afectadas por la hipoteca en Cataluña es de un 30%. Y un 35,6% los encuestados declararon tener avalistas.

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Fuente: La Vanguardia

CaixaBank admitió tener unas 185.000 hipotecas con cláusulas suelo. La mayoría de ellas están topadas entre el 4,95% y el 3,5%. La entidad asegura que estas condiciones “están claras en los contratos y cumplen las condiciones de transparencia de la sentencia del Tribunal Supremo”. También aseguran que la política de la entidad es ir revisando “caso a caso” para detectar situaciones especiales. CaixaBank ha tenido una actitud “proactiva en algunas ocasiones”, según fuentes de la entidad, y se ha dirigido a algunos afectados que podrían tener problemas para hacer frente a la hipoteca.

El banco catalán también admite que algunos clientes, la mayoría procedentes de CajaSol (que fue adquirida a través de Banca Cívica), se han dirigido a la entidad para pedir renegociar las condiciones por problemas económicos. Ante esta situación, la oferta de la antigua caja, en determinados casos, ha sido ofrecer una rebaja de las cláusulas hasta el 2,5%.

El banco enmarca esta situación en los planes de ayudas a los clientes, en los que se ofrecen carencias o refinanciaciones para colaborar en el pago de los recibos. Sin embargo, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se destaca que la entidad ha hecho especial énfasis en que los clientes que querían rebajar sus tipos de interés deberían incrementar su vinculación contratando seguros, tarjetas, fondos o domiciliando nóminas.

Desde CaixaBank se rechaza este argumento, aunque admiten que es una práctica comercial habitual que cuando un cliente tiene más productos contratados, se pueden mejorar las condiciones que se ofrecen.

Melchor López, secretario de esta plataforma de afectados en Jerez de la Frontera, comenta que CaixaBank pidió a algunos clientes que firmaran “un documento privado con la entidad, a la que se comprometía a no hacer ninguna otra reclamación en contra de la misma”. También afirman que a la firma del contrato privado se le cargaría en la cuenta del cliente unos gastos de 60 euros anuales por formalizar la operación.

La Plataforma rechaza frontalmente el contrato y el coste que debe pagar porque considera que es una forma de equilibrar el coste de la rebaja de tipos. Además, recuerdan que desde el Gobierno se hizo especial énfasis en que las mejoras de las cláusulas suelo no debían ir acompañadas de ninguna contraprestación o compensación para la entidad. Desde CaixaBank se niega tajantemente que se obligue a nadie a firmar contratos privados y mucho menos que se cobre cantidad alguna para adaptarse a las cláusulas suelo.

El Tribunal Supremo declaró el pasado día 9 de mayo la nulidad de las cláusulas suelo de las hipotecas en los casos de “falta de transparencia” a los clientes. El fallo, que no es retroactivo, afectó directamente a BBVA, Cajamar y Novagalicia Banco, que anunciaron la supresión de todas las cláusulas suelo de sus hipotecas. El banco con sede en Bilbao anticipó una caída de ingresos cercana a los 420 millones de euros anuales por la eliminación de esa condición en 425.000 contratos.

Otras entidades dejaron claro que la sentencia del Supremo no significaba una anulación de todas las cláusulas. Para ello, es preciso que los afectados reclamen en los tribunales.

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Fuente: El País

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid reclamó a los grupos parlamentarios que insten al Gobierno a retirar el plazo habilitado con la Ley 1/2013 para solicitar la suspensión de las cláusulas abusivas. Las familias amenazadas por una ejecución hipotecaria disponían de un mes, que se cumplió el 17 de junio, para presentar alegaciones, un plazo “sumarísimo” que las coloca “en una situación de absoluta indefensión, cuando el acceso a la justicia gratuita se demora en la actualidad al menos un mes y medio”, según la plataforma. El Tribunal de Justicia de la UE sentenció en marzo que existían cláusulas abusivas en las hipotecas españolas. La organización antidesahucios ‐que planteó días antes la misma reclamación al juez decano de Madrid, José Luis González Armengol‐ cree que el tiempo fijado corría “a favor de las entidades financieras y en contra de los afectados”.

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Fuente:El País

La Comisión Europea (CE) se desentendió de la aplicación en España de la normativa sobre hipotecas y remitió a los posibles afectados a las autoridades y tribunales españoles. El organismo comunitario dio esa respuesta durante una audiencia en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que tramita quejas presentadas por ciudadanos, algunas de ellas a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En nombre de la PAH, Ada Colau describió ante esa Comisión de Peticiones lo que calificó como “una situación de emergencia” humanitaria, social y económica. Colau propuso a los parlamentarios que envíen a España una delegación para investigar sobre el terreno la situación. Concluyó que “Europa no puede dar la espalda a los ciudadanos”. Pero el representante de la CE, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las directivas comunitarias, no se dio por aludido y recordó que la dación de pago, una de las reivindicaciones planteadas en las peticiones, no es competencia de Bruselas sino de la legislación nacional.
La Comisión, sin embargo, recordó que una sentencia reciente del Tribunal de Justicia europeo “ha invitado” a España a revisar su legislación hipotecaria. Y que un proyecto de directiva europea a punto de concluir su tramitación contempla la posibilidad de la dación en pago siempre que lo acepten las dos partes de un contrato hipotecario (banco y cliente).

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Fuente: Cinco Días, La Vanguardia

Es mejor devolver las llaves del piso y librarse de la deuda que un desahucio en el que la familia se queda sin casa y arrastra la deuda por el resto de sus días. Pero la dación en pago no es un chollo. A veces, los acuerdos con los bancos permiten que las familias se queden en los pisos pagando alquileres por debajo de mercado. Pero en muchos otros casos (no hay datos, cada entidad aplica su política) una dación es una familia que se queda en la calle. Unas regresan al hogar paterno, otras se amontonan en habitaciones alquiladas, en pisos sobreocupados, u ocupan ilegalmente, o viven en pensiones pagadas por Ayuntamientos... Hay inmigrantes que regresan a sus países o, con suerte, acceden por un tiempo a los insuficientes pisos sociales de las Administraciones, las ONG, Cáritas o el Fondo Social de Viviendas de Alquiler.
La presión popular, política y mediática ha logrado que los bancos acepten cada vez más daciones en pago: 11.441 el año pasado, según datos del Colegio de Registradores, frente a 30.034 desahucios. De primeras viviendas. Y, en los casos de dación en los que las entidades no aceptan el alquiler social, los afectados son las familias más débiles, aquellas que no tienen ni para pagar 50, 100 o 200 euros de renta mensual.
Además, tras una dación aparecen sorpresas desagradables, como que las ayudas de las Administraciones “solo están contempladas en casos de desahucio, no de dación”. Por ejemplo, en los pisos de emergencia en Barcelona. “Te piden la orden de desahucio, las daciones quedan fuera, y si hemos conseguido algo ha sido porque hemos hecho mucho ruido”, asegura la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau. Otra sorpresa es el pago de impuestos. Como la dación es una compraventa (el moroso vende su piso al banco), representa que la familia se enriquece y le toca pagar plusvalías: la municipal y a Hacienda. En teoría, las familias que han perdido su vivienda se libran de este impuesto, dice el Ministerio de Hacienda; pero en la práctica se exige, contradice la PAH. Uno de los dos decretos del ministro de Economía, Luis de Guindos, establece la exención, “pero en supuestos que pocos afectados cumplen”, según Mercedes Castro, de la PAH de Barcelona. Barcelona sigue cobrando la plusvalía pese a que se comprometió a no hacerlo.
“La dación es exclusión residencial y su única ventaja es librarte de la deuda, pero la vivienda la pierdes igual”, subrayan en el servicio de mediación de Cáritas en Barcelona.

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Fuente: El País